Un raspachín trabaja en un cultivo de coca en Tumaco | Foto: Federico Ríos

Este es el panorama del fracaso de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos que ha convertido a este municipio en un “hoyo negro de inversiones”. 

Por: La Liga Contra el Silencio 

Listos para la foto. Viernes, julio 27 de 2012. Tumaco.

El polideportivo San Judas, en pleno centro de Tumaco, está militarizado. Las calles aledañas, cerradas con vallas de metal. En la tarima, unas sillas Luis XV color verde militar están marcadas con los nombres de la cúpula de la Fuerza Pública, encabezada por el ministro Juan Carlos Pinzón. A su lado, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado. Al otro lado, el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo. Abajo, curiosos y transeúntes cruzan el parque para ver qué está pasando. Los camarógrafos graban. Los fotógrafos hacen clic.

—Las autoridades mantendrán la presión contra el narcotráfico y los cultivos de hoja de coca, pero bajo un enfoque integral que permita acabar con todos los eslabones de este negocio ilícito—,  anuncia el Ministro para hacerle frente al aumento de los cultivos de coca en Tumaco (5.771 hectáreas). Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de 2011, este el municipio con más hectáreas sembradas en  Colombia.

Al terminar los discursos, los helicópteros con el ministro y los generales parten, primero, hacia La Tagua —sede de la Fuerza de Tarea Pegaso— y luego hacia otros municipios de  Nariño. Al día siguiente regresan a Bogotá. Un avión, repleto de invitados especiales: miembros de la UNODC y de la Embajada de Estados Unidos, despega hacia la capital ese mismo viernes.

En ese avión de la Policía van los que planearon los proyectos de desarrollo con los que iban a apoyar a las comunidades para la sustitución de la coca, entre ellos, el exdirector de la Policía, general retirado Jorge Daniel Castro, contratado por UNODC para estas tareas.

—Vamos a hacer una serie de proyectos productivos, uno de ellos cacao—, dijo Castro en esa ocasión.

Para ese año, 2012, los grupos ilegales Farc y Rastrojos controlaban tanto sectores de la zona rural como urbanos. En Tumaco asesinaron a 262 personas. Barrios como La Ciudadela o Viento Libre sufrían las consecuencias de la guerra y la pobreza.

Al medio día de ese viernes, el Ministro Pinzón sentenció que “¡Todo lo que toca el narcotráfico ha resultado en muerte y en sufrimiento. Ha traído desolación y subdesarrollo (…) Es una maldición. Lo destruye todo!”. Y anunció entonces una inversión de 56.000 millones de pesos para todo Nariño como estrategia contra el narcotráfico.


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Ese 2012, según el documento Conpes Nariño 2014, se financiaron en Tumaco 30 proyectos que “estuvieron enfocados en el fortalecimiento institucional (dotación de entidades públicas como la Casa de Justica, Personería, UAO, escuelas), fomento de capital social (promoción de la cultura de la legalidad, formación y/o capacitación de líderes y lideresas), desarrollo económico (apoyo a asociaciones agropecuarias y pesqueras) y 11 obras de infraestructura”.

Las acciones contra los cultivos ilícitos empezaron a ejecutarse en 2013. El Conpes explica que se implementaron el Programa Colombia Responde, el Programa Contra Cultivos Ilícitos y el Programa de Respuesta Rápida.

“Al finalizar el 2013 se vincularon seis consejos comunitarios que le apuestan voluntariamente a la sustitución de cultivos ilícitos, y se inscribieron un total de 4.365 familias distribuidas en 91 veredas. Las familias recibieron por parte del programa Capital Semilla recursos para la implementación de un plan de seguridad alimentaria y acompañamiento técnico, con un presupuesto ejecutado de 1.846 millones de pesos”, dice el documento.

Un exfuncionario de los proyectos de desarrollo rural y sustitución en Tumaco, quien pide no revelar su nombre porque sigue trabajando con el Gobierno, explica que  los programas de desarrollo alternativo de cacao, coco y palma se hicieron en los consejos comunitarios de Caunapí, Rosario, Rescate Las Varas, Gualajo, Bajo Mira y Frontera y Acape. La mayoría de estos programas fueron operados por la UNODC y otros tuvieron el apoyo de la USAID.

En total fueron 5.100 familias que participaron en los planes, que costaron más de 11.000 millones de pesos.  “Esa primera intervención eran 450 mil por familia para apoyo seguridad alimentaria, 1.120.000 para iniciativa productiva y 660 mil por acompañamiento técnico. “Fueron dos años de acompañamiento técnico integral. El operador era la UNODC y se hacía a través de los consejos comunitarios”, agrega.

Febrero 8 de 2018. Rescate Las Varas

El lunes llovió. El martes también. Toda la semana cayó un diluvio sobre Tumaco. El cielo gris, tupido de nubes, no dejó asomar el sol sino por segundos. Hace un mes arreglaron la vía que conduce a San Luis Robles y Rosario, pero la lluvia la llenó de cráteres y barro.

Un Renault 12, cargado con timbas de gasolina y plátanos, salta en la vía de herradura.  Unos metros después, se ve un hombre en un caballo cargado de semillas de coca. A lado y lado del camino se ven cultivos de palma, cacao y algunas matas de chontaduro. Luego, junto a unas casas, algunas matas de coca. Es un viaje de casi dos horas, lleno de saltos que ponen a prueba los amortiguadores.

Así se ve un caserío en una zona de cultivos de coca en el área rural de Tumaco | Foto: Federico Ríos

En el parque de San Luis Robles una mujer barre la calle aledaña a la iglesia. Otra habla sola, a gritos. Atrás, un pasacalles con el nombre de Rafa Escrucería, candidato a la Cámara de Representantes. Dos hombres sentados conversan en las bancas del parque, tienen las botas empantanadas por el barrial: acaban de llegar de sus fincas.

“Acá hicieron el program ‘Las Varas Sí se puede’ y se sembró cacao y se hicieron granjas de pollo y cultivos de pancoger, pero eso se acabó cuando pasó la administración de [Antonio Navarro Wolf]. Hasta nos entrevistaron como ejemplo”, dice Elías, uno de los líderes de la zona.

‘Las Varas Sí se puede’ fue un modelo de sustitución voluntaria que se gestó en 2008, pero se consolidó en 2010 y resultó en la erradicación de entre 800 y 1 000 hectáreas de coca.

Uno de esos reportes, publicado en una página web que le hace seguimiento a los proyectos del plan Consolidación, decía que “indudablemente la erradicación voluntaria de 880 hectáreas de coca de las 900 registradas, la inversión en infraestructura vial, acueducto, escuelas, salas de sistemas y proyectos productivos y de seguridad alimentaria hacen de esta experiencia el modelo exitoso en el país de la política nacional de consolidación territorial (PNCT) y de la Acción Integral”.

“Con lo de ‘Colombia Responde’ hicieron promesas de mejorar la vía, del acueducto y no pasó nada. El acueducto lo dejaron llenar de maleza. Vinieron los ingenieros y está casi listo pero esa plata se perdió  porque no lo terminaron”, cuenta Santiago, habitante de una de las veredas.

En Las Varas, en la carretera que va de Chilvi al corregimiento de San Luis Robles, miembros de las Farc asesinaron en 2015 a Genaro García Ramírez, representante Legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera.  Y en 2016, Johan Alexis Vargas, líder de Rescate Las Varas, fue asesinado por otro grupo. Algunos dicen que las Águilas Negras, otros que disidentes.


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Tumaco está sitiado. En el río Mexicano están los hombres de El Doctor; en Tablón Dulce y Tablón Salado, los de David; en el Mira y el Mataje, los de Guacho; en Viento Libre y Nuevo Milenio, los de Tigre. Y más arriba de estos ejércitos ilegales están los narcos.

Y ese miedo latente se confirmó hace unas semanas tras el asesinato de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio: Paúl Ruvas, Javier Ortega y Efraín Segarra en el río Mataje, frontera con Ecuador. Las autoridades colombianas atribuyeron el crimen a alias Guacho, disidente de las Farc y quien maneja el frente Oliver Sinisterra.

Tumaco ha sido una de las poblaciones más afectadas por los asesinatos de líderes sociales. El caso más reciente fue el asesinato de José Jair Cortés, miembro de la Junta de Gobierno de Alto Mira Frontera, ocurrido en la vereda Restrepo, zona 5 del consejo comunitario, a unos kilómetros del sitio donde fueron asesinados los siete campesinos.

La población del Consejo Comunitario de Alto Mira, zona en la que se concentra un gran porcentaje de cultivos de coca, ha sido la más afectada por la violencia. Su Junta de Gobierno ha sido amenazada por estar de acuerdo con la sustitución de la coca. Y José Jair era uno de esos líderes que defendían la sustitución.

***

Elías baja el tono de voz. Mira que no pase nadie por el parque y dice: “Vea el ejemplo que somos, así nos mostraron en ‘Las Varas Sí se Puede’, y la mayoría de la gente volvió a sembrar coca. En 2008 después de que mataran a  tres personas e hirieran a otra, el pueblo se confinó. No podíamos salir. Las personas estaban asustadas, cansadas de tanta muerte. Tumbamos los cultivos. La Policía certificó que Las Varas era un consejo libre de cultivos ilícitos”.

Francisco, que también está en el parque, agrega que “después de esa erradicación voluntaria, muchos no volvimos a sembrar coca. Lo hicimos por convicción porque sabemos que la coca trae violencia, sangre y muertos. Y estamos cansados de tanta guerra acá en Tumaco. Pero otras personas sí lo hicieron. Es que el acompañamiento se acabó y el precio del cacao bajó, no es rentable, llegó a estar como en tres mil pesos. Entonces, tomaron la decisión de tumbar ese cacao y sembrar la coca”.

—¿Quiénes resembraron?—, preguntamos.

—Muchos, casi todo el mundo.

Francisco mira a lado y lado y señala un joven que pasa en una moto. Luego, señala a otro que viene caminando. Lo llama.

—En mi vereda, que queda a casi una hora caminando, yo creo que se sembró coca otra vez como una especie de rebeldía. Es que no nos cumplieron. Allá no llegó nada de ayuda, solo una granja alimentaria y un puente de 100 metros. Eso se hizo con USAID, de resto nada. Nos olvidaron. El Estado nos abandonó. Y con el olvido volvieron los cultivos de coca—, cuenta el recién llegado.

—Los cultivos ya casi no están por la carretera sino más adentro. Por los lados de Tambiya y cerca a Rosario—, explica uno de los campesinos, —Rosario está a 4 kilómetros, allá también sembraron. Para ese lado no se puede ir. No garantizamos la seguridad. Es peligroso. Están ellos.

—¿Qué grupo está allí?

Silencio.

—Por allá llegaron los policías a erradicar. Eso se complica. Acá ya vienen a erradicar a la fuerza. Y se arma un problema, como en el Mexicano, es que esto no es serio—, dice otro de los campesinos.

Un día antes del viaje a Rescate Las Varas, la comunidad del río Mexicano, otro de los consejos comunitarios donde el Gobierno implementó proyectos de sustitución, antes de la firma del acuerdo de paz, retuvo a 14 policías antinarcóticos que habían llegado a erradicar.

El lunes, La Liga contra el Silencio había contactado a un líder de esa zona para hablar de los proyectos de sustitución de cultivos que, según el Gobierno, habían favorecido a más de 400 familias, pero tras una reunión con otros miembros de la comunidad, aseguraron que no era seguro ir hasta su consejo, ubicado a una hora en lancha desde Tumaco.

Niños tumaqueños miran a un helicóptero patrullar una zona rural de Tumaco | Foto: Federico Ríos

 

Dos días después, el miércoles, se presentó la retención de los policías. Tras la intermediación de la Defensoría del Pueblo y otras agencias, los liberaron, pero se firmaron varios compromisos. La mayor contradicción de esta nueva etapa del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que hace parte de los acuerdos de La Habana, es que la erradicación forzada va por un lado, a 120 kilómetros por hora, y la de la sustitución voluntaria no sobrepasa los 30.

—Mejor vamos a la finca que allá sí los podemos llevar—, dice Francisco.

A quince minutos del parque, en carro, está la parcela de Francisco. Lleva años sembrando cacao. A unos metros está la finca de Graciliano, también sembrada con cacao.

Caminamos entre árboles de plátano y cacao listo para coger. El piso tiene una cama de hojas. La maleza crece por todas partes. Una avispa vuela por entre las ramas.

—Acá vinieron los del gobierno a apoyarnos con el cacao. Pero en estos proyectos lo que termina llegando a la comunidad es muy poco. Diga usted, ellos hablan de un proyecto de dos mil millones y una gran parte se va en lo que ellos llaman asistencia técnica, que es pura burocracia—, dice Francisco.

—Mi hermano y mi cuñado sembraron coca. Yo les di la tierra. La primera raspa fueron noventa arrobas, pero dije no. Eso se perdió. No la cultivé. No me nace. Sé que cultivando aporto a cosas que ya sabemos. Ahora estoy como arrepentido, ahora me estaría agarrando hasta las ochocientas arrobas—, cuenta Santiago.

—Un coquero sería. Llegaría con las cadenas colgadas—, bromea uno de sus amigos.

—O ya estaría muerto—, le responde Santiago.

La finca de Graciliano tiene el mismo panorama. Pero después de caminar, bien adentro, aparecen unas matas de coca.

—Vea esas matas, las sembró mi hijo. Tuvimos una pelea fuerte. El pelado insiste en que quiere sembrar, como ve que los otros lo hacen. Ya tiene 12 años y anda con el cuento de la novia: quiere plata. Yo le insisto que no, pero que lucha—, se queja.

—Nosotros queremos dejar la coca. Vea: hace unos meses nos citaron a todos porque venían los de sustitución, este parque se llenó de gente de todas las veredas y nos dejaron metidos. Esperamos todo el día y nadie llegó—, agrega Santiago.


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Jairo Cortés, coordinador territorial de Tierras,  asegura que los errores en los programas de sustitución de cultivos se han dado porque el  Gobierno no es tan persistente en la política: “El tema de la sustitución no puede ser a corto plazo, lo que se ha dado es una intervención de tres a cinco años. Luego, se descuida, se resiembra y luego los proyectos arrancan de cero”.

Aunque aclara que sí han tenido experiencias exitosas como las de Tablón Dulce, Tablón Salado y la zona de La Ensenada. En un proyecto con USAID se creó Chocolate Tumaco, con siete consejos comunitarios y dos asociaciones. Esta empresa comercializa cerca del 60 % del cacao que produce Tumaco, que es de 2.600 toneladas al año.

La gran ofensiva, anunciada en 2012 por el entonces ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón, no disminuyó los cultivos. En cambio en 2016, según la UNODC, tenía 23.148 hectáreas. Aunque el aumento se relaciona especialmente con los acuerdos de paz, pues muchos campesinos, motivados por la promesa de ayudas decidieron sembrar, las estrategias de sustitución también fracasaron, como lo dicen los mismos campesinos.

Y la situación de violencia en Tumaco, al contrario de mejorar, se ha intensificado.

Muchos campesinos tumaqueños volvieron a sembrar coca luego de una serie de planes de sustitución fallidos | Foto: Federico Ríos

7 de febrero de 2018. Tumaco.

El local es como un pasillo. Tiene unos tres metros de ancho y ocho de largo. Hay 20 personas, algunos sentados en sillas Rimax y otros de pie. Son los miembros del consejo comunitario de Caunapí. Esta es la sede que tienen en el centro de Tumaco. Su tierra está a una hora por carretera.

Paran su reunión, se quedan cinco de los líderes y empiezan a dar su versión de por qué los proyectos de sustitución de cultivos  han sido “un fracaso”.

—Participamos en un proyecto de las Naciones Unidas (UNODC) para sustituir la coca, sembramos cacao y plátano.  Esos proyectos son muy lentos.

—El dinero lo daban de a poquitos.

—En los problemas de los cultivos le buscamos la amistad al Gobierno y nos mandó fue plomo. Dicen que mandan más militares y es para atemorizarnos—, interviene Moises, otro de los asistentes.

Moisés habla con más vehemencia. Dice que sembró coca de nuevo, las cuentas con el cacao no le daban para vivir.  Es padre de cinco hijos, en broma dice que son ocho y que quiere tener más. Tiene una hectárea y media sembrada. Vive en Tumaco y su finca está en la zona de Caunapí.

—El gasto que le hago no sobrepasa los tres millones, sin incluir la semilla que la regalan, pero al cacao había que hacerle drenajes que cuestan. Usted en este territorio bota la coca y esa se produce casi sola. En el Mira las variedades Guayabita y Chiparo las mochan y eso vuelve  a nacer.

“Una hectárea da cinco kilos y eso lo pagan a nueve millones”, agrega Carlos, un campesino que también cambió su coca por cacao en el proyecto de la UNODC y luego volvió a sembrar coca. Sale, según él, cada dos meses: “Antes era tres pero ahora es cada dos que se cultiva”.

—Tengo 35 años y 4 hijos. Mi papá tuvo 25 hijos, —cuenta— vivo con todos mis hijos y tengo que ver por ellos.  El costo de sostener la coca es de un millón cada dos meses. Cada dos meses me queda libre ocho millones. Y con el cacao lo que a uno le queda no llega ni a 200 mil la quincena.

El exfuncionario de los proyectos de sustitución, citado anteriormente, señala que en los proyectos anteriores fracasaron por que “no se generó mayor impacto  por el fraccionamiento de los recursos. Tampoco se han hecho evaluaciones ni seguimientos del impacto. Termina siendo un hoyo negro de inversiones”.

“A Tumaco se le ha metido plata, pero los procesos no obedecen a una visión y una política de largo plazo. Falta un tema de liderazgo. La forma de trabajar de la UNODC es la misma y ahora vuelven a tener los contratos para hacer todo de la misma forma”, agrega.

—A ellos, los de la ONU, solo les interesaba que se dejara de sembrar coca para cambiarlo por cacao. El resto no les importaba. No pensaron en quién nos iba a comprar el cacao o cómo lo íbamos a sacar—, dice otro de los líderes de Caunapí.

Daniel Ramírez, coordinador del PNIS en Nariño, asegura que Caunapí es uno de los consejos comunitarios que ya firmaron acuerdos colectivos para la sustitución. Faltan los individuales.

Este proceso les brindaría a los campesinos un total de 36 millones de pesos, divididos en seguridad alimentaria y proyectos productivos. El dinero se entregaría durante dos años.

Hasta el momento, solo el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera ha recibido pagos, el resto apenas van a arrancar a hacer las descripciones (verificación de personas inscritas como consejo y de hectáreas de coca) para con esto firmar los acuerdos colectivos.

La situación de Alto Mira y Frontera fue manejada diferente por orden del vicepresidente Óscar Naranjo, tras la masacre de los siete campesinos durante una protesta por la erradicación forzada, en octubre pasado. Caso por el que la Fiscalía pidió la captura de dos oficiales del Ejército y la Policía, quienes eran los encargados del grupo de policías antinarcóticos y militares que se encontraban en la vereda El Tandil para iniciar la erradicación.


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Pero no todos los cultivos están en la zona del consejo comunitario, quienes firmaron el acuerdo de sustitución, ya que en parte del territorio se ubicaron colonos provenientes de Putumayo, Cauca, Casanare y Caquetá. Y esto ha generado un lío de tierras, pues la tierra por mandato Constitución pertenece al consejo comunitario. Fueron precisamente, miembros de los colonos cocaleros quienes se opusieron a la erradicación forzada y se presentó la tragedia.

Los que sí han avanzado con tres pagos son los campesinos de 25 veredas de la carretera Tumaco-Pasto, hasta el kilómetro 80. “De estas veredas, Naciones Unidas certificó la erradicación predio a predio”, asegura Daniel.

En los PNIS, la UNODC también será la operadora de los programas de sustitución. En noviembre pasado, Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), anunció en Viena el convenio por 315 millones de dólares.

La UNODC además es la que certifica que los cultivadores hayan erradicado la coca. “Manejan los recursos y la estructuración de los memorándum de acuerdos que se financian con los operadores. Ellos tiene una línea de trabajo como operadores de asistencia técnica integral”, explica el Coordinador de los PNIS en Nariño.

Daniel Ramírez dice que en esta etapa lo más importante es que los PNIS se articulan con los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial, PDETS, que son los que articulan toda la inversión en temas como educación, salud y vías.

Caunapí,  cuentan sus líderes, tiene dos puestos de salud, uno en Dos Quebradas y el otro en Vuelta Larga. Al igual que en Las Varas, no tienen un médico permanente sino que los visita una vez a la semana. El centro educativo es para 1.500 estudiantes, sin acceso a internet. Un profesor le da clases a 100 muchachos.

Por eso, en un listado que entregaron a los delgados del PNIS, cuando firmaron el acuerdo colectivo, piden mejorar las vías, saneamiento básico (acueducto), desarrollo alternativo, generación de empleos, el tema ambiental, la salud, la educación y la formación.

 


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Listos para la foto. Viernes, febrero 10 de 2018. Tumaco.

El vicepresidente Óscar Naranjo visita por décima vez Tumaco durante dos días. Aparece rodeado de generales y almirantes. Recorre la ciudad, almuerza en La Cevicheria. Se reúne con líderes sociales.

En la mañana del sábado da una rueda de prensa. A su lado, el jefe del comando sur de Estados Unidos, almirante Kurt Tidd, que reitera el apoyo de Estados Unidos al proceso de consolidación de la paz tras el acuerdo firmado con las Farc. Los periodistas que lo acompañan encienden las cámaras y grabadoras.

—Quiero anunciar que el presidente de la República dispuso que 12 mil familias empiecen a ser parte del proceso de sustitución para completar 18 mil familias en la zona (…) Durante 2017 se erradicaron 15 mil hectáreas de manera forzosa en Tumaco, y actualmente hay cinco mil familias haciendo erradicación voluntaria.

La situación es similar a la de hace cinco años y medio, cuando el entonces ministro Pinzón visitó la ciudad con toda la cúpula de la policía y el ejército.

Los barrios del centro de Tumaco siguen igual: niños jugando descalzos, casas de palafito, bandas que controlan zonas. Todavía no hay agua y muchos sectores no tienen alcantarillado. En la Ciudadela la violencia continúa, “en diciembre —asegura un habitante—, fueron varias las balaceras, sobre todo por la zona en la que vive la mamá de David (jefe de la Guerrillas Unidas). Y anoche también oímos tiros, pero no sé qué pasó, eso es mejor encerrarse”.

Para escribir este artículo La Liga contra el Silencio intentó hablar con el Vicepresidente Óscar Naranjo durante una visita que hizo a Tumaco, pero su agenda no le dio espacio.  Ante esa imposibilidad, se envió un cuestionario a su jefe de prensa.

1. Tras la retención de los policías en el Mexicano, ¿a qué acuerdo llegaron con la comunidad? Se suspendió la erradicación en esa zona?

2. Una de las quejas insistentes de la comunidad es si ya firmamos acuerdos o si estamos dispuestos a firmarlos y esperando a los del Pnis, ¿por qué nos erradican?

3. Parece como si la sustitución y la erradicación fueran cada una por su lado. Una a paso rápido, mientras la otra lenta.

4. En Tumaco ya se habían hecho proyectos de sustitución como ‘Las Varas Sí se Puede’ o los Guardabosques, pero la gente resembró, ¿en qué se diferencia estos nuevos proyectos para que sí sean sostenibles?

5. En muchos de los antiguos proyectos el operador fue UNODC, que también lo será ahora. ¿Por qué sigue siendo el mismo si los resultados no fueron tan satisfactorias al aumentar los  cultivos?

Nunca hubo una respuesta.

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