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El corregimiento El Hatillo, de El Paso (Cesar), está en inmediaciones de la zona de operación de varias compañías mineras. Foto: Flickr-Golda Fuentes

Pese a los abundantes testimonios que han entregado las víctimas y los exparamilitares, no es mucho lo que la justicia le ha dicho al país sobre la relación entre algunos empresarios y el conflicto. Esa conexión, poco explorada en los despachos judiciales, acaba de ser abordada en el más reciente libro del Centro de Memoria Histórica (CNMH), titulado La maldita tierra.

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El texto, escrito por los periodistas César Molinares y Nathan Jaccard, busca explicar la correspondencia que tuvo la bonanza del carbón con el desarrollo del conflicto armado, la disputa por la tierra y la corrupción en el departamento de Cesar, donde operan multinacionales como Drummond y Glencore.

Para exponer esos impactos, Molinares se remonta a la década del 90, cuando el ELN y las Farc habían consolidado su presencia político-militar en la región. Allí, a la par que promovían recuperaciones de tierras e influían en las organizaciones campesinas, cooperativas, sindicales y políticas, ambas guerrillas ejecutaban extorsiones, secuestros, asesinatos y retenes ilegales, entre otros delitos.

En esa época, de acuerdo con el texto, “las guerrillas se hacían sentir con fuerza” en la Serranía del Perijá y los ocho municipios de la zona minera de Cesar: “(…) el ELN y las Farc manejaban presupuestos municipales e incluso citaban a concejales y miembros de la Asamblea a rendir cuentas. También les decían qué obras tenían que hacer y dónde”.

Además, la infraestructura minera se convirtió en un objetivo frecuente de las guerrillas. El informe reseña que a mediados se los 90 arreciaron los asaltos a campamentos, la quema de tractomulas, el robo de carbón y el sabotaje de maquinaria como una manera de presionar a las compañías “que no querían pagar extorsión”. En varias ocasiones, la situación habría llevado a las empresas a parar las operaciones.

El ELN también se ensañó con los ingenieros y contratistas de las compañías mineras, a quienes secuestraba para obtener dinero y rechazar la explotación de recursos naturales por parte de extranjeros.

En ese contexto, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron a Cesar y realizaron en 1996 un secuestro múltiple de familiares de guerrilleros para canjearlos por ganaderos y empleados de multinacionales.

Conflicto y carbón

Según la investigación del CNMH, el ensañamiento de las guerrillas con la infraestructura y el personal de las empresas hizo que Drummond y Prodeco, la filial de Glencore en Cesar, reforzaran sus esquemas de seguridad. La primera financió la construcción y el sostenimiento de una base militar en sus predios, “donó más de mil millones de pesos al Ejército para instalar un batallón de alta montaña en el Perijá y firmó contratos con el Ministerio de Defensa para garantizar la presencia de la fuerza pública en la región”.

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Entre 2004 y 2012, Cesar recibió más de $2 billones en regalías por cuenta de la explotación de Carbón. Foto: Flickr-Golda Fuentes

Drummond contrató como jefe de seguridad al general (r) Rafael Peña, a quien el CNMH describe como un militar “curtido en la guerra contra la subversión” que “veía la justicia como enemiga de las fuerzas militares”. La compañía también incluyó en su planta al coronel (r) Ricardo Linero —investigado en 1992 por el asesinato de la periodista Silvia Duzán y tres líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare— y al estadounidense James Lee Adkins, un exagente de la CIA que habría apoyado grupos paramilitares en Laos y Nicaragua.

Prodeco, por su parte, contrató a los oficiales retirados Luis Ochoa y Manuel Gutiérrez. Este último declaró a otros investigadores que se reunió con el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso para tratar el caso de un ingeniero secuestrado, que fue contactado por el también comandante de las Autodefensas “Jorge 40”, quien le ofreció seguridad.

Con base en esos y otros testimonios, el informe asegura que los ‘paras’ “llegaron a la zona minera para proteger intereses económicos de comerciantes, ganaderos y de las compañías carboneras”. En 2007, Mancuso declaró que Drummond, Carbones del Caribe y Prodeco le pagaron voluntariamente a las Autodefensas a cambio de servicios de seguridad. Otro paramilitar de bajo rango le dijo a la justicia que “funcionarios de seguridad de las mineras, así como militares y policías, les entregaban información sobre la guerrilla”.

Vea también: Un polémico informe sobre Glencore, la gigante minera

Como ejemplo ello, el libro describe el caso de varios integrantes del sindicato de Drummond, particularmente de Valmore Lorcano y Víctor Orcasita, asesinados por paramilitares en 2001. El CNMH recuerda que por ese hecho fue condenado el empresario Jaime Blanco Maya, que para la época del crimen era contratista de la multinacional en el área de suministro de alimentos. Blanco le dijo al Centro que, a través de su cafetería, Drummond canalizaba millonarios pagos a las Autodefensas, mientras un exparamilitar aseguró que los sindicalistas fueron asesinados porque la empresa los consideraba “izquierdistas guerrilleros que ayudaban a las Farc”.

El CNMH cuenta que consultó a Prodeco y a Drummond, quienes respondieron cuestionarios en los que defendieron sus contrataciones, negaron cualquier vínculo con organizaciones ilegales y aseguraron que le confiaron su seguridad a la Fuerza Pública. En 2015, la justicia norteamericana concluyó que Drummond no participó en los homicidios de los sindicalistas ni financió grupos paramilitares.

Aun así, el Centro concluye que “esta parte de la historia, que provocó cientos de víctimas en la comunidad y del movimiento sindical, sigue sin cerrarse en medio de la impunidad, ya que la justicia no ha podido esclarecer si las empresas tuvieron que ver con estos crímenes y con la llegada y la consolidación de los grupos paramilitares en Cesar”.

Tierra y carbón

El informe del CNMH también documentó varios casos en los que campesinos de Cesar fueron desplazados y obligados a vender sus tierras, hoy en poder de Drummond. De acuerdo con la investigación, “oportunistas y testaferros de los ‘paras’” las compraron a bajos precios para vendérselas más tarde a la multinacional. Todo, en una época de masacres, secuestros y desapariciones.

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El Hatillo. Foto: Flickr-Golda Fuentes

La vereda Platanal, de Codazzi, “fue epicentro de la violencia y terminó siendo una explotación de carbón a gran escala”, mientras la comunidad de la vereda Mechoacán, en La Jagua de Ibirico, fue desplazada y víctima de despojo. Sobre esta última, el Centro cuenta que varios de sus predios quedaron en manos de funcionarios corruptos que luego se los vendieron a Drummond.

Al respecto, la empresa le contestó al Centro que las tierras fueron compradas legalmente y que hacen parte de sus áreas de botaderos, excavación, y protección y manejo de aguas. Sin embargo, más de 100 familias campesinas insisten en que fueron desplazadas y le exigen al Estado que se las devuelva. Prodeco y Carbones Serranía también son propietarias de terrenos o tienen títulos mineros en zonas solicitadas en restitución.

De ahí que, para el CNMH, “la deuda que hay en el Cesar, además de la devolución de predios usurpados durante el conflicto armado y sobre los que hoy hay proyectos mineros o de agroindustria, es conocer si estos últimos se lograron en complicidad con los grupos armados ilegales a costa del desplazamiento, muerte y despojo de miles de campesinos”. La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz que se pactaron en La Habana podrían ser una oportunidad para ahondar en esas conexiones.

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