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Por: Isabel Pereira*

La política de drogas en Colombia está sujeta, al menos políticamente, al margen de acción que disponga el Acuerdo de La Habana sobre drogas ilícitas. Hace pocos días los colombianos conocimos el nuevo acuerdo, y el alcance de los cambios incorporados tras las propuestas del No. Para comprender bien el significado de estos cambios, es necesario remontarse a lo que antes del 2 de octubre significó este capítulo sobre “La solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”.

En los meses de campaña para el plebiscito, el acuerdo sobre drogas pasó casi de agache en la discusión, con excepción de los debates suscitados en torno al narcotráfico como delito conexo a la rebelión o del espinoso tema de los dineros y bienes del narcotráfico en poder de las Farc.

Por fuera de esto, las demás disposiciones del acuerdo no fueron objeto de mucha controversia. Estas son: i) estrategias de desarrollo territorial con participación del campesinado en programas de erradicación y sustitución; ii) mejoramiento de la lucha contra el crimen organizado y lavado de activos de dineros del narcotráfico y iii) abordaje del consumo de drogas desde una perspectiva de salud y de derechos humanos.

Las propuestas del “No” en esta materia contienen algunas ideas razonables y viables, mientras otras parecieran sacadas de los años 90, como si viajáramos en el tiempo y la famosa bicicleta estática de Santos ya no fuera estática sino en reversa y volvieramos a la nociva narrativa de “la mata que mata”.

Por ejemplo, una de las propuestas reza “No al vuelco de la política de drogas”, casi diciendo que todos estos años de represión, con su costo en vidas, derechos, y paz, debiera ser el camino a retomar. Sorprenden otras propuestas, como la de condicionar la adjudicación de tierras a “coca cero”, puesto que no fueron la plataforma de las críticas del No en la campaña del plebiscito, pero tras la votación emergieron como preocupaciones enviadas a la Mesa de Conversaciones. Medidas como esa, perpetúan la marginalización en la que ya viven los campesinos que hoy subsisten de la economía de la coca.

Es parte de la construcción de paz lograr los ‘intangibles’, por ejemplo, en la confianza de los ciudadanos al Estado. En zonas periféricas y alejadas de los centros sociales y económicos del país, condicionar a los pobres el acceso a la tierra, es erosionar una vez más las promesas de los intangibles de la paz. Por otra parte, hay propuestas más sensatas, que sí constituyen beneficios para el acuerdo, como son las exigencias de que las Farc hagan un compromiso más explícito en entrega de dineros, activos y rutas del narcotráfico, y que se garantice que esos dineros ilegales no sean usados en actividades políticas.

Así las cosas, ¿qué cambios incluye el Acuerdo final en materia de drogas?

  1. Amplía el compromiso de las Farc para entregar información: este acuerdo hace explícito lo que antes no era claro sobre su responsabilidad de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y entregar información detallada y exhaustiva que permita atribuir responsabilidades sobre cualquier conducta relativa a la cadena del narcotráfico. Esta modificación es sensata, da claridad sobre el mecanismo y modalidad de investigación del nexo entre conflicto armado y narcotráfico, y era necesaria para atar el mecanismo de justicia transicional a la investigación sobre las drogas en el país.
  1. Amplía el lenguaje sobre los beneficiarios del acuerdo: dispone que la concertación y participación no incluirá solamente a las personas involucradas directamente en los cultivos ilícitos, sino a cualquier habitante de esas comunidades. Esta modificación es sensata también, y no afecta la esencia de los objetivos del acuerdo. Reconoce que en los territorios a priorizar coexisten personas que participan del negocio de las drogas, pero que no son todos, y que se debe comprender la transformación territorial con una inclusión amplia de actores.
  1. Restringe las condiciones de los programas de desarrollo alternativo: define que como parte de los acuerdos con comunidades para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), “no es aceptable la coexistencia entre ser beneficiario de un programa de sustitución y la vinculación a economías relacionadas con cultivos de uso ilícito”. En otra parte del Acuerdo, condiciona los procesos de formalización de la propiedad rural a que los predios estén libres de cultivos de uso ilícito. Ambas medidas son razonables, pero su cumplimiento es difícil, pues limita la posibilidad de gradualidad en los procesos de erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos. Para que los ciudadanos cumplan éstas condiciones, el Estado deberá ser efectivo – como nunca lo ha sido en esos territorios – para llegar rápido, quedarse, y dar suficientes garantías de desarrollo y bienestar que permitan a los pobladores desvincularse de sus fuentes de ingreso y sustento. Y en el escenario en que estas condiciones no se cumplan, el Estado volvería a la persecución criminal de campesinos cultivadores, lo cual es un riesgo alto para la implementación de un acuerdo de paz.
  1. El nuevo acuerdo no excluye la posibilidad de la aspersión: si bien la define como último recurso, la incluye como una de las posibilidades de erradicación. Esto es política y éticamente equivocado. El acuerdo anterior no excluía la posibilidad de aspersión, pero tampoco la mencionaba explícitamente. Este cambio es preocupante, teniendo en cuenta los antecedentes políticos de este mecanismo de erradicación. En mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, basados en el principio de precaución. La presión política en los últimos meses, como respuesta al aumento de las hectáreas cultivadas con coca en el país, ha llevado a que muchos pidan reactivación de las fumigaciones. Pero esa reactivación es precisamente lo que los pobladores en todos los territorios del país llevan años exigiendo se suspenda. Esta modificación revela la disposición del Gobierno de ceder ante la oposición con políticas de drogas represivas, costosas, e inefectivas. Este tipo de medidas continúa erosionando la confianza de las comunidades en un Estado indiferente.
  1. Precisiones sobre el tratamiento penal diferencial: lo define como medida transitoria, solo de un año (antes era de dos años), con posibilidad de ser revocado en caso de reincidencia, y dispone que el ajuste normativo debe disponer del mecanismo para identificar a las personas agricultoras de cultivos de uso ilícito. Preocupa que, en el marco de estas discusiones, se están revelando las resistencias de algunos a reducir las acciones punitivas del Estado, y dar otras respuestas de política criminal que no sean la cárcel. No es una cosa menor que el Fiscal General esté distorsionando los hechos ante la opinión pública, hablando del tratamiento penal diferencial como una medida que solo termina “beneficiando a traficantes y delincuentes de todos los pelambres”, cuando de lo que se trata es de ser razonable en el uso de sanciones penales en el marco de la justicia transicional con los eslabones más débiles de la cadena.
  1. Involucra a las iglesias como actores en el abordaje del consumo de drogas: el nuevo acuerdo dispone que la oferta de servicios para rehabilitación estará integrada por un grupo amplio de actores, incluyendo las iglesias. Lo problemático de cambios de esta índole es que muestran la voluntad del Gobierno de ceder a presiones políticas, sin mayor estudio de la pertinencia de que organizaciones basadas en la fe sean proveedoras de servicios de salud. Una política de drogas que se tome en serio el abordaje del consumo como un problema de salud pública debería, al menos, contar con estándares y lineamientos de profesionales en atención y tratamiento al consumo, y no incluir iglesias con el propósito de calmar los miedos de ciertos sectores.

En conclusión, en La Habana hicieron algunas precisiones necesarias para un mejor acuerdo, pero otros cambios obedecieron a la necesidad de complacer políticamente a los sectores del “No” y no a la vocación de mejorar el acuerdo. En el marco del proceso de paz se ha reconocido siempre que el Acuerdo de La Habana no era el espacio para reformar la política de drogas, con todas las urgentes reformas pendientes. Pero esperamos que su implementación tampoco sea el escenario para regresar a ciertas políticas represivas, a ignorar la necesidad de un abordaje desde los derechos humanos y la salud pública, y sobre todo, a limitar las posibilidades de los campesinos a ser parte de la transformación en sus territorios.

El panorama hoy llama a proteger las pequeñas victorias logradas – como es la suspensión de la fumigación aérea – y a ser cuidadosos para prevenir el regreso de políticas punitivistas e inefectivas.

 

* Investigadora Dejusticia

 

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