Foto: Santiago Mesa

Según las cifras del Registro Único de Víctimas, tras la desmovilización de las Farc, algunos delitos de guerra continúan cometiéndose en el país. Foto: Santiago Mesa.

Pese al avance en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, Colombia sigue viviendo las consecuencias de la guerra. La población civil continúa en medio de las disputas entre organizaciones armadas como las bandas criminales, el ELN y las disidencias de las Farc.  Así lo demuestran las cifras del  Registro Único de Víctimas (RUV) . A corte de diciembre de 2017, dice el RUV,  cerca de 56.000 personas resultaron afectadas por el conflicto armado.

La herramienta, creada hace seis años por la Ley de Víctimas, muestra un descenso en los hechos violentos desde que las Farc y el gobierno comenzaron a negociar en La Habana. Sin embargo, al revisar las cifras con lupa queda en evidencia que el posconflicto se ha sentido con menor intensidad en algunas regiones del país, como Nariño y Chocó.

Según el RUV, el desplazamiento forzado fue el mal que más afectó a los colombianos durante 2017. Le siguen otros como las amenazas, la pérdida de bienes o inmuebles a manos de grupos armados y los delitos contra la libertad e identidad sexual. Aquí les mostramos algunos problemas en los que debemos trabajar durante 2018.

Aún tenemos miles de desplazados en el país

Según el RUV, en el transcurso de 2017 se presentaron 54 mil casos de desplazamiento forzado. Ese número representa el 79% del total de víctimas del año pasado. Las regiones más afectadas por el flagelo son Chocó (con 9.684 casos), Nariño (con 7.776 desplazados), Norte de Santander (5.512) y Antioquia (5.904).

Pese a que en 2016 se reportaron más de 92 mil casos (poco más de la mitad en comparación con las cifras de 2017) el escenario en cuanto al desplazamiento sigue siendo preocupante. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya lo había advertido en junio de este año: pese a la implementación del acuerdo de paz, Colombia aún es el país con mayor número de desplazados en el mundo. .

El hecho más reciente relacionado con esa problemática fue el desplazamiento de más de 130 personas tras la masacre en Magüi Payán ,ocurrida el 27 de noviembre de este año. El pasado 16 de diciembre, la ONU, a través de la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) manifestó su preocupación con respecto a la posible escalada del flagelo tras los intentos de ‘control social’ por parte de las guerrillas y los grupos armados al margen de la ley.

Más de 12.000 personas han sido víctimas de amenazas e intimidaciones

Entre las regiones más afectadas por amenazas e intimidaciones están Antioquia (con más de 2.196 casos) Nariño (1.977) Valle del Cauca (1.424) y Chocó (847).

Los líderes en Colombia han sido objeto de constantes amenazas. Según el informe ‘¡Agúzate, que nos están matando!’ publicado por la ONG Somos Defensores, en julio de este año más de 220 dirigentes fueron intimidados. En el país ya son 63 líderes asesinados. Y sí,  varios de ellos habían recibido ‘advertencias’ previas a su muerte. Como ejemplo destacado está el caso de Bernardo Cuero, líder asesinado número 36 en el contador de ¡Pacifista!

Cuero, quien desempeñaba labores como líder de la mesa departamental de víctimas de Atlántico y además era fiscal de la Asociación Nacional de Afrodescendientes (Afrodes) fue asesinado el 6 de junio en Malambo (Atlántico). El líder denunció en días previos a su asesinato que le llegó un paquete a la sede de Afrodes en Cali. Dentro de la entrega estaba un pequeño ataúd con una cruz de papel y un escrito, presuntamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Otro de los casos más recordados durante este año fue el de José Jair Cortés, líder social de Tumaco asesinado el pasado octubre. Tras la muerte de Cortés, el vicepresidente Óscar Naranjo denunció que no se trataba del único dirigente en peligro tras la masacre en Tumaco. Según Naranjo, 15 representantes de la junta del Consejo Comunitario de Alto Mira, además de Cortés, habrían recibido amenazas.


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En el país se sigue violando la libertad e integridad sexual

El RUV reportó 205 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado durante 2017. Sin embargo, las víctimas totales de ese flagelo en Colombia — cuyo caso se relacione o no con la guerra—  fueron más de 17.000, esto según el Instituto de Medicina Legal.

Si bien la Unidad de Víctimas señala que hubo una disminución cercana al 50% con respecto a 2016, en el país,  sea o no con conflicto armado de por medio, la violencia sexual va en aumento. En septiembre pasado Medicina Legal advirtió sobre un incremento del 8,7%  en esos flagelos con respecto a las cifras reportadas por ese ente en 2016 (15.988).

Según  el más reciente informe del Comité de Oxford para la la Mujer — Oxfam por sus siglas en inglés— , más de 800.000 personas fueron víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado, aunque advierte que, debido a la ausencia de denuncias, los casos podrían se muchos más. La información de la Oxfam concuerda con los datos entregados por la Defensoría del Pueblo durante este año. La entidad asegura que diariamente se atiende al menos a una mujer por agresiones sexuales.

Oxfam, además, ha hecho énfasis en que los principales agresores en Colombia siguen siendo los actores armados ilegales.

 

En Colombia se siguen robando las tierras

Mientras la Unidad de Restitución de Tierras asegura que durante este año se restituyeron más de 110.000 hectáreas a las víctimas del conflicto, las cifras de la Unidad de Víctimas advierten de 554 casos de pérdida de bienes o inmuebles durante el 2017. Pese a que se registra una reducción con respecto a los número de 2016 (1.295 casos), la problemática sigue latente.

Nariño encabeza la lista de afectados por este hecho victimizante con 80 casos durante el 2017. El segundo departamento con mayor número es Meta (63 casos). Le siguen Cauca (53) y Antioquia (48).

Y es que el posconflicto ha sido utilizado por grupos armados y delincuentes para efectuar estos robos. Justamente, el pasado septiembre, las autoridades consiguieron desmantelar una banda delincuencial dedicada al hurto de hectáreas destinadas a la restitución de tierras. La corrupción fue el método con el cual los capturados se hicieron acreedores a más de 10 predios cuyo valor supera los 120 mil millones de pesos.

Las Farc se desmovilizaron, pero el terrorismo no para

En 2017, 312 personas resultaron afectadas por atentados relacionados con el terrorismo. Entre los casos destacados de este año se encuentra el explosivo detonado en uno de los baños del centro comercial Andino el pasado junio. En el hecho fallecieron nueve personas y tres resultaron heridas. Tras el atentado, las autoridades reconocieron al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) como autores intelectuales y materiales. No obstante, sus integrantes lo negaron.


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Según el RUV, el número de víctimas de terrorismo este año se redujo casi a la mitad a comparación del año pasado (797 personas).No obstante, otros hechos que no han cobrado víctimas mortales, como los ataques contra la infraestructura eléctrica del Cauca en septiembre y noviembre de este año –que perjudicaron a más de 6.000 personas –, muestran que Colombia aún no está libre de atentados.

Los niños aún son presas de los actores armados

Pese a que el número de menores víctimas de reclutamiento forzado ha disminuido considerablemente tras las negociaciones –según el RUV, son 38 casos–, entes como la ONU han manifestado su preocupación en esta arista del conflicto. En septiembre de este año, el órgano aseguró que hubo avances en esa materia, pero también dijo que la presencia de otros grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc aun ponen en riesgo los derechos de infancia y adolescencia.

 

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