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Lea la primera y segunda entrega de ‘Todos nuestros muertos’

Por: Juan Carlos Garzón*

Según la información de los municipios con cultivos de coca, el reciente ‘boom’ de esa hoja no ha significado un alza en las muertes violentas. La relación entre las dos variables (hectáreas de coca frente a la tasa de homicidios en municipios con coca) presenta un desacople desde el año 2012. Detrás de este cambio podría estar el proceso de paz con las Farc, la consolidación del control territorial de grupos armados al margen de la ley, los pactos entre organizaciones y la reconfiguración de la cadena del narcotráfico.

Como lo muestra el siguiente gráfico, la tasa de homicidios en los municipios con cultivos de coca cayó radicalmente en la última década, pasando de 74.6 por cada 100 mil habitantes en 2006 a una tasa de 36.4 en 2016 –es decir, un descenso del 51 por ciento–. Pese a la reducción de los homicidios, los municipios cocaleros aún sostienen una tasa mayor a los que no tienen cultivos. En esos municipios sin coca se ha presentado un descenso menos pronunciado en las muertes violentas (con una tasa que pasó de 34.5 en 2006 a una tasa de 23.3 en 2016, para una baja del 32 por ciento).

Fuente: Elaboración propia, basado en Policía Nacional y Simci-Naciones Unidas

Es importante aclarar que no pretendo señalar una relación de causalidad entre los cultivos de coca y el homicidio. En el número de muertes violentas influyen múltiples variables que deben que ser tenidas en cuenta. No hay que perder de vista que las zonas que concentran los cultivos se caracterizan por una baja presencia institucional, la falta de conectividad, un menor desarrollo económico y una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley. Cada uno de estos factores también influyen en el homicidio. Adicionalmente, la lectura agregada esconde tras de sí las variaciones entre municipios y sus trayectorias, necesarias para llegar a establecer una relación de causalidad.

Dicho esto, llama la atención que, progresivamente, la violencia letal en los municipios con cultivos de coca se ha hecho menos intensa — aunque otro tipo de violencias se mantienen activas–. Esto se puede observar identificando los municipios que tienen tasas mayores a los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Mientras que, en 2007 cinco de cada diez municipios que tenían coca registraron tasas superiores a 50, en 2016 esta proporción descendió a dos de cada diez.  Este cambio podría ser un indicio de la concentración de la violencia (que ocurre ahora en una proporción menor de municipios) y también al menor nivel de disputa abierta en las zonas donde se encuentran los cultivos. Estas dos tendencias corresponden además al proceso de concentración de los cultivos, así como la reconfiguración del mercado de las drogas, con actores que establecen pactos en los territorios.

Es relevante mencionar que en el 2016, en siete de los diez municipios donde se concentró el mayor número de hectáreas de coca, también se presentó un descenso en la tasa de homicidios. Sin embargo, solo dos de estos municipios tienen tasas menores a 50 por 100 mil  habitantes.

Al contrastar el número de hectáreas de coca – reportadas por SIMCI – con el comportamiento de la tasa de homicidios, se encuentra que en el periodo de 2007 a 2011 el descenso en los cultivos estuvo acompañado con la baja en las tasas. Esta tendencia cambió en 2012, cuando las dos variables se desacoplaron. Desde ese año. el número de cultivos aumentó, mientras que la tasa de homicidios en los municipios con cultivos bajó. Lo anterior sugiere que el reciente “boom” no ha generado una escalada de violencia letal.

El análisis realizado por Daniel Mejía y Pascual Restrepo, “Bushes and Bullets: Illegal Cocaine Markets and Violence in Colombia” (2013), que toma el periodo de 1994 a 2008 señala que un alza del 10 por ciento en el valor de la coca cultivada en un municipio incrementa los homicidios en 1.25 por ciento. Es decir que, en el pasado, el “boom” sí estuvo asociado a un aumento de la violencia. ¿Podemos asegurar que esta relación cambió?

Al ser consultado sobre la gráfica hectáreas de coca frente a la tasa de homicidios en municipios con coca en el periodo 2013-2016, Daniel Mejía señaló que, para probar esta relación, sería necesario trabajar con datos desagregados y desarrollar un modelo econométrico que permita comparar el comportamiento de los municipios donde ha crecido la coca y aquellos en donde no se ha dado un incremento – una tarea que excede el propósito de esta columna.

Sin embargo, este ejercicio preliminar permite abrir varias preguntas: ¿Cuál fue el efecto del proceso de negociación de las Farc en el descenso de las tasas de homicidio en estas zonas? ¿Qué papel ha tenido el control de las organizaciones armadas en los municipios con cultivos? ¿Cuál ha sido el rol de los pactos y acuerdos entre grupos al margen de la ley? ¿Qué impacto ha tenido la intervención del Estado en moldear el comportamiento de las facciones armadas que tienen presencia en estos territorios? ¿La menor tasa de homicidios en las zonas de cultivo responde a un proceso de “domesticación” de los actores que participan en la cadena del narcotráfico?

En un escenario de corto plazo también es importante preguntarse cuál será el efecto que puede tener en las tasas de homicidio de los municipios con coca la salida de las Farc como actor armado y la incursión de nuevos actores ilegales. Por ahora las facciones criminales han acudido mayoritariamente a la violencia selectiva y con algunas excepciones, la reconfiguración de la cadena del narcotráfico se ha dado con un bajo perfil. Así las cosas, Colombia parece enfrentar un nuevo equilibrio, con mucha coca, pero con menos violencia.

*Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y asesor regional del Instituto Igarapé.

 

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