Un campesino en la vereda Santa Lucía, Ituango, donde los grupos armados están desplazando familias. Fotos: Donaldo Zuluaga Velilla

Hace un año, las 26 zonas veredales en donde se agruparon los exintegrantes de las Farc no tenían luz ni agua potable. Estaban en construcción y los líderes de la guerrilla le pedían celeridad al gobierno con las obras. Hoy, con las construcciones en un 95 por ciento y con algunos proyectos productivos marchando, la principal preocupación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ya no está en la infraestructura, sino en algo mucho más grave: que los paras, el ELN o sus propios disidentes del proceso de paz no les maten a sus excombatientes.

Las zonas veredales, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), deben contar con anillos de seguridad tanto del Ejército como de la Policía. Teniendo en cuenta que los excombatientes pueden salir a visitar sus familias y transitar libremente por el territorio nacional, la seguridad que brinda el Estado debe ser eficaz. Y esto es algo que no está sucediendo por lo menos en cuatro regiones . El caso más reciente es el del espacio territorial de Arauquita, donde el pasado 28 de febrero seis disidentes de las Farc se acercaron a las casas de los exguerrilleros al parecer con intenciones violentas.

Según un comunicado de Farc, alias Richard, uno de los disidentes, ingresó al ETCR después de las 8 de la noche a la zona en donde estaba descansando el excombatiente Henry Ernesto Tovar y le disparó cuatro veces con un arma de fuego. Tovar, gravemente herido, fue trasladado de inmediato por otros exguerrilleros al hospital de Arauca. “La patrulla encargada de la seguridad que se ubicaba adyacente al ETCR se trasladó hace 15 días 3 kilómetros sin justificación alguna”, denunció el partido.


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De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las disidencias de las Farc tienen por lo menos 1.000 hombres y están operando en Arauca, Antioquia, Caquetá, Meta, Guaviare y Nariño. De hecho, el 22 de enero de este año, dos exintegrantes de las Farc en Arauca, que están participando en política, fueron emboscados en la vereda Oasis por las disidencias. Ese día, el esquema de seguridad de los exguerrilleros reaccionó al ataque y el hecho no pasó a mayores y se quedó en un intercambio de disparos. No obstante, las amenazas para los exguerrilleros que continúan trabajando en el proceso de reincorporación siguieron llegando.

Sobre este problema, la Fundación Paz y Reconciliación advirtió en un informe de diciembre de 2017 que “el mayor escenario de riesgo para los integrantes de Farc se presenta en los traslados que estas personas realizan por fuera de los ETCR. Esto demuestra falencias en la operatividad de los cordones de seguridad de la Fuerza Pública encargados de custodiar y brindar condiciones de contención y prevención para este nuevo movimiento político”. Es por esta razón, por ejemplo, que las zonas veredales en Nariño se han ido quedando solas, como lo contamos en diciembre pasado.

En Tumaco, por ejemplo, las disidencias controladas por alias “Guacho” y “David” se oponen abiertamente al Programa Nacional de Cultivos de Uso Iícito (PNIS), lo que pone en riesgo a los excombatientes que se unan a la estrategia. En otros casos, como Guaviare, los disidentes han desplazado por lo menos a 70 familias indígenas este año para tomar control sobre el territorio, donde hay presencia de cultivos de uso ilícito. Allí, la disidencia del Frente 1° ha obligado a los campesinos a no firmar pactos con el gobierno nacional.


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El 4 de febrero, estas mismas disidencias dinamitaron una torre eléctrica y dejaron sin luz a 22.000 personas en Guaviare. En esta región del país, estos grupos que surgieron dando un paso al costado del proceso de paz ya alcanzan los 500 combatientes, según información de la Fiscalía. En Meta, donde opera el grupo disidente comandado por ‘Gentil Duarte’, fue asesinado el patrullero Wilkar Gernando Rodríguez el pasado 25 de febrero, como lo confirmó el Ministerio de Defensa.

En Antioquia, los medios de comunicación pusieron el foco sobre Ituango, donde hace cuatro días fueron desplazadas por lo menos 35 familias en las veredas La Ciénaga, San Juanillo y La Soledad, escenario en disputa por Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. De acuerdo con el Ejército, en la zona se han presentado enfrentamientos entre los dos grupos para tomar el control de las rutas del narcotráfico, las cuales van desde el Bajo Cauca hasta Urabá. De hecho, esta semana dos reporteros de ¡Pacifista! no pudieron acceder a la vereda de Santa Lucía, donde están agrupados los excombatientes, por advertencia de la misma Farc y el Alto Comisionado para la Paz.

En Ituango, las familias de veredas como El Cedral, Palo Blanco, Chontaduro y San Juanillo han denunciado nuevas extorsiones por parte de grupos armados que se están expandiendo en el territorio. En Palo Blanco, por ejemplo, se han presentado enfrentamientos armados entre las disidencias del frente 36 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Esta zona es un Tumaco en potencia”, nos dijo una fuente de la zona, quien asegura que el negocio de la coca y de la minería puede expandirse en el transcurso de los próximos meses. El fin de semana pasado, en las veredas Chontaduro y Cedral, un combate entre las disidencias del  las Farc y el Clan del Golfo dejó tres muertos y por lo menos 5 heridos, según información del Ejército.

En Ituango regresaron las extorsiones, los grafitis de las Autodefenas y los combates con las disidencias, Foto: Donaldo Zuluaga Velilla

Al mando de las disidencias del frente 36 estaría Ricardo Abel Ayala Urrego, alias Cabuyo, quien tendría por lo menos 40 personas armadas bajo su control. Lo más preocupante es que la agrupación de Cabuyo se está expandiendo por Briceño, uno de los lugares en donde se está implementando el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y el desminado humanitario. Con estas nuevas disputas armadas, la seguridad de más de 30.000 habitantes de Ituango que esperaban un cambio el proceso de paz, vuelve a quedar en riesgo. Y los planes de la implementación, paralizados.

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