Imagen: Juan Rubio | ¡Pacifista!

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El partido del presidente electo solicitó aplazar la aprobación de la Ley de procedimiento de la JEP, la cual le permitiría actuar con seguridad a los magistrados. 

Los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Santos lucen bastante intrincados. A causa de la elección del nuevo gobierno, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está sufriendo serios tropiezos. El Congreso, con una representación mayoritaria del Centro Democrático, no ha tramitado la ley de Procedimiento de la JEP, una norma clave para que pueda operar y comience, ahora sí, a tramitar los casos de los actores del conflicto armado que han solicitado amnistías.

Apenas un día después de que Iván Duque fuera elegido presidente, el Congreso aplazó por tiempo indefinido el proyecto de ley que reglamenta todo el procedimiento de la JEP. Los proponentes de la suspensión fueron Álvaro Prada, en la Cámara de Representates, y Alfredo Rangel, en el Senado; los dos de la bancada del uribismo.

Después de que se tomara esta decisión, las bancadas de la oposición han cuestionado la voluntad de paz del presidente electo Iván Duque, convirtiendo en tendencia el hashtag #DuqueIniciaAtacandolaPaz. Teniendo en cuenta que el Congreso sesiona hasta el 20 de julio, al gobierno solo le quedan dos sesiones para discutir y aprobar la ley de procedimiento. En caso de que este proyecto de ley no sea aprobado, la discusión tendrá que ir a sesiones extraordinarias o, en el peor de los casos, pasar nuevo Congreso.

El presidente Juan Manuel Santos es consciente de que si esta ley no se aprueba bajo su mandato, difícilmente podrá ser aprobada en la próxima legislatura. Por esta razón dijo que, en caso de que no se apruebe la ley de procedimiento, convocará a sesiones extras. “La paz tiene que estar por encima de lo cálculos políticos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué es lo que está en juego? 

Sin la Ley de procedimiento, la JEP no puede funcionar al 100 %.  En esta ley se definen los procesos que tendrán que afrontar las personas que se sometan a la justicia transicional y los trámites que tendrán que sortear las víctimas para alcanzar una reparación integral de sus derechos.  La presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que es preocupante que el Congreso aplace esta discusión, pues tanto las víctimas, las personas que se van a someter a la JEP y la comunidad internacional “reclaman la urgencia de tener unas normas de procedimiento que se han venido construyendo con las dificultades propias de un proceso como este pero que prácticamente, gracias al trabajo arduo del Gobierno, ha venido avanzando de manera importante”.

La Ley de Procedimiento, como nos explicaron en la JEP, define todos los procesos que deben seguir los magistrados: “Por ejemplo, en el caso de Santrich, la JEP debe actuar de acuerdo a un reglamento interno que tiene que ser aprobado por el Congreso, de lo contrario es difícil tomar decisiones con respecto a casos concretos. La Ley de procedimiento dice cuándo se puede apelar una sentencia, qué recursos se pueden interponer ante una resolución, en general son las reglas de juego con las que deben contar los magistrados de la JEP.  Se definen temas tan concretos como lo referente a los menores de edad, cómo proceder si se presenta un menor a la JEP, por ejemplo,  o qué tramite deben seguir los magistrados para pedirle pruebas a la Fiscalía. Son unas reglas de juego que, vale la pena decirlo, también le dan seguridad jurídica a las víctimas, pues saben qué tramites deben seguir, qué recursos pueden interponer, etc…”, nos dijo una fuente de la jurisdicción.

De este proyecto también depende que exista claridad sobre las etapas procesales de las personas que se sometan a la JEP, así como la labor de las tres salas de la jurisdicción: reconocimiento de verdad, amnistía e indulto y definición de situaciones jurídicas. De otro lado, esta ley permite que los entes de control puedan contar con herramientas para hacerle seguimiento al trabajo de los magistrados de la JEP. Sin reglas claras, difícilmente se podrán cuestionar sus decisiones y, como señalan en la JEP, los casos no contarían con la seguridad jurídica necesaria. La necesidad de esta Ley es urgente teniendo en cuenta que, al hacer parte de un sistema de justicia transicional, la JEP no se ciñe a los mismos criterios de la justicia ordinaria.

Pese a que la JEP puede seguir funcionando sin esta ley, pues el Acto Legislativo que la creó no exige la ley de procedimiento como un requisito para que comience a opear, lo cierto es que en un futuro se podrían presentar varias lecturas sobre las decisiones de la JEP, como ya sucedió con el caso de Santrich.  De momento, la JEP funciona con su propio reglamento y con las normas que estableció con base en el derecho penal. Sin embargo, en casos anómalos como el de Santrich haría falta una ley de procedimiento para que se despejaran todas dudas.

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