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Así se ve el Sumapaz desde su punto más alto. Fotos: Santiago Mesa.

Por: Juan Pablo Conto

Durante el último fin de semana de agosto, estuvimos en la audiencia pública para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz, en el sur de Bogotá. Allí, los campesinos propusieron su propio plan de desarrollo frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, con la aspiración de convertirse en administradores de sus territorios.

Más allá de la importancia de esta audiencia para la organización de la tierra y de las comunidades en el sur de Bogotá, fuimos porque queríamos ser testigos de lo que viene: las instituciones y los campesinos sentaron un precedente sobre el estilo de los procesos de concertación que habrá durante el posconflicto. En especial, los que tienen que ver con el punto uno de la agenda de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, el de tierras, en el que las Zonas de Reserva Campesina juegan un papel fundamental.

¿Qué son las zonas de reserva campesina?

Las Zonas de Reserva Campesina son una forma de ordenamiento territorial creada por la ley en 1994. Buscan fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de la tierra –y regular su ocupación– y el aprovechamiento de sus recursos. Por lo general, involucran zonas que son consideradas como baldías, pues son territorios del Estado para adjudicar, prioritariamente, a campesinos de bajos recursos.

Son territorios que, en teoría, ayudan a superar conflictos sociales que afectan a las comunidades a nivel cultural, social, ambiental, político y económico, pues se organizan de acuerdo con las vocaciones y expectativas de sus ocupantes. Es un esfuerzo, además, por estabilizar la frontera agrícola (límite entre la tierra dedicada a la agricultura y la que permanece natural).

Antiguamente, la solicitud para declarar una ZRC en un territorio se hacía al Incoder pero, tras su disolución, el ente encargado es la Agencia Nacional de Tierras, que tiene la formalización de la propiedad rural como función central. La solicitud la pueden hacer organizaciones campesinas; los gobernadores o alcaldes, comités departamentales de Desarrollo Rural y Reforma Agraria; las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Sistema Nacional Ambiental; o los consejos municipales de Desarrollo Rural.

En el país, hay seis zonas oficialmente constituidas que ocupan 831 mil hectáreas, ubicadas en municipios Cundinamarca, Putumayo, Bolívar, Guaviare, Caquetá y Antioquia. Otras siete, que abarcan 1’253.000 hectáreas, piden reconocimiento; y otras 50 aspiran a ser zonas de reserva, ocupando diez millones de hectáreas e integrando a tres millones de campesinos.

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El páramo del Sumapaz. Foto: Santiago Mesa.

Al estar ubicadas en territorios de colonización campesina han sido tradicionalmente focos del conflicto armado, como lo explica el sociólogo Alfredo Molano. Sin presencia estatal durante mucho tiempo, la guerrilla controló muchos de estos lugares. Esto ha desembocado en una estigmatización contra esta figura por parte de un sector político, que acusa a estos procesos de querer formar “repúblicas independientes” –un término acuñado desde la década de 1960–. Ese estigma ha frenado su conformación y dejado varios líderes campesinos muertos. 

¿Qué importancia tienen las Zonas de Reserva Campesina dentro de lo pactado en La Habana?

En el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, en el primer punto, sobre la Reforma Rural Integral (RRI), con el que se busca la “transformación estructural del campo”, las ZRC juegan un papel central para esas transformaciones, sobre todo, en las zonas de colonización campesina.

Los pilares de ese acuerdo son: la integración de las regiones, erradicar la pobreza, promover la igualdad, asegurar los derechos de la ciudadanía y garantizar la no repetición del conflicto. En este marco, la economía campesina y comunitaria es un eje central, pues busca el cierre de la frontera agrícola y el fortalecimiento de la asociatividad solidaria.

Dentro del acuerdo se considera a las ZRC como iniciativas de construcción de paz que buscan garantizar los “derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas”.  

¿Por qué es simbólico un territorio como el Sumapaz en el marco del posconflicto?

El Sumapaz es la localidad más grande de Bogotá, ocupa el 42% del territorio del Distrito y es la única netamente rural. Cuenta con casi 2 mil habitantes y con 28 veredas.  Es un páramo, un ecosistema muy delicado que requiere de especial cuidado. Para llegar, hay que recorrer unas tres horas desde el centro de la ciudad. 

Como explica la socióloga e historiadora Rocío Londoño, el Sumapaz carga con un largo historial de conflictos agrarios, que pueden rastrearse desde finales del siglo XIX con las confrontaciones entre arrendatarios, colonos y latifundistas. Más tarde, fue el epicentro del nacimiento de una sólida organización campesina en 1928: la Sociedad Agrícola del Sumapaz , que más tarde tomaría las armas, juntando a liberales y comunistas para defenderse de los conservadores.

Allí también surgió la resistencia bajo el mando de Juan de la Cruz Varela, uno de los líderes agrarios y comunistas más importantes del siglo XX, contra el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Y posteriormente fue el escenario de la guerra de los liberales que buscaron extinguir al comunismo, durante el Frente Nacional.

Si bien el movimiento campesino del Sumapaz, en términos generales, nunca se adhirió a las Farc, pues ya había dejado las armas cuando esta guerrilla nació, por el páramo pasó Jacobo Arenas cuando se dirigía al Cañon del Duda a la conferencia constitutiva de las Farc. Desde ese momento, hasta la década del 90, la guerrilla utilizó este territorio como uno de sus corredores principales.

Alexander Moreno, coordinador del equipo técnico que formuló el Plan de Desarrollo Sostenible para el Sumapaz, fue enfático durante la audiencia: “nosotros no estamos pidiendo nada raro, no queremos convertirnos en una república independiente, solo pedimos que respeten nuestra visión de un desarrollo agrícola alternativo y sostenible”.

¿En qué va el proceso de constitución de Zona de Reserva en el Sumapaz?

En el Sumapaz el proceso ha tomado su tiempo. La discusión empezó en 1998 dirigida por el Sindicato de Trabajadores Agrarios  del Sumapaz (Sintrapaz). Fueron casi 10 años de diálogos en los que buscaron llegar a acuerdos con las juntas de acción comunal de cada vereda (Asojuntas), con las diferentes organizaciones productivas y con la comunidad en general.

Para constituir una ZRC, los campesinos deben cumplir los siguientes pasos: reunirse y delimitar el territorio, hacer la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras. Este mira la propuesta, y delimita nuevamente el territorio, luego trabajan en conjunto en un Plan de Desarrollo Sostenible. Este se socializa con cada una de las partes que estén involucradas en el proceso. Con los últimos ajustes, la propuesta llega a la Agencia Nacional de Tierras que toma la decisión final.

Cesar Jerez. Foto: Santiago Mesa

Durante la audiencia tanto campesinos como las instituciones manifestaron sus dudas. César Jerez, líder de Anzorc. Foto: Santiago Mesa.

Hoy, los campesinos del Sumapaz ya cumplieron con todas las exigencias legales para volverse ZRC. Esta va a incluir 16 veredas y un plan de desarrollo a 15 años que requiere de inversiones cercanas a los $35.000 millones. Dentro de su plan están modelos de conservación y proyectos productivos asociativos y sostenibles que fortalezcan la economía campesina.

Si bien el mismo movimiento campesino reconoce que en el pasado se cometieron muchos errores en el cuidado del páramo –sobretodo por ganadería y cultivos de papa–, argumentan que ya hay una consciencia ambiental muy marcada en la gente y que han venido buscando tecnologías especiales para transformar la forma tradicional de trabajar la tierra en las zonas altas. Un ejemplo es la agroecología, con lo que buscan diseñar sistemas agrícolas sostenibles sin el uso de químicos. 

¿Qué sigue?

Durante la audiencia, los campesinos e instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y la Procuraduría dieron su visión sobre los cambios que debería tener el plan de desarrollo trazado. En teoría, al ser la audiencia el último paso, solo quedaría la actualización con esas modificaciones y el aval de la Agencia, para empezar así con su ejecución.

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La petición de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas (Anzorc), en voz de César Jerez, su representante, fue que la ZRC del Sumapaz se incluya dentro de los proyectos piloto en los que algunos organismos internacionales están dispuestos a invertir en el marco del posconflicto.

 “La cooperación internacional le ha propuesto al Gobierno implementar sus fondos con tres pilares: uno negro, uno indio y uno campesino. Proponemos que el piloto campesino sea el Sumapaz y su plan de desarrollo”, señaló Jerez.  Desde la Agencia Nacional de Tierras prometieron buscar el espacio para una reunión con Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, y así discutir esa posibilidad.

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