Ex combatientes de las Farc en el norte de Antioquia. Foto: Santiago Valenzuela

Dejar los fusiles y regresar a la vida civil. Esta era la idea que, hace un año, tenían en mente cerca de 7.000 guerrilleros de las Farc que se trasladaron del monte a las 26 zonas veredales. Y de esta premisa nacieron varias expectativas: terminar el colegio, afiliarse al sistema de salud, visitar a sus familias y, quizás lo más importante e inmediato, comenzar a trabajar. Sin embargo, el trabajo no ha llegado o por lo menos no como se los prometieron.

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz, el gobierno se comprometió a entregarle a cada excombatiente $ 8 millones para ser invertidos en un proyecto productivo, individual o colectivo. En ese entonces, la Universidad Nacional hizo un censo y encontró que el 60 por ciento de los excombatientes querían dedicarse a proyectos agropecuarios, como granjas integrales. “Nosotros ya veníamos siendo una familia. Con lo de los proyectos muchos compañeros acordamos reunir la plata que nos daba el gobierno para tener nuestra propia granja, con café, yuca y  gallinas”, nos contó un ex combatiente que hoy está en proceso de reincorporación en el norte de Antioquia.

Pasaron los meses y las zonas veredales se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los excomatientes dejaron las armas – 8.994, según la ONU – y se acomodaron en las casas construidas por el gobierno. Antes de tener la granja, les dijeron que tenían que organizarse, formular un proyecto y presentarlo a Ecomún, la cooperativa de Farc encargada de aprobar y gestionar los proyectos. Después de hacerlo, el proyecto debía pasar por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), integrado por dos representantes de las Farc y dos del gobierno. Solo hasta era posibles el desembolso de los recursos.

Desde septiembre de 2017, cuando la Corte Constitucional aprobó la creación de Ecomún, solamente ha sido aprobado un proyecto productivo en los 26 ETCR. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el 11 de diciembre fue presentado un proyecto en el ETCR de Miravalle, Caquetá, donde Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, está al mando. En el proyecto están registrados 74 excombatientes que aceptaron invertir sus $ 8 millones en producción de hortalizas, huevos criollos y piscicultura. El valor total del proyecto es de $ 592 millones, recursos que según la ACR están en proceso de desembolso.


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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ha criticado la lentitud del proceso y asegura que si existe un solo proyecto aprobado se debe en buena medida a las trabas del gobierno. Juan Pablo Patiño, ‘Juan Prometeo’, delegado de Farc ante el CNR, le contó a ¡Pacifista! que el tema de los recursos para Miravalle es solamente la punta del iceberg de los problemas alrededor de los proyectos productivos. “Hay un problema de fondo y es que los proyectos no han podido formularse porque no hay acceso a la tierra, el gobierno no ha entregado un solo centímetro de tierra para esos fines. La gente está muy desestimulada, muy perdida. Han entregado sus $ 8 millones y no saben qué va a pasar”.

Los comandantes de las ETCR han tenido que enfrentarse a diferentes dificultades a la hora de formular proyectos; incluso le solicitaron especialistas al gobierno que les ayudaran. Por lo pactado en La Habana, cada proyecto productivo debe tramitarse especificando cinco componentes: viabilidad técnica, financiera, mercado y comercialización, utilidad ambiental y social.  Después de largas discusiones por los requisitos que pide el gobierno para cada proyecto, la ONU financió un formulador de proyectos por cada ETCR, buscando agilizar el proceso de formulación.

Los delegados han ayudado, cuenta ‘Prometeo’, pero los retrasos persisten: “Le doy otro ejemplo: la Unidad Técnica de Reincorporación se creó y me nombraron como coordinador, pero no me han asignado ningún equipo. Lo que se ha hecho en los ETCR con proyectos productivos ha sido con las uñas”.

El problema de fondo, según fuentes de la Farc, sigue siendo la tierra. Lo acordado con la antigua guerrilla era entregarles terrenos a excombatientes para que desarrollaran sus proyectos productivos. Cuando se reglamentó esa promesa, el gobierno aceptó darles terrenos a través de la figura de comodato, una decisión duramente criticada por la Farc, pues no les permitía a los exguerrilleros acceder a títulos de propiedad, por ejemplo. “El comodato no nos ofrece ninguna garantía: no te permite tener un acceso a crédito, tampoco te garantiza la propiedad de tu trabajo. Ahora estamos avanzando en la construcción de un decreto que nos permita acceder a tierras de manera colectiva, nada de comodato… estamos en esa pelea”, nos dijo ‘Prometeo’.

Antes de que Santos abandone la Casa de Nariño, la Farc espera sacar adelante el decreto que les permita acceder a tierras para la reincorporación colectiva. En estos cuatro meses tienen planeado presentar 13 proyectos a través de Ecomún, dos de los cuales están en una etapa de evaluación: cultivos de cacao en Tumaco, Nariño, y caña de azúcar en Vistahermosa, Meta. No obstante, a pesar de los esfuerzos, ‘Prometeo’ no luce muy esperanzado: “el decreto será apenas una formalidad. Pero entregar todo esto en un ambiente político caldeado nos preocupa. No hay garantías”. La preocupación a corto plazo es que con próximo cambio de gobierno los proyectos se caigan y queden a merced de un residente opositor de lo acordado.

¿Qué dice el gobierno?

Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)  tiene la capacidad de aprobar y gestionar recursos para los proyectos de los antiguos miembros de la guerrilla. A la fecha, reconocen, solo está en marcha el de Caquetá, mientras que el de Vistahermosa está en etapa de evaluación y cuenta con la participación de 45 excombatientes que aceptaron jugársela por la producción de caña de azúcar . Cuando le preguntamos a una alta fuente del gobierno sobre la celeridad para aprobar estos proyectos, nos dijo que “eso dependía de la Farc, ellos son los que tienen que decidir qué quieren y trabajar duro en formularlos”.

En relación a este mismo punto, la ARN acepta que existe “una necesidad de agilizar la presentación de proyectos productivos” y por eso considera necesario fortalecer lazos con la Farc en 2018, para orientar los proyectos y que no se queden en la fase gris de formulación. No obstante, la agencia hace énfasis en que es el exintegrante de Farc “quien decide si se adhiere a una iniciativa con otros exintegrantes o si por el contrario inicia su idea de proyecto de manera individual. El proyecto productivo está a libre elección de cada uno”.  Esta fase inicial, por ende, es responsabilidad de los acuerdos a los que puedan llegar los exguerrilleros en las ETCR.

Con los retrasos en los desembolsos que contempla la Ley de Garantías, y ahora con la lentitud generalizada por la época electoral, los proyectos productivos de Farc quedan en vilo por un tiempo.

Para que la granja en el norte de Antioquia, por ejemplo, sea una realidad, los excombatientes tienen que sortear seis fases que estableció el gobierno: formulación, evaluación, aprobación, desembolso y seguimiento. Hasta el momento no han podido formular ninguna idea por una simple razón: no tienen tierra.

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