Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Drogas Declarados Ilícitos. | Foto: Archivo El Espectador

Por Andrés Bermúdez Liévano

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Pedro José Arenas conoce como pocos el problema de las drogas en Colombia. Lo conoce porque literalmente creció entre coca: de adolescente fue raspachín en uno de los cocales del sur del Meta y de Guainía, entonces dos de los epicentros de cultivos del país.

Más adelante —como diputado, representante a la Cámara por Guaviare y finalmente alcalde de San José— tomó la bandera de hacer visibles salidas alternativas a la problemática de la coca. Su convicción: más que fumigación aérea o erradicación forzada, para superar la coca los campesinos necesitan inversión en vías, salud, educación, veterinarios, agrónomos y acceso a mercados. Esto quiere decir que Arenas ha sido uno de los defensores de la solución que hace casi un año quedó plasmada en el Acuerdo de paz con las Farc (hoy todavía lejana en el terreno).

Con el tiempo, Arenas se convirtió en una voz de los campesinos y de esa solución en conferencias sobre drogas en todo el mundo, incluida la Asamblea Especial de Naciones Unidas (Ungass) en 2016.

Hace dos años, este hombre fundó el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (Occdi), desde donde viene monitoreando —con los datos que recibe de comunidades y asociaciones campesinas en todo el país— los avances de los procesos de erradicación y sustitución de la coca.

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“Estamos poniendo el foco, de nuevo, en las hectáreas de coca”

¡Pacifista!: Un año después del acuerdo, ¿cómo ve la implementación en el tema de drogas?
Pedro Arenas: Demasiado lenta y sin la aplicación de la secuencia que se pactó. Y muy enrarecida por el afán de presentar un resultado que, nuevamente, pone el foco en las hectáreas de coca. No ha habido ningún esfuerzo por entender que el acuerdo enmarcaba los pactos de sustitución, según lo pensaron los negociadores del Gobierno y las Farc, en una nueva visión de la política de drogas, en nuevas estrategias y en avances en desarrollo rural integral. Eso no está pasando.

¿Está fallando la estrategia de la zanahoria (sustitución voluntaria) y el garrote (erradicación forzada)?
Sí. La meta de erradicación forzada, en gran medida, es una hija del triunfo del ‘No’, ya que en la renegociación se incluyó que el Estado se reservaba el derecho de hacer erradicación. Antes estaba, pero como una última herramienta cuando las comunidades no accedieran o cuando se ensayara el programa pero no funcionara.

¿Por qué choca? Porque lo que se pactó fue brindar primero la oportunidad de acceder a la sustitución. En muchas partes, las tropas de erradicación llegan sin que el programa de sustitución lo haya hecho. En otras, la erradicación se lleva en los mismos territorios donde se han firmado pactos de sustitución. Eso va minando la credibilidad del programa.

¿A qué atribuye ese cruce de cables?
Estamos atendiendo a las presiones y las cifras de Estados Unidos. Yo creo que el presidente se dejó poner contra las cuerdas. Más que ocuparse de la ventana de oportunidad del acuerdo de paz para construir una paz sostenible y reducir indicadores de violencia, sobre todo de homicidios, le abrió un campo a la erradicación forzada, que, cuando se ha aplicado a rajatabla, siempre ha llevado a un aumento de la conflictividad.

Ese aumento también se explica por el hecho de que las comunidades se apropiaron del punto de drogas del acuerdo y lo exigen como lo primero que hay que hacer. Se organizan y se resisten a la erradicación forzada. Y ahí se dan los choques directos y las violaciones a los derechos humanos.

Seguimos atendiendo a las presiones y la cifras de Estados Unidos. El presidente se dejó poner contra las cuerdas

Ustedes vienen monitoreando esta creciente conflictividad. ¿Qué han visto?
Solo entre enero y junio, hubo 107 choques directos. Esa cifra puede tener subregistro porque, cuando uno ya habla con las organizaciones en terreno, el número de bloqueos ha sido mayor. Eso lo ratifica el Ministerio de Defensa. Solo el año pasado hubo más de 600 bloqueos en todo el país. Por choques directos nos referimos a roces físicos que comportan, por ejemplo, un cerco humanitario, como lo llaman los campesinos, en que un grupo de policías no puede llevar a erradicación. O, peor aún, como registramos en La Paz, Guaviare, a mitad de año, la captura de uniformados por parte de la comunidad, la judicialización de campesinos o incluso muertos, como la versión de una señora allí que se ahogó cuando lanzaron gases lacrimógenos a las canoas en medio de la protesta.

¿Qué otros casos han registrado?
Uno en Puerto Rico, Meta, en que los campesinos capturaron un policía. O el de Morales, Cauca, en que hubo un campesino muerto y cuatro heridos. O el de Corinto, también en Cauca, que también conllevó muertos. O el cerco humanitario de Montañita, Caquetá, que tiene judicializada a la presidenta de la junta, acusada de ser la líder de un secuestro. O peor aún, lo de Tumaco.

¿Y a qué atribuye usted el alza de las hostilidades?
Esa conflictividad aumentó después de que el Departamento de Estado (de Estados Unidos) sacó la cifra de hectáreas en marzo. Uno nota claramente cómo, después del informe, la conflictividad creció, porque también creció el número de operaciones de erradicación.

Pedro Arenas es una de las personas que más ha acompañado, desde la política, el reclamo de cocaleros de sustituir por desarrollo rural. Foto: Cortesía Pedro Arenas

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“Los choques van a aumentar”

¿Hubo entonces un cambio en la estrategia con la advertencia gringa?
Sí. Y esa presión de la erradicación forzada vuelve a aumentar a mitad de año con el reporte del SIMCI (de Naciones Unidas, que mide los cultivos de coca cada año). Son esos dos momentos cuando hay un aumento. Con la implementación de los Comandos Estratégicos Operacionales militares —el de Tumaco, el de San José del Guaviare, el de Catatumbo y el que recientemente se lanzó en Caucasia— esas cuatro zonas van a ver un nivel de conflictividad mayor. Es una especie de ‘alerta temprana’, como diría la Defensoría del Pueblo. Esos son los lugares con mayores posibilidades de choques directos.

En tres años volvimos a alcanzar el récord de coca de hace quince años. ¿Es un fracaso del acuerdo o tiene más bien que ver con los problemas de siempre?
Nosotros cuestionamos algunos elementos del acuerdo porque plantea una Colombia libre de cultivos, y esa es una meta que cada vez vemos más difícil. Entre otras cosas, porque cuando se habla de lucha contra el narcotráfico, se ha puesto erróneamente todo el énfasis en los cultivos.

¿Pero han visto algo positivo?
Sí hemos visto un aumento en las incautaciones, gracias a un muy buen trabajo de la Armada y de la Policía Antinarcóticos, especialmente en puertos y en interdicción marítima. Pero históricamente hemos carecido de una interdicción seria en ríos y pistas en zonas de producción. Tampoco se ha hecho un énfasis serio en la interdicción de precursores químicos. Ni mucho menos persecución del lavado de activos de quienes se enriquecen con esta actividad, cuando para nadie es un secreto que la plata del narcotráfico ha terminado en manos de terratenientes que han avanzado en la contrarreforma agraria. Entonces el foco siempre ha terminado puesto en los cultivos y terminan siendo los indígenas, afros y campesinos los que pagan los platos rotos.

Con foco en cultivos, indígenas, afros y campesinos son los que pagan los platos rotos

¿Nos llevó la preocupación por las cifras actuales de cultivos a regresar a las estrategias fallidas del pasado?
El Ministerio de Defensa es el único que tiene intactos los recursos con posteridad al acuerdo de paz. Si se ponen en una balanza las dos caras de la estrategia contra drogas, la de erradicación y la de sustitución, la que sí cuenta con la plata, los equipos, las aeronaves y los hombres dispuestos para llegar inmediatamente a terreno, es la de Defensa. La de Posconflicto, la de sustitución, no tiene ni plata ni técnicos suficientes. Tiene buena voluntad y quiere hacer las cosas, pero no tiene el andamiaje que se necesita.

Denos un ejemplo.
Miremos a Tumaco (con 24 mil hectáreas sembradas, la región con más coca del país): hay cuatro técnicos en programas de sustitución y un coordinador para todo el departamento. El Ministerio de Defensa tiene, en un abrir y cerrar de ojos, la capacidad de poner 1.500 o 2.000 hombres en cualquier rincón del país. ¿Entonces qué pasa? Las Farc ya no están y no se oponen al ingreso de la institucionalidad. Ese era un vacío que tenía que ser llenado por el conjunto del Estado y no solo por la presencia militar o policial. Quien pudo llegar fue el Ministerio de Defensa, pero no el resto de la institucionalidad.

¿Estamos perdiendo esa ventana de oportunidad?
Claro, porque esa ventana se está cerrando de manera muy rápida. En regiones como el sur del Guaviare estuvo abierta claramente entre septiembre de 2016, cuando estábamos en pleno cese al fuego y pre-concentración de tropas de las Farc, y febrero de 2017.

¿Qué ocurrió en esos meses?
Los que se declararon desertores del proceso de paz se reorganizaron muy rápidamente y, ante la ausencia de la llegada del Estado, ocuparon ese vacío. Y eso lo están logrando en el sur del Meta, en zonas de Caquetá e incluso en Putumayo, Vaupés y Guainía. Eso se hace aún más difícil en lugares donde no hay ningún tipo de jerarquía o de organización, como en Tumaco. Hay un río revuelto, muchos actores y cabezas buscando el control: llega la ‘guerra contra drogas’ y atiza aún más esa conflictividad.

Arenas habla regularmente sobre la experiencia de los cultivadores en conferencias internacionales, incluida la ONU. Foto: Cortesía Intercambios Asociación

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“Hemos sido campeones de la erradicación forzada, pero también de la resiembra”

En uno de sus informes mencionan que, solo en la vía Tumaco-Ricaurte, hay veinte puntos ilegales de venta de gasolina. ¿Es imposible detectar esos insumos químicos o las actuaciones son ineficaces?

Es un tema que no ha sido abordado nunca con seriedad por el Consejo Nacional de Estupefacientes. En el primer periodo de Uribe se intentó, con el Plan Patriota, establecer un control férreo sobre la cantidad de galones que podía vender un municipio mensualmente. Hubo muchos problemas e incluso demandas al Estado, porque el control técnico de la gasolina se les dio a las Fuerzas Militares y los propietarios de las estaciones debían pasar primero por donde el comandante militar para que les diera el permiso. Es una labor pendiente del país: hubo propuestas, como por ejemplo usar colorantes para la gasolina en zonas donde esta es susceptible de llegar al procesamiento, pero no se ha visto. Al final, Colombia no ha trabajado seriamente en el control de ninguno de los precursores claves como el éter, la acetona, el amoniaco o el ácido sulfúrico.

Entonces, a pesar de la visión integral que plantea el acuerdo de paz, ¿seguimos concentrados equivocadamente en el eslabón más débil?
Sí. Le doy un ejemplo. Nuestro Gobierno lideró un grupo de trabajo de alternativas al encarcelamiento en la OEA, señalando que debían contemplarse esos eslabones débiles como mujeres y cultivadores. Pero aquí en la práctica eso no ha cambiado.

El énfasis sigue siendo en los cultivos y se termina chocando con los agricultores de la coca que, a diferencia de Bolivia y Perú, lo que reclaman es remplazar esa economía. No defienden a rajatabla el cultivo, sino que dicen: ‘Defendemos la coca porque es nuestro pan de cada día, pero si tuviéramos otra cosa de qué vivir la abandonaríamos’. Si uno va a Bolivia, lo ven como su identidad y su cultura. En Colombia, la mayoría de los campesinos no mastica ni siquiera la coca y considera incluso que los puede llevar a caer en un vicio.

¿Y el resto de lo que plantea el acuerdo?
El acuerdo no solo habla de cultivos, sino también de consumo, y sobre eso no ha habido ni un solo avance. Podríamos preguntar a las treinta y dos gobernaciones si ya se hizo alguno de los productos del acuerdo, como reunir al consejo seccional de estupefacientes, en donde participa el sector de salud, y construir un nuevo plan de trabajo en torno a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. O el punto que habla de oportunidades de salud para quienes, viviendo en cárceles, tienen un grave problema de dependencia.

En Bolivia, la coca es identidad y cultura. En Colombia, la mayoría de los campesinos quieren remplazarla

También tiene todo un capítulo de lucha integral contras las organizaciones que se lucran realmente del negocio. Ahora que estamos hablando de Comisión de la Verdad, el acuerdo incluso habla de entender cómo se juntaron la economía de drogas y el conflicto armado. Ese tipo de cosas no se han abordado para nada. El énfasis de nuevo se situó en los cultivos, y ahí quedamos atrapados frente al mundo, especialmente Estados Unidos.

¿Entonces la erradicación forzada se da por un afán de lograr metas rápidas?
Hemos sido campeones de la erradicación forzada, pero también de la resiembra. Si no, no tendríamos los niveles que tenemos hoy. Y eso no se le puede achacar al proceso de paz, sino que ha sido un comportamiento histórico. En muchas partes del país, de cada cien hectáreas erradicadas, ochenta y cinco han sido resembradas. La mayoría de las veces en la misma vereda. Simplemente entran de nuevo al bosque y tumban. Por eso, a la fumigación aérea y a la erradicación forzada las hemos acusado de gran parte de la deforestación. Mientras no se ofrezcan oportunidades, lo que se hace es obligar al traslado del cultivo. Y vamos a acabar con lo que nos queda de bosques.

¿Por qué no son sostenibles esas dos soluciones?
Los mejores indicadores se han dado por la vía de los programas de sustitución voluntaria: los que firman esos compromisos se mantienen en la legalidad. Por ejemplo, las Familias Guardabosques (durante el gobierno de Álvaro Uribe) fueron las que menos resembraron.

No ha ocurrido igual con la erradicación forzada. Este año hemos visto que, cuando las familias firman el compromiso de arrancar la coca, si el Gobierno da el primer paso y les cumple, ellas cumplen. En once veredas de Briceño arrancaron su coca, sin necesidad de un solo tiro.

Es decir, ¿la sustitución voluntaria es la única capaz de ese cambio a largo plazo?
Sí, porque parte de un diálogo entre Estado y comunidad. Si ese pacto se honra, la gente se mantiene en el programa.

¿Y qué la hace tan difícil de materializar?
Que los éxitos han sido una excepción: su punto débil es su sostenibilidad. Cuando termina la cooperación y la comunidad queda sola, muchos proyectos se caen por falta de comercialización. Eso lo estamos viendo ahora. No va a funcionar sin carreteras, sin servicios públicos, sin salud o educación. Todo esto es lo que se quiso corregir en La Habana cuando al programa lo llamaron, además de voluntario, integral. Pero la sustitución requiere paciencia y que no nos dejemos presionar por las exigencias de Estados Unidos.

¿Por qué?
Porque es más importante para nosotros como país preservar esta ventana de oportunidad de construcción de paz que responder a una meta de una potencia extranjera, que nos da recursos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico inferiores a lo que invertimos nosotros mismos.

Arenas conoce bien la realidad de los cocaleros: trabajó como raspachín de joven y luego, cuando era diputado de Guaviare, fue mediador entre el Gobierno y los campesinos en las marchas cocaleras de 1996. Foto: Cortesía Pedro Arenas

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“Le diría a Trump que nos ayude en el punto agrario”

¿Hay ejemplos exitosos del modelo forzoso?
En 2002, cuando comenzó el gobierno de Uribe, dijeron que en Putumayo había que ‘fumigar, fumigar, fumigar’. Fernando Londoño, que era el Ministro del Interior, se ufanaba ante los medios diciendo: ‘Les puedo asegurar que en Putumayo no queda una hectárea de coca’. Bueno, la coca nunca desapareció de Putumayo. Se redujo, sí, pero esos resultados no eran sostenibles porque no se transformaron los territorios y ni se ofrecieron realmente oportunidades a las familias. No debemos perder de vista que la sustitución también implica la desaparición de los cultivos.

Si la presión negativa viene de Estados Unidos, ¿qué solución le aconsejaría usted a Trump?
Si no pueden meterle al punto de drogas del acuerdo porque ahí están las Farc, que nos ayuden en el punto agrario porque no tenemos aún ni fondo de tierras ni catastro. Lo que más necesitamos es cooperación técnica. Que nos ayuden con carreteras, con cooperativas para los productos, con técnicos agropecuarios. O en el punto de drogas: que nos ayuden a montar los planes de prevención y educación en el consumo de drogas en todos los departamentos. O que nos ayuden a resolver el problema con los afro y los indígenas.

¿Nuestro único indicador de éxito es el número de hectáreas?
En los últimos años se han agregado indicadores en materia de interdicción de embarques y de destrucción de laboratorios, pero en el fondo, por lo que nos mide el mundo, es cuántas hectáreas tenemos. Por ejemplo, no hemos dado una discusión sobre la productividad. Pudimos haber llegado a tener solo 90.000 hectáreas, pero los indicadores de productividad podrían haber sido los mismos que hoy (que tenemos 144.000).

Más bien, deberíamos estar pensando en, ¿cuántas familias superaron la pobreza en Magüí Payán o Puerto Leguízamo? ¿Cuántos niños de esas comunidades tienen educación? ¿Cuántas familias con sus proyectos accedieron a los mercados y se les pagó lo justo? ¿Se han reducido los homicidios? ¿Cuántas familias en programas de sustitución han reducido las hectáreas deforestadas? Ese tipo de indicadores no están presentes en el debate actual.

Ya hablamos bastante del garrote, pero poco de la zanahoria. ¿Cómo ve que avanza la sustitución voluntaria?
Las cifras oficiales dicen que hay 115.000 familias en acuerdos colectivos de sustitución, y ese es un buen indicador de la disposición de los actores en el territorio. La segunda parte —que es cuando las familias firman los pactos individuales, el Gobierno hace el primer pago y arranca el cronograma para arrancar la coca— también se está cumpliendo. Y ha sido muy importante la participación de las Farc. Han cumplido el compromiso de participar en las asambleas y de hablar a la comunidad de la importancia de involucrarse en el programa de sustitución.

Arenas insiste en que la sustitución voluntaria toma más tiempo pero es mucho más efectiva a largo plazo que la erradicación forzada. Foto: Cortesía Sanho Tree

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“En Tumaco no solo el programa de sustitución es débil, sino todo el Estado”

¿Le preocupa algún sector de la población?
Hay dos grupos poblacionales donde no se ha podido avanzar tan rápido como con el resto de familias. Primero, los recolectores que no han recibido ningún pago, aunque están en el acuerdo. En el pasado, cuando no estaban involucrados, veíamos que se iban a otras veredas a buscar trabajo. La incertidumbre puede hacer que se traslade esa mano de obra, que es joven y con niveles educativos bajos.

¿Y el otro?
Las mujeres. Con ellas ocurre lo mismo porque, si el pacto se hace solo con el propietario o detentor de la posesión de la tierra, termina siendo solo con hombres. La estructura de la tierra en Colombia es muy machista y es una tragedia si ellas se quedan por fuera, porque son las que mejor manejan los recursos.

Un 26 por ciento de la coca está concentrada en territorios indígenas y afro. ¿Eso cómo va?
Si le suma el seis por ciento que está dentro de parques nacionales, es un área muy grande en donde el programa aún no ha podido tener avances. En las áreas de importancia ambiental, las limitaciones de la norma han sido la excusa para trabajar con familias que están ahí. Nosotros hemos propuesto que se sí se hagan pactos con los colonos en resguardos, territorios afro o parques, pero el proyecto productivo solo podría ser desarrollado fuera. Para eso hay que encontrar tierra en arriendo, en asociación o para asignar.

No debemos perder de vista que la sustitución también implica la desaparición de los cultivos

Ahí vemos otro cuello de botella enorme: los indígenas y los afro reclaman, con todo el derecho, el saneamiento de sus territorios. Eso implica que en un lugar como Alto Mira el Estado se haga responsable de restituir a sus propietarios y que los colonos se les encuentre lugar en otra parte.

En Tumaco se mezclan todos esos factores. ¿Cómo ve usted la situación allá?
Lo que pasa en Tumaco no es solamente una debilidad del programa de sustitución, sino de todo el Estado. No hubo un aprestamiento correcto del Estado antes del acuerdo de paz, aún cuando todos sabían que sería uno de los lugares más difíciles. El concejo de Alto Mira pidió acompañamiento de los organismos de Derechos Humanos desde marzo. Cuando las tropas de erradicación aterrizaron en septiembre, todas las comunidades lo volvieron a solicitar y, francamente solo llegaron después de la masacre. Todo lo que ha pasado allí se sabía con mucha anticipación que podía suceder.

El drama allá no es solo unas hectáreas de coca. Es una manifestación de cómo el Estado no ha estado ahí oportunamente.

Aún sin tener claro qué sucedió exactamente, ¿qué lección cree usted que nos deja ese episodio?
Poner el foco en los cultivos distrae a las autoridades de dónde realmente están las utilidades: los embarques y el tráfico de grandes cantidades. Ahí debería estar el esfuerzo técnico y tecnológico. En vez de tener 1.000 o 2.000 policías en una vereda habitada por gente que nunca vio al Estado y que, al estilo de Cien años de soledad, ahora lo ver llegar como tropas, deberían estar en función de perseguir los puntos clave del negocio. Si usted se fija en los diez municipios con mayores niveles de producción, donde además tenemos riesgos en materia de seguridad y Derechos Humanos, necesitamos un número igual de gerencias para el posconflicto. Y que las gobernaciones dejen de competir con las alcaldías capitales y administren bien todo su territorio.

Una de las mayores preocupaciones de Arenas es que la inversión en proyectos productivos y desarrollo rural va mucho más lenta que la arrancada de la mata.

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“Candidatos: la sustitución es más efectiva, pacífica y democrática que la erradicación forzada”

¿Usted ve que el tema de la coca está entrando en el debate electoral?
Sí, por eso estamos en un drama los que propendemos por reformas. Parecería que cualquier crítica que hacemos a la actual administración juega en contra de las reformas mismas, porque le da combustible a quienes quieren mano dura. Muchos precandidatos están aprovechando lo que está ocurriendo para darle garrote al proceso de paz y reclamar cambios, que no son sino un regreso a las viejas políticas que no han funcionado. Por eso, a pesar de que los esfuerzos de paz tienen dificultades, no podemos dejar de insistir en que sigan adelante y que las fallas se corrijan.

¿Cuál es concretamente el riesgo?
Si insistimos en la mano dura en aquellos territorios donde deberíamos estar construyendo paz, mandamos un mensaje muy equivocado a quienes vienen de la guerra. Necesitamos que esos excombatientes se queden en la legalidad y se incorporen a las dinámicas institucionales del país. Corremos el riesgo de empujar a algunos que están algo inconformes con el proceso de paz a los brazos de las disidencias. Además, no lo olvidemos, la sustitución voluntaria de coca ha demostrado ser más efectiva, más pacífica y más democrática que la erradicación forzada.

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