Foto: CNMH

Colombia superó las cifras de desplazamiento forzado interno de Siria que en 2015 ocupó el primer lugar. Foto CNMH

Cuando en octubre de 2015 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó su informe sobre desplazamiento forzado, Gonzalo Sánchez, director de esa entidad, explicó que una de las preguntas que orientó la investigación fue por qué Colombia llegó a ocupar “el ignominioso segundo lugar en la jerarquía que ordena a los estados según el número de víctimas de desplazamiento forzado”.

Para entonces, las cifras eran más que dramáticas. A diciembre de 2014, casi 6,5 millones de personas estaban identificadas como desplazados forzosos en el Registro Único de Víctimas. Poco más de la mitad eran mujeres y más de la tercera parte menores de edad. Los datos demográficos considerados en el informe indicaban que cerca del 15% de la población afrocolombiana y el 10% de la población indígena habían sido expulsados de sus territorios.

Pero si esos números recopilados el año anterior ya ponían a Colombia en ese “ignominioso segundo lugar”, el informe que acaba de ser presentado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), demuestra que esa problemática está lejos de ser asunto del pasado.

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De acuerdo con el análisis presentado este lunes en el marco del Día Mundial del Refugiado, Colombia con 6,9 millones de casos es ahora el país con más desplazados internos en el mundo. Le siguen Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4.

Según Acnur, en Colombia durante 2015 pocos desplazados regresaron a sus lugares de origen y en ese mismo año las instituciones estatales reportaron 113.700 nuevos casos de desplazamiento forzado. Esa cifra es inferior a la que el mismo informe presentó sobre nuevos desplazamientos en 2014 (137 mil casos), sin embargo, bastó para que el país escalara a la primera posición.

El informe aclara que, en el caso de Colombia, las cifras de desplazamiento interno corresponden a la acumulación de casos cuantificados desde 1985. Mientras tanto, en el contexto internacional, la estadística indica que al finalizar 2015 más de 65,3 millones de personas estaban en condición de desplazamiento.

Esa cifra representa un alza de casi 6 millones de casos en comparación con 2014, cuando se cuantificaron 59,5 millones de refugiados. Además, se trata de la primera vez que se supera el “record” de los 60 millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la guerra.

Si se prende el foco sobre las estadísticas, los números ponen en evidencia el aumento de la problemática en los últimos años. El alza en el número de refugiados en solo cuatro años, entre 2011 y 2015, es del 55%.

La impunidad, regla en el caso de Colombia

El informe de Acnur no profundiza sobre el seguimiento judicial a los casos de desplazamiento forzado. Sin embargo, el informe del CNMH publicado el año anterior deja un apartado especial para referirse a la impunidad como un factor que ha rondado ese fenómeno en Colombia.

Solo desde el año 2000 el desplazamiento forzado fue tipificado como delito en Colombia. Sin embargo, el informe precisa que no se implementaron recursos que permitieran la identificación y la efectiva judicialización de los responsables.

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En 2009, la Corte Constitucional ordenó implementar una política de verdad, justicia y reparación alrededor de ese delito. Antes, el desplazamiento era considerado un efecto “colateral” de otras formas de victimización y, por tanto, permaneció invisibilizado.

Aun con esa determinación de la Corte, en 2014 solo se encontraban activas 14,612 investigaciones por el delito de desplazamiento. “Esa cifra frente al volumen de personas que han sido forzadas sistemática y masivamente a migrar muestra, por un lado, el bajo nivel de denuncias, y por otro lado, la poca voluntad de oficio de investigar ese crimen de lesa humanidad y de guerra”, dice el informe del CNMH.

Mientras el informe de Acnur demuestra que los casos siguen aumentando —así no sea con la intensidad de hace algunos años—, el documento del Centro de Memoria explica que evitar que se siga repitiendo esa forma de violencia depende, entre otros factores, de “la puesta en marcha de políticas efectivas de prevención, atención y reparación integral y la superación de la impunidad”.

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