Foto: Policía

El propio director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, entrega volantes para que la comunidad delate a los miembros del Clan del Golfo. Foto: Policía

El primer reto de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc era copar con la institucionalidad los territorios en los que, durante décadas, estaban en poder de la guerrilla. Sin embargo, parece que los actores armados ilegales le están ganando el pulso al Estado.  A la mayoría de esos territorios llegaron las Bacrim, a imponer terror a través de sus franquicias. El Clan del golfo, heredero directo de ‘los Urabeños’, se adueñó de las rutas del narcotráfico en el norte del país, sobretodo en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por su parte, hacen presencia en varios departamentos de Colombia. Distribuyen panfletos amenazantes contra líderes sociales en Cauca, Nariño, Chocó, Guaviare, Boyacá y Valle del Cauca; y según la comunidad, son los responsables de la mayoría de asesinatos contra dirigentes campesinos e indígenas en el país. Incluso, han lanzado toques de queda en lugares como Buenaventura.

Así que hoy, luego del fin de la guerra con las Farc, las bandas criminales son el nuevo enemigo de la institucionalidad y así las han hecho ver las autoridades. Por eso, la lucha contra estos grupos ilegales será militar.

La semana pasada el vicepresidente Óscar Naranjo le mandó un mensaje a las Bacrim durante un encuentro de Seguridad Ciudadana en Montería: “no piensen que calificándose de Autodefensas Gaitanistas obtendrán un espacio de negociación política con el Gobierno, que es categórico en decir que no habrá negociación con criminales”.

El problema es tan importante que, en plena negociación entre el gobierno y la guerrilla para reprogramar la dejación de armas, surgió el compromiso de “poner en marcha los planes piloto de desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco”. ¡Pacifista! presenta cinco estrategias que tiene el gobierno para garantizar el posconflicto, a pesar de estas bandas.

Operación Agamenón II

“Entramos en la fase final de la lucha contra las grandes organizaciones criminales”, dijo Luis Carlos Villegas, ministro de defensa, 1 de junio pasado. Lo hizo en la instalación de Agamenón II, una estrategia militar que pretende dar los golpes definitivos al clan Úsuga y a los líderes de las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños y las Águilas Negras. Es la segunda etapa Agamenón, una operación de Policía que había sido lanzada en 2015.

Ahora, 1.700 hombres del Ejército harán parte de esta estrategia. Además, el gobierno colombiano le compró a Estados Unidos cinco aeronaves tipo Black Hawk UH60A, cuatro aviones 802 “para el monitoreo de cultivos ilícitos” y cinco aviones Caravan. La operación también contará con “una unidad para drones de seguridad rural y urbana, para identificar dónde se cometen delitos de día o de noche”, según dijo Villegas.

Agamenón I dejó “más de 170 detenidos, entre ellos 20 son cabecillas. Noventa toneladas de coca incautadas, así como armamento y nómina”, de acuerdo con el Ministro.

Plan piloto en Tumaco y Buenaventura

El gobierno y las Farc pactaron en La Habana varios mecanismos para desmantelar las “bandas sucesoras del paramilitarismo”, como dice en el texto firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Entre estas medidas está una unidad de la Fiscalía para investigar estas organizaciones, un cuerpo élite de la Policía que investigue las amenazas contra líderes sociales y una comisión de garantías de seguridad.

A finales de mayo, también acordaron un plan piloto para desmantelar al Clan del Golfo y las demás franquicias criminales. El plan comenzará el 15 de junio en Tumaco y en Buenaventura, estará a cargo del Ministerio de Defensa pero también contará con las participación de la Vicepresidencia, la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Uiaf.

La idea del plan piloto es “atacar las estructuras criminales, sus redes de apoyo, bienes, rentas ilícitas. Además de los delitos financieros, como narcotráfico o minería ilegal”, según le dijo a ¡Pacifista! una fuente del gobierno. Todavía no se conocen los detalles de esta estrategia, que se pondrá en marcha en dos de los lugares más violentos del país.

Recompensas

Hace días, el propio general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, se montó en un avión en Urabá y tiró desde el aire cientos de papeles que ofrecían recompensas por todos los que ofrecieran información que permitiera la captura de los líderes del Clan Úsuga. Ese día, dijo a la prensa que “la actual ofensiva (…) tiene a los cabecillas del Clan del Golfo acorralados y en decadencia, el desespero de ellos es grande y los ataques indiscriminados y por la espalda a la Fuerza Pública así lo demuestra”.

Según el volante que repartió Mendoza en Urabá, las recompensas van desde 128 hasta 3.000 millones de pesos. “Hay tablas estandarizadas para recompensar la información que nos den. Los objetivos que más estamos buscando son ‘Otoniel’ y ‘Gavilán’, cabecillas de esas bandas criminales”, le dijo a ¡Pacifista! el coronel Luis Soler, comandante de Policía de Urabá.

Capturas

Según un documento de la policía al que tuvo acceso ¡Pacifista!, este año han sido capturados seis de los hombres más importantes del Clan del Golfo, incluyendo el jefe de seguridad de ‘Otoniel’, hombres importantes en Córdoba, Antioquia y el Pacífico. Además, según el ministerio de Defensa, solo en mayo de este año fueron capturados 132 miembros de ese grupo armado ilegal.

Además, según el periódico El Tiempo, “entre enero de 2015 y mayo de este año, las autoridades han capturado a 1.059 personas vinculadas de una u otra forma a la organización”. Solo en Chocó, de acuerdo con información del ministerio de Defensa, más de 6.000 hombres persiguen al Clan de Golfo.

“Acción social”

En medio de la estrategia militar, que ya cumple más de 2 años, la Policía también ha hecho presencia social en las regiones. En el documento de resultados de la operación Agamenón al que tuvo acceso ¡Pacifista! dice que desde enero de 2015 hasta principios de este año, esa entidad benefició con agua potable a 100.842 personas, censó 9.092 fincas, intervino a través de sus veterinarios a 3.442 animales.

Además, realizó 313 jornadas de recreación y capacitación y entregó 3.006 kits deportivos y regalos a niños. Expertos internacionales como David Cortright, activista por la paz de la universidad de Notre Dame, dicen que la presencia social del Estado en las regiones es la mejor manera de prevenir conflictos futuros.

 

ARTÍCULOS RELACIONADOS