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Los ciudadanos que apoyen una u otra opción podrán conformar comités de campaña e inscribirlos ante el Consejo Nacional Electoral. Fotos: Santiago Mesa

Están definidas las condiciones para que los movimientos de ciudadanos y los partidos políticos participen en la contienda por el plebiscito del 2 de octubre, con el que se refrendará o se rechazará el Acuerdo Final al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó una resolución con todos los detalles para la conformación y la financiación de las campañas, así como para el acceso a medios de comunicación y la participación de funcionarios públicos.

La decisión del Consejo se enmarca en las líneas que trazó la Corte Constitucional el pasado 18 de julio en su sentencia sobre el plebiscito, que fue dada a conocer a mediados de agosto.

Vea también: Las condiciones que le puso la Corte al plebiscito por la paz

Estos son las reglas que estipuló el CNE para que las campañas por el “SÍ” y por el “NO” libren el pulso político durante el próximo mes:

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Los ciudadanos, movimientos cívicos y partidos políticos podrán crear comités de campaña por el “SÍ” o el “NO”. Cada comité debe tener más de tres personas y menos de 10. Además, debe inscribirse ante el CNE antes del 16 de septiembre.

Los colombianos en el exterior pueden conformar comités e inscribirlos ante consulados.

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Los partidos y movimientos políticos pueden usar los logos que tengan registrados ante el CNE durante la campaña. Sin embargo, tal como dijo la Corte Constitucional, no pueden utilizarlos con fines electorales distintos a los del plebiscito.

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Ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a un comité que promueva el “SÍ” y a otro que promueva el “NO”.

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Los comités pueden obtener financiación privada con montos específicos. Así, los comités de carácter nacional pueden recibir hasta $3.920 millones; los de carácter departamental, $1.045 millones, y los de capitales de departamento, $261 millones. Los comités inscritos por Bogotá pueden funcionar con hasta $1.038 millones.

El CNE también estableció topes específicos para municipios con menos o más de 10 mil electores.

Los comités deberán informar cuánta plata consiguieron y cuánta gastaron, así como el valor de las donaciones en especie que recibieron.

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Los comités tendrán acceso igualitario a los medios de comunicación públicos y a los de radio y televisión privados, debido a que estos últimos usan el espectro electromagnético. Además, pueden contratar pauta en prensa, radio, televisión y otros medios, sin sobrepasar los gastos de campaña permitidos.

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El CNE también tomó la polémica decisión de exigirles a “los concesionarios y operadores de televisión, radio, prensa u otros medios de comunicación social”—aunque no especificó cuáles— un informe semanal con los tiempos o espacios que le otorgaron al cubrimiento de ambas campañas. También declaró que los medios “deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad, así como la veracidad en el manejo de la información”.

En la resolución consta que “las campañas tendrán derecho a la rectificación en condiciones de equidad, cuando se presenten informaciones falsas, parcializadas o imprecisas”.

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Cada comité de campaña tendrá límites en el número de cuñas y avisos que puede pagar en radio, televisión y publicaciones escritas, así como en el número de vallas publicitarias que puede instalar.

En el caso de vallas, pasacalles, carteles, afiches y otras piezas publicitarias, los alcaldes y registradores regularán las condiciones para la fijación y deberán conceder los permisos de manera equilibrada.

La publicidad en Internet podrá ser contratada y deberá ser reportada como gasto de campaña.

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Los medios de comunicación, las empresas de publicidad y las comercializadoras de vallas deben reportarle semanalmente al CNE el número y el costo de las piezas publicitarias que vendieron durante la semana anterior al informe.

Si la pauta es utilizada con fines partidistas o electorales, antidemocráticos, violentos o de desinformación, el CNE podrá ordenar la suspensión o el retiro de las piezas. Lo mismo ocurrirá si el Gobierno utiliza los espacios de pedagogía para hacer campaña.

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El CNE también decidió regular las encuestas sobre la intención de voto para el plebiscito. Por ello, determinó que los medios de comunicación que divulguen las encuestas deben suministrarle a la entidad la ficha técnica de la misma, especificando si fue contratada por algún comité de campaña.

Si el CNE encuentra que las encuestas presentan “inconsistencias graves” en los resultados podrá imponer multas de entre 25 y 40 salarios mínimos, tanto a la empresa encuestadora como al medio que la divulgó.

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Las campañas por el “SÍ” y el “NO” podrán postular testigos para que vigilen la jornada electoral del 2 de octubre, a razón de uno por mesa y por comisión escrutadora.

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Los funcionarios públicos que pueden hacer campaña, en los términos fijados por la Corte Constitucional, no pueden poner al servicio de la contienda los bienes públicos destinados para el cumplimiento de sus funciones, dejar de trabajar para hacer campaña, presionar a sus subalternos para que voten en algún sentido, entregar bonificaciones o aumentos a quienes participen de una u otra opción o desviar recursos públicos para las campañas.

El CNE permitió que las entidades diseñen planes de compensación de horas de trabajo cuando los funcionarios deban, necesariamente, suspender sus funciones para participar en campaña. En cualquier caso, los servicios a los ciudadanos no podrán ser suspendidos.

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