Foto: Sara Gómez.

Foto: Sara Gómez

Por: Carolina Gutiérrez Torres*

“Hola Carolina. Tengo una situación”. Este mensaje llegó a mi celular un jueves a las 6:40 de la mañana. El remitente era un líder social que había conocido dos años atrás haciendo un reportaje. No voy a dar su nombre ni muchos detalles porque a este líder también lo quieren matar.

Minutos después de recibir el mensaje le contesté haciéndole varias preguntas. Esto fue lo que me respondió, a través de mensajes de texto y de voz: “Estoy en Bogotá por situación de violencia… Estoy en la terminal de Salitre o algo así me dicen acá… Para ver si nos podemos mirar para comentarle bien lo que pasó… Tengo mucho frío… No sé cómo decírselo”. Cada uno de esos mensajes iba cavando un hueco en mí.

Él ya venía advirtiéndome que la seguridad de su barrio estaba empeorando. Que no se sentía seguro. Que, sobre todo, lo angustiaban las amenazas de algunas personas que llegaban disfrazadas de consejos: “Está hablando mucho”. “Para qué va a buscarse problemas innecesarios”. “Cuídese con lo que dice”. Pero él creía que eso no iba a pasar de ahí. Que nadie se atrevería a meterse con él porque él no le hacía daño a nadie; al contrario, su trabajo era salvar vidas.

Pero sí se atrevieron. Primero llegó una amenaza que él ignoró. Luego, una segunda advertencia más directa: “No se haga matar”. Y al señor le tocó pedirle plata a un vecino para poder salir corriendo. Llegó a Bogotá un jueves a la madrugada con seis mil pesos en el bolsillo y un buso que le regaló un desconocido. No conocía a nadie. Nunca había visitado esa capital tan fría y tan grande y tan “llena de puentes”, como él dice. Lo único que se le pasó por la cabeza fue buscarme. Y cuando supe eso me llené de miedo, me paralicé. Luego hablé con varios amigos que me dieron pistas sobre qué hacer.

Lo primero era denunciar, contar su historia, oficializar su estado de víctima del conflicto, lo que le daba nuevos derechos que debía reclamar. Le dije que se quedara en el terminal, que allí había una oficina del Distrito para atender a las víctimas (había leído esto en un reportaje de desplazamiento); que la buscara y contara su historia mientras yo seguía averiguando qué más debía hacer.


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Hacia las 2:00 de la tarde nos vimos en el terminal. Cuando llegué estaba sentado en el suelo, a la entrada de la oficina de víctimas. Me vio y trató de sonreír pero no pudo. Tenía la mirada vacía, perdida; un semblante que yo sólo había visto en los funerales. Me saludó y luego me bombardeó de preguntas: “¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cuándo voy a ver a mi esposa y a mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿No voy a volver nunca? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Y mi trabajo? ¿Y el colegio de ellos? ¿Y qué viene?”.

Yo sé que en Colombia hay millones de víctimas y desplazados. Muchas veces he buscado las cifras exactas en el Registro Único de Víctimas para anexarlas a informes y reportajes: en el país hay 8’307.777 víctimas del conflicto armado y 7’358.248 desplazados. Claro, con estos números uno cree que alcanza a dimensionar lo cruel, lo injusta y lo dolorosa que ha sido esta guerra. Pero otra cosa es mirar al desplazamiento a la cara, a los ojos desesperanzados y vacíos de él: del líder que tuvo que dejar su vida porque en su territorio, como en tantas regiones de Colombia, no hay Estado y los criminales se apoderaron de todo.

Cuando él salió corriendo esa madrugada no sólo dejó a sus hijos y a su esposa y la casa que tanto le costó construir. Dejó también a los muchachos del barrio con los que trabajaba, con los que por años bailó y cantó y creó una comunidad que experimentó ese poder transformador de la cultura del que tanto se habla.

Hace poco, una defensora de derechos humanos me decía que cuando un líder es asesinado, o tiene que salir de su territorio amenazado, la comunidad queda huérfana. Muerta del miedo. Sintiéndose sola y abandonada. Y esa vulnerabilidad, inevitablemente, le abre la puerta a los armados para que se asienten y tomen el dominio con más fuerza.

El líder que me escribió esa mañana todos los días tiene que hacer un ejercicio de fe, de esperanza, de fortaleza, de valentía, para imaginarse una nueva vida en Bogotá. Una vida desde ceros. Una vida lejos de su comunidad que quedó allá, en medio de los violentos que ganaron territorio sacándolo a él.

Es hora de dejar de hablar de líderes asesinados o amenazados. Son comunidades enteras las que pierden cuando ellos no están. Hablemos de comunidades, de organizaciones, de territorios amenazados. Hablemos en plural como lo hacen ellos: los campesinos, los afros, los indígenas, los miembros de procesos comunitarios, que son los más vulnerables, a los que están matando.


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Y es hora de que el Estado haga lo mismo: de que les garantice protección en colectivo, porque cuando se va un líder se lleva consigo muchas vidas. Es necesario que no se quede en el papel lo que estipula el decreto 2124 de diciembre del 2017, que crea la ruta de protección colectiva a grupos y comunidades. Es necesario que se acojan las advertencias de la Defensoría que en el 2017 registró 480 casos de amenazas. Es necesario escuchar a las comunidades y entender lo que significa para ellas la protección colectiva y la seguridad, más allá de un chaleco antibalas y un escolta.

Sobre todo es necesario eso: escucharlas, porque al fin y al cabo ellas llevan años defendiéndose y sobreviviendo a esta guerra, con ese pensamiento colectivo y de territorio que ahora nosotros tenemos el deber de comprender.

Posdata: Hoy el líder se encuentra en una ruta de atención que incluye alojamiento y alimentación, al menos hasta que la Unidad de Víctimas termine de analizar su caso (pueden pasar hasta tres meses) y lo declare oficialmente una víctima de esta guerra. Ahí comenzará un nuevo proceso con el Gobierno. Está también esperando el traslado de su familia, que es lo que más anhela.

*Investigadora Dejusticia

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