Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, Alfonso Plazas Vega, Mario Montoya e Iván Márquez podrían ir a la JEP.

Superado el filtro del senado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que pasar por la Cámara de Representantes para ver la luz. El Gobierno tiene las mayorías que necesita para que la JEP salga adelante y así puede implementar, cuanto antes, el modelo de justicia transicional contemplado en los Acuerdos de La Habana. Sin ser aprobada, los excombatientes de las Farc no pueden hacer política y tampoco pueden ser sometidos a la justicia.

Aunque el Centro Democrático ha radicado cerca de 170 proposiciones para prolongar los debates alrededor de la JEP, el Gobierno tiene el respaldo de la Corte Constitucional para denegarlas. El pasado 14 de noviembre la Corte blindó la JEP a través de una sentencia que también avaló, entre otros aspectos, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Desde entonces las líneas rojas quedaron claras y el margen de maniobra de los congresistas para modificar radicalmente la JEP quedó reducido.


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Como lo han señalado varios medios de comunicación, las Farc no están conformes con la reglamentación parcial de la JEP, entre otras razones, porque condiciona la participación política a un sometimiento de la justicia. El principal argumento de las Farc es que el Congreso ha legislado para aumentar las presiones en su contra, dejando a salvo a líderes del uribismo y a otras personas que, directa o indirectamente,  podrían ser partícipes de los crímenes del conflicto y por ende, en teoría, tendrían que ser sometidos a la justicia.

El presidente Juan Manuel Santos aceptó reunirse con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para tratar el problema. Una salida que contempla el Gobierno es declarar la conmoción interior en el país, figura que le serviría para decretar la JEP tal como había sido acordada con las Farc. Esta decisión sería costosa políticamente para Santos y podría generar incertidumbre no solo en las instituciones, sino en los organismos internacionales que han seguido de cerca la reglamentación de la JEP, como es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI).

 

En ¡Pacifista! consultamos a personas que representan tres vertientes de pensamiento distintas. Esto es lo que creen que va a pasar con la JEP.

 

Camilo Rubiano Abogado, integrante del Centro Democrático, autor del libro ‘Un acuerdo inviable’.

“La JEP va a pasar los últimos debates en la Cámara de Representantes sin problemas porque el presidente Juan Manuel Santos hizo una amenaza y como siempre presionó para que le aprobaran lo que él quiere. La JEP no va a tener inconveniente en ser aprobada. El problema son los impactos que va a tener a futuro: va a remplazar a la justicia ordinaria, va a tener competencia fiscal, disciplinaria y administrativa y, por si fuera poco, va a otorgar amnistías por delitos como el narcotráfico. Tampoco es claro que los guerrilleros se vayan a someter a la JEP, eso la Corte no lo ha aclarado, no ha dicho cómo va a ser.  Creo que la JEP se aprobará, pero a medida que comiencen a verse niveles elevados de impunidad podrán intervenir instituciones de gran magnitud como la Corte Penal Internacional (CPI) y así, con el tiempo, se puede caer”.

 


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Francisco Barbosa, profesor de la Universidad Externado y PhD en Derecho Público:

“La Ley Estatutaria de la JEP va a salir. Se van a discutir unos impedimentos formulados por la bancada del Centro Democrático pero seguramente hallarán una salida como sucedió en el senado. No creo, por ejemplo, que la Cámara vaya a ceder en propuestas como que los delitos sexuales contra menores de edad vayan a la JEP y no a la justicia ordinaria. Existen otros aspectos que tendrán que debatirse, como la propuesta del fiscal de ampliar la verdad que las Farc tendrán que entregar sobre temas como las rutas del narcotráfico. En relación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades, creo que lo que la solución está en establecer impedimentos para casos concretos; no se pueden establecer inhabilidades a ciertos magistrados por que sean, por ejemplo, defensores de derechos humanos. En estos temas se están llegando a consensos, por eso creo que la Ley de la JEP va a salir próximamente”.  

Fernando Giraldo, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario

“Voy a intentar no ser pesimista con mi respuesta. Yo creo que se va a aprobar pero con muchas modificaciones. Pase lo que pase nos acercamos a un escenario de pos acuerdo. Como la sociedad está tan fragmentada, hay tanto odio, venganza y rencor. También hay posturas que buscan a toda costa la justicia por sus propias manos, aún si eso lleva a la guerra. El primer paso es la implementación, al punto que uno puede ver con certeza que quienes cumplieron fueron las Farc, mientras que el Estado tiende a incumplir y esto crea factores estructurales para que la JEP y la implementación sean un fracaso.

Más allá del sometimiento de las Farc, se cerró un conflicto donde solo uno de los actores va a terminar respondiendo ante la JEP. . En cuanto a los otros actores, es altamente probable que no vayan a responder, solo van a responder los guerrilleros como si hubieran sido los únicos responsables. Entonces, varias partes del gobierno van a hacer que no pueda prosperar y no van a involucrar a todos los culpables del conflicto.

Aunque no ha concluido todo el tema de la JEP, esta  se ve afectada por situaciones de orden político e institucional. El gobierno hizo el esfuerzo que podía hacer, después son iniciativas legislativas”.

¿ Y qué pasaría si el Gobierno declarará conmoción interna para aprobar la JEP?

“Para sacar la JEP adelante, el Gobierno debe buscar legitimidad, algo que le ha costado.  El Estado tiene que hacer honor a un Acuerdo, es imposible que se firme y no se cumpla. Ahora la sociedad no es la misma de antes y exige respeto, el único que no puede incumplir es el Estado. Hoy no estamos dispuestos a ver con buenos ojos el incumplimiento, el Estado tiene que llevar hasta última instancia la implementación.

El Congreso no estuvo en condiciones de responder ante la premisa de que la implementación es una obligación del Estado, además el Gobierno le tiene que responder al derecho internacional. Si no logra esto, se declararía la conmoción interna. Así, la JEP tendrá menos vigencia, ya que un Gobierno en 2018 la podría levantar y reevaluar. Podría tener muchas consecuencias políticas”.

 

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