Iván Duque. Foto: Presidencia de la República.

En los próximos días comenzará el tránsito en el Congreso la reforma propuesta por el el Presidente. Aquí le contamos lo que podría venir el acto legislativo ve la luz. 

Listas cerradas, paridad de género y “autonomía” del Consejo Nacional Electoral son los primeros temas de la reforma política de Iván Duque, asuntos que según él son trascendentales para fortalecer la democracia colombiana. Sin embargo, el acto legislativo ya no sería discutido en la Comisión Primera del Senado esta semana, pues fuentes de dicha comisión, nos aseguran que no se ha citado el debate y no figura todavía en el orden del día del Congreso. Sin embargo, de llegar a ser aprobado este proyecto –luego de dos vueltas en el parlamento como lo exigen todas las reformas constitucionales-, este entraría en vigencia en el primer semestre del año entrante, luego de las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2019.

El presidente Iván Duque ha iniciado su mandato presidencial presentando este proyecto legislativo que busca, sobre el papel, hacer más transparentes los procesos e instituciones electorales del país. Luego de que el nuevo mandatario decidiera presentar este paquete de propuestas, una reforma política que concertó con el registrador, Juan Carlos Galindo, surge la pregunta: ¿Es esta similar a la gran reforma política de 23 artículos que el gobierno de Juan Manuel Santos presentó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que finalmente se hundió el año pasado por la oposición de representantes de partidos como Cambio Radical y del mismo Centro Democrático?

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, institución que participó junto con otras organizaciones expertas en el documento base del que se nutrió el proyecto que presentó el gobierno pasado, es tajante en la respuesta: no se tratan de proyectos similares; su extensión es la principal razón para sustentarlo. “En la MOE creemos que está haciendo algo interesante y que puede dar un resultado positivo que es hacer propuestas de reformas acotadas, es decir cortas. Esta propuesta de reforma política son tres artículos en un acto legislativo y hay otro que es el acto legislativo 074 que tiene que ver con temas políticos que es el de la limitación de períodos. Se están tocado cuatro artículos de la Constitución”.

Otra de las razones para aseverar que este nuevo intento por cambiar ciertos puntos de nuestra política electoral no es del mismo alcance del documento presentado en 2017, es que en el de Duque no se incluyen decisiones de fondo sobre puntos como la edad mínima para aspirar al Congreso de la República, las causales de pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, la re-estructuración de los principios que determinan las aprobaciones del presupuesto por parte de las entidades territoriales, la participación del Consejo de Estado en calidad de consulta en las decisiones de la Procuraduría y Contraloría, entre otras. Esto sin olvidar también que están ausentes renovaciones respecto a otras ‘papas calientes’ de la política colombiana y cuya intervención puede generar ruido, como la sustitución de la Comisión de Acusaciones por un Tribunal de Aforados y el recorte del número de congresistas son algunas de ellas.

Así pues, a pesar de que el mandato de Iván Duque tiene las mayorías en el parlamento, este nuevo gobierno ha optado por desistir de aquellas reformas políticas ambiciosas que “tocan esos temas que hay que tocar” pero que han fracasado en el Congreso. “Aquí vamos a tocar cuatro temas que si los tocamos bien se puede lograr algo muy interesante. Al ser acotada puede tener éxito”, ratifica Barrios.

Dentro de los puntos que más han llamado la atención se encuentran los que modifican los artículos 107 y 264 de la Constitución, los cuales promulgan prácticas a las cuales el Centro Democrático ya ha adherido en ocasiones anteriores. Por un lado, se propone que todos los partidos presenten candidatos por lista cerrada, y por otra, se exige una representación paritaria de cada género en los procesos de selección de candidatos a cargos públicos.

Respecto a lo que sería el final del voto preferente hay que recordar que, esa misma iniciativa y de cara a las elecciones legislativas del año pasado, generó resistencia incluso de los considerados partidos de oposición y movimientos minoritarios, los cuales reconocieron la pertinencia de adherirse a esa dinámica, pero de manera transitoria. Para Alejandra Barrios, no se puede tener listas cerradas sin tener mecanismos democráticos internos que permitan definir cuáles son los candidatos, pero “la única manera que se tiene de derrotar a las maquinarias es a través de esos mecanismos”.

En la medida en que estos artículos modificarían otros ya existentes en la Constitución, analistas consideran oportuno que se precise el reconocimiento de otros mecanismos democráticos que tienen las organizaciones políticas. “Te voy a poner un ejemplo. En el Polo Democrático es muy de ellos hacer convenciones, una convención de delegados también es un mecanismo democrático para seleccionar candidatos y no tienes por qué negar esa opción. Al Centro Democrático le funcionó muy bien hacer encuestas sucesivas hasta seleccionar el candidato y les funcionó tan bien que tienen hoy Presidente de la República”, reitera Barrios.

Pero ¿En qué consisten específicamente las listas cerradas que entrarán a discusión en la Comisión Primera? Según el cambio propuesto para el artículo 107 de la Constitución, los candidatos deberán de ahora en adelante participar en elecciones primarias obligatorias, las cuales se realizarán en una única fecha para cada proceso electoral y de manera simultánea entre todos los partidos. Así pues, quienes busquen avalarse como candidatos de un partido, no podrán postularse en las primarias de otros grupos distintos al que pertenecen.

Según expertos en temas electorales y un gran sector de congresistas como Angélica Lozano, Roy Barreras y Armando Benedetti, el aplazamiento en la aplicación del sistema de listas cerradas para todos los partidos implicaría también el colapso del sistema político, pues los los costos de hacer política serían muy altos, impidiéndole, por ejemplo, la participación a nuevos protagonistas y liderazgos emergentes. “Con el voto preferente, están sacando a la gente de la política, a la gente decente, razón por la cual el ejercicio de la representación no es por estar en el Congreso, sino por la capacidad de influencia que se tiene, esa capacidad de influencia se traduce en los costos que tienen las campañas políticas porque no hay una autoridad electoral que sea capaz de controlarlas”, dice David Racero, representante a la Cámara por la lista de Decentes.

A la vez, –y teniendo como antecedente que Iván Duque fue el primer presidente en designar en la mitad de las carteras a mujeres–, el presidente propone (también a través del cambio sobre el artículo 264 de la Constitución) que en las listas para la escogencia de candidatos en corporaciones de elección popular haya un porcentaje igualitario de hombres y mujeres.

La medida ha sido catalogada como garantista del principio de alternancia y universalidad, fórmulas que, según organizaciones como ONU Mujeres, acercan a las democracias a que se tenga paridad de género en la política. Tal es el caso de países como Bolivia, que acorde a este departamento de las Naciones Unidas es una de las cinco primeras democracias con mejor desempeño en este ítem. “Eso nos parecería un avance de aquí a la luna, muy importante. De ahora en adelante tendría que haber para todos los cargos, la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres en una lista”, sostiene Barrios.

Puntos flojos

Uno de los puntos sensibles de esta nueva propuesta de reforma es que no releva o modifica el origen del Consejo Nacional Electoral, autoridad electoral junto con la Registraduría Nacional, que siempre ha estado cuestionada por la manera en que sus nueve magistrados son escogidos.

El artículo –el tercero del proyecto de Duque–, tal y como entrará a discusión en el Congreso, exige que este organismo tenga autonomía administrativa, financiera, técnica y presupuestal. Vale la penar agregar que dentro de las funciones de este cuerpo judicial están el vigilar a los partidos políticos para que estos y sus representantes no caigan en actividades fraudulentas o corruptas.

Precisamente, para evitar la continuación de esos malos hábitos dentro del sistema político colombiano es que el artículo ya ha recibido par de recomendaciones de parte de expertos. Para Alejandra Barrios de la MOE, “hecha la ley hecha la trampa”, de tal manera que, si de ahora en adelante por cuenta de las listas cerradas ya no se podría financiar partidos políticos y sus candidatos, pues el “tú me eliges, yo te pongo” se trasladará a las elecciones primarias internas. “Los partidos políticos se van a ir a primarias y la plata ya no la van a meter en la elección, sino en las primarias para poder quedar elegidos en los primeros lugares. ¿Qué autoridad va a ser fiscalizante si los magistrados son delegados de los partidos?”, se pregunta.

Otro revés que tiene el CNE y que también se deriva del sistema de escogencia de sus magistrados, –donde a mayor bancada, se garantizan más miembros en esa corporación–, es la fragilidad en la que se deja a los partidos que se han declarado en oposición, con todo y que en esta legislatura se estrenará el Estatuto de Oposición. “Son los propios miembros del CNE los que son los responsables de garantizar los derechos de las minorías. Yo no creo que nadie seriamente en este país pueda pensar que son las mayorías las que le van a garantizar a las minorías sus derechos; seriamente uno sabe que eso no pasa”, recalca Barrios.

Finalmente, en la modificación que se propone para el artículo 107 de la Constitución no está previsto ampliar la responsabilidad política de los partidos por los delitos cometidos por sus candidatos contra la administración pública. Tampoco existiría en el cambio de este punto de la carta magna, un mandato que castigue hasta con pérdida de personería jurídica a partidos políticos que hayan avalado a candidatos posteriormente condenados por delitos de lesa humanidad o relacionados con el narcotráfico. “Duque propone castigos a partidos y movimientos si la persona llega a ser condenada en el mismo periodo que fue elegido y eso no va pasar nunca en Colombia, mucho menos ahora que tenemos doble instancia. Martín Emilio Morales del Partido de la U lo condenaron a 25 años por narcotráfico, él hubiera podido ser la primera vez que la justicia fuera tan pronta que en el mismo periodo que fue escogido tuviera la condena, pero como hay doble instancia ¿El partido político va tener alguna responsabilidad política? No. Por ejemplo, el excongresista Bernardo Elías condenado a seis años por delitos contra la administración pública ¿hubo alguna responsabilidad de su partido político? No”, dice Alejandra Barrios.

La otra reforma

Así como la reforma política de Duque hará curso en la Comisión Primera del Senado, también es cierto que existe otra propuesta que busca aprobación.

El responsable de ese otro proyecto legislativo es el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. En su iniciativa se modificarían tres artículos de la Constitución: el 109, 258 y 262. Llaman la atención cambios como el reducir a 16 años la edad permitida para votar, la implementación en todo el territorio nacional del siempre anunciado voto electrónico, la exhortación a una financiación preponderantemente pública de las campañas, entre otras propuestas.

¿Cuál es la propuesta de las organizaciones expertas?

El Grupo de Interés sobre la Reforma Política (GIROPE), organización de la que hacen parte instituciones como la MOE, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y Transparencia por Colombia, pidieron reunirse con la ministra del interior, Nancy Gutiérrez, para plantearle una propuesta que ya han defendido en otros escenarios: tener tanto un tribunal electoral como un Consejo Electoral. El primero surgiría de la elección de jueces independientes que pertenecen a la rama y que serían ternados por facultades de derecho acreditadas, y el segundo sería un cuerpo consultivo de representación de los partidos políticos ante la Registraduría. “Sería un delegado por cada partido que tenga personería jurídica, con derecho a voz, pero no voto. Así, no pasas por esa pantomima de elección en el Congreso de la República para terminar eligiendo delegados de los partidos políticos que fungen de magistrados cuando realmente no tienen ni la independencia ni la neutralidad para ejercer esas funciones”, concluye Barrios.

Con la discusión sobre la mesa, ya veremos qué noticias nos llegarán desde el Congreso en las próximas semanas y qué tan profundos serán los cambios en el sistema político colombiano.

ARTÍCULOS RELACIONADOS