De azul claro Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto durante su visita a El Retorno, Guaviare. Todas las fotos son cortesía de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

En El Retorno, Guaviare, la mayoría de familias ya se acogieron a los planes voluntarios de sustitución de cultivos. Arrancaron sus matas de coca, recibieron la visita del Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, crearon un vivero con 100.000 semillas de cacao —todas de las mejores variedades que hay en el país– y comenzaron a recibir un subsidio que los va mantener durante los próximos 12 meses.

Ahora, la pregunta que se hacen las comunidades de El Retorno es la misma de todos los territorios donde avanza el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): ¿Qué va a pasar cuando se acabe el subsidio?

“Vamos a un lugar en el que hay casi 6.000 familias que se acogieron al programa de sustitución y que ya están recibiendo los primeros desembolsos”, explicaba a la prensa, a bordo de un avión, Eduardo Díaz, director de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos. Se refería a que El Retorno sería el primer municipio donde la ONU ha reportado que las familias que se comprometieron a erradicar la coca de su territorio han cumplido. Y como premio reciben de la visita de los periodistas, de altos funcionarios del gobierno y, claro está, una plata. Así comenzaba el viaje.

Aterrizamos en una base de la Policía Antinarcóticos en San José de Guaviare y  luego andamos una hora y media por una carretera destapada hasta llegar a una finca en la Vereda Alto Jordán, zona rural de El Retorno. Este municipio tiene la misma extensión que toda la isla de Cuba y hoy hace parte de la lista de 40 territorios donde se produce el 50 por ciento de la coca en Colombia.

En una finca al pie de la carretera, unas cincuenta personas esperan la llegada del Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, del director de la Agencia Nacional para la Sustitución de Cultivos, Eduardo Díaz y de algunos delegados de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). A parte de la entrega de las semillas de cacao que, se espera, reemplacen a la coca en la región a la vuelta de dos años, el evento tiene como objetivo una felicitación mutua:

Por un lado el Gobierno felicita a las 6.000 familias que se acogieron al plan voluntario de sustitución de cultivos y que han cumplido con erradicar la coca de sus tierras. Por el otro, las familias que hacen parte del programa felicitan al Gobierno por haber comenzado el desembolso de los subsidios que van a sostenerlas ahora que no viven de la coca.

¿Y luego qué?

Una mujer trabaja en el establecimiento del vivero dedicado al cacao en El Retorno.

“Yo quiero creer que esto del cacao va a salir bien, de verdad. Pero aquí todavía falta mucho”, me decía durante el evento Fernando Roa, quien trabaja como enfermero en El Retorno y cuya esposa hace parte de los beneficiarios del programa.

A parte de un largo historial de abandono estatal que ha sembrado una profunda desconfianza en el Gobierno, los habitantes de El Retorno tienen algunas razones para mantenerse escépticos frente al actual plan de sustitución: a marzo de 2018 El retorno aún no tiene vías de acceso pavimentadas y las personas vinculadas al programa aún no tienen certeza acerca de cómo, en el corto plazo, van a comercializar sus nuevos cultivos.

“Vender la coca es fácil porque a usted viene alguien y se la compra o si no usted, solo en una moto, puede transportar una producción de $ 2’000.000. Pero los demás productos hay que llevarlos en camión hasta San José y solo el costo del transporte ya se come la ganancia. Ojalá no nos vaya a pasar lo mismo con el cacao”, explica Giovanny Barrios, otros de los asistentes al evento.

Además, esta no es la primera vez que la promesa de sustitución llega al Guaviare. Desde mediados de los noventa, cuando el expresidente Ernesto Samper lanzó el programa ‘Plante y pa´lante’, el departamento ha sido una prioridad en los proyectos de sustitución de todos los gobiernos. Hoy, dos décadas después, los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores siguen estando en esa lista de municipios que producen la mitad de la coca del país.  

Un elefante llamado Idema

En medio de la desconfianza, los habitantes de El Retorno expresan un afecto especial hacia dos instituciones del gobierno central: una es el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que ofrece a los habitantes de la región la posibilidad de capacitarse gratuitamente en una docena de programas. El otro es el desaparecido Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema), que hasta 1996 le compraba las cosechas de los campesinos a precios muy favorables.

“El Idema era muy bueno porque le permitía a las familias vender sus productos a un precio justo, en cambio hoy en día los productos del campo no los reciben ni regalados en el mercado”, afirma Tito Roldán, representante de la asociación de campesinos y trabajadores de la región de los ríos Unilla e Itilla (ASCATRUI).


Lo bueno y lo malo del programa de sustitución de coca de Santos

 


Sin embargo, el Idema no fue la institución ejemplar que hoy recuerdan en El Guaviare: durante su último año de operación, el instituto perdió $ 65.000 millones de pesos por comprar cosechas a precios más altos de los que marcaba el y debía otros $ 210.000 millones en pensiones. Finalmente fue liquidado en el 96 en medio de varios escándalos por malos manejos burocráticos y las protestas del gremio de los agricultores.     

Según Julián Wilches, exdirector de política de drogas del Ministerio de Justicia, la idea de revivir al Idema, o alguna institución similar para responder al desafío del posconflicto, es poco recomendable. De acuerdo con sus explicación, aparte de generar pérdidas millonarias, este era un modelo excesivamente paternalista que no favorecía la producción eficiente y de calidad.

¿Cuál Gobierno y con qué plata?

Varios campesinos trabajan en el vivero cacaotero.

Para el director de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos, Eduardo Díaz construir redes de comercialización  para que los cultivos de sustitución sean rentables es una tarea que los beneficiaros del programa y el Gobierno deberán hacer juntos durante los próximos dos años.  “La respuesta (a la dificultades para comercializar los productos de sustitución) no puede ser volver a cultivar coca –dice Díaz– porque al cabo de un par de años aquí tampoco va haber quien les compre la coca”.

Por su parte, Tito Roldán se pregunta cuál Gobierno será el encargado de colaborar con los campesinos de la región en esta tarea: “Cómo los acuerdos de paz no fueron refrendados en el plebiscito de 2016, a nosotros sí nos preocupa que llegue otro presidente y todo esto se quede sin padrino”.

En lo corrido de la campaña presidencial, tanto Iván Duque –quien este domingo puso más de cuatro millones de votos como cuota inicial de su aspiración a la presidencia, como Germán Vargas Lleras– han críticado el modelo actual de sustitución voluntaria y han dado pistas de que podrían retomar el antiguo modelo de fumigación y erradicación forzosa.

Según Julián Wilches, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, como fue concebido en los Acuerdos de Paz de La Habana, ha cambiado incluso durante el actual Gobierno: Inicialmente el plan contemplaba un ambicioso plan de inversión en infraestructura y acompañamiento técnico, que buscaba crear las condiciones para que las zonas donde hay cultivos de sustitución pudieran acceder mercado de forma competitiva. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los recursos se han invertido en los subsidios en efectivo que hoy están recibiendo 5.344 familias de El Retorno y que pronto empezaran a recibir 114.000 familias más en otras regiones del país.

En noviembre del año pasado, un informe de la Fundación Ideas para la Paz, advertía que si el gobierno seguía priorizando la entrega de subsidios en efectivo a las familias que se acogieran a los acuerdos de sustitución voluntaria, la plata no iba alcanzar para las inversiones sociales y de infraestructura de las que depende el proyecto a largo plazo.

El subsidio, que es de $ 1’000.000 mensuales por los próximos 12 meses, es lo único que asegura el futuro inmediato de los campesinos que se han acogido a los planes de sustitución voluntaria.  Irónicamente, también podría terminar por desfinanciar los proyectos que pueden cambiar sus condiciones de vida a largo plazo

“¿Qué va a suceder en un año cuando la gente deje de recibir el auxilio de alimentación que el Gobierno manda y todavía sus cosechas no les den lo necesario para vivir ni tengan la infraestructura para comercializarlas?” se pregunta Tito Roldán y continúa: “Es posible que muchas de esas familias se vean en la necesidad de irse más para adentro de la selva y volver a sembrar coca”.

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