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Por: Redacción Paz – El Espectador

 El decreto 2199, con fecha 26 de diciembre, estipula que los desmovilizados beneficiados por la Ley 1820 de 2016, referida a la amnistía, el indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, podrán ingresar al proceso de reintegración “siempre y cuando hayan suscrito el acta formal de compromiso Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los términos dispuestos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017”.

Según el decreto firmado por los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Justicia, Enrique Gil Botero, “la viabilidad de los procesos de transición del conflicto hacia la paz dependen del otorgamiento de las medidas necesarias para hacer que esta se convierta en irreversible, estable y duradera”.

Para ello es necesario conceder “formas de asistencia temporal para cubrir las necesidades básicas de los excombatientes en la medida en que estos no tienen los ingresos económicos mínimos o de supervivencia, siendo consecuente proporcionarles los medios necesarios para vivir,satisfaciendo sus necesidades básicas y de esta manera evitar que recaigan en la ilegalidad”.

Para el Gobierno, “otorgar a los excombatientes las herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social constituye una garantía de no repetición”.


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En ese contexto, agrega el decreto, “el proceso de reintegración se constituye en un elemento esencial para que el excombatiente asuma conciencia de los hechos perpetrados (…) y por tanto, los beneficios económicos se constituyen en un medio que permite su comparecencia a los mecanismos judiciales y extrajudiciales de contribución a la verdad”.

El decreto señala que será la Agencia para la Reincorporación y la Normalización la encargada de ajustar los procedimientos que permitan el acceso a los beneficios del proceso de reintegración: “Que en concordancia con lo anterior, es necesario garantizar que los desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz que obtengan la libertad en el marco de las medidas establecidas en la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, puedan acceder al proceso de reintegración que ha diseñado el Gobierno Nacional, con el objeto de permitir su reintegración a la vida social y económica, contribuyendo a la efectiva materialización de las garantías de no repetición con el objetivo de lograr la paz estable y duradera en el Estado colombiano”.

 

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