Colombia ante la CIDH

Varios defensores de derechos humanos participaron en la audiencia y llevaron carteles en conmemoración de los líderes asesinados. Foto: CIDH

La presión ciudadana por los asesinatos de líderes sociales tiene al gobierno en aprietos. La magnitud del tema es tal que la propia Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que en numerosas ocasiones ha condenado al Estado por crímenes graves, escucharla en su más reciente periodo de sesiones. En la audiencia, celebrada el martes 21 de marzo en Washington, el ente investigador se refirió a la estrategia para investigar a los responsables de asesinatos y amenazas contra líderes, miembros de movimiento políticos y defensores de derechos humanos en Colombia.

La idea inicial era mostrarle resultados a la Comisión. Pero la vicefiscal, María Paulina Riveros, terminó reconociendo graves fallas tanto en el cumplimiento de los deberes del Gobierno como en los de la propia Fiscalía.

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Para empezar, Riveros reconoció que el Estado enfrenta varias dificultades para prestar seguridad e impartir justicia en los territorios. Dijo que los crímenes obedecían a los siguientes factores: la disputa por rentas ilícitas en zonas de antigua presencia guerrillera, la operación de disidencias de las Farc “que quieren mantener control territorial y social”, los intereses de los corruptos que buscan exterminar a sus “competidores sociales” para conservar el poder, la “falta de conectividad de las localidades con los centros” (lo cual impide el acceso oportuno de las autoridades a los territorios), la incapacidad para legitimar el papel del Estado como garante de la justicia, y el uso de la violencia como “lenguaje transversal a la realidad social colombiana”.

En cuanto al papel de la Fiscalía, Riveros dijo que los operadores judiciales “desconocen” la “función social” de los defensores de derechos humanos y el papel que juega la sociedad civil en la defensa de esos derechos. Además, admitió que los investigadores tienen dificultades para acceder a la escena del crimen, para recolectar pruebas y para investigar a los responsables de las amenazas. Al final, aceptó que la Fiscalía tiene un serio problema de coordinación interna que le ha impedido adelantar las pesquisas con eficiencia.

María Paulina Riveros CIDH

A la derecha, la vicefiscal María Paulina Riveros. Foto: CIDH

Riveros, negociadora plenipotenciaria del gobierno durante los diálogos de paz de La Habana, aseguró que su entidad trabaja en estrategias para superar esos y otros problemas. Entre esas estrategias están la formación de los funcionarios en el reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos, la orden expresa para que los fiscales asuman como primera hipótesis de las investigaciones que los homicidios ocurrieron por la condición de liderazgo de las víctimas, y la asociación de múltiples casos para identificar elementos comunes y los contextos sociales y políticos en los ocurrieron los asesinatos.

Otros cambios en la Fiscalía tienen que ver, según la vicefiscal, con la creación de unidades móviles integradas por fiscales, policías y funcionarios de Medicina Legal para atender los homicidios en zonas alejadas, la mejora de los protocolos para preservar las pruebas y la escena del crimen, y un plan de acción que articule todas las dependencias de la entidad involucradas en la investigación del fenómeno.

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Riveros también mencionó la creación de la unidad de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos que se pactó en Cuba, pese a que aún no está en funcionamiento por las demoras en el nombramiento de un nuevo director. La unidad está sin cabeza tras la salida de Alexandra Valencia a finales de 2016, luego de que el nuevo acuerdo final de paz modificara el procedimiento de elección del director de esa dependencia.

Tal vez por esas razones, y de acuerdo con datos suministrados por la propia vicefiscal, solo cuatro homicidios de líderes cuentan con una sentencia judicial. Por ahora, 58 personas están presas a la espera de que se defina su responsabilidad en varios de esos hechos, y 74 más están vinculadas a las investigaciones.

Al final, Riveros le pidió ayuda a la CIDH para construir una directiva de obligatorio cumplimiento para los fiscales, que guíe las investigaciones por crímenes contra dirigentes sociales y políticos.

La respuesta de los líderes sociales

En la audiencia de la CIDH también estuvieron varios representantes de organizaciones sociales victimizadas, que controvirtieron duramente las estrategias de investigación y protección a cargo de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El primero en hablar fue Pedro Cortés, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que representa varias organizaciones afrocolombianas y de personas LGBTI. De acuerdo con Cortés, al menos tres líderes afrocolombianos se encuentran en riesgo de ser asesinados y no cuentan con ninguna de las medidas de seguridad que ofrece la UNP. Por eso le pidió al Gobierno que otorgue las medidas necesarias y le dijo a Riveros que incluyera en su estrategia de investigación un enfoque diferencial para personas afro y LGBTI.

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El siguiente en intervenir fue Cristian Delgado, del movimiento social y político Marcha Patrótica. Delgado cuestionó que el gobierno no reconozca la característica de “sistematicidad” que, según él, trae consigo el asesinato de 133 integrantes de esa organización entre septiembre de 2011 y marzo de 2017. Asimismo, dijo que pese a los nuevos enfoques de investigación criminal de la Fiscalía, el 92 por ciento de los homicidios de dirigentes de Marcha están en la impunidad y que “grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública están cumpliendo un plan nacional” de extermino contra esa organización. Una situación que deberá ser investigada.

Finalmente, Luz Marina Monzón, integrante de la Corporación Reiniciar, que defiende jurídicamente a las víctimas de la Unión Patriótica, dijo que “la Fiscalía se ha caracterizado por no asumir ni desarrollar una estrategia de investigación coherente y sostenida respecto, no solo de los muertos, sino también de las amenazas”. Además, alegó que, contrario a la evidencia recogida por las organizaciones que defienden los derechos humanos, el Gobierno insiste en negar “la existencia y la permanencia de los grupos paramilitares, la dimensión y el alcance del problema, y el hecho de que a los defensores se les ataca por su labor”.

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