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Por: Laura Cruz

El movimiento campesino colombiano nació a comienzos de la década de los veinte con la intención de reivindicar el papel del campesino como sujeto productivo y no solo como la fuerza de trabajo de los grandes terratenientes. En esa época, el movimiento buscaba que el campesino trabajara en beneficio propio y que fuera dueño de su tierra. Estas dos reivindicaciones han sido la bandera principal del movimiento durante toda su historia.

Con la depresión de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la caída del precio del café, las condiciones de vida del campesinado colombiano empeoraron. En los años siguientes esta precarización fue el detonante de nuevos grupos que exigían mejores condiciones laborales.

Para la década de los cincuenta la movilización campesina había perdido fuerza. En los años sesenta surgieron las primeras guerrillas de tendencia liberal, que también pedían al Gobierno mejores condiciones laborales y de vida para los campesinos. En este contexto de Guerra Fría y para evitar el crecimiento de los movimientos populares de orientación comunista, el gobierno de Alberto Lleras Camargo promovió una reforma agraria y la creación en 1970 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), cuya organización le dio una estructura más fuerte al movimiento campesino.

Sin embargo, con la llegada al poder de Misael Pastrana se perdió el interés del Gobierno por la reforma agraria: en 1972 se firmó el Pacto de Chicoral entre el Gobierno y grandes terratenientes para frenar la movilización de la Anuc y evitar una posible expropiación de tierras en favor de los campesinos. De acuerdo con Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Anuc, ese fue uno de los momentos más críticos del movimiento campesino.

Un nuevo aire

Los años noventa marcaron un giro para el movimiento con el nacimiento de la Constitución de 1991, que consagró derechos sociales e hizo visibles a sectores excluidos. En esa misma época se expandió el fenómeno del narcotráfico por lo cual los campesinos vieron en los cultivos ilícitos la única posibilidad de subsistir. Sumado a esto, la consolidación de los grupos paramilitares supuso una persecución sin precedentes contra el movimiento campesino que se tradujo principalmente en desplazamiento forzado y despojo de tierras.  

Esa década también fue importante por la creación del decreto 1777 de 1996 que reglamentó las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Gracias a él surgieron varios grupos como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (1996), el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA, 1997) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc, 2001) que actualmente son unas de las asociaciones más representativas del movimiento.

De otro lado, producto de la persecución paramilitar que, según César Jerez, líder de Anzorc, fue otro de los momentos más críticos de la lucha campesina, también surgieron grupos como la Asociación Campesina de Arauca (2000), la Asociación Campesina del Valle del Río Güéjar (2004) y la Asociación Campesina del Catatumbo (2005). Todas buscaban reunir a los campesinos en un movimiento regional para salvaguardar sus territorios, evitar el despojo y defenderse del desplazamiento forzado.

Desde entonces, se han dado dos sucesos clave que le dan un nuevo aire a la movilización campesina. El primero fue el Paro Nacional Agrario de 2013, que vinculó a campesinos, mineros artesanales, transportadores, educadores, centrales sindicales y estudiantes. Las protestas permitieron que agremiaciones llamadas dignidades —organizaciones de cultivadores de diferentes productos como caña, leche, cebolla, café, papa y arroz— se agruparan y crearan la Dignidad Agropecuaria Colombiana en 2014. El otro hito importante es la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc que incluye un apartado sobre sustitución de cultivos ilícitos. Para acompañar este proceso, que ha sido difícil por las diferencias entre los campesinos y el Gobierno en 2017, nació la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Hoy el movimiento se enfoca en presionar al Gobierno para que incluya a la población campesina en el censo de 2018. Hasta ahora ningún censo los ha medido ni ha indagado por sus condiciones de vida. Los campesinos creen que, si son incluidos, el Gobierno podrá diseñar políticas públicas que los beneficien.

Las victorias

El movimiento campesino ha tenido claras sus causas desde el principio: acceso y derecho de propiedad de la tierra y reconocimiento del campesino como sujeto productivo. Hasta hoy esas peticiones siguen vigentes, pero, aun así, el movimiento ha logrado algunos triunfos. El más significativo, según Luis Alejandro Jiménez, de la Anuc, es el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos en la Constitución de 1991 en los artículos 64 y 65.

Otro logro importante es la participación de los campesinos en la construcción de la ley general de educación de 1994 que tiene además un capítulo sobre educación rural. En su momento, otro logro importante fue la representación de la Anuc en las juntas directivas de entidades del sector público a nivel nacional, departamental y municipal. Sin embargo, la Anuc poco a poco fue perdiendo espacios, aunque hoy todavía forma parte de las juntas directivas del Sena, Ica, Corpoica y Finagro.

Más recientemente varios líderes campesinos participaron en las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc para sugerir los lineamientos de la política integral de desarrollo agrario, uno de los puntos de la agenda de conversaciones.

Una lucha peligrosa

Al igual que otros grupos sociales en Colombia, los campesinos no han estado exentos de riesgos debido a su labor como activistas y líderes. Por ejemplo, en 2015, el Estado reconoció más de 2.000 victimizaciones entre desplazamiento, asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones contra miembros de la Anuc.

En 2017, Marcha Patriótica y la organización Indepaz presentaron un informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Colombia, que reveló que hasta agosto de ese año 101 líderes sociales y defensores fueron asesinados. 194 recibieron amenazas y se reportaron 484 violaciones a los Derechos Humanos.

De acuerdo a Coccam, 20 de sus líderes fueron asesinados en 2017 y se han presentado violaciones de derechos humanos a los cultivadores en nueve departamentos en los que apoyan el proceso de sustitución de cultivos. De igual forma, en 2017 la Asociación de Campesinos del Catatumbo recibió dos amenazas, y la Fiscalía registró 85 denuncias de líderes campesinos en el departamento de Bolívar.

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