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Por: Lou Guérin

La corrupción ha sido un mal que ha acompañado a Colombia durante siglos: desde el robo de 5.000 pesos oro a la Corona y a Bogotá por parte de Francisco Sande en 1602, hasta la destitución del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por actos de corrupción en 2017.

Según el Índice Mundial de Corrupción de Transparency International, Colombia se encuentra en el puesto 90 de 176 países seleccionados.

Pero tal vez uno de los más grandes escándalos por corrupción, al menos en la historia reciente, fue el del infame Proceso 8.000, cuando en 1995 varios congresistas y funcionarios públicos empezaron a ser acusados de recibir financiación del Cartel de Cali. Entre ellos estaba el entonces presidente Ernesto Samper. El escándalo, particularmente como consecuencia de las acusaciones contra Samper, llevó a cientos de ciudadanos a participar en marchas que tuvieron lugar en 1996 para exigir la renuncia del presidente.

El 28 de mayo de ese año arrancó un juicio contra Samper, del que, como suele suceder en la Comisión de Acusaciones que juzga las conductas de quienes ostentan el cargo de presidente, salió absuelto.

Desde entonces, ha habido incontables escándalos de corrupción y de falta de transparencia en todas las esferas del Gobierno, entre los cuales figuran los que enumeramos a continuación.

Feria de escándalos

Entre 1991 y 1996, varios jueces, incluyendo a Luis Eduardo Cuello, le otorgaron pensiones e indemnizaciones a varios exempleados de Foncolpuertos, que no tenían por qué recibirlas. En total hubo cincuenta y cinco sentencias emitidas en esos años y un desfalco material de más de 2.200 millones de pesos. Solo hasta veinte años después, en 2015, la Corte Suprema condenó a Cuello a casi 13 años de prisión.

En 2006 vinieron los escándalos de la parapolítica, cuando la Corte Suprema de Justicia encontró nexos entre varios congresistas y las AUC. En total fueron investigados 102 representantes a la Cámara y 97 senadores por estar posiblemente involucrados en actos de constreñimiento electoral, homicidios y financiación de campañas políticas. De ellos, cuarenta y dos fueron condenados.

Cuatro años después se destapó el Carrusel de la Contratación en Bogotá: el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, varios exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y algunos contratistas —incluyendo a los famosos hermanos Nule— fueron los protagonistas de un escándalo tras encontrarse que las obras de Transmilenio en la calle 26 tenían un sobrecosto de 175.000 millones de pesos. Actualmente, varios de los implicados, incluyendo a Moreno, están encarcelados y han recibido órdenes de pagar los sobrecostos que debió cubrir la ciudad.

Luego, en 2017, estalló la bomba de Luis Gustavo Moreno, entonces jefe de la Unidad Anti-Corrupción de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal fue expulsado de su cargo y condenado por la Justicia después de que la DEA informó que Moreno se había reunido con el abogado penalista Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para que este último le entregara 10.000 dólares y así favorecer los procesos que se adelantaban en su contra. Estas escenas, dignas de telenovela, expusieron todo un sistema en que estaban involucrados miembros de la Corte Suprema, congresistas y gobernadores que intercambiaban sumas millonarias por decisiones judiciales. La red de corrupción se conoce hoy como el Cartel de la Toga.

Y para acabar, el escándalo de Odebrecht, la empresa brasileña de ingeniería y construcción que en 2016 fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado millonarios sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para beneficiarse de obras públicas. En Colombia, la Fiscalía calculó que la empresa pagó 84.000 millones de pesos solo en sobornos para participar en la construcción de la Ruta del Sol II en 2009. La investigación ha llevado a las capturas del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula, el fiscal Rodrigo Aldana y el contratista Alberto Cardona.

Luchas del Gobierno

Con los años, el Gobierno ha intentado luchar contra la corrupción por vías legales desde la Constitución de 1991, la cual incluye varios artículos que hacen referencia al problema. Desde entonces, llegaron varias leyes que incluyen medidas para la transparencia en el sector público. De ellas, vale la pena destacar algunas.

En 2011, se creó el Estatuto Anticorrupción con la Ley 1474 que aumentó los controles y las condenas a servidores públicos que cometan actos de corrupción. Luego, en 2014, el Congreso expidió la ley 1712, también llamada la Ley de Transparencia, que obligaría a las instituciones del Estado, por ejemplo, a hacer pública la información de procesos de contratación y a responder a toda petición ciudadana sobre sus procesos. Un año después, en 2015, se reguló el proceso por el cual los ciudadanos pueden acceder a esa información en la ley 1755 que establece las características del derecho de petición.

Más recientemente, en 2016, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1778 que dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. La medida, según Santos, es un paso adelante en la lucha contra la corrupción y los sobornos.

Todo esto han venido acompañado de la creación de organismos fundados exclusivamente con el fin de acabar con la corrupción. En 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana, se creó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLC), conjugado con la creación de Gobierno en Línea, una estrategia del Ministerio de las TIC para hacer más accesible la información estatal. El PPLC se mantuvo hasta 2012, cuando fue reemplazado por la Secretaría de Transparencia, una entidad que asesora al presidente en la creación de normas sobre transparencia y corrupción. En esa tarea también participa la Alta Consejería para el Buen Gobierno, otro organismo creado por el mismo gobierno.

Colombia también se ha adherido a varios acuerdos internacionales, como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, la Convención Anti-Cohecho de la OCDE y la Alianza para el Gobierno Abierto.

Luchas civiles

En la pelea contra los corruptos, la sociedad civil se ha convertido en la fuerza más importante. Un ejemplo es Transparencia por Colombia, una organización apolítica e independiente dedicada a trabajar por una Colombia más transparente a través de estrategias teóricas y prácticas. Dentro de sus iniciativas está el centro de asistencia legal anticorrupción que ofrece asistencia legal y gratuita para presentar denuncias y seguir el proceso paso a paso. Además de apoyar la agenda política que promueve la transparencia de la mano con el sector privado, la organización ofrece capacitaciones a entidades públicas para luchar contra comportamientos fraudulentos.

Por otro lado está la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, una instancia creada por el Gobierno a partir del Estatuto Anticorrupción y conformada por representantes de la sociedad civil, incluyendo a miembros de Transparencia por Colombia, que tiene por meta acabar con la corrupción en el país. Y, del ámbito académico, vale mencionar al Observatorio Cali Visible, un grupo de investigación de la Universidad Javeriana de Cali que hace control social a las acciones de las instituciones públicas en el Valle del Cauca. También ellos han colaborado en varias ocasiones con Transparencia por Colombia.

Otro movimiento, 8 millones de votos contra la corrupción, fue una reacción epidémica al escándalo del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Su objetivo es “transformar el Congreso en 2018”, promoviendo propuestas de transparencia como “pena máxima de cárcel para implicados en casos de corrupción”.

El movimiento, construido lejos de los partidos políticos, refleja la desconfianza ciudadana hacia la labor de la política tradicional. Sin embargo, vale la pena mencionar que en 2017, a raíz de la propuesta de la senadora Claudia López, surgió la Consulta Anticorrupción que pasó al Congreso después de recoger más de 4 millones de firmas. Actualmente, la consulta está pendiente de ser aprobada por el Congreso para así lograr llevarla a las urnas en fechas cercanas a las elecciones presidenciales.

Anticorruptos: a la calle

El primero de abril de 2017, se realizó la Marcha Contra la Corrupción, convocada por el Centro Democrático, que además de manifestarse contra la corrupción, protestaba contra los acuerdos de paz y la reforma tributaria. La marcha provocó reacciones encontradas en redes sociales, puesto que el propio gabinete del expresidente Álvaro Uribe había protagonizado escándalos de corrupción que incluían acusaciones de parapolítica. En Twitter hubo comentarios con el hashtag #MarchaDeBandidos para criticar la marcha, que tuvo lugar simultáneamente en Medellín, Bogotá, Cali, Santa Marta, Cúcuta, Villavicencio y Cartagena.

Tres años antes, se había realizado otra protesta ciudadana. Una que, a diferencia de la convocada por el Centro Democrático, pasó de agache en los medios de comunicación. En agosto de 2014, once municipios del Pacífico se declararon en paro denunciando la corrupción y el robo de dineros por parte de los dirigentes de la región. Entre las denuncias, estaba el robo de 10.000 millones de pesos que habían sido entregados para ayudar a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de febrero de 2013. La protesta ocurrió en El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payan.

Falta trecho

Aunque Antioquia, Meta y Tolima son ejemplos de buenas prácticas y cuentan con los mejores índices de transparencia —y la mejor evolución en este campo según el Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación su caso no representa la situación general del país. En la otra cara están La Guajira, Atlántico, Chocó, Bogotá y Bolívar tienen los peores indicadores según informa un artículo de la revista Dinero que recoge fuentes de la Andi.

A pesar de las medidas legales implementadas contra la corrupción, los escándalos que cada año estallan demuestran que las leyes han tenido poco o ningún impacto sobre el problema. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, de 2012 a 2016, solo el 1,6 por ciento de los casos por corrupción en Colombia terminaron en una condena. ¿Qué más podría esperarse cuando jueces y fiscales, los mismos que deberían sancionar estos delitos, están involucrados en las redes de corrupción?

Otro desafío en la lucha contra la corrupción es el cansancio y la desconfianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos de control y sanción. Según el Trust Barometer de Eldeman, para 2017, solo 23 por ciento de los colombianos confiaban en los funcionarios del Gobierno. Además, según datos del Observatorio de la Democracia, solo 27 por ciento confía en el sistema de justicia, el mismo que emite las leyes anticorrupción y sanciona los actos criminales.

Otra tarea pendiente ha sido el conflicto armado. La falta de presencia estatal, de recursos y de cultura política han permitido que las regiones más afectadas por la guerra se conviertan en lugares en que la corrupción es una estrategia de sobrevivencia, del “sálvese quien pueda”.

Incluso hoy, cuando los Acuerdos de Paz prometen llenar esos vacíos, la corrupción no deja de ser un desafío: según el informe que desde 2014 publica la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, es fundamental que haya mecanismos de transparencia para garantizar el éxito de los acuerdos, sobre todo en materia de recursos para su implementación.

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