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Por: Maria Claudia Dávila

Hoy los logros en la promoción de igualdad de género en Colombia son enormes, pero todavía existen demasiadas brechas por las cuales las mujeres siguen luchando en el país. Y muchas de ellas, sino todas, giran en torno a la discriminación.

En el texto Derechos de la Mujer de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, la discriminación a la mujer se define así: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer —independientemente de su estado civil y sobre la base de la igualdad entre los sexos— de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera”.

Apuntes históricos

El siglo XX presentó varios hitos en la lucha por los derechos de la mujer en Colombia. En los años veinte hubo un movimiento feminista encaminado a obtener igualdad de condiciones civiles, encabezado por Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. La primera era una española radicada en Colombia; la segunda, una periodista y política colombiana. El movimiento se tradujo en el gobierno de Olaya Herrera en la ley 28 de 1932, que le da el derecho a la mujer de administrar sus propios bienes.

En cuanto a la educación, un par de decretos cambiaron la situación de las mujeres. El decreto 227 de 1933 les permitió el acceso al bachillerato normal y el decreto 1972 de 1933 reconoció su acceso a la universidad. Esto no significó necesariamente un cambio en las prácticas laborales: las mujeres siguieron relegadas a los oficios ligados al cuidado doméstico. Tres años después, en 1936, el presidente López Pumarejo incluyó en su reforma constitucional una cláusula que autorizaba a la mujer a desempeñarse en cargos públicos. Sin embargo, esto tampoco significó una entrada masiva de mujeres a la administración pública.

A pesar de estos avances, solo hasta 1957 se les concedió el derecho al voto, cuando 1.835.255 colombianas participaron en el plebiscito que cerró el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla y abrió el régimen bipartidista del Frente Nacional.

Más tarde, mediante la ley 54 de 1962, Colombia ratificó el Convenio 100 de la OIT de 1951 que hacía referencia a la igualdad en la remuneración laboral para hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Hoy, la paridad en remuneración sigue sin ser una realidad en el país.

Los primeros feminismos

Durante los años sesenta surgieron varias organizaciones colombianas fruto de las rupturas con la militancia partidista y de los problemas económicos que enfrentaban las mujeres, especialmente las de recursos más bajos. Así, a finales de esa década surgió en Bogotá el Colectivo de Mujeres que participó activamente en jornadas a favor del aborto en 1979. Este grupo fue fundamental en la creación de la Casa de la Mujer en Bogotá, organización emblemática del feminismo en Colombia. Al mismo tiempo, en la Universidad Nacional de Bogotá surge el grupo Mujer y Sociedad que “una década después se institucionaliza como unidad académica que administra posgrados con énfasis en el género”, asegura el académico Mauricio Archila en ‘Aspectos sociales y políticos de las mujeres en Colombia, siglos XX y XXI’.

Paralelamente, alejadas de la izquierda y del ámbito académico, surgieron grupos de mujeres en sectores populares. El más destacado fue la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja, la ONG de mujeres más antigua de Colombia, que luchó por oportunidades laborales igualitarias y se resistió a los grupos armados del ejército, la guerrilla y los paramilitares. Además, en 1978 se convocó al Congreso Panamericano de Mujeres Sindicalistas en Bogotá que, nueve años después, dio lugar al Primer Encuentro de la Mujer Trabajadora, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.

Cuando se abrió la posibilidad de una Asamblea Constituyente durante el gobierno de Belisario Betancur, muchas mujeres aprovecharon el espacio para debatir sobre su participación. Sin embargo, de los 72 constituyentes solo cuatro fueron mujeres, y de estas solo dos, Aída Avella y María Teresa Garcés, se pronunciaron respecto a temas de género. A pesar de la escasa representación femenina, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de la Constitución de 1991, un avance fundamental en la proclamación de igualdad, oportunidades y derechos entre géneros.

Sin embargo, temas más radicales de reproducción y sexualidad, como el aborto y el matrimonio homosexual, no fueron incluídos. Esto dio paso al despliegue de organizaciones, como la Red Nacional de Mujeres, que desarrollaron una agenda legislativa por la extensión de derechos sexuales y reproductivos. Más tarde, en 1996, surge la Ruta Pacífica de Mujeres, una organización creada a raíz de la situación de un pueblo del Urabá antioqueño en el que 70 por ciento de las mujeres habían sido violadas por algún actor armado. Actualmente, la Ruta es una de las organizaciones con mayor cobertura en región que ha concentrado sus esfuerzos en los impactos particulares del conflicto armado en las mujeres.

Logros recientes

En 2006, después de una demanda ante la Corte Constitucional por la abogada Mónica Roa, la Corte despenalizó el aborto en tres situaciones: violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud de la gestante a través de la sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006.

Luego, en 2008, surgió la ley 1257, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Hasta hoy, este ha sido uno de los avances legislativos más importantes en la lucha de los derechos de las mujeres, pues tipifica y penaliza los daños físicos, psicológicos, sexuales y patrimoniales contra las mujeres que siguen siendo tan comunes en la sociedad colombiana. En ese sentido, la ley es hoy la herramienta más importante para las mujeres víctimas de violencia en el país.

Otro de los grandes logros legales le llegó al país con una tragedia: el feminicidio de Rosa Elvira Cely el 24 de mayo de 2012. El crimen dio paso a esfuerzos de organizaciones y sociedad civil por crear una normativa que castigue los asesinatos de mujeres cometidos por razones de género. Tres años después, en 2015, se decreta la ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely que reconoció el feminicidio como un delito autónomo.

El 6 de enero de 2016 se promulgaría otra ley que también llevaría el nombre de una víctima, esta vez la ley 1773 o ley Natalia Ponce de León, que definió los ataques con ácido como delitos autónomos y no como “lesiones personales”. Dentro de las cosas que cambió la ley estuvo aumentar la pena máxima de diez años a una pena de hasta incluso 50 años.

Y el más reciente avance fueron los puntos acordados en temas de género en el acuerdo de paz con las Farc. Uno de esos puntos fue el acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones. “Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2001, aunque las mujeres dirigen más de la mitad de los hogares rurales solo 26,5 por ciento de ellas son propietarias de la tierra, contra 64,4 por ciento de los hombres”, afirma un artículo de la revista Semana.

Además, los acuerdos también contemplaron temas como la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; la promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; y el derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición para las víctimas mujeres.

La lucha sigue

A pesar de los avances logrados, los retos que aún enfrentan las mujeres a causa del recrudecimiento de la violencia —laboral, sexual, física, representativa, psicológica y a causa del conflicto armado— son amplios.

Según ONU Mujeres, Colombia es uno de los países de América Latina con menor representación de mujeres en política. Solo en 2015, la cuota de mujeres era de 14 por ciento como concejalas, 17 por ciento como diputadas, 10 por ciento como alcaldesas y nueve por ciento como gobernadoras.

Otra problemática persistente es la brecha salarial. A pesar de que las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral y a pesar de que, en muchos casos, tengan más años de estudio, los hombres siguen recibiendo una remuneración mayor. “Según el Dane, [las mujeres ganan] un veinte por ciento menos que ellos, incluso si desempeñan funciones similares. Se trata de una de las brechas salariales de género más altas de América Latina (cuya tasa promedio es de 17 por ciento), una región donde esta clase de inequidades son persistentes y profundas”, dice una nota de El Tiempo.

Y en cuanto a la erradicación de la violencia, a pesar de las numerosas leyes para prevenirla y sancionarla, las cifras siguen siendo alarmantes. El año pasado, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Medicina Legal y la Universidad de la Sabana presentaron las cifras de violencia a la mujer: “El feminicidio [] aumentó 22 por ciento, al pasar de 100 muertes, en 2015, a 122 muertes en 2016”, “ [en la violencia intrafamiliar] hubo un incremento superior al 20 por ciento. En total, se registraron 49.712 casos, entre los cuales las más afectadas (9.544 casos) fueron las mujeres entre 20 y 24 años []. [En cuanto a] violencia sexual, se presentaron 15.082 denuncias que, respecto a las 14.021 de 2015, significan un crecimiento de 7 por ciento”.

Uno de los factores más preocupantes sobre dichas cifras es el hecho de que 62 por ciento de los casos de violencia sexual ocurrieron en niñas entre cinco y diez años. Además, “esta cifra crece si se incluyen las 1.538 denuncias que involucran a bebés entre cero y cuatro años. Serían en total, entre los cero y los diez años, 72,8 por ciento de los casos de violencia sexual”, indica la misma nota.

Si nos referimos al conflicto armado, hay datos oficiales que muestran que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el contexto de la guerra y más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. De estas mujeres desplazadas, al menos el 15,8 por ciento afirma haber sido víctima de violencia sexual. Además, la situación es peor para las mujeres indígenas y afrocolombianas: de 3.445 asesinatos a personas indígenas y afro, 65,5 por ciento son mujeres.

Estas problemáticas reflejan la impunidad y la falta de garantías que frustran los avances en leyes, planes de acción y trabajo de las organizaciones feministas. La falta de acciones estatales hace que las mujeres hoy sigan sufriendo los estragos de una sociedad machista. Que resulten desprotegidas ante la figura de una norma que se queda en el papel.

 

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