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Por: Sergio Ávila

La historia de la educación en Colombia es tan larga y compleja que darse a relatarla es una labor no solo titánica (digna de una tesis universitaria), sino también desagradecida. Siempre habrá algo que falte: un enfoque ausente, un hecho mal reconstruido, un matiz equivocado, una imprecisión histórica. Pero aún así es necesario de vez en cuando reexaminarla, corregirla cuando es posible, repasar sus puntos de inflexión, sus aciertos y desaciertos.

Conocerla.

En su artículo “Revolución y cultura en América Latina: el movimiento estudiantil como objeto de estudio en la historiografía colombiana y continental”, Álvaro Acevedo y Gabriel Samacá, ambos docentes de la Universidad Industrial de Santander, afirman que “los estudios sobre los movimientos estudiantiles en Colombia no se han podido convertir en una línea de investigación sólida”. Y continúan: “al igual que la historia política colombiana posee sus convenciones, la historia del movimiento estudiantil también cuenta con un calendario simbólico, convertido en camisa de fuerza: 1929, 1954, 1957, 1964, 1968 y 1971 son años que marcan los tiempos y ritmos de la participación estudiantil en la escena pública y, con ello, de las investigaciones realizadas desde hace ya más de tres décadas”.

Y todo esto, hablando solo de movilizaciones estudiantiles, pues habría también que tener en cuenta el profesorado, el ámbito administrativo y discusiones de otra índole distintas al estudiantado.

Para eso, vamos un poco más adelante en la historia (para que sea medianamente abarcable) y tomemos como punto de partida la ley 115 de 1994, también llamada la Ley General de Educación. Bien o mal, esta ley aún sigue vigente, y aún después de veinte años hace las veces de base fundacional para todo lo relacionado con la educación en Colombia.

Antes de la ley 115, el Congreso no se había tomado el tiempo de redactar una ley general de educación desde 1903, el final de la Guerra de los Mil Días, lo que significa que durante ese largo lapso la educación fue regulada por la rama Ejecutiva. Sin embargo, con la Constitución de 1991 se hizo urgente una nueva ley. Y a partir de ahí surgieron interrogantes, actores y movilizaciones que llevaron a la educación al punto en que hoy se encuentra: buscando un rumbo para adaptarse a la enseñanza y la pedagogía en medio del posconflicto.

Antes de su expedición, posiblemente en el camino hacia ella, ocurrieron dos cosas fundamentales que hoy todavía inciden en el plano educativo de la nación. Acá están.

Toma a la educación

La primera fue el nacimiento del Movimiento Pedagógico en Colombia, que inició en 1982. Esta movilización social se consolidó en el XII Congreso de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), en Bucaramanga, y tuvo entre sus miembros originales, entre otros, al exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. El objetivo era claro: discutir acerca de las labores del docente y buscar mejoras en la educación por medio de los quehaceres de los maestros. Esto incluía pensar en la ideología con respecto a las funciones de los profesores, en la posibilidad de que estos participaran en la elaboración de una ley general de educación (en la que, en efecto, tendrían incidencia en 1994) y en el reconocimiento del profesor a nivel general en una escala política y social.

Todo esto dio frutos, no solo en la redacción de la ley 115, sino también en la publicación de la revista Educación y Cultura en 1984 y, como esperaban, en el cambio de imagen de los docentes como actores políticos y sociales, así como en un primer empoderamiento de los mismos.

El segundo evento previo a la ley 115 que tendría consecuencias casi veinte años después fue la expedición de la ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior por fuera de la Ley General de Educación. En su texto ‘Veinte años de la Ley 115 de 1994’, el antropólogo Ómar Orlando Pulido escribe: “Los problemas de articulación entre la [educación] media y la superior están entre los más difíciles de resolver para garantizar plenamente el disfrute del derecho a la educación”. Podría pensarse que cualquier reforma a dicha ley sería bien recibida.

Adelantémonos entonces a marzo de 2011.

El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentaron entonces por primera vez un proyecto de reforma a la ley 30. La reforma planteaba, entre muchos otros puntos debatibles, la creación de universidades con ánimo de lucro, mayor inversión en créditos para la educación superior a través de Icetex (que en su mayoría beneficiaba a las universidades privadas por encima de las públicas), la destinación de recursos del Estado a instituciones de educación superior privadas, y la limitación temporal de los recursos destinados a las instituciones estatales.

La reforma desencadenó una serie de manifestaciones, empezando por la del siete de abril de ese año, en la que profesores y estudiantes marcharon en rechazo a la reforma y en busca de mejoras salariales para los docentes. A esta le siguió el paro nacional universitario el doce de octubre y la Toma a Bogotá el diez de noviembre, en la que marcharon alrededor de 5.000 manifestantes, que se concentraron en la Plaza de Bolivar. Todo contra la misma reforma. Al día siguiente, el once de noviembre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos aceptó retirar la propuesta y le dio así a la movilización estudiantil una importante victoria.

Un pacto por una causa

Más allá de los hitos hay innumerables momentos en la historia reciente de la educación en Colombia: la implementación de la ley 1620 de 2013, que estableció la ley de convivencia escolar “para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”; la creación de la Cumbre Líderes por la Educación, en 2014, que ha ido creciendo constantemente y que en 2017 contó con más de 800 asistentes; la polémica por las cartillas de género en 2016, que puso a medio país en contra de la entonces ministra de Educación Gina Parody y, de paso, del proceso de paz con las Farc; los escándalos de contrataciones en el Sena, y la reimplementación (o no) de las clases de historia en los colegios. Estos son solo algunos de los más recientes.

A pesar de los desaciertos, y también gracias a algunos aciertos, hay quienes se siguen movilizando para que la educación en Colombia mejore.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la Fundación Compartir. En 1979, y en medio de una avalancha de desastres que aquejaban al país, desde terremotos hasta inundaciones —como el maremoto en Tumaco, el terremoto en Pereira, y los diez barrios inundados de Patio Bonito, producto del desbordamiento del río Bogotá—, nació la Fundación Empresa Privada Compartir, que se dedicó a construir viviendas y proveer auxilios básicos. Pero la fundación pronto se la jugó por la educación y construyó colegios en los proyectos de viviendas a los que se dedicaba. Hoy cuenta con más de sesenta instituciones educativas y Centros de Desarrollo Infantil. También administró algunos de estos centros educativos, y en 1999 decidió apostarle a premiar la calidad del trabajo docente con el Premio Compartir al Maestro. Actualmente han sido galardonados cincuenta y cuatro Maestros Ilustres y dieciocho Grandes Maestros. Desde 2012, Compartir decidió destacar la labor de rectores y directores con el Premio Compartir al Rector.

Otra organización clave en el campo de la educación es la Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, que trabaja desde 2006 en la incorporación de personas de quince a sesenta años que abandonaron el sistema educativo o que, incluso, nunca formaron parte de él con el fin de integrarlos a un sistema de educación formal. En 2012, Transformemos ganó el Premio Unesco Confucio de Alfabetización.

También está la iniciativa de 2014 Todos por la Educación, que lidera Juan David Aristizabal. Se trata de un movimiento ciudadano que busca poner a la educación como una prioridad nacional. Con metas concretas y sin una filiación a partidos políticos o visiones particulares, la organización busca llevar a cabo políticas públicas que transformen la sociedad. El proyecto busca que tanto ciudadanos del común, como líderes y empresas públicas y privadas se comprometan a hacer de la educación una prioridad nacional y así facilitar la creación de políticas públicas que generen un cambio en cómo se enseña y educa a las nuevas generaciones colombianas. El ‘pacto’, como lo ha llamado la organización, ha logrado que más de 25.000 personas se hayan comprometido con la causa, incluyendo al presidente Santos.

Otro proyecto que se moviliza por la educación es Enseña por Colombia. La organización nació en 2010 y busca implementar una “revolución educativa” por medio del modelo de la red internacional Teach for All. El objetivo es entonces vincular a profesores de excelente calidad en instituciones de escasos recursos para así luchar contra la brecha educativa que abre la falta de oportunidades. En 2012 empezaron con 22 profesores en Bogotá. Para 2016 contaron con 120 docentes en Vichada, Urabá, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Chocó.

Un desafío estructural

Entonces, ¿qué sigue?

Para Nohora Robayo y Paula Ximena Ruiz, docentes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, la respuesta está en transformar el sistema. Con base en los estudios de Sir Ken Robinson, Robayo y Ruiz creen que la rigidez de las instituciones educativas hace “más mal que bien” y que tal vez el sistema como lo conocemos llegó a su punto de obsolescencia, más aún en nuestro contexto de posconflicto.

“Cambiar e innovar no es sólo invertir en el desarrollo de tecnologías, es estar dispuestos a asumir el desafío de no remendar, ni estructurar el sistema, sino de transformarlo, en un proceso de abajo hacia arriba, que empiece en las aulas de clase y escale hasta los directivos y encargados del diseño de la política pública de educación”, dicen.

Por otro lado, Julián de Zubiría Samper, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas, cree que “el desafío es estructural: o formamos individuos más autónomos moral y cognitivamente o seguiremos carcomidos por la corrupción y siendo borregos de intereses de otros”.

En una lista concreta, elaborada por De Zubiría para Semana.com, los temas a mejorar son: regular el alcance del derecho a la educación, articular mejor los niveles educativos, crear lineamientos curriculares más pertinentes que, entre otras cosas, promuevan la autonomía del estudiante, desarrollar una política pública para la formación de docentes, incentivar el cambio en las estrategias pedagógicas, entender que el problema de la educación no es tecnológico sino pedagógico, intentar construir la paz desde los salones y romper el ciclo de violencia, superar el atraso en los niveles educativos del sector rural, apoyar más a las ciencias y la investigación y, por último, invertir más.

Manos a la obra.

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