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el expresidente Uribe habló durante 25 minutos ante el Senado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Foto: Tomada de Youtube

“No soy abogado de las Farc”, le responde Nixon José Torres al expresidente.

A finales de octubre de 2017, cuando faltaban pocas semanas para que terminara el periodo legislativo en el congreso,  el partido Centro Democrático orquestó un plan tortuga que retrasó la aprobación de leyes claves para sacar adelante la implementación del Acuerdo Paz con las Farc: circunscripciones especiales para las víctimas, reglamentación de la JEP, sometimiento a las Bacrim, reforma delcatastro rural, entre otras normas. La bancada del Centro Democrático, liderada por Álvaro Uribe, dejó de asistir a las sesiones en el Congreso con un propósito específico: que gobierno no alcanzara el quorum para someter las leyes a votación.

El plan funcionó, y en buena medida el retraso que tuvo la JEP para comenzar a operar se debió a las dilaciones en el Congreso. Lo mismo sucede con las curules para las víctimas de las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia; este proyecto, después de ser dilatado, no se aprobó y ahora debe tramitarse en el congreso desde cero. Frente a la reforma rural, quedaron pendientes por aprobar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y la jurisdicción agraria.

El abogado Nixon José Torres, quien se define como “un abogado del montón”, demandó a Uribe y al candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, por incumplir sus funciones en el congreso durante las votaciones para implementar el acuerdo. El martes pasado, Torres fue notificado en el Consejo de Estado: su demanda había sido admitida. La siguiente tarea de los magistrados será revisar los detalles de la demanda y escuchar la versión de Álvaro Uribe y del Centro Democrático, quienes, según Torres, dejaron de asistir a 12 sesiones en el Congreso.

Torres decidió demandar a Uribe hace unas semanas, cuando estudió a fondo la Ley 1881 del 15 de enero de 2018, la cual define el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas. Esta Ley, aprobada por el congreso, abre la puerta para que abogados como Torres denuncien actos irregulares por parte de los congresistas y que puedan desencadenar en la pérdida de investidura. También establece una doble instancia para que los demandados puedan apelar la decisión del Consejo de Estado.


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Después de conocer la noticia, el senador Uribe publicó un video en sus redes sociales justificando su ausencia en las votaciones de los proyectos de ley relacionados con la paz: “He procurado tener el mayor cumplimiento en el Congreso, pero por razones de conciencia no puedo votar los acuerdos de las Farc”. Uribe dijo, además, que Torres “ha sido contratista del gobierno, delegado suyo para promover el acuerdo y abogado de la Farc para reclamar más curules”. Solo la primera de esa afirmaciones es totalmente cierta.

En diálogo con ¡Pacifista!, el abogado Nixon José Torres, quien se graduó de la Universidad del Atlántico y actualmente trabaja como abogado litigante en Bogotá, nos contó sobre el proceso en contra de Uribe y las consecuencias que podría traer para él. “No me gustan las fotos ni salir en televisión, solo pongan mi nombre en la entrevista y ya”, advirtió antes.

¿Por qué decidió interponer la demanda?

El proceso lleva una semana apenas. Lo hice porque la Ley señala que cuando los congresistas dejan de ejercer sus funciones, entre ellas la de participar o votar cuando se están decidiendo proyectos de ley, se puede configurar una causal de pérdida de investidura. El Consejo de Estado aceptó mi solicitud. Puedo perder o ganar, pero seguramente se abrirá un debate.

Uribe dijo que no había votado por objeción de conciencia, ¿qué opina de ese argumento?

La objeción de conciencia no está establecida como una causal que exima al congresista de ejercer sus funciones. El reglamento del Congreso de la República no dice nada al respecto, solo dice que el congresista se puede excusar por impedimentos específicos, como una incapacidad física, por una autorización de la mesa directiva o porque estaba ejerciendo alguna función en representación del congreso, pero no establece que pueda presentar una objeción de carácter moral. Es un argumento que, al menos en derecho, no tiene asidero. Ahora, eso no quiere decir que el Consejo de Estado no lo pueda analizar, ese seguramente será un elemento para el debate.

Los del Centro Democrático dicen que usted es el abogado de las Farc, que incluso representaba a Jesús Santrich….

Bueno, yo he actuado en dos asuntos legales con él. Una fue una solicitud de nulidad que se presentó ante la Corte y que la Corte desestimó por temas de retroactividad. El otro proceso es por una tutela que presentamos ante la Corte Constitucional contra dos periodistas y dos representantes a la Cámara. Si la Corte no selecciona esta tutela, el proceso queda totalmente archivado. Yo he apoderado al señor Seusis (Santrich) en temas específicos, pero no soy abogado de las Farc. De hecho no conozco personalmente a ningún dirigente político de las Farc. Mal haría en decir que soy abogado de ellos cuando ni siquiera hemos tenido contacto físico o virtual.

¿Le parecen peligrosos esos señalamientos?

Uno nace en este país y ya está en riesgo porque la violencia se impone ante cualquier texto jurídico sobre la protección de la vida. El hecho de hablar o no hablar no importa, el riesgo siempre está ahí. El riesgo de que te desaparezcan o de que te metan un tiro por decir algo en contra de un representante del poder político es latente. Un sector de la sociedad colombiana ha intentado cambiar las cosas apostándole a la paz, pero desafortunadamente hay sectores que no están a favor de esa postura y que se alimentan de sentimientos guerreristas, quieren que el país continúe en la senda antidemocrática y violenta.

¿A qué temas se ha dedicado en su carrera como abogado?

Yo soy un abogado del montón, siempre he litigado en la jurisdicción ordinaria, ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Hay tres sentencias en curso en la Corte por litigios míos.

¿Qué procesos son?

Una es una demanda sobre la facultad de liquidación que tiene la Superintendencia Nacional de Salud para tomar posesión de hospitales públicos o Empresas Sociales del Estado. Yo digo que es una facultad inconstitucional porque viola el principio de la autonomía territorial, entre otras razones. También llevo una demanda contra la reforma tributaria por un problema de unidad de materia. El otro proceso es sobre la modificación para la selección de gerentes de Empresas Sociales del Estado: quedó como una designación a dedo y no un concurso público, como sucedía antes. También tengo otras demandas en curso, como la del decreto que reglamenta las causales de expulsión de inmigrantes en Colombia y otra contra la facultad que tiene el SENA de registrar programas sin contar con la supervisión del Ministerio de Educación. En la Corte Suprema de Justicia tengo unos 12 procesos.

¿Por iniciativa propia o hace parte de una firma?

Es por iniciativa personal. Yo soy abogado independiente, abogado del común, del montón.

¿Entonces qué piensa ahora que va a enfrentar a uno de los hombres más poderosos del país?

Hombre, si estamos en un Estado social de derecho, que pasen este tipo de cosas es algo normal, para eso aprobaron la Ley 1881 de 2018 que reglamenta el procedimiento de la pérdida de investidura, una norma de derecho que se gestó en el congreso de la república. Con ese procedimiento, ciudadanos del común podemos denunciar a los congresistas que no están cumpliendo con sus funciones.

¿Qué les dice a los militantes del Centro Democrático que creen que usted quiere ver a Uribe en la cárcel?

Eso es un exabrupto porque la solicitud de pérdida de investidura no tiene connotaciones penales. Si al doctor Uribe lastimosamente o afortunadamente lo capturan por algún proceso,  pues yo no tendría nada que ver con eso.

También ha llamado la atención que el Consejo de Estado admita estudiar su demanda en plena campaña electoral…

Me parece una falta de respeto que se piense que el Consejo de Estado admite una demanda por un proceder político y no por un proceder jurídico. Entre otras cosas yo ni siquiera conozco al consejero ponente que admitió la demanda, ni sé cómo es. En ninguna parte de la Constitución dice que las instituciones judiciales tengan que verse limitadas en épocas de campaña electoral. Es un irrespeto creer que estoy haciendo esto bajo móviles distintos a los del derecho…

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