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Francia Márquez se desplazó del norte del Cauca por amenazas relacionadas con su trabajo por la defensa de su territorio. Foto Santiago Mesa.

Francia Márquez ha defendido la idea de que la guerra en Colombia no lleva 60 años sino que se trata de un conflicto de siglos, que pasa por la vulneración de los derechos de las comunidades étnicas, por un racismo estructural y por el sometimiento de las “minorías” que para ella son mayoría.

Su nombre apareció en la lista de uno de los grupos de víctimas que viajó a La Habana (Cuba) para encontrarse con las delegaciones de las Farc y el Gobierno en el proceso de paz. Dice que fue convocada, no en representación de su comunidad, sino en su condición de desplazada por el conflicto armado, aunque antes de llamarse víctima, palabra que, dice, la pondría en una situación de subordinación, prefiere que se le reconozca como actora política. En 2015 fue elegida como defensora del año en los Premios a la Defensa de los Derechos Humanos.

(Vea también: “Un defensor de derechos humanos aquí es alguien que estorba”)

No se ha guardado nada. En una carta abierta que publicó en abril del año pasado señaló el problema de la minería de los foráneos que desde hace 400 años esclavizan a su pueblo, de las locomotoras mineras que, dice, alimentan la guerra y de los grupos armados que se han asentado en sus territorios convirtiéndolos en blanco de bombas y presiones violentas.

También habló de que liderar el reclamo de su gente por el derecho a vivir en paz la convirtió en objetivo militar y la obligó a asentarse lejos del campo, de sus cultivos, de su forma de vida. Llegó a Cali, la misma ciudad donde en marzo le reclamó públicamente al presidente Juan Manuel Santos por el aislamiento que, dice, ha padecido su pueblo en la participación para la construcción de paz y en la garantía de sus derechos, consagrados mucho antes de que se iniciara el proceso de negociación.

Hace unos días algunos medios titularon que una líder negra le hizo pasar un trago amargo al presidente Santos, ¿qué le dijo?

Me invitaron a un conversatorio con el presidente y él era quien daba la palabra. En el momento en que me tocó le plantee muchas preocupaciones sobre el proceso de paz y sobre lo que implica hacer pedagogía, primero desde mi condición de mujer, y segundo desde mi comunidad negra. Hablé de situaciones que han venido vulnerando los derechos de las comunidades negras del norte del Cauca y de todo el país. Mencioné que en el 2009 el Estado entregó títulos de explotación minera que son inconstitucionales y que esa situación nos ha puesto en riesgo. Traté de plantear algunos elementos de esa realidad porque, además, hemos estado en medio del conflicto armado y del despojo.

Otro de los temas que usted le puso sobre la mesa a Santos es que el Gobierno se comprometió con reglamentar la ley 70 que protege a las comunidades negras, él le respondió que no se había hecho porque las comunidades no se habían organizado, ¿quedó satisfecha con la respuesta?

En mi intervención yo resalté que la paz implica respetar la verdad y honrar la palabra, pero el presidente miente, porque si la reglamentación de una ley estuviera en manos de la comunidad hace tiempo estaría reglamentada. Desde 2008 las comunidades presentaron la primera propuesta de reglamentación, pero lo que ha faltado es voluntad política.

Usted ha insistido en que esta guerra no empezó hace 60 años, sino hace 400 ¿cree que eso pueda cambiar con un proceso de negociación con la guerrilla?

Hemos estado en una situación de violencia histórica que pasa por la explotación, el racismo estructural y el empobrecimiento de las comunidades. Pero esto estaría peor si no hubiera apuestas, históricas también, de justicia y de paz. Creo que por lo menos así podemos resistir y saludarnos como hermanos y hermanas. Avanzar en la paz no pasa por las Farc o el Gobierno sino por la sociedad colombiana de la que ellos también hacen parte. Los acuerdos contribuyen, pero construir la paz implica una apuesta de todos.

El Gobierno les ha propuesto a las víctimas que viajaron a La Habana que lideren los procesos de pedagogía sobre los acuerdos, ¿está dispuesta a participar?

Cuando yo planteo estos principios ya estoy participando. Lo que pasa es que los otros quieren que se hable de cosas bonitas, pero hacer pedagogía implica hablar con la verdad y no tengo ningún problema en seguirlo haciendo porque la pedagogía va mucho más allá de socializar los acuerdos que están en el papel.

(Vea también: ¿Las víctimas sí quieren hacer la pedagogía del proceso de paz?)

Usted ha sido protagonista en muchos escenarios alrededor del proceso de paz, ¿cree que la han escuchado?

Más que el Gobierno me ha escuchado la sociedad. Porque no veo decisiones concretas frente a los planteamientos que he venido haciendo. No es que me oponga a la paz, pero nosotros como comunidades tenemos preocupaciones: el modelo de desarrollo no se discutió y las locomotoras avanzan sin problema en el territorio mientras generan conflicto y desplazamiento. Nos preocupa cómo van a ser las zonas de concentración, cómo va a ser el relacionamiento entre los actores que lleguen a los territorios y las comunidades; cómo van ser las garantías de nuestros derechos. Nos preocupa que no ha habido una participación real de las comunidades campesinas, negras e indígenas

¿Teme que los acuerdos de La Habana, en lugar de ayudar a que se garanticen, afecten los derechos de las comunidades negras?

No solo yo, esa es la preocupación de los afros, de los indígenas y de algunas comunidades campesinas, por eso seguimos insistiendo en la necesidad de crear una subcomisión étnica que garantice esos derechos. El Comisionado de Paz nos ha dicho que las discusiones de La Habana no involucran los derechos de los grupos étnicos porque ya están garantizados en la Constitución, pero eso es negar que como comunidades hemos sido víctimas de este conflicto.

Entonces, ¿la participación se ha quedado solo en dejarlos hablar, pero no en influenciar las decisiones?                                                                                                                                                           

No hay garantías reales frente a la participación de los grupos étnicos en el proceso de paz. Y así no se pueden establecer los principios que permitan implementar los acuerdos en los territorios.

Más allá del discurso que ha promovido el Gobierno, ¿siente que las víctimas han sido centrales en las negociaciones de La Habana?

No, eso de ser centrales no ha sido tanto así. La participación ha sido importante para manifestar lo que sentimos pero, repito, no hemos sido parte de la toma de decisiones. Seguimos en la lucha porque haya una partición real de las comunidades y de las víctimas. Aunque yo personalmente no me siento víctima, porque eso nos pone en condición de subordinación. Me siento más como una actora política de esta sociedad que ha vivido hechos victimizantes.

Si compara esta etapa del proceso con el momento en que fue invitada a La Habana como víctima, ¿siente más o menos confianza en el éxito de las negociaciones?

Yo siento que fue un espacio de privilegio que otras personas no podían tener, que tengo la responsabilidad política de plantear algunos elementos de lo que pasa. También tengo la esperanza de que el Gobierno cambie su postura y muestre voluntad para cumplir eso que está establecido en la Constitución. La esperanza está y lo que toca es seguir insistiendo para hacer una paz con mínimos errores, para que sea sostenible.

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