Las acusadas, de izquierda a derecha:Natalia Trujillo, Lina Jiménez, Alejandra Méndez y Lizeth Rodríguez.

El 30 de junio de 2017, el silencio en los pasillos de la cárcel El Buen Pastor fue interrumpido cuando Lina Jiménez, Alejandra Méndez, Lizeth Rodríguez y Natalia Trujillo caminaron por primera vez por esta prisión. Ellas fueron capturadas por su supuesta participación en el atentado del centro comercial Andino de Bogotá; un acto terrorista que dejó un saldo de tres mujeres muertas y ocho heridas. Sucedió a las 5 de la tarde del 17 de junio, en la  la víspera del Día del Padre, cuando una bomba estalló en el baño de mujeres del segundo piso.

Siete días después, el 24 de junio, las mujeres fueron capturadas con cuatro hombres más, señalados todos por la Fiscalía de pertenecer al Movimiento Revolucionario Popular (MRP), un grupo satélite del ELN que en el transcurso de los últimos años se declaró disidente por desacuerdos profundos con el comando central de esa guerrilla, según información de inteligencia del Ejército. Tanto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez ,como el director de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto, dijeron en una rueda de prensa que este grupo sería responsable de al menos 15 atentados, con petardos, en Bogotá.

“La Fiscalía tiene hoy elementos y evidencias materiales probatorias que le permiten inferir razonablemente autoría que comprometería a este movimiento”, dijo el Fiscal en una rueda de prensa, ocho días después del atentado. Concierto para delinquir con fines terroristas, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas fueron los delitos que la Fiscalía les imputó a los detenidos.

De las pruebas poco se supo por cuenta de la Fiscalía. La revista Semana, a través de diferentes filtraciones, fue la que comenzó a revelar las supuestas pruebas en contra de las personas detenidas. En un primer momento, la Fiscalía tomó como evidencia dos testimonios, uno de un vigilante del edificio de la Dian, donde estalló un artefacto explosivo en enero de ese año y otro de un dueño de un apartamento que supuestamente habría sido secuestrado por los integrantes del MRP. Ambos, presuntamente, aseguraron reconocer los rostros de dos de los capturados por el atentado del Andino.

“Tres días antes de que estallara la bomba en el Andino, los investigadores que monitoreaban a dos de esas mujeres notaron que en un café internet ellas realizaron una extraña búsqueda de planos y geolocalizaciones específicas en el norte de la ciudad, cerca del Centro Andino”, dice el artículo de Semana. Después, otros medios, como El Tiempo, señalarían que la Fiscalía tenía bajo su poder un video en el que se podía ver a Natalia Trujillo ingresando con otra mujer, según ellos Violeta Arango (prófuga), a un café internet para descargar los planos del centro comercial.

Dentro del listado de pruebas estarían banderas del MRP, pasamontañas, panfletos y comunicados que las autoridades habrían encontrado en las casas de las ocho personas capturadas. Según la Fiscalía, también tenían manuales detallados para armar bombas, bultos de nitrato, circuitos electrónicos para ser utilizados como detonadores, entre otros elementos. La Fiscalía filtró que tenía estas pruebas desde 1 de julio de 2017. Han pasado ocho meses y, hasta el momento, ni las capturadas ni los medios de comunicación hemos tenido acceso a esas pruebas.

El próximo 1 de abril es la audiencia preparatoria, donde la Fiscalía deberá sacar a la luz todas las pruebas que hasta el momento no se conocen. En este escenario las cuatro mujeres capturadas también deberán responder y presentar su defensa jurídica por los delitos que se les imputan. El pasado viernes 2 de enero hablé con ellas vía telefónica, pues teniendo en cuenta que son sindicadas y no condenadas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no autorizó la entrevista presencial en la cárcel El Buen Pastor.

Hablamos a las 7 de la mañana. Me contestaron desde un teléfono en la cárcel que no tenía altavoz. Después de conversar brevemente con las cuatro mujeres detenidas, Lina Jiménez asumió la vocería para responder a una serie de preguntas que desde ¡Pacifista! nos hemos planteado en los últimos meses. No solo porque son acusadas de uno de los atentados terroristas más dolorosos en la historia reciente de Bogotá, sino porque al MRP también se le ha vinculado con atentados como el de Barranquilla, donde el pasado 27 de enero murieron seis uniformados tras el ataque con explosivos a una estación de Policía.


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¿Quiénes son?

Antes de hablar sobre el atentado averigüé un poco sobre la historia de estas cuatro mujeres, todas egresadas de la Universidad Nacional y comprometidas con el movimiento estudiantil. Primero habló Lina: “soy egresada de la Nacional, de la carrera de artes plásticas, tenía una empresa de diseño de ropa con mi hermana Laura que se llama Mestiza, una de las empresas que la Fiscalía abusivamente allanó después de la captura. De alguna forma mi vida también estaba vinculada a tratar de formular proyectos artísticos y culturales que cuestionaran el estado de las cosas en la sociedad…”.

En Mestiza, Lina trabajaba como diseñadora. “Con mi hermana estuvimos en varias ferias de diseño independiente. Antes de que me capturaran me había matriculado para comenzar una carrera sobre arte en madera en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Tenía una necesidad de seguir profundizando en esos conocimientos, y ya, me capturaron…”.

Después pasó al teléfono Alejandra Méndez, abogada de la Nacional, egresada en 2015. “Antes de la captura estaba trabajando como contratista para un proyecto de la Universidad Nacional, resolviendo solicitudes de indemnización para las personas afectadas por el relleno Doña Juana en 1997. Me encontraba en el terreno académico, hacía parte de la Escuela de Justicia Comunitaria de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional”.

Lizeth Rodríguez no le dio muchas largas a la pregunta: “soy abogada de la Universidad Nacional, llevaba mi vida trabajando como coordinadora del grupo de investigación de la Escuela de Justicia Comunitaria”. Natalia Trujillo, también abogada de la Nacional, me contó que era especialista en derecho constitucional: “antes de que me capturaran estaba trabajando en la asociación Defensa de Niñas y Niños Internacional. Soy profesional asociada ante la sección Colombia de ese movimiento mundial”.

¿Qué dicen ellas sobre el atentado?

A las cinco de la tarde del sábado 17 de junio, cuando los programas de televisión se congelaron para abrirle paso a la noticia de última hora con imágenes de terror en el centro comercial, Lina dice que ella y las otras mujeres estaban en actividades personales. “Yo por lo menos estaba en una reunión familiar. Me enteré por los medios de los que sucedió. Luego ya nos enteramos en la captura de que estábamos vinculadas a este hecho. Sentimos desde un comienzo que nuestra captura tenía el fin de manipular a la gente para guiarla hacia una tendencia electoral. Este tipo de hechos se utilizan para generar violencia política y lamentablemente quedamos en el medio”.

En conclusión, la respuesta del grupo de mujeres es que no, que ninguna participó en el atentado. Reconocen, no obstante, que sintieron seguimientos antes de ser capturadas: “en los juzgados comenzamos a ver personas que antes habíamos visto  muchas veces en la calle. En el barrio de mi mamá había carros que se parqueaban todo el día. Ya cuando teníamos las manos esposadas reconocimos a esas personas que nos estaban siguiendo. Los carros, vistos desde la ventana de la sala de audiencia, eran los mismos que se parqueaban frente a mi casa”, me cuenta Lina.

Existe un punto en el que las cuatro mujeres coinciden y es que, después de ocho meses, la Fiscalía estaría buscando que ellas se agoten, que al final acepten un preacuerdo, declarándose culpables. “Lo que buscan es que asumamos cosas que no hemos hecho. Cuando hablamos con la mayoría de mujeres aquí en la cárcel nos dicen que lo mejor es hacer un preacuerdo, que sale mejor así no lo hayamos hecho porque pasará más tiempo, toca pagar un abogado, en fin. Nosotras hemos tenido la fortuna de contar con el respaldo de amigos, organizaciones políticas y jurídicas, por eso descartamos esa posibilidad”.

Cuando les pregunto sobre las razones por las cuales la juez 47 de garantías les dictó medida de aseguramiento, considerando que representan un peligro para la sociedad, ellas dicen que no se cumplió con el artículo 308 del Código Penal de Procedimiento. “La justificación de la juez para enviarnos a la cárcel fue que nuestro caso tenía connotación nacional y que eran delitos muy graves”, dice Lina. “A nosotras nos inician la audiencia el 28 de junio, se hace una suspensión porque la juez dijo que tenía dolor de cabeza, luego hace una rueda de prensa admitiendo presiones por parte de la Fiscalía y finalmente esgrime razones que no están en el código penal para ordenar la medida de aseguramiento”.

Las pruebas, Semana y el MRP

Las cinco semanas que vienen serán álgidas para los abogados de Lina, Lizeth, Natalia y Alejandra. El primero de abril la Fiscalía destapará las pruebas que supuestamente tiene, como el video del café internet donde habrían buscado los planos del Andino, las banderas del MRP , los materiales que en teoría encontraron para elaborar bombas, entre otras 267 pruebas que asegura tener el ente acusador.  Sobre lo que va a pasar, Lina cuenta: “Hemos tenido bastantes problemas con la Fiscalía porque tuvimos la audiencia de acusación el 15 de diciembre. Se supone que después de la audiencia tienen tres días para el descubrimiento probatorio, algo que no ha sucedido. Llevamos un mes y medio tratando de acceder a esas pruebas y no ha sido posible”.

En los planes de ellas no estaba permanecer más de dos días en El Buen pastor. Lina dice que, desde el momento de apelación de las medidas de aseguramiento han esperado salir libres en el menor tiempo posible: “Lamentablemente nuestra defensa técnica no ha podido desempeñar su labor como nosotras quisiéramos, pues la Fiscalía no nos ha permitido acceder a todo el material probatorio. Como están las cosas, para poder defendernos con garantías, el proceso puede ser largo. Aquí hemos aprendido que en la cárcel no funcionan los tiempos de la voluntad sino los tiempos jurídicos”.

El pasado 11 de diciembre, revista Semana abrió su edición con el artículo “Cartas explosivas en el caso del Andino”, en el que asegura que los capturados del MRP “siguen urdiendo siniestros planes”. La afirmación se sustenta en unas cartas que supuestamente fueron encontradas en la celda de alias Mateo, uno de los capturados por el atentado del Andino.

Sobre las cuatro mujeres el reportaje no dice nada y se enfoca en los presuntos enlaces entre los hombres capturados del MRP y el ELN. En dos artículos anteriores, durante la época del atentado, la revista reveló que la Fiscalía tenía “pruebas comprometedoras”. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido los soportes de dicha evidencia.

Cuando les pregunto sobre el cubrimiento periodístico, Lina hace una lectura política al respecto: “Existe una vinculación muy honda entre algunos medios privados y el aparato estatal. Siento que buscan consolidar una postura al mostrarnos como culpables, insistiendo en que somos estudiantes de universidades públicas. Cuando dicen esto, crean la idea de que está mal ser de una universidad pública. Obvio, está mal poner bombas, sin embargo ellos van más allá y el mensaje que envían es que está mal pensar distinto. Además de la práctica habitual de los medios de juzgar, queda en evidencia la necesidad de que pensar distinto no se puede. Nosotras conocimos algunos elementos probatorios por los medios, y estas noticias, en donde claramente nos trataban como culpables, buscaban generar presión en los jueces”.

En ese momento nos quedamos en silencio. ¿Pero qué dicen sobre las pruebas de las que habla Semana, como los planos que imprimieron y las banderas del MRP que encontraron los investigadores?, les pregunto. “Estas pruebas no prueban nada”, sentencia Lina. “Los tales planos que se imprimieron no existen, no están dentro de los elementos probatorios. En los últimos días nos estaban vinculando ya con lo que ocurrió en Barranquilla, cuando llevamos siete meses privadas de la libertad, es absurdo. Cuando la Fiscalía se siente ahogada y se da cuenta de que sus elementos probatorios no son suficientes, buscan montarnos en otros hechos”.

Una duda que ha rondado en los últimos meses es si ellas tenían cercanía con los cuatro hombres detenidos en La Modelo, acusados del atentado.

¿Los conocían? “Sí, por supuesto, nos encontramos en muchas clases en la universidad. Nosotras estábamos en una corriente de pensamiento crítico que ayudó a levantar el movimiento estudiantil, en ese sentido compartíamos ideas políticas con ellos. Era una relación de ideas y afectos”.

La respuesta de Lina me lleva inmediatamente a pensar en las acusaciones de la Fiscalía sobre el MRP. ¿Se sienten identificadas con ese movimiento? “Sabemos que es una organización política que está naciendo, y lo hemos conocido por los medios. Sabemos que tiene incidencia en algunas ciudades de Colombia, pero más allá de eso no. No tenemos una afinidad con ese grupo, no hay tal”. Entiendo, digo, pero la Fiscalía dice que encontraron elementos alusivos al MRP, como banderas, ¿cómo van a refutar eso? “Todo eso tiene que ver con los peritos y nuestra defensa jurídica está trabajando en eso. Lo vemos como un montaje desde la Fiscalía, desde el primer momento”.

Los días en la cárcel

Cuando salieron del juzgado, con fotógrafos y cámaras de video persiguiéndolas, tenían miedo sobre lo que podía suceder en El Buen Pastor. Nunca habían estado allí. Más allá de los prejuicios, de la imagen construida sobre la cárcel, todas están de acuerdo en que lo más difícil de estar recluidas  ha sido “acceder al conocimiento. Por supuesto hay cosas incómodas, la distancia, la familia la comida…pero la imposibilidad de acceder al conocimiento determina la función última de la cárcel: reducir la perspectiva que podemos tener del mundo. Por supuesto no podemos acceder a Internet, tampoco podemos estudiar algo porque estamos sindicadas, no podemos utilizar el tiempo en actividades más allá de bordar, tejer… por supuesto eso no tiene nada de malo, pero nosotras veníamos con una actividad intelectual ardua”.

Lina se detiene para dar un ejemplo personal: “Hace unos meses hice una solicitud para continuar con proyectos, necesitaba libros de historia y teoría del arte. Hice una solicitud de los libros porque por supuesto no están en el catálogo de la biblioteca. La respuesta de la mayor fue que no, que esta biblioteca era absolutamente completa, lo cual no es cierto”.

Cuando les pregunto por las otras reclusas, me cuentan que llegaron en un momento de inflexión al patio, pues la mayoría de detenidas que pertenecían a las Farc estaban siendo indultadas: “Es ridículo hablar de fortuna en estas condiciones pero en cierta medida tuvimos la fortuna de llegar en un momento interesante al patio. Aquí había un ejercicio independiente sobre cómo se asumen las ordenes de la cárcel, las reclusas de las Farc y el ELN tenían una suerte de orden, de unión con las que fueron ejerciendo sus derechos, aun estando privadas de la libertad. Eso no se ve en otros patios. Esas cadenas que se generan a partir de la solidaridad daban una condición distinta frente a las directivas de la institución”.

La mayoría de presas políticas se fueron, quedaron 15 mujeres en el patio. “Cuando llegamos nos imaginábamos una cosa aterradora, pero ellas se comportaron muy bien con nosotras, nos recibieron con un plato de comida caliente, con cobijas, fue una solidaridad interesante”, cuenta Lina, haciendo también una reflexión a futuro: “Lo más difícil acá es la impotencia. No podemos hacer absolutamente nada. Esa sensación es muy difícil de manejar porque se está construyendo sobre nosotras un mito tremendo, un mito que no es sobre cualquier bobada. Esperar y esperar, eso es lo más complicado de estar acá”.

 

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