Foto: Pacifista

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Por: Javier Ciurlizza*

Antes de que fuera asesinado el Sábado 27 de enero, el activista colombiano y líder comunitario Temístocles Machado sabía que su vida podría correr peligro. Machado fue uno de los líderes más destacados en la defensa de los derechos colectivos, incluido el derecho a la tierra, en el puerto de la ciudad de Buenaventura, en la costa del Pacífico colombiano, la región más pobre del país.

El año pasado, los habitantes de Buenaventura y Quibdó llevaron a cabo una huelga para protestar contra el gobierno porque éste no proporcionó fondos para infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos esenciales. Experto en estas promesas rotas, Machado era uno de los líderes de la huelga y era también conocido como fuente de información sobre títulos de propiedad y servicios públicos.

Sus registros personales eran tan vastos, tan importantes, que el Centro de Memoria Histórica -una institución estatal que conserva registros y documentos sobre el conflicto armado en Colombia- optó por digitalizarlos y protegerlos.

Pero el propio Machado no estaba protegido. Por consiguiente, su nombre acabó agregado a una lista de líderes sociales asesinados en Colombia, una lista que no para de crecer. Las explicaciones, interpretaciones y excusas para explicar este hecho varían bastante. Pero los datos concretos son claros: según el último informe de Front Line Defenders, en Colombia fueron asesinados 105 defensores de los derechos humanos y activistas sociales en 2017, el primer año de vigencia del acuerdo de paz.


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Este número contrasta llamativamente con la tasa nacional de homicidios, que en 2017 fue la más baja desde 1975. Uno de cada tres activistas asesinados en todo el mundo el año pasado murió en Colombia.

Para los colombianos, esto trae una profunda e inquietante sensación de déjá vu. La gente recuerda y teme el regreso de tiempos aún más oscuros, como los del asesinato sistemático de activistas izquierdistas de la Unión Patriótica, un partido político que fue finalmente eliminado en los años 80 y 90 por una alianza de cárteles de la droga, paramilitares y fuerzas de seguridad.

Aún más cerca están el recuerdo de los asesinatos masivos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia, que comenzaron a fines de la década de 1990 y continuaron hasta su rendición, en 2005. Incluso los ex miembros de las FARC están expuestos a violencia grave: según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, a fines de 2017 habían sido asesinados 34 excombatientes.

En ciertas áreas, como la región de la costa del Pacífico, que cuenta con una importante población indígena y afrodescendiente, la violencia sigue siendo un problema franco y omnipresente. Y ahí resulta más difícil asignar la responsabilidad por los ataques sufridos recientemente.

Los disidentes de las FARC todavía operan activamente en el suroeste, entre otros lugares. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo guerrillero, han colapsado, creando la posibilidad de más violencia. Las pandillas criminales y los paramilitares buscan suprimir los movimientos sociales y sembrar el miedo en comunidades enteras. La inequidad solo empeora estos problemas.

Aunque la fiscalía general ha designado fiscales especiales, y el presidente Santos ha presionado personalmente para que haya más protección para los líderes amenazados, muy pocos casos de violencia contra líderes sociales alcanzan la fase judicial.

Una agencia estatal, la Unidad Nacional de Protección, proporciona protección física a más de 6.000 personas en el tercer trimestre de 2017. Pero en las áreas rurales, la protección es difícil de proporcionar y mantener. Y algunos líderes sociales rechazan la protección del Estado porque sienten que está en desacuerdo con su papel en las comunidades que representan y defienden.

Incluso en medio de tales desafíos, Colombia ha logrado progresar significativamente. Las instituciones estatales se han vuelto más efectivas para enfrentar el crimen violento, y los fiscales y jueces tienen protecciones más significativas que antes.


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La sociedad civil no solo es más resistente, sino que se ha vuelto más competente e influyente en la formulación de políticas. A pesar de las complicaciones, el acuerdo de paz con las FARC promete ser un punto de inflexión en la historia de Colombia, abriendo una ventana de oportunidad – especialmente para los territorios más afectados por la guerra interna— y ofrece una promesa de protección a líderes y organizaciones sociales, muchos de los cuales había sido silenciado violentamente.

Algunos analistas locales dicen que la nueva ola de violencia contra los activistas podría ser el resultado del vacío dejado por la desmovilización de las FARC y la feroz competencia por el control de las drogas, la minería ilegal y otras actividades delictivas posteriores. Otros señalan la complicidad de las autoridades locales.

Una cosa está clara: proteger a los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales sigue siendo una batalla cuesta arriba en Colombia. Más allá de la protección brindada por el Estado, varias organizaciones de la sociedad civil están trabajando para prevenir la violencia, con el apoyo de grupos internacionales como Protection International y Front Line Defenders.

Sus esfuerzos confirman la importancia de mantenernos optimistas sobre las posibilidades creadas por el proceso de paz y de ser activos en los esfuerzos para avanzar en él. Mientras trabajamos en ello, es igualmente primordial estar atentos a las vidas de héroes como Temístocles Machado.

*Javier Ciurlizza es director de la Ford Foundation para la Región Andina.

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