Foto: Unión Patriótica

Foto: Unión Patriótica

Por: Daniel Valero

“Si no se actúa con urgencia frente a asesinatos, amenazas, estigmatización y discursos del odio pueden repetirse escenarios de persecución y violencia similares al del genocidio de la Unión Patriótica”.

Esto puede verse como un lugar común o tal vez ser una de las advertencias más sonadas desde que se comenzó a formalizar la posibilidad de que las Farc sean un partido político tras dejar las armas, lo cual, por supuesto, no la hace menos irrelevante cada vez que se menciona. Y menos ahora que ese paso comenzó a darse desde este domingo.

Esto lo han dicho los mismos exguerrilleros –desde sus principales líderes hasta sus excombatientes más rasos–, algunos actores políticos y, entre muchos otros, sectores de la sociedad civil que siguen de cerca estos temas. No es para menos, pues fueron más de 3.000 las personas que asesinaron entre los 80 y 90 para exterminar a la Unión Patriótica.

Y ahora la alerta está consignada en un reciente informe conjunto de Indepaz y Marcha Patriótica, en el cual, claro está, se destacan las acciones gubernamentales que se han adoptado tras el proceso de paz de La Habana para brindar garantías para el desarme y reinserción de la que era la guerrilla más antigua del continente, pero en el que también se revelan unas cifras que vuelven a poner este tema en primera línea de discusión.

En el documento Trochas de Paz y Esperanza: informe nacional de derechos humanos enero – junio de 2017, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se revela que en cuatro meses asesinaron a 23 personas relacionadas con las Farc.

El informe indica que entre el 14 de abril y el 17 de agosto de este año se registraron 12 homicidios de miembros de las Farc que estaban acogidos a los parámetros del proceso de paz y, además, ocurrieron otros 11 de familiares de integrantes de este grupo que por más de 50 años fue ilegal.

Estos crímenes, de acuerdo con el informe, se dieron “en acciones desarrolladas con sevicia y en algunos casos han precedido de amenazas y/o torturas, y han sido causadas con armas de fuego”.

Y a renglón seguido advierte: “Pese a la abundante implementación normativa en materia de garantías de seguridad y protección, y a los compromisos del gobierno nacional por desarrollar acciones eficaces que pongan fin a las afectaciones de derechos de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y de Familiares, se reportaron violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad”.

En este trabajo conjunto se aclara que en 13 de estos casos el autor del crimen es desconocido; en nueve se responsabiliza a lo que estas organizaciones denominan “paramilitares” y uno más se le adjudica a ELN, guerrilla que se encuentra en fase de negociación con el Gobierno. Aquí hay que dejar claro que las autoridades aún no han corroborado estas afirmaciones.

Y para aumentar la preocupación sobre lo que es el futuro en materia de seguridad de quienes militan en las Farc y, por supuesto de sus familiares, el informe documenta dos atentados en los que se vieron involucrados tres miembros de esta organización (ahora en tránsito a la política). Los casos se registraron en Cauca y Nariño.

“A lo anterior se le suma que, pese a estar desarrollando tareas relacionadas al acuerdo de paz, se tiene un sub registro de 31 hombres y mujeres que han sido retenidos por integrantes de la fuerza pública”, añade el informe.

Lo menos conveniente que podría pasar en esta etapa de posconflicto es que se repitan los hechos que ensangrentaron a Colombia con el genocidio de la Unión Patriótica, que incluso les costó la vida a dos precandidatos presidenciales y llevaron al que ahora es el número dos de las Farc, ‘Iván Márquez’, a regresar a la clandestinidad tras dejar una curul en la Cámara de Representantes.

‘Márquez’ también es consciente de que eso no se debe repetir y que ahora su principal apuesta es la política, por eso jugaron sus cartas en la mesa de negociación de Cuba. Y es por eso que advierte de forma directa que se deben tomar acciones. “Le pedimos al Gobierno que actúe a través de las instituciones correspondientes para poner fin a la matanza de exguerrilleros y milicianos”, dijo en sus redes sociales, a lo que agregó: “No más exterminio de alternativas políticas como ocurrió con la UP en un país que ha firmado un Acuerdo de Paz que hoy es referente mundial”.

Lo que buscan las Farc, de acuerdo con lo que sus voceros esbozaron este domingo en Bogotá durante la primera cita oficial de la instancia que diseñará su partido político, es abrirse como opción electoral en todos los niveles democráticos y atraer hacia sus filas la mayor cantidad de adeptos que les sea posible. Ya el que lo logren será otro debate, pero las garantías para hacerlo han sido ratificadas hasta por el propio presidente Juan Manuel Santos, de ahí que este tipo de informes generen alertas que deben ser analizadas.

De hecho, el expresidente Ernesto Samper asegura que “el asesinato de líderes sociales, exguerrilleros de las Farc y sus familias amerita cumbre presidencial, con agencias encargadas de preservar sus vidas e integridad. No caigamos en otra Unión Patriótica”.

La mayoría de los casos que se han registrado se presentaron en zonas en las que tenían presencia las Farc cuando eran guerrilla, como en Antioquia y Caquetá, de ahí que el Gobierno esté implementando mecanismos para garantizar la seguridad en las áreas en las que permanecen desde la legalidad y, por supuesto, durante sus tareas proselitistas.

Asesinatos de líderes sociales

Esta alerta que sobre las garantías de seguridad que se acordaron entre el Gobierno y las Farc para dejar las armas y convertirse en fuerza política vienen acompañadas de otra situación que ha generado debate. Se trata de los asesinatos y amenazas a líderes sociales en diferentes regiones, caso que de acuerdo a Indepaz y Marcha Patriótica han estado relacionados con sus actividades.

Dice el documento elaborado por estas dos organizaciones que en lo que va del año se registraron “484 casos documentados” de violaciones a los derechos humanos, de los cuales 133 fueron asesinatos. Y añade el informe que de estos crímenes 101 se produjeron contra “líderes comunitarios o de organizaciones sociales”.

En el informe se indica que en el 2016 se presentaron 68 casos de este tipo, por lo que las alertas por las amenazas a estos grupos poblacionales de volvieron a prender este año y más por el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Cauca (24), Antioquia (15) y Valle (12) son los departamentos que mayores índices de asesinatos de líderes sociales han registrado en lo que va del 2017.

“Muchos de los homicidios se presentan en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas, las conflictividades violentas persisten alrededor de la tierra, megaproyectos viales y minero energéticos y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de la minería ilegal”, precisan Marcha Patriótica e Indepaz.

Este tampoco es un tema menor. La Defensoría del Pueblo dijo recientemente que entre enero del 2016 y julio de este año se registraron 186 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y, de acuerdo con el Programa Somos Defensores, en el primer semestre del 2017 se contabilizaron 51 asesinatos de personas ligadas a este tipo de actividades.

La situación –que como se ve tiene distintas cifras, pero todas alarmantes– genera preocupaciones en distintos sectores, desde el Gobierno hasta en las propias organizaciones civiles. La razón está en que ellos en gran medida son quienes ayudan a viabilizar el posconflicto en las regiones más apartadas y, además, se convierten en la voz de las personas que precisamente habitan en esas áreas golpeadas por la guerra y abandonadas durante años por el Estado.

Para la columnista Claudia Morales, según lo dijo recientemente en El Espectador, esta situación demuestra que “seguimos naturalizando los homicidios, que desde todas las instancias se oyen discursos retóricos y que, a pesar de los esfuerzos de muchos, la cultura del conflicto armado sigue intacta”.

Y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reconoció en julio pasado –antes de que se conocieran los informes aquí citados– que “la información que tenemos es que las amenazas son a causa del trabajo que realizan en favor del proceso de paz”.

Además, de acuerdo con un documento que el Ministerio de Defensa le envió en enero de este año al Congreso de la República, la Fuerza Pública ya está trabajando para “mitigar el índice de homicidios y lesiones ligados a su condición”, puesto que hay –añade– “obligación de la institucionalidad y el Estado en la protección de las minorías”. De hecho, agrega que cada 15 días se realizan mesas de trabajo entre “diferentes Direcciones de la Policía Nacional” para atender esta situación.

Todo este panorama, sumado a otras alertas como la actuación de grupos ilegales relacionados con el narcotráfico y, entre otras actividades ilícitas, con el secuestro en zonas que antes dominaban las Farc, tienen a un importante sector del país en alerta para evitar un nuevo genocidio o que se torpedee la paz.

Los compromisos de Colombia a nivel internacional, su historia y sobre todo el anhelo de finalizar exitosamente la guerra hacen que varios sectores –en especial la sociedad civil– estén en alerta para evitar nuevamente un derramamiento de sangre que golpee lo hasta ahora logrado y devuelva al país a una situación que tardó más de 50 años en poder solucionar.

Seguridad en varios países de América Latina

Si algo es claro es que la situación de Colombia en materia de seguridad es diferente a lo que pasas en otros países de la región, pues en ningún otro se contaba con el deshonroso récord de contar con el conflicto armado más largo del hemisferio y de tener a la guerrilla más vieja del continente.

Sin embargo, el hecho de haberle puesto punto final a esa guerra hace que el país pueda mirar otros aspectos de su cotidianidad como la seguridad ciudadana, la cual vienen siendo tema de análisis en otros Estados desde hace un buen tiempo. Eso mismo, claro está, impone la necesidad de mirar lo que pasa por fuera de las fronteras colombianas para aprender de los errores y evitar situaciones que degeneren en nuevas formas de violencia.

Recientemente se publicó la encuesta de LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina –siglas en inglés–), de la Universidad de Vanderbilt, que analiza la percepción sobre los homicidios en 6 de los países más violentos de América Latina.

En este estudio se analizaron los casos de Brasil, Venezuela, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se reflejan situaciones como que una gran mayoría de ciudadanos de estas naciones sienten temor de ser víctima de homicidio y, por ser un sondeo urbano, se constató que, además, por lo menos una tercera parte de los entrevistados reconocen que se han registrado asesinatos en sus barrios durante los últimos 12 meses.

En concreto sobre este último ítem el resultado fue así: “Seis de cada diez personas en Brasil y Venezuela afirman que han ocurrido asesinatos en su barrio en el último año. En México cinco de diez, en Guatemala cuatro de diez, en El Salvador y Honduras tres de diez”.

Gráficos: Encuesta LAPOP

Otra situación que quedó en evidencia en este estudio, denominado Encuesta LAPOP / Instinto de Vida’, es que los habitantes de los seis países analizados sienten temor, y en algunos casos “mucho temor” de convertirse en víctimas de un asesinato. Esto se traduce en que la percepción de seguridad no es la más óptima.

“En cuanto al temor a ser víctima de un homicidio, el país que encabeza la lista es Venezuela donde 5 de cada 10 personas siente “mucho temor”, seguido por Brasil con cuatro de cada diez. En El Salvador, Guatemala y Honduras esta proporción desciende a tres de cada diez y en México dos de cada diez”, puntualiza el informe.

Para buscar soluciones a estas preocupaciones ciudadanas también se indagó sobre quién debe asumir el liderato para contrarrestar estos hechos, en lo cual se dividieron opiniones entre el Estado y los propios ciudadanos.

Por ejemplo, en países como Venezuela y Brasil, duramente golpeados por las crisis políticas que atraviesan internamente –que además han derivado en fuertes protestas sociales–, la mayoría de consultados afirma que el liderazgo en la reducción de homicidios lo debe tener el Gobierno. Y, en contraste, México se erige como la nación en la que la mayoría piensa que son los mismos ciudadanos los que deben asumir ese papel.

Dicen los investigadores del proyecto LAPOP que “la mayoría de los ciudadanos afirman que para disminuir los homicidios el gobierno debe invertir en medida de prevención, por encima del aumento de los castigos a los delincuentes”.

Gráficos: Lapop

Gráficos: Lapop

Y añade: “Destaca que países como Honduras y El Salvador, donde han sido aplicadas medidas vinculadas a la “Mano Dura” sean aquellos en los que la preferencia por las medidas preventivas sea más alta. Por el contrario, Brasil, que tiene una tasa de homicidio más baja es el país que tiene mayor preferencia por el aumento de los castigos”.

Es por esto que Robert Muggah y Juan Carlos Garzón, investigadores del proyecto LAPOP, dijeron en un reciente artículo conjunto para Los Angeles Times que entre la misma ciudadanía crece con fuerza la noción de que esa denominada “mano dura” impulsa más la violencia y que precisamente, esta evidencia no puede ser ignorada por los gobiernos latinoamericanos.

Afirman Muggah y Garzón que “las duras medidas punitivas que privilegian la represión policial, las condenas draconianas y el encarcelamiento masivo pueden empeorar mucho el problema de los homicidios. Las políticas de prohibición de las drogas que se aplican con agresividad y los programas de abstinencia de drogas que no dicen nada son aún más perjudiciales”.

Y es que para el caso de Colombia este tipo de situaciones no deben ser ajenas, pues en su territorio también se sienten este tipo de percepciones y lo que menos quiere la ciudadanía es que el miedo afecte su diario vivir. Un ejemplo de análisis es lo que pasó concretamente en El Salvador que, tras la firma de la paz en 1992, ha sido golpeado por un fuerte fenómeno ilegal de pandillas que tiene tentáculos en todas las esferas de la sociedad de ese país centroamericano.

El rector de la Universidad Luterana de El Salvador, Fidel Nieto, dice en un artículo publicado en ‘Pueblos – Revista de Información y Debate’, que en los últimos 25 años ese “fenómeno de violencia” se ve reflejado en que “se ha cobrado la vida de aproximadamente 100.000 personas”. Y no es tema menor, pues dichas pandillas se gestaron tras la firma de la paz por falta de oportunidades, desarrollo social y hasta incumplimiento de acuerdos, algo que en Colombia se debe evitar a toda costa.

Y como dicen los investigadores de LAPOP, algo que puede ser leído en clave de mensaje para Colombia, “las estrategias más eficaces para reducir la violencia letal son invertir recursos en la estabilización de hogares vulnerables y promover una educación de menores positiva”. Solo el tiempo dirá si se hizo correctamente la tarea, lo ideal es que así sea.

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