Cientos de personas se manifestaron este sábado y domingo en contra del proyecto. Piden desmantelarlo y reintegrar a los damnificados. Foto: Movimiento Ríos Vivos.

Después de que la Contraloría corroborara irregularidades en diseño y licenciamiento ambiental, las comunidades en Ituango salieron a las calles a pedir que la megaobra se desmantele.

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La tragedia humanitaria en Hidroituango no para. Desde que la creciente del río Cauca en Antioquia generó una emergencia que obligó a evacuar a más de 5.000 personas y a mantener en alerta a más de 130.000, los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, así como cientos de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia –los más afectados– viven una verdadera crisis que parece no terminar. Las organizaciones sociales denuncian que las condiciones en los albergues en donde fueron reubicadas la mayoría de familias no son las mejores, pues están ubicados en zonas que la misma Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres declara en alerta roja. Además, dicen, los subsidios no llegan, se siguen presentando derrumbes y no hay atención suficiente para los niños, quienes tienen que asistir a la escuela en condiciones de hacinamiento.

La indignación creció en las últimas semanas cuando la Contraloría corroboró que hubo irregularidades en el diseño de la obra, en su licenciamiento ambiental y que decisiones para ahorrar tiempo y dinero fueron las que finalmente terminaron por causar la tragedia de hace ya cuatro meses. Después todo esto y en el marco de una movilización por el cambio climático, las comunidades en Ituango salieron a las calles este fin de semana para pedir que la megaobra se demantele. Rogaron que la zona de la tragedia se reconstruya y se estabilice de manera integral para todos los damnificados.

Crónica de un desastre…¿anunciado?

En este momento, según las organizaciones, Hidroituango representa un  riesgo para aproximadamente 300 mil personas. No obstante, con el argumento de la importancia que tiene para el país en cuanto a generación de energía eléctrica, se han querido ahogar las evidencias sobre sus costosos e irreversibles daños.

Así lo aseguran integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes desde 2016 llevan alertando sobre la tala indiscriminada de más de 4.000 hectáreas de bosques —los mismos que hoy han sido uno de los factores de obstrucción para los túneles de la represa—, la desaparición de cientos de especies, el impacto sobre la actividad cultural ancestral del barequeo y el desconocimiento de los derechos de personas y comunidades que han sido desalojadas de sus ríos y veredas. Las organizaciones también han hecho público el aumento del parque automotor y la quema de combustibles fósiles a raíz de la obra que, cuando la potente avalancha de finales de abril sucedió, puso en la mira a Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de ejecutar el proyecto.

En todo caso lo urgente es que la situación humanitaria continúa y cada día parece empeorar. El mes pasado, las precipitaciones hicieron que el embalse subiera su nivel nueve metros y varios de los líderes opositores al proyecto han sido amenazados incluso de muerte. Desde Ríos Vivos aseguran que sienten que los están dejando solos con un problema gigantesco ya que “acá hay derrumbes todos los días, hay paros de transportadores, la comida vale mucho, entrar al municipio es muy complicado y además no se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar con la obra”, dijo Isabel Zuleta, una de las líderes de la organización integrada por 15 asociaciones de campesinas y campesinos.

Por un mundo sin combustibles fósiles y sin represas las comunidades en Ituango protestaron este fin de semana. Pidieron que la megaobra se desmantele. Foto: Isabel Cristina Zuleta.

Aguas arriba no hay atención humanitaria y aguas abajo el riesgo sigue latente, eso es lo que denuncian las organizaciones. Aún hoy no se sabe cuándo es la fecha límite de la emergencia para las comunidades afectadas de toda la cuenca y miles de habitantes protestan que es inaceptable una alerta infinita. Estela Posada, una damnificada trasladada a un refugio en Ituango, le describió a Divergentes la crítica situación.

“Nos trajeron a la cabecera municipal de Antioquia al coliseo de Ituango. La situación es muy dura porque únicamente tenemos la ayuda de las organizaciones, la gente de buen corazón porque de parte del departamento o la administración no hemos recibido nada. Cocinamos con leña, los baños están tapados y en muy malas condiciones. A veces podemos comer dos comidas, pero a veces solo una, dormimos en el piso, con mucho frío y enfermos pues no hemos recibido atención médica. Estamos acá desde el tres de mayo porque en el río prácticamente las casas de nosotros están 50 metros bajo el agua. Ya no hay cómo volver”, comentó Posada.

Para muchos campesinos como Estela, que se había dedicado toda la vida a ser barequera, el río Cauca lo era “todo”, pues también representaba costumbres y arraigo cultural. Además, la comunidad afirma que se siente desgastada y con miedo ante las  amenazas de diferentes grupos armados que están presentes en la zona. “Yo no salgo a la calle del miedo. La empresa nos dice que no tenemos derecho a nada que porque llegamos al río después de que ya habían hecho censos y por eso no estábamos incluidos. Pero es que ellos hicieron censos en puentes y carreteras, pero a la orilla del río no llegaron”, agregó esta mujer.

Los informes

Eso de que la tragedia no fue desastre natural sino una tétrica suma de errores e irregularidades en diseño, licenciamiento ambiental y decisiones para ahorrar tiempo y dinero, resultó ser cierto. Ya lo venían denunciando diferentes asociaciones y activistas, así como las comunidades afectadas en general, pero un informe de la Contraloría publicado hace unas semanas lo terminó de comprobar. Según el ente de control, si bien es cierto que el Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango (PHE-PI) es el megaproyecto más grande que se realiza actualmente en Colombia y su propósito es garantizar la suficiencia eléctrica del país en la próxima década, no se pueden desconocer los graves problemas de estudios, diseños, ingeniería y ausencia de planes de contingencia reales.

Hay derrumbes todos los días, paros de transportadores, la comida vale mucho y entrar al municipio es muy complicado

De acuerdo con el informe de la Contraloría, “son bastantes las debilidades y errores encontrados en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento, como lo es la aprobación de la licencia por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas y además su impacto a nivel poblacional implica afectar la vida, la cultura y la economía de más de 26 mil personasque viven aguas arriba y aguas abajo del sitio de presa en el área de influencia en las márgenes del Río Cauca, uno de los más caudalosos del país”.

El ente de control señala que lo anterior se hace más grave si se tiene en cuenta que en el otorgamiento de la licencia no se exigió el “Diagnóstico Ambiental de Alternativas”, a través del cual se podía evaluar y determinar si esa era la mejor opción desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar este gran proyecto. “Frente a los aspectos técnicos no hubo autoridad en el Gobierno Nacional que los evaluara; es así como hoy para proyectos de esa envergadura no existe un organismo que evalúe las condiciones técnicas y de ingeniería, distintas a lo ambiental y social, que permita tener la seguridad dentro previsible, que no van a presentarse fallas como las ocurridas en el proyecto Hidroeléctrico de Ituango en el primer semestre del año 2018”, dice la Contraloría.

Por la ausencia de estudios y diseños reales, a lo largo de la obra se hicieron 12 modificaciones a la licencia ambiental y el desarrollo de una importante construcción dentro del proyecto fue llevada a cabo en más del 90% sin autorización de la Autoridad Nacional Ambiental (ANLA). Entre otras cosas también se encontró que, para ganar 6 meses en la entrega, se ordenó cierre con cemento de túneles de emergencia sin que la represa estuviera terminada. Es decir, dejaron un solo túnel que no estaba en el diseño inicial poniendo en riesgo la vida de miles de personas, así como las finanzas de la compañía. En fin, un total de 35 irregularidades que parecen darle la razón a los opositores del proyecto.

No obstante, la ANLA se ha defendido diciendo que la licencia la emitió realmente el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues en ese entonces la agencia ni siquiera existía. Esta se creó en 2011 y asumió el conocimiento y monitoreo del proyecto hidroeléctrico apenas hasta 2012. Mientras tanto, EPM dice que la construcción de su proyecto siempre ha contado con el debido acompañamiento de las autoridades competentes.

Uno de los bolsos artesanales que hacen las mujeres damnificadas para sostenerse. Foto: Movimiento Ríos Vivos.

Tal es la situación de emergencia en el territorio, que las comunidades ahora elaboran artesanías para resistir con dignidad. “Estamos haciendo bolsitos, con eso nos ayudamos. Vendemos a veces cuando vienen periodistas, nos compran y con eso conseguimos toallas higiénicas, comida, lo que nos haga falta”, relata una de las mujeres damnificadas en el refugio en donde también se encuentra Estela Posada.

Aunque la manifestación del sábado estaba enmarcada en una movilización mundial por un mundo sin combustibles fósiles, en Ituango tenía una connotación diferente. Era un grito de ayuda, un clamor de atención. Las organizaciones alegaron que las autoridades no tienen voluntad de reunirse con ellas y por eso solicitaron reuniones de carácter urgente con el Ministro de Ambiente, el Ministro de Minas y Energía, el Director de Corantioquia, el Director de la ANLA, el Fiscal general, el Procurador general, el Defensor nacional del pueblo y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. “La situación es insostenible, no podemos más”, gritaron en la movilización.

 

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