Foto: Cristian Garavito | El Espectador

¡Pacifista! reproduce este artículo en el marco de su alianza informativa con el diario El Espectador. Vea la nota original aquí.

Por Redacción Política – El Espectador

18,3 %. Ese es el avance porcentual sobre la totalidad de la implementación normativa del acuerdo de paz que el Gobierno y las Farc firmaron el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de Bogotá. La cifra es del informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) que será presentado este jueves en la reunión que sostendrá el presidente Juan Manuel Santos con el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) en la Gobernación de Bolívar.

El documento considera como un fracaso el período legislativo durante el que funcionó el “fast track”, señalando que de 24 iniciativas de paz sólo fueron aprobadas 10, en las que no se incluyó la Reforma Rural Integral, parte del primer punto del acuerdo y considerada fundamental para la consecución de una paz estable y duradera. De hecho, presenta serias dudas frente su aprobación a través de la vía extraordinaria, pues, su discusión cae en medio de la campaña electoral a Congreso y Presidencia, en el primer semestre de este año.

Dentro de las recomendaciones que entrega el informe al Gobierno está la necesidad de que la implementación sea más “contundente e intensa” y que se tenga en cuenta que el acuerdo firmado representa un compromiso de Colombia con la comunidad internacional. Respecto del informe del mismo observatorio, conocido en octubre de 2017, la implementación desde esa fecha sólo ha avanzado en un 0.3 %.

1. Reforma Rural Integral: 5 %

La Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo, es uno de los pactos fundamentales porque dentro de sus objetivos está el de solucionar una de las causas estructurales del conflicto en el país: el acceso a la tierra. De acuerdo con el informe, a un año del inicio de la implementación del acuerdo, no hay avances legislativos en cuanto al acceso y la formalización del acceso a la tierra, que incluye asuntos como la constitución del Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas, la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas, la realización del catastro multipropósito, la Jurisdicción Agraria y el Registro de Sujetos de Ordenamiento Social.


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Por otra parte, avanza muy lentamente la implementación de los Planes Nacionales (4 %) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con un 12 %. Explica que la paz en el campo colombiano está relacionada con tres cambios sustanciales que están contemplados en los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz: “No es posible sustituir eficazmente cultivos de uso ilícito (punto 4 del Acuerdo) sin asumir la transformación estructural del campo, las iniciativas para cerrar las brechas entre campo y ciudad y la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en las zonas más afectadas por el conflicto que contempla el punto 1 del Acuerdo”.

El informe también indica que, en lo referente al enfoque de género para el punto 1, sólo el decreto de vivienda social rural que establece que el acceso a las soluciones de vivienda será equitativo, que las mujeres tendrán una participación activa en la definición y ejecución del plan y que uno de los criterios para la priorización de subsidios familiares de vivienda será el de mujeres cabeza de familia y madres comunitarias.

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2. Participación política: 19,2%

El preámbulo del acuerdo final enunciaba la necesidad de dar cabida al pluralismo y a la inclusión política en la democracia del país. “La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”, indica con precisión el documento. Por esta razón, en el segundo punto del acuerdo, recae un peso importante en la transición hacia una Colombia en paz. Sin embargo, después de más de un año de la firma en el Teatro Colón, su implementación no llega ni a una quinta parte de su totalidad.

Este punto abarca, principalmente, tres aspectos: estatuto para la oposición política (100%), mecanismos democráticos de participación ciudadana y de garantías a la protesta pacífica (10%) y medidas efectivas para garantizar una mayor participación política nacional y territorial (28%). Aunque este primero se aprobó con el Acto Legislativo del Estatuto para la Oposición, que era un deber del Estado desde la Constitución de 1991 y que es una comisión de garantías para ejercer la oposición política en el país, el 2017 estuvo marcado por modificaciones, incumplimientos y dilaciones por parte del Congreso.

Los mecanismos democráticos de participación ciudadana presentan el mayor atraso en la implementación, así lo señala el informe. Una de las medidas claves para avanzar en este punto es el Proyecto de Ley Estatutaria 099 de 2017, el cual fue radicado ante el Senado de la República el 23 de agosto de 2017. Sin embargo, aún no está agendado para su discusión en primer debate. Por su parte, las garantías para el aumento de la participación comprendían dos grandes mecanismos: la Reforma Política y las Circunscripciones Especiales de Paz. Ambas se hundieron.

El acto legislativo, si bien contenía medidas claves para fortalecer la democracia interna de los partidos, no tuvo en cuenta disposiciones previstas en el Acuerdo de Paz, según lo informa el reporte. Además, luego de siete meses de debates “y un proceso legislativo lento y tortuoso”, el 29 de noviembre, el Senado derrumbó la Reforma Política y Electoral. Las Circunscripciones Especiales de Paz, un mecanismo de representación para las víctimas y las comunidades más excluidas de las zonas afectadas por conflicto, también fue archivada el pasado 30 de noviembre, cuando el presidente y el secretario del Senado interpretaron que no se obtuvo la debida aprobación al obtener 50 votos, a pesar de las tres sentencias judiciales que obligan al Congreso a cumplir con la Ley.

3. Fin del conflicto: 33 %

Es el punto que más avance tiene, básicamente, porque tiene que ver con cuestiones, sobre todo, operativas para la terminación del conflicto armado con las Farc. Dentro de sus componentes están el cese bilateral del fuego y la dejación de armas (100 %), las zonas veredales (27 %), reincorporación política (45 %), reincorporación social y económica (61 %) y el Sistema Integral de Seguridad y Desmonte del Paramilitarismo (26 %). Asimismo, ya se hizo la creación del partido político de la exguerrilla (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC), y se logró la garantía de las diez curules en Cámara y Senado durante los próximos dos períodos constitucionales. Por otro lado, la FARC eligió a Rodrigo Londoño, Timochenko, como su candidato presidencial para los comicios de 2018.


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En cuanto a la reincorporación económica y social, el decreto 899 de 2017 dio marco normativo a la creación de Ecomún, como cooperativa de economía solidaria con el objetivo de promover el proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes. De igual manera, se entregó el censo socioeconómico de la exguerrilla que permitió conocer la información de los hombres y mujeres que hicieron parte de la estructura armada, con el fin de facilitar el proceso de reintegración a la vida civil y definir programas económicos, sociales y culturales.

Queda la preocupación sobre el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que tiene los componentes de adecuación normativa, prevención, protección y evaluación y seguimiento y su implementación normativa e institucional. En total, este asunto dentro del punto 3 ha avanzado en un 26%. En lo que menos hay avance es en las medidas de prevención (6 %), que contempla, entre otras cosas, el programa de visibilización de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos y el sistema de alertas tempranas. En cuanto a las medidas para el desmonte de organizaciones paramilitares hay avances con la creación de la Comisión de Seguridad, que tiene por objetivo el seguimiento a la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. “Aún no se implementa la depuración de los bancos centrales de inteligencia, el ejercicio de control y seguimiento a la financiación, idoneidad y riesgos de corrupción de funcionarios públicos y el mejoramiento de la vigilancia y seguimiento de los servicios privados de seguridad”, señala el informe de al OIAP.

La exguerilla bautizó el nuevo partido político como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). | El Espectador

4. Solución al problema de drogas ilícitas: 6 %

En este punto, según el informe, el esfuerzo del Gobierno se ha concentrado en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, cuya implementación en término normativos e institucionales está en 20 %, sin embargo, otros programas que se acordaron para solucionar los problemas de producción y comercialización de narcóticos (narcotráfico) y de prevención y tratamiento de salud pública al consumo de drogas marcan un 0%.

El Gobierno Nacional, en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo, anunció que la meta de erradicación de cultivos ilícitos era de 100 mil hectáreas para el final de 2017, la mitad con erradicación forzada y la otra mitad con la sustitución voluntaria con familias que desearan cambiar los cultivos de uso ilícitos por otros productos. “El énfasis principal es erradicar los cultivos de coca aun por encima de la estrategia de sustitución voluntaria, gradual y concertada con el campesinado cocalero”, dice el informe.

Para este año, la meta es erradicar de manera forzada 40.000 hectáreas y llegar a acuerdos de sustitución para lograr otras 23.000 hectáreas. Agrega el documento: “Las propias comunidades han advertido que la estrategia puede fracasar si no se cumplen los planes y programas de reforma rural integra que permita a los cultivadores no volver a sembrar después de sustituir o erradicar los cultivos y si no es efectiva la presencia social del Estado en las zonas que antes estaban controladas por las FARC-EP y que ahora son copadas por nuevos actores armados.

5. Víctimas: 9,3 %

La implementación normativa del acuerdo de paz en cuanto a las víctimas no supera el 10 %, y dentro de este porcentaje se contempla la aprobación del Acto Legislativo que da vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la aprobación de la Ley Estatutaria que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En otros puntos también hay avances: Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) avanza (12 %) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (70 %). Sin embargo, los retrasos en cada una de las disposiciones generan efectos negativos en el conjunto.

Hay un punto importante que es la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, creada por el acto legislativo 01 de 2017. Para esta fue expedido el Decreto 589 de 2017, que organiza el funcionamiento de la unidad, sin embargo, aún debe ser revisada por la Corte Constitucional.


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Por otra parte, la JEP, ya aprobada, deberá también ser revisada por la Corte. Una vez surtido este trámite, se iniciarán diferentes acciones, como la creación de la Secretaría Ejecutiva encargada de la administración y gestión de recursos de la JEP; la expedición del reglamento de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; la expedición de las normas procesales que regirán los procedimientos, la creación y organización de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, por los y las magistradas de la jurisdicción; la creación y organización de la sala de Amnistía e indultos, por los y las magistradas de la jurisdicción; la creación y organización de la sala de definición de situaciones jurídicas, por los y las magistradas de la jurisdicción, la definición de los mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad; la organización de la unidad de investigación y acusación; y la creación del mecanismo de consulta con víctimas para proyectos productivos propuestos por los comparecientes a la JEP.

6. Mecanismos de implementación y verificación: 23%

El punto seis del acuerdo se refiere a la creación de mecanismos de seguimiento para garantizar su implementación, teniendo en cuenta el componente internacional de verificación y acompañamiento. El Plan Marco de Implementación sería la herramienta para articular dichos mecanismos, sin embargo, a un año de la firma del Acuerdo, no ha podido salir a la luz, a pesar de que debía estar listo cuatro meses después, es decir, a finales de marzo del año pasado.

Aunque la delegación del Gobierno Nacional en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final entregó una propuesta en junio y el nuevo partido político FARC anunció un acuerdo para su promulgación en noviembre, el 2018 llegó sin ser testigo del mencionado Plan.

El atraso se debe en mayor medida a su componente étnico. Según el reporte, “durante el proceso de Fast Track se desconoció a los Pueblos Étnicos y hay la percepción de que los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y ROM fueron marginados de las discusiones que implica la implementación, desconociendo el espíritu del Acuerdo en cuanto a la participación de estas comunidades”.

Entre los temas pendientes están la estructuración del programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, Embera Katio del Alto San Jorge, Resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvarado y Jiguamiando, la creación de mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena en el marco de la JEP y la instauración del Programa Especial de Armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos pueblos.

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