Protesta de indígenas Pijaos en el puente de Saldaña, Tolima. Foto: Onic

Las comunidades indígenas del país pensaban que el 2017 sería distinto, que por primera vez en cinco años no tendrían que salir a marchar por problemas que, en su mayoría, podían tener solución con la implementación de los  Acuerdos de Paz de La Habana. Después de que tres líderes indígenas fueran asesinados en menos de 15 días, se les acabó la paciencia a las organizaciones étnicas. La muerte de sus integrantes develaba el punto máximo de fragilidad en el que se encuentran. No les quedó otro camino que convocar a una minga nacional en 20 departamentos del país.

La minga comenzó este lunes con una protesta de 2.000 indígenas en la vía a Buenaventura, sector de Loboguerrero. Poco a poco fueron germinando otras manifestaciones, como en Caldono, norte del Cauca. Se espera que en el transcurso de la semana se vean concentraciones de la minga en Risaralda, Huila, Caquetá, Arauca, Putumayo, Leticia, Tolima, Sucre, Córdoba y Chocó. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, dijo que esta era la última carta después de múltiples reuniones fallidas que sostuvieron con el Gobierno Nacional.

“Desde 2013 tenemos acuerdos específicos con el Gobierno y no se han cumplido, como la compra de tierras para los resguardos, la expedición de un decreto que nos reconozca como autoridades ambientales, el incremento del 1% en el Sistema General de Participaciones y la protección de líderes indígenas amenazados. Hoy nos están asesinado”, dijo Arias, quien ha sido el principal interlocutor de los indígenas con el Gobierno para la implementación del proceso de paz.

De hecho, como lo contamos en ¡Pacifista!, los grupos indígenas y afrodescendientes no han sido tenidos en cuenta en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de paz. Pese a que el Ministerio del Interior se comprometió a incluir un componente étnico en este plan, las reuniones no han resultado fructíferas. En teoría, el 6 de octubre tenía que estar lista la propuesta de inclusión de etnias en el Plan Marco de Implementación. “Seguimos por fuera del acuerdo de paz, por eso estamos en la minga”, nos dijo Arias.


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El problema del Plan Marco de Implementación es solo uno de los puntos centrales de la minga. El asesinato de indígenas, como el caso de los dos indígenas Awá asesinados en las últimas semanas en Tumaco, es también otra de las protestas de la minga. Y más recientemente, el caso de Aulio Isaramá, líder indígena en Chocó, quien fue asesinado por el ELN el pasado 24 de octubre.

Hasta el momento, la vocería del Gobierno la ha asumido el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien ha intentado acercarse a los indígenas del Cauca para evitar eventuales bloqueos. Sin embargo, no se conocen propuestas concretas para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas ni de los líderes sociales en general.

El tercer punto en el que hace énfasis la Onic es la compra de tierras para los resguardos indígenas. Este problema viene desde hace varios años. Por ejemplo, en 2015 la misma Contraloría llamó la atención por la ineficiente gestión del Gobierno en la adquisición de tierras para comunidades afro e indígenas. Desde entonces se han conocido medidas aisladas del Gobierno. Una, por ejemplo, fue la adjudicación de 7.600 millones de pesos a mediados de 2016 por parte del Ministerio de Agricultura para las comunidades indígenas del Huila.

En las promesas legales tampoco hay avances. A comienzos de este año las comunidades indígenas llegaron a un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos para que se aprobara un decreto que reconocía a los grupos étnicos como guardianes ambientales. “Dese marzo dijeron que sí lo iban a sacar pero el presidente no ha firmado”, dijo Arias. Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), también hizo énfasis en el problema de las consultas previas, pues “actualmente no se está cumpliendo en diferentes megaproyectos”. El tema de las consultas previas también ha generado tensión por la intención del Gobierno de transformarlas e incluirlas en el periodo legislativo “fast-track”.

En Chocó, además de las peticiones mencionadas, solicitan una protección urgente por parte del Estado, pues el frente Cimarrón del ELN, según las comunidades indígenas, sigue hostigando sus  resguardos. En este departamento, cerca de 30.000 indígenas se unieron a la minga. Hablamos con Mario Benítez, periodista y gestor de la plataforma social “Si yo cambio el Chocó cambia”, sobre la jornada: “Son muchas las mesas que se han instalado en torno a los problemas étnicos. Pero se han realizado sin encontrar una solución a los indígenas que reclaman sus derechos de autonomía, territorio, salud y educación, protección a líderes, entre otros. La falta de palabra, la irresponsabilidad y cero gestión de un Estado para satisfacer las necesidades de esta población minoritaria del Chocó no solo pone en una situación difícil a las comunidades indígenas sino a más de 580 mil chocoanos que una vez más padecen los estragos de una movilización cívica que, aunque justa, también hace mucho daño”.

Los incumplimientos

En agosto de 2016, las organizaciones indígenas llegaron a una serie de acuerdos con el Gobierno para apoyar el Sí en las elecciones del plebiscito. Dentro del primer punto estaba la formulación de un Conpes para agilizar la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la creación de una “ruta metodológica que aborde la solución a la crisis carcelaria del país”. En el punto dos aparece la creación de un Fondo de Tierras para campesinos (un punto que también está contemplado en el Acuerdo de La Habana) y la implementación de planes nacionales rurales  que garanticen vías terciarias, distritos de riego, drenaje, electrificación y conectividad a internet.

Dentro de la lista de peticiones de la Onic también está  la implementación del decreto 1953, del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (Sispi), el Sistema de Educación Indígena Propio (Seip), la autonomía al ejercicio de Autoridad Ambiental y la ruta para la protección de los territorios ancestrales a través del decreto 2333. Quizás el punto más importante y en el que no han recibido respuesta es el aumento del porcentaje de presupuesto para los resguardos, por lo menos en un 1 o 2 por ciento.

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