Archivo Ejército

Unidades del Ejército en Caloto, Cauca /Archivo Ejército

La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore) le pidió al MinDefensa abstenerse de entregar documentos que puedan comprometer la seguridad nacional. 

La Comisión de la Verdad está tambaleando en sus primeros pasos para cumplir con la misión que le otorgó el gobierno con el Acuerdo de Paz: armar el rompecabezas de la verdad sobre lo que sucedió durante el conflicto armado en Colombia. En junio pasado, el presidente de la comisión, el padre Francisco de Roux, le envió una carta el Ministerio de Defensa solicitándole información de las Fuerzas Militares que datan desde 1953. Para la Comisión fue un proceso rutinario, pues la versión de las Fuerzas Armadas es clave para comprender, desde ese ángulo, la violencia de las últimas décadas.

No obstante, esta carta causó revuelo después de que fue filtrada a los medios de comunicación. La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore) dijo que no confiaba en los 11 comisionados que tendrían acceso a esa información, que existen datos de inteligencia que no pueden ser de uso público, así como otros archivos que, a juicio de la asociación, podrían poner en riesgo la seguridad del país.

A través de un comunicado, Acore le pidió al Ministerio de Defensa que revisara en detalle la petición de la comisión, que incluye: Los Kárdex (los archivos de inteligencia sobre personas u organizaciones), la documentación de las unidades especializadas de inteligencia militar y las secciones de inteligencia de cada Unidad mayor o menor (para el Ejército: los G-2 de las Divisiones y los B-2 de las Brigadas), remitida a los Comandos, Unidades y dependencias del Ejército, la Armada, la FAC y la Policía Nacional; el archivo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y otros documentos relacionados con inteligencia militar y diferentes planes de la Fuerza Pública. De acuerdo con la asociación, estos archivos no deberían ser compartidos. 

La molestia de Acore escaló e incluso fue necesario que el presidente Juan Manuel Santos se pronunciara al respecto. El presidente autorizó al Ministerio de Defensa a entregar la información solicitada por la Comisión de la Verdad siempre y cuando no afecte de ninguna manera la seguridad nacional.  Lo que se viene será un debate complejo sobre qué documentos pueden comprometerla y hasta qué punto el Ministerio de Defensa podrá acudir a este argumento para mantener cientos de archivos en reserva.


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Fuentes de la Comisión de la Verdad nos comentaron que los 11 comisionados trabajarán de acuerdo con el Decreto 588 de 2017, el cual reglamenta el acceso a la información para la Comisión. El Decreto dice, por ejemplo, que las entidades públicas tienen la obligación de contribuir con la Comisión  para esclarecer lo que sucedió en el conflicto y contarle la verdad a las víctimas. Deja claro, no obstante, que “cuando se trate de información reservada que repose en procesos judiciales, la Comisión de la Verdad podrá conocerla, pero deberá guardar reserva”.

¿Qué garantías tiene la información reservada? Según el Decreto, la Comisión de la Verdad tendrá que manifestar por escrito que guardará la reserva de la información e implementará todas las medidas de seguridad que necesitan esos documentos. No hacerlo llevaría a que cometieran la falta de violación de la reserva legal, lo que conlleva sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Eso sí, las entidades públicas, como el Ministerio de Defensa,  no deberán oponerse a entregar estos archivos si son necesarios para esclarecer violaciones de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Otro de los puntos de este decreto que podrían darle tranquilidad a Acore es que establece explícitamente que, en lo que respecta a la información de inteligencia o contrainteligencia reservada, la Comisión se comprometió a no hacerla pública ni a extraer copias de la misma. Si dentro de esa información existen pruebas de violaciones de Derechos Humanos, la Comisión tendrá todo el derecho a utilizarla para esclarecer la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto. En caso de que las entidades públicas  se niegen a entregar la información, el Decreto señala que “la negativa o negligencia de un funcionario o servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la Comisión de la Verdad constituirá causal de mala conducta” y daría paso a una investigación disciplinaria.

Para Carlos Medina Gallego, profesor e historiador de la Universidad Nacional, es indispensable que “la Comisión de la Verdad tenga acceso a toda esa información, incluso subdivida por regiones, para cruzar esos documentos con otras versiones, como las de las organizaciones de víctimas. En la academia ha sido difícil obtener información de las Fuerzas Militares y la que se obtiene siempre tiende a explicar el conflicto desde la visión de los militares. Por otro lado, tengo entendido que la información que reposa antes de 1983 está muy eriosionada, en muy mal estado. Hubo mucha información incinerada, por eso es importante que la Comisión rescate toda la información necesaria para construir un pluralismo de verdades, pues es justamente lo que se busca con esta Comisión”.

Si bien es cierto que la Comisión de la Verdad tiene todas las garantías legales para solicitar la información, aparentemente no cuenta con toda la logística para salvaguardarla. Así nos los explicó Giancarlo Mejía, especialista en justicia militar y exasesor en los Acuerdos de Paz en La Habana: “El problema no es tanto la denuncia de Acore, sino que cuando se estructuró este sistema se hizo como si Colombia estuviera en un tránsito real hacia un ‘posacuerdo’ y en estos momentos  seguimos en conflicto armado. En la práctica la Comisión tiene todo el derecho a solicitar información,  incluso clasificada, pero lo grave es que transferir documentos de inteligencia en estos momentos podría perjudicar las operaciones militares y las labores de inteligencia. Las solicitudes se han hecho como si el conflicto hubiera acabado, y no es así”.

El padre Francisco de Roux, de momento, aceptó retirar información sensible, como los nombres de las personas que trabajan en inteligencia militar y sus hojas de vida. Sin embargo, un problema grave, dice Mejía, “es que se haya filtrado la carta de la Comisión de la Verdad. Si bien no era un documento reservado, sí hacía parte de una comunicación interna: esto demuestra fallas protuberantes en los protocolos de seguridad que se están siguiendo. Sé que el Ministerio de Defensa tiene toda la intención de colaborar con la transferencia de información, pero también es evidente que la Comisión de la Verdad tiene problemas gravísimos para recibir información clasificada, no cuenta con soportes técnicos ni logísticos para salvaguardarla”.

Todos estos temas, como nos contaron diferentes fuentes, serán tratados en una reunión entre los comisionados y el Ministerio de Defensa el próximo viernes.

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