Foto: Cortesía El Espectador

Por Sebastián Serrano

Cuando me pidieron hacer un artículo acerca de la elevada cantidad de homicidios contra los habitantes de calle en Bogotá, lo primero que vino a mi cabeza fue la pregunta de por qué los matan y, enseguida, llegó la respuesta más corta, casi elemental: la gente los asesina porque puede. En un país en el que 9 de cada 10 homicidios quedan impunes ¿cuál es la probabilidad de que el homicidio de un ‘chirri’ ponga en marcha al aparato judicial hasta sus últimas consecuencias?     

Por supuesto no podía darme el lujo de llegar tan fácilmente a una respuesta. Así que comencé por analizar las cifras, y las cifras aterran. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz, solo el año pasado fueron asesinados 65 habitantes de calle, más de uno por semana (1,25) o, lo que es lo mismo, cinco por mes. Eso significa que hoy en día la probabilidad de que un habitante de calle sea asesinado es 37 veces mayor que la del resto de la gente que habita la ciudad, gente como usted o como yo.

Pero atérrense más: entre 2012 y 2015 – periodo en el que el Bronx se consolidó como el expendio de drogas más grande del país– la cantidad de habitantes de calle asesinados en Bogotá aumentó cada año, pasando de 55 a 88 casos según cifras de la Policía Nacional, citadas por Ideas Para la Paz. Así que si bien los 65 casos de 2016 siguen siendo una cifra elevada la realidad de antes era peor.

Incluso, el panorama mejora ostensiblemente al tener en cuenta la cifras que el actual secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, publicó recientemente en su cuenta de Twitter citando como fuente a Medicina Legal y al Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec). Dice que en 2016 fueron asesinados 32 habitantes de calle, lo que reduce la media a una muerte violenta cada dos semanas.

Pero ahora sí, alejándonos de las cifras que evidencian contradicciones entre Medicina Legal y Policía, empecemos a responder la pregunta de por qué los matan.

Primero valdría la pena saber quiénes son los habitantes de calle de la ciudad y al averiguarlo, encontramos el primer problema: la actual secretaría para la Integración Social calcula que en Bogotá hay unos 12.000 habitantes de calle, pero las cifras de las que dispone el Distrito, y que nos pueden dar detalles, nos remiten a 2011, cuando se llevó a cabo el último censo de esta población.

En el documento, se considera habitante de calle a cualquier persona que permanezca en la calle o en “un lugar especial de alojamiento” durante 30 o más días continuos. ¿Qué es un lugar especial de alojamiento? Un sitio ya sea público o privado de pago diario o lugares de consumo. Es decir: ollas, centros de acogida del distrito, refugios religiosos o pensiones de bajo costo.

En ese marco, la Secretaría de Integración de la alcaldía que cerró Clara López –recordemos que Samuel Moreno fue destituido por corrupto– encontró que en Bogotá el habitante de calle promedio es hombre (casi el 90 % de ellos lo son) y consume sustancias psicoactivas (más del 90 % lo hace). Casi la mitad, un 45 %, obtiene sus ingresos del reciclaje y el resto se reparten entre la mendicidad, “la prestación de servicios no cualificados” y robar/delinquir (el 52 % reconoce haber robado). Palabras más, palabras menos, son personas que van solas contra el mundo.  

Y en el mundo, “el habitante de calle es, por definición, uno de los blancos del exterminio social ”, me dice por teléfono Carlos Mario Perea, investigador del Centro Nacional de Memoria  Histórica y autor del libro Limpieza social: una violencia mal llamada.

Cuando uno se pregunta quién o qué podría estar detrás de la matanza de una población consumidora de sustancias, apartada del núcleo familiar convencional y que a menudo se ve involucrada, como víctima o victimaria, en delitos  violentos, quizá no tardemos mucho en pensar en la llamada “limpieza social”, un delito que no existe en el código penal, pero que según las investigaciones de Perea,  ha hecho carrera  por las calles de Bogotá no solo contra habitantes de calle, sino contra jóvenes de barrios marginales acusados por vecinos de cometer delitos.

“A ojos de ciertos grupos,  el habitante de calle puede ser un ser absolutamente improductivo. En este mundo de la eficiencia, una persona que cargue con ese estigma es objeto de toda clase de señalamientos y desafortunadamente, en nuestras ciudades, también del exterminio”, apunta el investigador del Centro de Memoria quien se rehúsa a usar la expresión “limpieza social” por considerarla apologética.      

Cortesía: El Espectador

¿Pero cuándo la violencia contra los  habitantes de calle puede ser considerada exterminio? El investigador explica que lo que define esta ‘modalidad’ de crimen es que haya un agente externo que ejecute la violencia y que esta a su vez tenga una motivación final. Por ejemplo, que un grupo de comerciantes de cierto sector considere que la constante presencia de habitantes de calle cerca a sus negocios aleja a los clientes y contrate a alguien para que los mate.

Aunque suene cruel, realidades como estas han estado latentes en nuestra sociedad. En su libro, publicado el año pasado, Perea cuenta, entre otro montón de cosas, que a finales de los años 80  en Bogotá, rondaba por las calles un escuadrón llamado Muerte a Gamines que cometía asesinatos en plena calle. Según el investigador, este tipo de prácticas no han sido del todo erradicadas la ciudad.

Más allá de ese ejemplo, el caso es que en Bogotá entre, 1988 y 2013,  346 personas fueron asesinadas por cuenta de lo que Perea insiste en llamar (en su libro y por teléfono) “exterminio o matanza social”. De estas 346 víctimas, casi un 24% fueron habitantes de calle, una población que –después de  los jóvenes entre los 16 y los 25 años– ha sido el blanco preferido de la mal llamada “limpieza”.  

Entre 2010 y 2013, de acuerdo con la información suministrada por la DIJIN a Ideas para la Paz, el total de habitantes de calle asesinados en la ciudad ascendió a 260. Este dato evidencia una realidad: el exterminio es apenas uno de los focos de muerte de esta población vulnerable en Bogotá. Así que debemos seguir averiguando qué otras causas tienen que ver con las muertes de los habitantes de calle.

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¿Se acuerdan que más arriba habíamos hablado del Bronx, donde hace un año –tras una intervención militar y de policía– la ciudad se encontró con varios centenares de habitantes de calle, un montón de basuco, 30 armas de fuego,  casas de pique y fosas comunes?

Pues según Las revelaciones del Bronx, un informe publicado por Ideas para la Paz en febrero, entre las mafias que controlan las plazas de droga en Bogotá y los habitantes de calle existía una relación estrecha y dispar que podría ayudar a explicar la alta mortalidad para esta población.

Según Juan Carlos Vegara y Julián Wilches, los autores del informe, los habitantes de calle acudían al Bronx para obtener basuco a cambio de dinero, bienes robados o servicios “dentro de los cuales se encontraba la distribución de estupefacientes”.  Esta relación comercial estaba sometida a un estricto código de discreción y buen comportamiento “cuyo  incumplimiento se castigaba con la expulsión, la violencia física o la muerte”.  En resumen: a los habitantes de calle también los matan porque están sujetos a las leyes de la mafia.

Nunca vamos a saber exactamente cuántos habitantes murieron en, o por culpa del Bronx.  Pero según Alejandro Lanz, director ejecutivo de la organización Pares en Acción-Reacción Contra la Exclusión Social (Parces), “en tan solo junio, julio y agosto de 2016, los tres meses posteriores a la intervención, Medicina Legal reportó 17 muertes violentas de habitantes de calle en Bogotá”, un detalle que no aparece discriminado en las cifras del secretario de Seguridad, Daniel Mejía.

Para organizaciones como Parces, irónicamente, el alcalde Enrique Peñalosa –principal abanderado de la intervención en el Bronx– también tiene su cuota –indirecta, claro– de responsabilidad en  la matanza de habitantes de calle.  Principalmente por el manejo represivo que le dio a toda la crisis humanitaria que se desató luego de la intervención y, finalmente, por haber acuñado frases como: “No hay que hacerle la vida fácil en la calle a los habitantes de calle”.

Según Lanz, declaraciones como estas e intervenciones como las del Bronx –cuyo foco más que en los habitantes de calle estaban en la delincuencia que campeaba en la zona– enmarcan a los habitantes de calle ”en el  prejuicioso imaginario del pobrecito enfermo drogadicto o del peligroso adicto criminal y, en esta medida, son tratados como sujetos que deben ser rehabilitados o encarcelados”.

De hecho, según el informe Destapando la olla, realizado por Parces y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), la intervención del Bronx desató una “situación de emergencia humanitaria”, pues los habitantes de calle fueron desplazados a la zona del caño de la calle sexta, un lugar en el que “no tenían acceso a agua potable, la basura se acumulaba fácilmente, no tenían dónde protegerse de la lluvia o dónde dormir de manera digna, un ambiente en el que se pueden incubar fácilmente enfermedades por la presencia de ratas y la falta de un lugar para asearse”. El informe completo, que contó con el apoyo de la Universidad de los Andes,  será presentado el próximo jueves 25 de mayo, en esa universidad.

El investigador de Dejusticia, Sebastián Lalinde, me decía por teléfono que está de acuerdo con que “el discurso de seguridad de Peñalosa ha contribuido a agravar la estigmatización contra los habitantes de calle y eso termina por hacerlos aún más vulnerables a la limpieza social o a la violencia”.

Sin embargo, hay que repetirlo, el primer año de gobierno de Peñalosa y el desmantelamiento del Bronx coinciden con una disminución considerable en la cantidad de homicidios de habitantes de calle que ya vimos más arriba.

Eso no significa que el fin del Bronx haya sido una solución inapelable para el problema de los homicidios a habitantes de calle en Bogotá, pues como señala Ideas para la Paz, los expendios de droga ya se habían dispersado en un herradura que recorre la ciudad desde suroccidente hasta el noroccidente. Una herradura muy parecida a la que dibujan los desplazamientos de los habitantes de calle por la ciudad. Así que la intervención a ‘la gran olla’,  tampoco puede ofrecer  una explicación abarcante a los homicidios, pero sí dio pistas sobre las dinámicas mafiosas a las que los habitantes de calle están sometidos. Y también nos queda claro que la retórica distrital quizá haya incrementado la estigmatización de esta población vulnerable.

El centro de la zona roja, corresponde al antiguo Bronx.

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Dentro de nuestra baraja de posibles explicaciones a los homicidios de ‘chirris’, nos falta también un punto que señala Myriam Cantor, subdirectora de adultez de la secretaría de Integración Social: “la ley de la calle”. Según ella, el solo hecho de vivir, consumir y subsistir económicamente sin hogar hace que los habitantes de calle se involucren en riñas entre ellos mismos y otras personas en las que el uso de armas blancas es “muy frecuente”.  Los datos del censo de 2011, aunque viejitos, nos dan algunos elementos para este punto: el 52 % de los censados declaró haber cometido algún hurto en su vida, el 25 %  alguna estafa y el 80% afirmó haber propinado golpizas o haber causado heridas graves a otra persona.

Esto sin nombrar que el 51 % declaró haber sido víctima por parte de la Policía, un punto en el que Alejandro Lanz resalta que la impunidad es altísima, pues ¿cómo podrían acudir a alguna institución a denunciar el maltrato?

El año pasado, el distrito anunció el plan con el que la secretaría de Salud aspira a reducir los problemas que atañen a los habitantes de calle, que en los próximos cuatro años dispondrá de $ 162.000 millones para la atención de esta población vulnerable.  

Una sugerencia obvia nos dirá que el primer paso para dejen de matarlos sará que dejen la calle, pero para que esto ocurra –dirán a su vez los delegados de la salud– es indispensable que dejen atrás sus adicciones. Y la Corte Constitucional ya nos hizo saber el año pasado que ninguna autoridad pública puede obligar a un individuo a someterse a un tratamiento de rehabilitación.

Un tratamiento para superar una adicción, de acuerdo con la secretaría de Salud, puede extenderse entre dos y 16 meses según el caso, pero más allá del tiempo el problema real está en que menos del 20 % de los habitantes de calle que entran a los programas distritales le dan continuidad a sus terapias, para regresar de nuevo a los peligros que conlleva el no tener hogar .

De vuelta en la calle, vuelven a enfrentarse entonces a todos los peligros de su vida hostil, que difícilmente podría ‘hacerse fácil’, como dice Peñalosa

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