Imagen del sepelio del periodista paraguayo Pablo Medina, asesinado por la mafia en 2014. Foto: Cortesía – Diario ABC Color

Por Ana Rivas Tardivo

Asunción, Paraguay. La redacción del diario ABC dormitaba silenciosa como ocurría durante las siestas paraguayas de octubre. El calor ya se hacía sentir en aquella primavera del 2014, generando, como siempre, las consabidas crónicas sobre el colapso del sistema eléctrico. A pesar de contar con dos de las mayores represas hidroeléctricas del mundo, Paraguay vive sometido a constantes cortes de energía y genera protestas colectivas y un mal humor generalizado.

Los editores estabámos a punto de sacudirnos la modorra del mediodía en la reunión de pauta; pensando en otra jornada en que la portada versaría sobre los cortes de electricidad, la discusión del presupuesto general de gastos en el Congreso o algunas protestas estudiantiles que habían generado una importante reestructuración a nivel universitario.

Pero  sorpresivamente Magdalena Benítez, la editora de los corresponsales del interior del país, entró corriendo a la oficina de la directora periodística, Natalia Zuccolillo.

–Parece que mataron a Pablo Medina. Nos están llamando de Canindeyú (departamento fronterizo con Brasil) y dicen que hubo una emboscada en un camino vecinal…

Un recuerdo del asesinado Pablo Medina. Foto: Archivo – Diario ABC Color.

Fue como si una bomba reventara en medio de la sala de prensa. Editores, directores y periodistas iniciamos una vorágine de llamadas. Para las 3:00 p.m. todo estaba confirmado: habían asesinado a Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, cuando volvía de una cobertura. Magdalena leía y releía el mensaje que Medina le había enviado esa misma mañana, cerca de las 8:00 a.m.: “Buenos días Jefa. Voy a la colonia Koe Porá (‘Bonito amanecer’, en idioma guaraní) para ver un tema de fumigaciones”.

Lo que siguió fue consternación y angustia. Antiguos compañeros de tareas no podían contener las lágrimas y la indignación  por la certeza de que Pablo había muerto debido a sus denuncias sobre el tráfico de drogas en su departamento. Llevaba años documentando el crecimiento que había experimentado el narcotráfico en su ciudad, Curuguaty y en otras localidades, especialmente las cercanas a la frontera con Brasil. Precisamente, su última crónica publicada en el diario, el 15 de octubre de 2014, fue sobre un procedimiento de eliminación de marihuana en la reserva forestal estatal de Mbaracayú.

Las informaciones sobre qué había pasado llegaban a cuentagotas. Se confirmó que Medina había sido el único periodista convocado a un evento que fue solo un montaje para permitir la sangrienta emboscada que no solo acabo con su vida, sino también con la de una estudiante que viajaba con él. Era Antonia Almada, quien recibió dos impactos de bala. Tenía apenas 19 años.

Salimos a la calle con una mezcla de rabia, impotencia, indignación y la total certeza de que el crimen organizado había iniciado una escalada de muertes de periodistas con el objetivo de amordazar a la prensa, aterrorizarla, silenciarla.

El de Medina entraba en las dolorosas estadísticas de muerte como el tercer asesinato de un periodista en ese año 2014, año de un verdadero auge del tráfico de marihuana que el propio Pablo había documentado en sus crónicas. En mayo del mismo año el joven periodista Gabriel Alcaraz, de sólo 28 años, había sido atacado a tiros por sicarios en el mismo patio de su casa, cuando llegaba a almorzar con su familia, en el barrio Maria Victoria de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (el de mayor porcentaje de homicidos dolosos de todo el país). Alcaraz tenía un programa en radio Amambay 570 AM, propiedad del presidente del Congreso Robert Acevedo. El propio Acevedo es  sobreviviente de un atentado que le costó la vida a su guardaespaldas, en medio de una guerra narcotraficante por territorios de frontera.

El otro caso había ocurrido en junio del mismo año, en el departamento de Concepción, también fronterizo con Brasil. La víctima fue el comunicador Edgar Fernández, de 43 años, muerto de seis balazos en su propia casa. Fernández conducía un programa denominado La ciudad de la furia, en el que habitualmente se tocaba el tema del auge narco en el norte del país.

No obstante, el asesinato de Medina era diferente. La osadía de atentar contra la vida de un periodista de más de 20 años de trayectoria, reconocido, perteneciente al staff de uno de los diarios más importantes de Paraguay, fue una bofetada de soberbia e impunidad de los jefes narcos.

Las versiones policiales confirmaron que fue la crónica de principios de octubre la que selló la suerte de Pablo. La publicación, que contaba la eliminación de plantaciones de marihuana en una reserva forestal,  fue el motivo de una reunión entre varios jefes narcos que compartieron un asado, un sábado por la noche. En medio de la jerga, resolvieron la eliminación del periodista, considerado una “pluma pesada”, una amenaza para sus intereses. Pablo era incomprable y además, sabía demasiado.  

Así que el de Medina y la joven Antonia Almada formaron parte de la cifra de 578 homicidios dolosos en ese año 2014, que contabilizó el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con datos de la Policía Nacional de Paraguay. De ellos, 141 ocurrieron en Amambay, 60 en Canindeyú y 51 en Concepción, departamentos donde abundan las llamadas zonas liberadas, regiones donde ni la policía ni los militares se atreven a ingresar y donde los caudillos políticos se entremezclan con los jefes narcos.

Lo peor de revisar las cifras es que queda en evidencia que el año en el que asesinaron a Medina fue el registro más bajo de los últimos cinco años y que en 2015 y 2016 los homicidios no han parado de crecer con 617 y 669 casos respectivamente. 

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con datos de la Policía Nacional de Paraguay.

El exministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes, Francisco de Vargas, tiene la explicación para que el aumento de la actividad narco y de todas las mafias organizadas en frontera, aún hoy, no pueda ser detenida por el Estado paraguayo: “Los registros delictivos en los departamentos fronterizos no han variado en diez años. Amambay, Canindeyú y Alto Paraná son las zonas donde campea todo tipo de tráfico: drogas, contrabando, falsificaciones y hasta ganado vacuno, producto del abigeato”.

“Los controles son casi nulos –continúa De Vargas. Existen puestos de control, pero no funcionan. Son imperceptibles. La gente se mueve de un lado a otro de la frontera como si estuviera caminando por el patio de su casa y puede, perfectamente, movilizarse portando armas de fuego de grueso calibre. Escuché una definición muy descriptiva sobre esta situación, de expertos internacionales sobre Migraciones que estuvieron realizando una asesoría al ministerio del Interior: Paraguay es como una casa, con puertas y ventanas, pero que no tiene paredes. Es lo más descriptivo de la situación que he escuchado”.

Fue precisamente en la región citada por el exministro y más concretamente, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde en junio del año pasado un comando integrado por sicarios brasileños asesinó, en un mortífero ataque que incluyó armamento militar, al capo narco Jorge Rafaat Toumani, considerado el amo del tráfico de drogas en la zona.

La camioneta Hummer blindada en la que viajaba el traficante fue atacada con una ametralladora Browning .50 montada en una Toyota Fortuner. Presuntamente, el arma fue accionada por un exmilitar entrenado en el ejército del Brasil.

“En el caso Raffat, qué es lo que ocurrió: Fue un homicidio doloso, con una sola víctima. Pero su impacto fue mayor que si la tasa de homicidios hubiese subido tres o cuatro puntos, porque el mensaje entrelíneas fue ‘con nosotros no se mete nadie: Tenemos esto, un (armamento) punto cincuenta’. El mensaje fue incluso para la Policía: ‘ustedes no tienen nada que hacer contra nosotros'”,  ratifica De Vargas, quien estaba a cargo de la seguridad interna cuando ocurrió el ataque. Y sentencia: “el Estado paraguayo está indefenso”.   

Esta fue el arma de uso militar con la que le quitaron la vida a Raffat. Foto: Archivo – Diario ABC Color

“Con la estructura actual del Estado paraguayo, en la que la Policía, por acuerdos y convenios internos y también internacionales, no está concebida para que pueda portar armas militares, armas de guerra;  por la burocracia que obliga a que el Presupuesto General para la seguridad interior pase indefectiblemente por el Congreso y por las limitaciones económicas del Estado, y porque ya no se trata de guerras entre Estados sino de un tipo especial de amenaza no convencional, como lo es el narco;  Paraguay no puede defenderse de ellas”.

El exministro pone como ejemplo el PCC, el Primer Comando Capital, la organización narco mas grande del Brasil, surgida de una manifestación penitenciaria en Sao Paulo y cuyos integrantes, solamente aquellos que permanecen en las penitenciarías, superan los 50 mil soldados.

El exministro del Interior de Paraguay, Francisco De Vargas conversó a la periodista Ana Rivas. Foto: Rodrigo Giménez.

“Toda la policía paraguaya tiene 25 mil efectivos; las Fuerzas Armadas están por los 11 mil. El PCC se organiza en las cárceles y las fuerzas de seguridad nacional, por ley, tienen que enviar a los soldados capturados a las cárceles. O sea, nosotros los mandamos a donde ellos pueden organizarse. Pero no porque queremos, sino porque el Estado está concebido así”.

De los marihuanales al Congreso

En las últimas elecciones nacionales, en el año 2013, los paraguayos pudimos comprobar con desesperación un fenómeno que empieza peligrosamente a enraizarse sin oposición. Conocidos jefes mafiosos lograron escaños legislativos, ya sea como titulares o suplentes, como sucedió en Colombia con Pablo Escobar en los 80. La vinculación de los mismos con el narco es vox populi; sin embargo, la ausencia del Estado, la falta de políticas de salud, educación y bienestar en general, en enormes sectores de la población, lleva a la ciudadanía a votar a quienes aseguran, les dan trabajo y comida.

La narcopolítica también tuvo que ver en el crimen de Pablo Medina. La investigación fiscal determinó que el intendente (alcalde) de la localidad de Ypehú del departamento de Canindeyú, Wilmar ‘Neneco’ Acosta, había sido quien ordenó la muerte del periodista. ‘Neneco’ Acosta forma parte de un poderoso equipo del oficialismo (del Partido Colorado), el sector que respalda a Cartes y cuya líder fue nada menos que la principal interlocutora de Cartes en la Cámara de Diputados, Cristina Villalba. Villalba es diputada por Canindeyú y recibió una llamada de aproximadamente 12 minutos desde el celular de Wilmar Neneco Acosta, solo minutos después del asesinato de Pablo y su acompañante.  Jamás fue investigada por el caso.

Wilmar ‘Neneco’ Acosta está a la espera del inicio de su juicio oral y público luego de meses de trámites para su extradición desde el Brasil, donde había huido luego del asesinato de Pablo Medina. Como típico habitante de frontera, Wilmar había obtenido documentos falsos donde figuraba como brasileño y con ellos intentó burlar la justicia. 

Crímenes por encargo: hoy la mafia, ayer la dictadura

Hoy Paraguay es un país dominado por los intereses del crimen organizado, pero no podemos decir, tristemente, que la violencia llegó con él. No en un país que padeció la dictadura más longeva de América Latina.

“Durante el stronismo vos te sentabas en la vereda, compartías con los amigos, podías quedarte hasta tarde en la calle. No te asaltaban, ni te violaban, ni te mataban. Sólo tenías problemas si eras comunista, zurdo o gay. Si no, estabas bien. No podías hacer lo que querías en muchos casos, pero ese era el precio de la paz”.

El párrafo anterior condensa el pensamiento imperante durante muchos años en Paraguay. Lo escuché además durante gran parte de la transición democrática, iniciada en 1989 en un golpe de Estado que derrocó al régimen de Alfredo Stroessner. El régimen totalitario de este oficial militar, descendiente de alemanes y que duró 35 años, anestesió a generaciones de paraguayos que pensaban –algunos aún lo hacen– que el control absoluto de los instrumentos represivos del Estado sobre los ciudadanos era, efectivamente, el precio a pagar por vivir en “paz”.  

Los comunistas y en realidad, todo aquél que estuviera o siquiera simpatizase con algún aspecto del espectro del pensamiento de izquierda era considerado el enemigo a combatir. A eliminar. A matar.

Pero el establecimiento de estas bases autoritarias no fue una creación del régimen stronista; tiene sus orígenes mucho antes, en el marco del conflicto bélico sostenido entre Paraguay y Bolivia conocido como la Guerra del Chaco (1932-1935), un enfrentamiento de tres años por territorios ubicados en el norte de la región occidental paraguaya y que convirtió a prácticamente toda la población en combatiente. Un verdadero ejército de campesinos, de gente común, del pueblo, generó un Estado militar desde el cual se diseñó  la defensa del territorio nacional.

Durante la dictadura no te asaltaban, ni te violaban, ni te mataban. Sólo tenías problemas si eras comunista, zurdo o gay.

El pensamiento nacionalista perduró mucho más allá del término de la cruenta guerra y los incipientes movimientos sociales empezaron a ser temidos. En 1936, el decreto 5489/36 estableció la “prohibición de actividades comunistas y su punibilidad”. La Constitución de 1940, impulsada por el General José Félix Estigarribia, presidente de la República y héroe de guerra, fue el perfecto marco jurídico para la dictadura. Estableció la hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado y consagró el pensamiento autoritario sobre el cual se asentaron posteriormente los regímenes  antidemocráticos paraguayos.

Si bien la Carta Magna de 1940 fue iniciativa de Estigarribia, es el general, político y vicepresidente Higinio Morínigo quien la utiliza, debido a la trágica muerte del  primero, ocurrida en un accidente de aviación el 7 de setiembre de 1940. Morínigo inicia su mandato violentando la disposición constitucional de llamar inmediatamente a elecciones, cosa que ocurre sólo tres años más tarde. Su régimen fue nacionalista y dictatorial, acorde con sus simpatías fascistas muy en boga en la época.  

Morínigo es el antecesor inmediato al stronismo,  y enfrentó con mano de hierro la oposición de sindicatos, gremios, medios de prensa y ciudadanos independientes.  Alfredo Stroessner, jefe de Estado entre 1954 y 1989, seguiría sus pasos asumiendo el poder en medio de una cruenta guerra civil donde el Partido Colorado se enfrentaba a los liberales, febreristas (socialistas y socialcristianos) e independientes con dos facciones en apariencia irreconciliables, pero que terminarían uniéndose para consolidar la figura del militar en el poder.

9.923 víctimas

Hurgando en archivos, escritos y relatos de los pocos protagonistas que ya van quedando, solo hay una conclusión: es prácticamente imposible saber el número exacto de víctimas de 35 años de un régimen totalitario, déspota e impune. Registros  de las víctimas en los primeros años de dictadura se perdieron en el tiempo y en el miedo. Muy pocos se atrevían a desafiar al régimen; quienes osaban pensar diferente fueron torturados, exiliados o directamente, eliminados.

Pero en el año 2003, la conjunción de los deseos de cientos de víctimas, asociaciones de protección a los Derechos Humanos, el gobierno y el Parlamento paraguayos y el respaldo de la Unión Europea, lograron establecer, mediante la ley 2225/03, la constitución de la llamada “Comisión de Verdad y Justicia”, un grupo de personas notables que logró reunir miles de testimonios, documentos, antecedentes y pruebas del número aproximado de víctimas de los 35 años de stronismo, dando una cifra aproximada: 9.923.

Este número engloba a todos quienes han sido violentados en sus derechos humanos, por lo que ahora nos detendremos en el número más trágico de todos: los fallecidos en ejecuciones extrajudiciales o quienes directamente, fueron desaparecidos y permanecen en esa condición hasta nuestros días. Según el informe de la Comisión Verdad y Justicia, se documentaron 423 casos de asesinatos extrajudiciales, aunque además señala expresamente que la lista final dista mucho de estar concluída.

Pero para que resulte comprensible que un número que para otros países de la región resulta extraordinariamente pequeño–especialmente el caso argentino, donde las dictaduras militares se cobraron miles de víctimas- hay que  poner las cifras en contexto: Paraguay no pasó de 2.500.000 habitantes entre los años 1954 y 1989, como precisamente detalla el informe de la Comisión Verdad y Justicia.  De ese porcentaje, resalta la Comisión, solo 1.500.000 eran personas mayores de edad. Las razones de la escasa población del país se hallan en el gran genocidio que devastó el Paraguay entre 1865 y 1870, la llamada Guerra Guazú o Guerra Grande, donde el país perdió el 80% de su población.

En resumen, durante la larga dictadura stronista, los homicidios y desapariciones estuvieron directamente relacionados con el régimen autoritario, la corrupción imperante y la impunidad en que se manejaba el dictador y su claque. Una situación que, a pesar de toda la esperanza que se generó con el derrocamiento del stronismo, le sobrevivió hasta al propio dictador. Ahora es el crimen organizado el que está escribiendo un nuevo capítulo de violencia: una constante de toda la historia moderna paraguaya. 

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