Comunidad participando en la elaboración de un PDET. Foto: ART

Hablamos con los funcionarios encargados ejecutar el Acuerdo de Paz en los territorios. Dicen que Duque contará con toda la información de las más golpeadas por el conflicto y con un plan de inversiones.

Hace unas semanas le escribí a un líder social de Putumayo. Su foto de perfil de Whatsapp me llamó la atención: un fondo rosa y el hashtag #YosoyPDET. Le pregunté por la imagen y me dijo que él, como otros campesinos que apoyan la sustitución de cultivos de uso ilícito, está defendiendo por todos los medios los PDET. Esta sigla nació del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc y significa Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Para él, lo comprendería más adelante, esta sigla representa más que un programa. Es, en el fondo, una oportunidad para que su vereda algún día cuente con agua potable y que sus hijos en un futuro puedan acceder a la educación superior.

“Los PDET son el 70 % de la Reforma Rural Integral”, me diría más adelante Mauricio Iregui, funcionario de la Agencia de Renovación  del Territorio, encargada de implementar estos programas de desarrollo en las 16 subregiones del país más golpeadas por el conflicto armado y con los mayores indicadores de pobreza. La Reforma Rural fue el primer punto que pactaron el gobierno y las Farc. Las dos partes coincidieron en que hablar de paz sin tener en cuenta la desigualdad en Colombia no tendría mayor sentido. 

Este punto del Acuerdo de Paz tiene como objetivo erradicar la pobreza rural extrema —actualmente es del 15 %, según el Dane—  y disminuir en un 50 % la pobreza en el campo en un lapso de 10 años. Para lograrlo, el gobierno necesita cumplir con varias tareas: disminuir la brecha entre campo y ciudad, reactivar el desarrollo de la agricultura campesina y trabajar por condiciones de igualdad. En este punto, los PDET son claves, urgentes. Intervienen directamente en  los 170 municipios más afectados por el conflicto armado. Quizá el proceso ha pasado desapercibido, pero durante el último año los pobladores de municipios de Cantagallo, en Bolívar, o Bojayá, en Chocó, han dialogado constantemente con funcionarios de la ART para definir planes a futuro para sus territorios.

Existen cientos de veredas a las que nunca había llegado un funcionario del Estado, territorios en los que hay que andar dos o tres días a caballo para llegar. Con los PDET asistieron delegados del gobierno con varias preguntas específicas y una general: ¿Cómo se sueña su territorio? De las respuestas de los habitantes se desprendían otros interrogantes para construir planes en las veredas; proyectos que más adelante serían socializados en los municipios.

Hasta ahí, el proceso suena bien. Sin embargo, estos planes tambalean con las ideas del nuevo gobierno. Iván Duque, siguiendo los lineamientos de su partido, el Centro Democrático, no está de acuerdo con la Reforma Rural Integral. Duque ha propuesto acabar con las agencias que fueron creadas a partir del Acuerdo de Paz, como la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional de Tierras. Su propuesta, más que enfocarse en el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto,  prioriza modelos como la agroindustria para crear empleos en sectores rurales, sin ahondar en soluciones para problemas centrales del campo, como la titulación de tierras.

El modelo rural del Acuerdo de Paz tampoco cuenta con las leyes necesarias. La institucionalidad que necesita el sector rural está coja: el Congreso no aprobó el sistema de catastro multipropósito ni el Sistema de Innovación Agropecuaria. Sin estos y otros elementos, los PDET resultan afectados y son vulnerables a cambios drásticos durante el nuevo gobierno. Los funcionarios de la ART son conscientes de los riesgos que vienen. Saben, incluso, que después del 7 de agosto esta agencia puede dejar de existir. Por eso hablamos con María del Pilar Barbosa, subdirectora de participación y planeación de la ART y con Mauricio Iregui, subdirector de financiamiento. Ellos han sido dos de los funcionarios han tratado de sacar adelante los PDET y brindarlos en la medida de lo posible.

María del Pilar Barbosa. Foto: Lucía Romero

¿Por qué son tan importantes los PDET?  

María del Pilar Barbosa: Con los PDET podemos estabilizar las zonas más afectadas por el conflicto armado y evitar, a través de diferentes programas, que el conflicto no se prolongue en estas regiones. Son 170 municipios priorizados a los que pueden llegar rápidamente los programas de la Reforma Rural Integral. Por la urgencia que tienen estos territorios, los PDET están estipulados a ejecutarse en 10 años. La  Agencia de Renovación del Territorio (ANT) es la que se encarga de poner en marcha todos los procesos participativos para que los habitantes formulen estos planes de transformación regional.

Alrededor de los PDET pasan muchas cosas; son la esencia de la Reforma Rural. De los 170 municipios, en 25 están excombatientes de las Farc preparando su tránsito a la vida civil. Lo que hemos hecho no son simplemente talleres en municipios donde no ha llegado el Estado, sino que hemos consultado a las comunidades sobre sus necesidades, buscando planes concretos e inversiones rápidas  para cumplir con ciertas peticiones, como la de la infraestructura comunitaria.

¿Quién garantiza que se implementen estos planes?

Con la reforma a la Ley 152, que le da vida a los PDET, quedaron algo cojos y dependen en realidad de la voluntad política. Los PDET abarcan 12.000 veredas de 170 municipios. Todos los datos que hemos recolectado son insumos muy valiosos y todos esos planes son  útiles para los alcaldes. Ahora estamos terminando la fase submunicipal, de donde salen insumos para desarrollar planes en la fase municipal y finalmente en la regional. Como decía, estos son planes que deben implementarse en los próximos 10 años.

¿En qué han avanzado?

Hemos realizado asambleas en zonas rurales muy alejadas, en cerca de 1.400 veredas, 305 territorios colectivos de comunidades negras y 423 resguardos indígenas (en estos territorios se aplicó un mecanismo especial de consulta para grupos étnicos). En cada uno de  los 170 municipios tenemos un gestor, un relator y un cofacilitador, quienes nos ayudan a concertar las reuniones con la comunidad. En todos estos procesos ellos se han acercado a las comunidades con el voz a voz, con radio comunitaria, entre otras estrategias. Nosotros nos la jugamos con la participación  directa, hablando con varias comunidades. En total han participado 250.000 personas en las asambleas, muchas de las cuales nunca habían visto a un funcionario público en su territorio.

¿Y qué sigue después de esta fase?

De todas estas convocatorias sale un grupo motor que va a las asambleas municipales y que llevan como insumo todo lo que se dialogó en las veredas. Ahí se buscan pactos comunitarios para la transformación  regional. En la fase municipal, la cual vamos a empezar, se suman otros actores, como la empresa privada. En este momento estamos terminando de armar los grupos motor, excepto en Chocó, donde hubo un ajuste metodológico teniendo en cuenta que es un territorio en su mayoría étnico. En la fase municipal los delegados de los campesinos, de las comunidades afro, entre otros, comenzarán una interlocución sobre las visiones y las apuestas que tienen para la renovación de sus territorios.

En paralelo está funcionando la RAE (Red de Aliados Estratégicos de los PDET), compuesta por actores clave e incidentes: como la academia, los sectores privados, las organizaciones de mujeres… Ahí se empiezan a dar discusiones sobre  la transformación del territorio. Mientras esto ocurre también se proyectan los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las políticas de las alcaldías y gobernaciones a futuro.

¿En qué va la fase municipal?

Ya comenzamos en Cantagallo y estamos preparando todo para que comience en 16 municipios más. Tenemos, como insumo, 1.269 preaseableas. Los PDET tienen un enfoque reparador y empieza aplicarse desde el momento municipal: ahí se evalúan los procesos de restitución de tierras, los retornos y las reubicaciones, los planes de acción territorial y se hace un mapeo de todas las organizaciones de víctimas.

En Cantagallo, al sur de Bolívar, los habitantes comenzaron a plantear todo su cronograma  y estamos trabajando en el alistamiento de todos los actores que van a participar a nivel regional. También se están recopilando diagnósticos sobre el territorio y las apuestas productivas a nivel departamental, utilizando, claro, todos los insumos de la fase submunicipal. También se tienen en cuenta otros planes, como las Zonas  de Reserva Campesina (ZRC) y los Planes de Desarrollo de los municipios y los departamentos.

¿Cómo se materializa todo esto?

Depende de cada municipio. En algunos, los habitantes piden infraestructura educativa, entonces se sueñan con un megacolegio, otros quieren priorizar las vías terciarias pensando en los planes de sustitución de cultivos. Las comunidades son las que deciden.

Mauricio Iregui. Foto: Lucía Romero

¿Qué tan blindados están estos planes  frente a las ideas de un nuevo gobierno?

Mauricio Iregui:  El Acto Legislativo N °1 de 2016 establece que durante los próximos 10 años  los gobiernos deben realizar inversiones especiales para la implementación del Acuerdo de  Paz. Los PDET son el 75 % de la Reforma Rural Integral, por lo cual existe una obligación de incluir la financiación de estos planes en el próximo plan  de desarrollo. Además, cuando lleguen los funcionarios del nuevo gobierno obtendrán toda la información sobre las necesidades de los 170 municipios, la cual, creo, le sería muy útil.

Por lo que  han visto, ¿Ustedes creen que las comunidades de estos municipios van a defender los PDET?

María del Pilar Barbosa: Yo  sí creo. Fueron más de 1.200 preasambleas en las que participaron más de 250.000 asistentes. Esto  quiere que se están visibilizando nuevos espacios y han aparecido nuevos liderazgos en esas regiones. Son  personas que por primera vez empiezan a tener contacto con la institucionalidad y que están esperando la puesta en marcha de estos planes; lo mismo los alcaldes, ellos ven en los PDET una posibilidad de incidir en la vida de la gente. Cuando llegamos a estos territorios había mucha desconfianza, pero hoy sentimos que la gente está  mucho más identificada con los PDET.

En este proceso pasó algo maravilloso y es que cuando llegábamos a las veredas y a hablar con las comunidades comenzamos a capacitar a personas en participación ciudadana para que puedan generar nuevas herramientas de incidencia. Hay  personas que ya se identifican como “líder PDET”, eso es maravilloso.

Sin embargo, hay  ejemplos, como en Guaviare, donde las disidencias o las Bacrim están saboteando los PDET…

En Arauca, por ejemplo, el paro armado del ELN nos obligó a correr los cronogramas de los PDET para no poner a nadie en peligro. Pero mira que no en todos los lugares sucede así. En Putumayo llegó un grupo armado a sabotearlo y la comunidad se paró  y dijo: aquí lo vamos a hacer, a pesar de cualquier amenaza. En el noreste antioqueño hemos tenido que aplazar eventos por solicitudes de la misma comunidad. En Catatumbo tampoco ha sido fácil, pero bueno, en todos estos territorios lo hemos logrado.

Bueno, pero en estos municipios la sustitución de cultivos no marchan tan bien, ¿los PDET no se ven afectados?

Muchos municipios en donde intervenimos son prioritarios para el Plan Nacional de Sustitución  de Cultivos (PNIS) . En Putumayo y Antioquia, por ejemplo, hay delegados son del PNIS y que trabajan en el grupo motor de los PDET. Cuando eso pasa, en la fase municipal, a la que estamos entrando, comenzamos a hacer  todo un proceso para que dentro de los PDET  tengan relevancia los planes de sustitución. En Cantagallo pasó: los líderes campesinos llegaron, mostraron sus propuestas y ahora toca hacer un pacto municipal. Es que al fin y al cabo la vía que necesita el campesino para sacar el cacao es  la misma vía que necesita el campesino que está sustituyendo coca.

Les queda poco menos de un mes, ¿Qué van a entregar?

Mauricio Irrgui:  La idea es dejar 16 pactos de transformación regional que deberían firmarse en agosto o septiembre de este año. La idea es garantizar estos pactos para las 16 subregiones que necesitan los PDET. De esta manera quedan unos planes concretos para garantizar los recursos. Hay fuentes claves, como el Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones, a través del cual  los municipios obtienen inversión temas básicos, como educación, salud y agua.

¿Ya saben cuánto recursos necesitan para implementar los PDET?

Nosotros trabajamos con el  Ministerio de Hacienda para definir unas metas mínimas en este territorio, haciendo un análisis de la pobreza, de las necesidades en educación, en salud, en agua potable. Llevar los servicios básicos a estos territorios hacen parte de la Reforma Rural Integral. Analizamos el marco fiscal y, para cerrar las brechas sociales en un 50 % comparado con las ciudades nos dio un valor de 79.6 billones de pesos que deben ser invertidos en los próximos 15 años. En infraestructura y adecuación de la tierra, por ejemplo,,se necesitan 12.9 billones de pesos. Ya tenemos claras las inversiones que se necesitan por territorios; para el Alto Patía y el Norte del Cauca se necesitan 2.4 billones de pesos, por ejemplo. Estas inversiones se pueden ir modificando conforme a la estructuración de los PDET, pero los alcaldes ya lo tienen en cuenta y seguramente priorizarán los PDET en en los próximos cuatro planes de desarrollo. Con estas inversiones y el marco fiscal claro, gobernadores y alcaldes tendrán todo para que ‘todos seamos PDET’.

Teniendo en cuenta estos avances, ¿qué tan fácil  es que Duque llegue y diga “tumbemos los PDET”?

María del Pilar Barbosa: Ni idea. Los PDET están vinculados con el bloque de constitucionalidad y lo cierto es que este trabajo demuestra que hay necesidades urgentes en los territorios independientemente de las filiaciones  políticas. Actualmente, a diferencia de años anteriores, existe información muy detallada sobre estos territorios, cuantos kilómetros necesitan de vías terciarias, cuántos puestos de salud necesitan, toda esta es información valiosa para el nuevo gobierno.

Claro, pero la reforma rural que propone Duque  no tiene nada que ver con la Reforma Rural Integral…

No he leído a fondo la reforma que propone Duque pero lo cierto es que en los 170 municipios hemos encontrado cosas comunes: todos piden agua potable, formalización de tierras, vías terciarias. Esas son las demandas que hay en la ruralidad; necesitan asistencia técnica, servicios básicos. Independientemente del tema político, la idea es que estos territorios puedan salir adelante.

Te doy un ejemplo.  En algunas zonas nos decían, acá queremos derogar la Ley 100, la cual es una opinión válida, pero se necesita otro proceso para cambiarla. Lo que nosotros les decimos es, vean nosotros podemos traer un puesto de salud permanente para las veredas y podemos capacitarlos en participación ciudadana para que a través de otros mecanismos políticos puedan plantear sus ideas, como la de derogar la Ley 100. Los PDET son como un trampolín para que las comunidades puedan incluir en sus planes de desarrollo lo que necesitan, para que planes concretos puedan ser financiados. Les hemos demostrado a las comunidades que el Estado puede dejar de ser frío distante y que los están escuchando. Que si están pidiendo una escuelita, bueno, en poco tiempo la podrán tener ahí.  

Pensemos en que Duque deja en la nevera los PDET durante cuatro años. ¿Un próximo presidente podría retomarlos sin problema?

Pues en teoría sí, pero a lo que nosotros nos preocupa es que la gente viva sin agua potable durante otros cuatro años. Los alcaldes en este aspecto tienen un rol importante; ellos tendrán todos los insumos técnicos para hacer los cambios que la gente está pidiendo. Hay insumos tangibles para plantar nuevos planes de desarrollo y las necesidades de las comunidades no dan espera.

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