Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la JEP, presentó su renuncia. Trabajará hasta el 30 de abril. Foto: El Espectador

Tan solo han pasado 79 días desde que el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargados de juzgar y otorgar amnistías para los actores del conflicto armado. En este lapso, las expectativas sobre lo que será la justicia en el posconflicto se han ido diluyendo en medio  de una serie de cuestionamientos en los medios de comunicación. Los más recientes son los que levantó la renuncia del secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien abandonará el cargo el próximo 30 de abril.

A esta se renuncia se suma otra razón de incertidumbre: el candidato que va punteando en las encuestas presidenciales, Iván Duque, del Centro Democrático, se comprometió a modificar radicalmente el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. Incluso aceptó reformar la JEP. “Su desarrollo normativo, que es el que le da vida, sí se puede y se debe reformar frenar impunidad”, dijo Duque a finales de 2017.


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Si bien es cierto que la JEP tuvo problemas para adecuar su sede – en diciembre de 2017 firmaron el contrato de arrendamiento del edificio, ubicado en la calle 63 con carrera séptima –, instalar los computadores y asignar vehículos para los magistrados, lo cierto que, según cifras del organismo, 7.916 personas, entre militares, exguerrilleros y particulares se han acercado para someterse a la justicia transicional. Además, los abogados de la JEP  han recibido denuncias por parte de 11.809 víctimas, de las cuales 8.883 están relacionadas con las Farc y 2.926 con el Ejército.

¿Qué pasó con el secretario ejecutivo?

El martes pasado, 3 de marzo, renunció el secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien había sido nombrado por Naciones Unidas desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de La Habana . En los medios de comunicación trascendieron algunas razones que habrían influido en su renuncia: el cuestionamiento de varios magistrados por los retrasos en la adecuación de la sede así como en la asignación de carros Renault Logan para los magistrados en lugar de vehículos blindados, como los que utilizan los magistrados de las altas cortes. Una de las contradictoras de Correa fue precisamente la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

Para Correa, su misión en la JEP terminó y por eso presentó la renuncia. Fue contratado para adecuar la sede de la JEP, para garantizar que contrataran al personal suficiente y que, al fin de cuentas, el organismo se pusiera en marcha. “Diseñé y puse en funcionamiento la jurisdicción. Creamos una unidad de atención a las víctimas con 18 enlaces territoriales. Ya tenemos 8.000 actas de compromiso de sometimiento a la JEP, 1.200 conceptos jurídicos sobre la situación legal de los militares. A mí me encargaron un servicio difícil y complejo para poner a operar la jurisdicción. El servicio lo presté y le cumplí a las víctimas”, dijo Correa después de presentar la renuncia.

“Aunque Néstor sí se demoró en algunas cosas, cumplió. Incluso  los magistrados se posesionaron y han venido organizando sus despachos, se creó el reglamento interno y se dividieron labores”, nos contó una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de la JEP. En las últimas semanas, sin embargo, Correa comenzó a ser cuestionado por temas de ejecución. Según la Contraloría General, de los 4,7 millones de dólares que le fueron asignados a la JEP, se han ejecutado 3,7 millones de dólares.

No obstante, Correa aclaró que esos fondos venían de cooperación internacional. Esa plata, por ende, “era administrada y ejecutada por el PNUD y la OIM. Yo no he ejecutado ninguna licitación”, afirmó Correa en un video publicado  en la cuente de Youtube de la JEP. Algo similar, según Correa, sucedió con el arrendamiento de los 38 vehículos, proceso a cargo del Fondo Colombia Paz, entidad que recibe y administra los recursos otorgados por Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (en total son cerca de 200 millones de dólares).

Esta semana, los gobiernos de Suecia, Noruega y Suiza le solicitaron al Ministerio de Hacienda información sobre la ejecución de estos recursos por parte Fondo Colombia Paz algo en lo que, dice Correa, él no tiene nada que ver. Solamente señaló que para el alquiler de vehículos se asignaron 1.440 millones de pesos, cuando se habían solicitado 5.241 millones de pesos.

Otra de las decisiones que tomó Correa y que causó revuelo fue decretar medidas cautelares a los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En estos documentos, serían más de 90.000 carpetas, se encuentra información clave sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.  Aunque la decisión de Correa fue respaldada por las víctimas, para otras organizaciones fue una medida tardía, pues ya se han perdido por lo menos 60.000 archivos.

La JEP marcha, a pesar de todo

Además de los expedientes de 7.916 personas que está estudiando la JEP, la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad comenzó a trabajar con información proporcionada por la Fiscalía,  toda relacionada con el conflicto armado. Estos informes serán claves para contrastar las versiones de las víctimas y los actores del conflicto armado que se postularon. A las oficinas de la JEP también llegaron 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia donde se encuentran, entre otros casos, el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino por parte de las Farc y el la masacre de la familia Turbay Cote, en diciembre de 2000.


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Sería exagerado catalogar la situación actual de la JEP como una crisis, así lo considera Bernardita Pérez, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Antioquia y especialista en temas de paz. “El secretario tenía un cargo transitorio. Ahora que se consolida la corporación, el secretario puede renunciar. No hay ninguna crisis. Ahora, sobre el miedo que han difundido ante un nuevo régimen en el gobierno, debo decir que sería muy ingenuo hacerle una modificación sustancial a la JEP. Se necesitaría cambiar la constitución. Además la JEP ya está regulada por normatividad de procesos penales y no sería nada fácil que un nuevo gobierno hiciera todo esto trizas”.

Por otro lado, Mauricio Reyes, profesor de Derecho Público en la Universidad Nacional, considera que el problema de la JEP radica en que, hasta la fecha, “no ha tenido una comunicación abierta sobre los trabajos que está realizando. Sin embargo, es muy prematuro cuestionar la legitimidad de la JEP. Si bien es cierto que desde las elecciones del plebiscito la JEP no goza de toda la legitimidad frente a la gente, este problema lo tendrá que resolver el próximo gobierno. El punto central de la JEP es que genere la justicia que las víctimas reclaman, y eso se verá cuando emitas sus fallos”. Es decir, si todo sale bien, en unos 15 meses.

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