Ilustración: Sara Pachón

El año pasado, los líderes sociales se convirtieron en víctimas de criminales. Ilustración: Sara Pachón.

El año pasado, oficialmente, la guerra con las Farc se acabó. A mediados de 2016, las delegaciones de las Farc y el gobierno pactaron “el fin del conflicto” a través de un cese al fuego bilateral y definitivo. En septiembre, el presidente Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’ firmaron el acuerdo final y, a pesar de la derrota del Sí en el plebiscito, el ejército y la guerrilla no volvieron a dispararse.

Sin embargo, la violencia no terminó. Los movimientos sociales se convirtieron en el blanco de amenazas, intimidaciones, violaciones y asesinatos. Varias organizaciones han denunciado este fenómeno a través de sus informes anuales: Somos Defensores habló de 80 líderes muertos en 2016, la Cumbre Agraria y Marcha Patriótica hablaron de 125 dirigentes asesinados y el Centro de Memoria Histórica, aunque no dio cifras, se pronunció sobre el tema.

Pero faltaba el informe de la ONU, una de las organizaciones internacionales con mayor presencia en el territorio colombiano, sobre todo ahora que hace parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y de la dejación de armas por parte de las Farc. Pues bien, este jueves publicaron el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia”.

Lo leímos, y estas son, lamentablemente, las conclusiones:

Las cifras

Para la ONU, la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales fue motivo de preocupación el año pasado. De acuerdo con el informe, “la Oficina observó 389 hechos de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores), tres desapariciones forzadas, y un caso de violencia sexual”.

Vea también: Estos son los 26 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación.

Las víctimas

El informe señala que entre las afectados del año pasado están “cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos juveniles”. Además, la ONU dice que si bien hubo agresiones contra miembros de sindicatos, de movimientos sociales comunitarios o partidos políticos, las estadísticas solo tienen en cuenta las violaciones de derechos humanos contra personas que ejercían liderazgo.

Vea también: Estas son las líderes asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz.

Los lugares más peligrosos

En este sentido, el informe de las Naciones unidas divide sus estadísticas en dos: los departamentos donde hubo mayor número de asesinatos de líderes sociales y los lugares del país donde se presentaron más agresiones —amenazas, intimidaciones, violaciones de derechos, etc.— contra dirigentes comunitarios.

En el primer aspecto, el informe señala que “los departamentos con mayor número de muertes verificadas de defensores y defensoras de derechos humanos fueron Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4)”. En la segunda categoría, los lugares “más afectados por todo tipo de agresiones fueron Antioquia, Bogotá, Cauca, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca”.

Los victimarios

La ONU ha reseñado que en “en 44 de los asesinatos verificados, los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales”. Según el informe, cuatro de los asesinatos contra líderes sociales el año pasado estuvieron vinculados al ELN, uno al EPL, dos a milicianos de las FARC-EP, uno a disidentes de las FARC-EP, seis a particulares, y uno a la policía nacional durante una protesta social.

Las razones de las agresiones

No es un misterio que los líderes sociales tendrán una labor privilegiada en el posconflicto: serán los hombres y mujeres que legitimen los acuerdos de paz en las regiones y le den el impulso para que las comunidades se ‘monten al bus’ del posconflicto. Por eso no es raro que, según el informe, “en 43 de los casos de los homicidios verificados, las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales” dice la ONU. Además, de los 43 casos que habla el documento, “25 ocurrieron en zonas con presencia histórica de las Farc”.

Los asesinatos están relacionados, según el informe, con los vacíos de poder que ha dejado esa guerrilla y la escasa o débil presencia del Estado. Según las Naciones Unidas, la problemática se debe a que los actores criminales consideran que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses, también a la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales, y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los habitantes.

La importancia de los líderes

Además de un diagnóstico de las situaciones, las Naciones Unidas acostumbran a dar recomendaciones y establecer posiciones editoriales en sus informes. Este caso no es la excepción.

Por eso, para el organismo “la sanción a quienes atacan a los defensores de derechos humanos constituye una salvaguarda fundamental y efectiva para la satisfacción y la no-repetición”. De acuerdo al documento, “la Oficina ha reiterado su preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos”.

Las “buenas noticias”

No todo es malo en el informe de la ONU sobre la situación en Colombia. El documento valora y acoge con satisfacción las seis condenas logradas por la Fiscalía General de la Nación, en 2015 y 2016, contra quienes cometieron el asesinato de defensores de derechos humanos. Además, destaca “las diferentes iniciativas de la Fiscalía General de la Nación en los últimos años en esta materia”.

Sin embargo, la organización afirma que “el éxito de la entidad deberá medirse por la calidad de las investigaciones y la capacidad para lograr resultados judiciales”. Para este organismo, “un ajuste en los incentivos institucionales para recompensar a los fiscales por los avances logrados en la investigación de estos casos podría tener efectos positivos”.

Vea también: Razones para aliviarse, pero también indignarse por la nueva investigación de la Fiscalía sobre líderes asesinados.

El informe también reconoce “los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por responder a las numerosas y variadas necesidades de protección en el territorio colombiano”, pero, así mismo, afirma que esa entidad “aún no ha evaluado la idoneidad y efectividad de las medidas para defensores de derechos humanos” porque “basado en la información disponible, la Oficina observa que, a pesar del incremento de los homicidios de dichos defensores, solo el 20 por ciento de las medidas completas de protección fueron asignados a las zonas rurales”.

Por último, las Naciones Unidas recomiendan garantizar que “los analistas de la UNP puedan llegar a los lugares y entrevistar a los defensores de conformidad con los procedimientos establecidos”.

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