Montaje: Juan Ruiz – ¡Pacifista!

Por: Jairo Rivera Henker

OPINIÓN |Esta es la primera columna de Jairo Rivera para ¡Pacifista! ¿Qué tan ético y vigente es hablar de violencia revolucionaria en este momento que atraviesa el país? 

Hace pocos días se suscitó un debate sobre la violencia política que adopta una forma “revolucionaria” y se legitima bajo el argumento de que “sólo la violencia revolucionaria traerá las grandes transformaciones”. La discusión, en círculos cada vez más reducidos y llena de improperios y lugares comunes, sirve también para ejemplificar la cada vez más contundente derrota de la guerra en la política.

El relato que sostuvo la lucha armada guerrillera hasta casi 30 años después de la expedición de la Constitución de 1991 se puede explicar por varios factores. Por un lado, la creciente fuerza del narcotráfico que puso en jaque un Estado que se había nutrido de él,  y por otro, el genocidio político y una estrategia anti-insurgente que edificó políticas de tierra arrasada en muchos lugares en los que la violencia era el único lenguaje de la vida social.

La exclusión política, la desconfianza en el Estado y sus instituciones, la corrupción del poder político, la terrible desigualdad social, el marginamiento del campo, el desplazamiento forzado a las ciudades: todas las anteriores realidades las padeció Colombia cuando, al mismo tiempo, se proponía cumplir la realización de un proyecto de modernidad democrática consagrado en la Constitución de 1991, cuya gestación asistió a un enfrentamiento sin mediación y todavía no superado entre la realidad del neoliberalismo, y la promesa del Estado Social de Derecho.

La guerra de guerrillas, que había tenido su génesis en la explosión de resistencias sociales sembradas por el tiempo de LA VIOLENCIA tras el magnicidio de Gaitán, no podía ser explicada de la misma manera en los ochentas, y mucho menos en los noventas. El relato que justificaba la violencia se fue desplazando con pequeñas esperanzas de paz que frustraron los grupos paramilitares aupados por políticos, altos mandos del ejército colombiano, y la política contrainsurgente de los EEUU. El gobierno de Gaviria entendió la importancia de una nueva Constitución Política, pero cedió ante el narcotráfico, a la vez que cerraba los ojos frente al paramilitarismo, y escogía sin tacto volver a la guerra con las guerrillas más viejas y fortalecidas militarmente.

La promesa de las guerrillas de herencia marxista de primera generación (FARC, ELN, y EPL), ya no podía ser cumplida en la Colombia de la última década del siglo anterior. No era posible una toma militar del poder, ni existían condiciones para una insurrección popular con apoyo de las armas. Sin embargo, con un país alimentado con el ADN que había legado el tiempo de los grandes capos del narcotráfico, nuestra sociedad acostumbrada a la violencia fue confundida (o justificada) por las guerrillas como una sociedad ávida de revolución socialista.

Lejos de eso, la cosecha que hubo en Colombia fue la de un pueblo desconfiado en el Estado, más proclive a la justicia por mano propia que al garantismo de la carta del 91; y permeado por la trampa y la cultura del atajo que dejó dos de las maldiciones que hoy intentamos revertir: la naturalización de la violencia, y la indiferencia frente a la corrupción.

Ya para este momento la justificación originaria de la “violencia revolucionaria” había perdido espacio y legitimidad; así lo planteó Fidel Castro en su libro La paz en Colombia. Pero la vinculación dogmática de la revolución con las armas algo que en los sesentas era casi incuestionable, bebía de una sociedad acostumbrada al lenguaje de la bala; y era justificada con el argumento de las injusticias cotidianas.

Lejos de ser una herramienta para transformar el orden vigente, excluyente y despótico, la violencia guerrillera de ese último tiempo comenzó a contribuir al afianzamiento del proyecto uribista, el cual demostró ser más eficaz y sangriento en la guerra; ganando, paradójicamente, la disputa política con la más peligrosa de las promesas: una sociedad pacificada “a sangre y fuego”.

La violencia estratégica de los grupos guerrilleros había sufrido hace rato una inflexión y terminó siendo una herramienta funcional de la política de “Seguridad Democrática”. Los líderes guerrilleros, quienes conocían las inclemencias de la guerra y la necesidad política de la paz, interpretaron que había que poner fin a la confrontación. Pero tenían encima demasiada violencia y muy poca legitimidad política como para hacer de su tránsito a la paz una posibilidad mucho más fuerte para las aspiraciones democráticas del país.

En ese tiempo de transición traumática nos encontramos ahora. Frente a una implementación bastante reducida de los Acuerdos de Paz, en medio de las vicisitudes de un país que ha proclamado su vocación renovadora pero sigue viviendo dentro de las prácticas de la “vieja Colombia”: un país donde continúan asesinando líderes sociales, ambientales, comunales, defensores de derechos humanos y promotores de la restitución de tierras, un inadecuado ejercicio de reincorporación de los excombatientes, un programa de sustitución de cultivos ilícitos saboteado por el propio gobierno, y una incertidumbre de muchos exguerrilleros ante el incumplimiento de lo acordado, entre muchas otras dificultades. Si las cosas se ven sólo desde esta perspectiva, pareciera que para los antiguos guerreros la guerra era un lugar mucho más tranquilo que la paz que les ha tocado. Pero su propósito político nunca fue la guerra misma, sino una Colombia Nueva, cuyas posibilidades de nacer eran desgarradas por sus mismos fusiles.

En nuestro contexto, la guerra fue derrotada como una forma de cambiar el mundo, pero no ha sido derrotada como una forma de mantener el mundo viejo. Tal vez ahí es donde nacen las confusiones.

Por supuesto que no hay que confundir esta crítica de las armas con las acciones de hecho a las que se ven obligados los movimientos sociales en determinadas coyunturas para hacerse escuchar, en los paros campesinos, o las confrontaciones de la gente a la que le son  arrebatados los derechos a la fuerza. Pero esa resistencia civil con forma de desobediencia, no tiene que ver con la justificación de la violencia ofensiva y total que llegaron a tener las guerrillas en un momento en donde aún tenían mucho oxigeno militar. La guerra había que acabarla hace mucho rato.

El problema de la Paz no debe ser visto solamente como un asunto “táctico”, en el contexto del argot de la guerra asumido por cierto lenguaje militante. Es un asunto fundamentalmente ético, y lo es en tanto la construcción de paz implica la siembra de una cultura de la democracia que no llega sólo con el acuerdo de paz, aunque se desprende de todos sus esfuerzos, sino con una apuesta política de largo plazo que implica una transformación mucho más profunda en el sentido común de un país que todavía vive en las antípodas de la democracia. Ahí está el reto.

Es posible cambiar a Colombia partiendo del respeto sagrado por la vida. En mi opinión, esa es la apuesta verdaderamente revolucionaria de nuestro tiempo.

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