El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", durante la presentación del acuerdo de cese al fuego. Foto: Archivo

El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, durante la presentación del acuerdo de cese al fuego. Foto: Archivo

Activista político. @Antequerajose

Por José Antequera Guzmán*
Pensemos con realismo en posibles soluciones para la crisis que ha generado la decisión de la Corte Constitucional sobre la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. La movilización de la sociedad en la que pensamos automáticamente no parece ser un recurso efectivo a esta altura del año. Agarrarse del liderazgo del presidente Santos y su Ministro Cristo, aunque suena religiosamente esperanzador, implica agarrarse de un avión fallando. Negociar, negociar y negociar hasta que te sepa a cacho, como dice el ex Presidente Mujica, puede ser una opción, pero sin ingenuidades.

Lo decidido por la Corte no sólo es grave, sino que va contra el sentido común de la naturaleza del Estado. El Estado y su capacidad de comprometerse más allá del ejecutivo y del gobierno de turno en asuntos como los tratados internacionales y los tratados de paz es, de hecho, una condición de la democracia constitucional por la que tiene que velar una Corte Constitucional. En tal caso el Congreso de la República puede tener la potestad posterior de revisar y aprobar los compromisos adquiridos por el Estado pero no puede cambiarlo. No hay puntos medios, se aprueba o no se aprueba, so pena de que el Estado se muestre ante cualquier contraparte negociadora como una ficción. ¿Qué clase de Estado es ese?

Eso debería convocar a una movilización social del mismo tamaño que las que se produjeron después del 2 de octubre.El Estado colombiano es el actor del conflicto contra las insurgencias y por eso el actor de la negociación de la Habana con las FARC. En ese orden de ideas, la decisión de la Corte Constitucional sobre el fast track es autista. Supone que las leyes que se tramitan por vía rápida no son más que leyes urgentes que presenta el ejecutivo al legislativo, no leyes derivadas de una negociación de Estado. No se han enterado de que estamos viviendo una transición.

El problema que se ha creado implica que las próximas leyes que se deben tramitar desprendidas de los Acuerdos seguirán teniendo un trámite abreviado pero no tendrán límite de modificación, lo cual, de hecho, ya estaba siendo violado por el gobierno con la presentación de proyectos que incluían cambios a lo acordado con las Farc, como el tema de la responsabilidad de mando. Eso debería convocar a una movilización social del mismo tamaño que las que se produjeron después del 2 de octubre. Pedimos Acuerdo Ya suponiendo que el Estado tendría el compromiso de implementarlo. Pero esa movilización difícilmente se producirá en las mismas proporciones en este momento por mil razones que no hay que enumerar, pero que tenemos que aceptar rápido porque necesitamos respuestas efectivas.

Que se quede el Ministro Juan Fernando Cristo en el gobierno y que intente salvar los consensos al interior de los partidos de la extinta Unidad Nacional es importante, sin duda. Pero el liderazgo de Cristo es también el liderazgo del Presidente Santos, con prestigio en el exterior pero en picada a nivel interno. Uno esperaría que ellos y otros en el gobierno hicieran ahora cosas audaces, que buscaran consensos más allá de la oposición en sectores que han perdido confianza o cercanía con la cuestión de la paz, incluso con sectores empresariales y de los medios de comunicación que han creído que ya todo está resuelto, o no se qué. Pero la lección que tenemos con la marca de la crisis que generó el plebiscito del 2 de octubre es que este gobierno no hace lo que se esperaría que hiciera en estas materias.

No podemos caer en ingenuidades. Creer que el Acuerdo de la Habana necesita más negociación para volverlo más legítimo es olvidarse de lo mucho que ya se negoció, del respaldo institucional mundial que ya tuvo, de todos sus certificados de validez democrática, incluyendo el Nobel para Santos, y olvidarse además de que en el Congreso se está actuando con tenedor y cuchillo frente a la paz en función del interés electoral y clientelista.

Argumentar que esto demuestra la democrática independencia de la Corte Constitucional es, precisamente, no tener visión de Estado frente a la paz, y confundir el fast track original con una imagen de amenaza dictatorial, muy al modo de las pesadillas de Iván Duque y del Centro Democrático donde no han entendido que estamos saliendo de un conflicto armado, nada más y nada menos.

Sin ingenuidad, hay que reconocer que hace falta más consenso y ello supone también negociar y dialogar con muchos sectores como dice el Pepe Mujica. Si el gobierno hace lo suyo, y con el trabajo por la movilización que seguramente se hará contra todos los pronósticos, hay que buscar a esa gran cantidad de actores que ya se han sumado al bus para sacar los acuerdos adelante, entre las iglesias, los militares, los empresarios, los movimientos sociales, los liderazgos territoriales, etc. Hay que impulsar un pacto que vaya más allá del Congreso y que ponga las cosas de la paz en el lugar de un Acuerdo de Estado.

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