Foto: Captura de video - Farc

Las Farc culminarán el proceso de dejación de armas el próximo 31 de mayo. Foto: Captura de video – Farc

Cuando buena parte de la opinión daba por sentado que, contando el caso del ELN, el secuestro político estaba a punto de erradicarse en Colombia, desde Guaviare llegaron noticias que pusieron a temblar al gobierno. El pasado miércoles 3 de mayo, en la vereda Barranquillita, del municipio de Miraflores, la disidencia del frente primero de las Farc secuestró a Herledy López, funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Un hecho que no solo involucra a un integrante de una organización internacional que apoya la implementación de los acuerdos de paz, sino que también revive la discusión sobre el verdadero espíritu de esa disidencia, al mando de “Gentil Duarte”.

Todo empezó en la tarde del 3 de mayo, durante una reunión entre campesinos de Miraflores e integrantes de una comisión integrada por la ONU, el gobierno, las Farc y dirigentes de organizaciones comunales, campesinas y de derechos humanos. En el encuentro, del que participaba el alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, se socializó el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que se pactó en La Habana y que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, arrancó a finales de enero pasado. Al término de ese evento, varios integrantes de la disidencia de las Farc se llevaron a López monte adentro.

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Desde entonces, son pocas las noticias que se tienen del funcionario. Sin embargo, el pasado 5 de mayo se conoció un comunicado público de los disidentes, que circuló en San José del Guaviare, la capital del departamento. En él, la pequeña organización, que se autodenomina “frente primero Armando Ríos de las Farc”, declaró que liberaría a López siempre y cuando “se materialice el plan de desarrollo que solucione el problema social y económico de los campesinos y cultivadores de coca”. La propuesta, según se desprende del comunicado, es muy similar al PNIS: sustitución voluntaria y gradual de los cultivos de hoja de coca, con una buena dosis de inversión social.

Y aunque lo que pide el “frente primero” es lo mismo que se pactó en La Habana, esa organización opinó que el gobierno no está interesado en cumplir los acuerdos de paz, sino en “acabar con los cultivos de coca sin antes solucionar los problemas de los humildes labriegos”. El documento insiste en que en El Retorno, Miraflores y Calamar, en Guaviare, el gobierno ha hecho erradicaciones forzadas “sin que hasta ahora se haya solucionado el problema social y económico de estas regiones, donde la gente está aguantando hambre”.

Pero no es solo la disidencia del frente primero la que ha hecho referencia a supuestas erradicaciones forzadas en ese departamento. El 8 de marzo pasado, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro (DHOC), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca y la Mesa de Interlocución y Acuerdo denunciaron que el Gobierno había adelantado erradicaciones forzadas en El Retorno, pese a haber firmado un acuerdo de sustitución voluntaria con las comunidades campesinas.

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Julio Fuentes es el coordinador en Guaviare de la Fundación DHOC, una de las organizaciones que participó en la reunión tras la que fue secuestrado López. Fuentes opina que los tiempos que toma la ejecución del PNIS han generado suspicacias en la disidencia del frente primero, de un lado, y en las organizaciones campesinas, de otro: “Aquí hay una profunda desconfianza frente al programa de sustitución, porque una cosa es que ese plan exista y otra muy diferente que las obras se estén ejecutando”. Y agrega que los resquemores tienen relación con otros asuntos de la implementación: “No hay esperanza de que se le dé cumplimiento al plan, en parte por lo que ha pasado con el proceso de paz: las zonas veredales están a medio construir y todo en el gobierno es paquidérmico”.

“Gentil Duarte”, al mando del frente primero, viajó a La Habana en 2015 para vincularse a los diálogos de paz. Sobre él pesa una circular roja de Interpol. Foto: Farc-Paz

Además de la discusión por la coca, el comunicado del frente primero reabre el debate sobre si esa organización tiene o no un perfil político. En julio de 2016, cuando esa estructura anunció que se no se acogería al proceso de paz, las Farc declararon que sus antiguos compañeros de armas acudían a “argumentaciones políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos”. Luego, en diciembre de ese año, cuando expulsaron a “Gentil Duarte” de la organización, las Farc declararon nuevamente que los disidentes se habían lanzado “al despeñadero de la ambición personal”, en una velada alusión al negocio del narcotráfico que se mueve en Guaviare, donde en 2015 Unodc contabilizó 5.423 hectáreas de hoja de coca.

Pero no es la única interpretación del problema. Eduardo Álvarez es el director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y ha estudiado a fondo el fenómeno de las disidencias. En diálogo con ¡Pacifista!, Álvarez aseguró que el tema del frente primero no puede explicarse solamente en clave económica. Según él, ese frente declaró en disidencia partiendo de dos realidades: “De un lado, que ‘Gentil Duarte’ siempre reclamó un papel protagónico en el Estado Mayor Central y en el Secretariado de las Farc, y nunca se lo dieron. Y, de otro, que durante los años más aciagos del conflicto los bloques Oriental y Sur mantuvieron a flote a las Farc en términos económicos, por lo que el frente primero cree que merecía un lugar más protagónico durante el proceso de paz”. Ello, pese a que “Duarte” se vinculó a la mesa de La Habana y, más tarde, participó en la X conferencia guerrillera, que refrendó los acuerdos.

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Un académico que pidió no ser citado le dijo a este portal que ‘Gentil Duarte’, quien pasó buena parte de su vida en las Farc, “cortó relación con el Secretariado cuando murieron (los comandantes de las Farc) ‘Manuel Marulanda’ y ‘Alfonso Cano’, manteniendo un contacto más o menos fluido con ‘Iván Márquez’ (jefe de la delegación de paz de las Farc durante los diálogos de La Habana). Entonces, ‘Duarte’ no reconoce al resto de la comandancia, se cansó de pedir un lugar en los órganos de dirección, y por eso se apartó del proceso”. En la misma línea, el investigador Álvarez opina que “el acuerdo de paz pudo haber calado en unas estructuras más que en otras”, y que durante la negociación en Cuba “las aspiraciones políticas individuales y la distribución de poder generaron disputas internas en las Farc”, lo que explica la fractura de esa guerrilla en Guaviare.

Julio Fuentes, el coordinador de la Fundación DHOC en ese departamento, también cree que el comunicado del frente primero y el secuestro del funcionario de Unodc “demuestran que la gente que se quedó al margen del proceso de paz quiere hacer acciones políticas fuertes” y que esas acciones dan cuenta de que esa estructura mantiene una apuesta ideológica. Una mirada contraria a la del gobierno, que ha asegurado, en boca del ministro Pardo, que el frente primero “vive y quiere vivir de la droga”.

Por ahora, la ONU continúa al frente de la liberación de Herledy López, a la par que el gobierno mantiene la ejecución del PNIS en la vereda Las Colinas, de San José del Guaviare. Mientras ambos procesos siguen en curso, el frente primero continúa convirtiéndose en un auténtico reto para el Ejecutivo, que prometió en La Habana garantizar la no repetición del conflicto.

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