Fatou Bensouda, fiscal de la CPI desde 2012. Foto: Wikimediacommons

Cuando la revista Time publicó la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2012, el rostro de Fatou Bom Bensouda contrastaba con el de otras celebridades, como Rihanna y Ángela Merkel. Desde ese año, su imagen comenzaría a ser familiar en la prensa mundial. Tras la salida de Luis Moreno Ocampo de la Corte Penal Internacional (CPI), Bensouda fue escogida como fiscal jefe de la CPI. Este cargo, como ella lo admitiría más adelante, podría significar el escalón más alto en la carrera de cualquier jurista.

El nombramiento de Bensouda marcó un hito en el mundo judicial. Fue la primera mujer africana que llegó a uno de los cargos más altos de la justicia mundial –nació en Gambia y estudió en Nigeria–; a un tribunal que ponía en jaque a jefes de Estado – como sucedió con Slobovan Milosevic, expresidente de Serbia, por ejemplo– y se encargó, desde un principio, de poner la lupa en los delitos de lesa humanidad que trascendían al continente africano. De hecho, Ocampo, el antecesor de Bensouda en el cargo, fue criticado por su insistencia en la persecución de grupos africanos, dejando de lado los delitos en otras partes del globo.

En ese proyecto fortalecer la presencia de la CPI en el mundo, Bensouda se topó con el conflicto armado colombiano, particularmente con las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Este tema no es menor: a las oficinas de la fiscal llegaron solicitudes para investigar 1.228 de estos casos por parte de altos mandos de las Fuerzas Militares. La dimensión del problema podría ser mayor si se tiene en cuenta que la Fiscalía General de la Nación tiene 2.760 procesos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría registrados entre 2004 y 2007, durante el segundo periodo presidencial Álvaro Uribe, en el que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa.

Bensouda aterrizó esta semana en Colombia para adelantar investigaciones. Una de sus principales preocupaciones es que las cortes colombianas no han esclarecido quiénes son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, en especial del escándalo de los ‘Falsos positivos’. Si bien existen algunos nombres de exmiembros de la Fuerza Pública como los comandantes Mario Montoya y Jaime Lasprilla, son cientos los procesos que hace falta por esclarecer. Bensouda también está interesada en conocer la estructuración de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que contempló el acuerdo con las Farc, por lo que sostendrá reuniones con altos mandos del Gobierno, incluyendo al presidente, Juan Manuel Santos, al vicepresidente, Óscar Naranjo y a Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

Así que de esta visita no solo dependerá que se reactiven los casos archivados de desaparición forzada, también puede representar un espaldarazo para la arquitectura jurídica del proceso de paz. En ¡Pacifista! recopilamos algunos de los casos que la fiscal lleva a cargo y que pueden dar luces sobre su trabajo en Colombia.

  1. Palestina, una cirugía de alto riesgo

Si bien es cierto que 120 países se acogen a los mandatos de la CPI, el ingreso – en 2015– de Palestina a la lista de los países que se acogen al mandato de la Corte significó un reto de enormes proporciones para la fiscal. Una de las primeras medidas que tomó en este caso fue ordenar una investigación sobre supuestos crímenes en territorios ocupados. Este caso puede ser crucial, pues por las presiones internacionales pocos diplomáticos vaticinan una sanción contra Israel.

Vale la pena recordar que el 5 de octubre de 2016, la CPI visitó Israel y Palestina después de una ausencia de dos años, cuando abandonaron el lugar por la guerra de Gaza. Para Bensouda no ha sido fácil contar con el respaldo para sus investigaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se ha resistido en numerosas ocasiones a colaborar con el tribunal, que tiene sede en La Haya.

 

  1. África, una difícil relación

Bensouda no ha dejado de lado las investigaciones sobre los conflictos africanos, y esta decisión le ha costado una pérdida notable de popularidad entre los gobiernos que son centro de sus pesquisas. De hecho, en febrero de 2016 fue duramente cuestionada en su continente, a tal punto que la Unión Africana apoyó una propuesta de Kenya para buscar la salida de los países africanos de la Corte Penal Internacional. Por el momento, Gambia, Kenya y Sudáfrica apoyan esta decisión. Como lo decía el analista español Jose Naranjo: “África ya había amagado en varias ocasiones con desconectarse de la CPI, pero por primera vez la amenaza se ha concretado y se está produciendo una cascada de retiradas que supone un duro golpe para la arquitectura de la justicia internacional”.

 

  1. Efectividad en el caso Thomas Lubanga

En el mundo académico, Bensouda es reconocida por sus investigaciones alrededor de la reparación para los niños vulnerados en guerra. En el proceso de empalme con Ocampo, la CPI logró destrabar un tortuoso proceso judicial contra Thomas Lubanga, quien reclutó menores de 15 años para las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Los niños, según la CPI, fueron enviados a combate y forzados a ser esclavos sexuales.

 

  1. Lentitud en el caso de Laurent Gbagbo

La jefe de la CPI no ha logrado destrabar el caso de Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, imputado por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil que se desató después de las elecciones de 2010. Gbagbo, de 72 años, está detenido en Holanda desde 2011 con su exministro de la Juventud, Charles Blé Goudé, de 45 años. En los seis años de retención la CPI no ha emitido una sentencia definitiva. Los  hombres permanecen procesados por cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad.  Durante la guerra murieron más de 3.000 personas, según la Corte. 

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