Foto de Andrei Gómez Por: Andrei Gómez-Suárez*

¿Cómo dar cuenta de la complejidad de la gran transformación que vive Colombia gracias a la implementación del acuerdo de paz Gobierno-FARC? ¿Cómo explicar a millones de personas que a pesar de los contratiempos el proceso avanza y poco a poco se van desmontando prácticas y lógicas que perpetuaban el conflicto armado? ¿Cómo hacer una descripción ecuánime que permita revelar los retos, reconociendo los logros, para que la sociedad civil, no sólo los movimientos sociales, se involucren proactivamente en la construcción de paz?

Estas tres preguntas plantean la necesidad de realizar análisis complejos. Es difícil argumentar que se van desmontando prácticas y lógicas que alimentaban el conflicto armado, cuando cada semana caen líderes sociales asesinados a manos de hombres armados que llegan por oleadas a territorios antes controlados por las FARC. El asesinato de Faiver Cerón Gómez ocurrido el 18 de febrero en Mercaderes, Cauca, es el hecho más reciente que indigna y descorazona a miles de jóvenes y adultos que trabajan por la construcción de paz en Colombia.

Además, a la falta de garantías de seguridad para la participación política, se suma el oportunismo político en el trámite legislativo de las leyes que buscan implementar el acuerdo de paz a través del fast-track (o vía rápida). El Senador de Cambio Radical Germán Varón declinó ser el ponente del Acto Legislativo 003 de 2017 que busca crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para alinearse con su jefe político, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, en contra del mecanismo de justicia transicional acordado en La Habana. Mientras tanto, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca pasar una ley de reforma política, que no es parte del acuerdo de paz, aprovechando el fast-track, lo cual debilita aún más el trámite legislativo de leyes que son fundamentales para que la implementación jurídica de los acuerdos avance.

Para rematar Jean Arnault, Director de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, envió una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final compartiendo varias preocupaciones: (1) los campamentos de las FARC no están listos ni han sido delimitados con precisión, (2) no se tiene la lista del personal de las FARC que ha ingresado a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), (3) no se ha realizado la identificación registro y monitoreo del armamento llevado a las ZVTN, y (4) existe un clima de preocupación entre miembros de las FARC respecto a su seguridad jurídica, socio-económica y física.

Lo anterior, parece aumentar el pesimismo de activistas, estudiantes, empresarios, académicos y analistas. A lo cual se añade, que según algunos las Fuerzas Militares no están comprometidas con el proceso y por eso caen líderes asesinados, además dicen que la oposición de ACORE a la JEP y su crítica a dos de los cinco miembros del Comité de Escogencia de los Magistrados y Comisionados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, demuestra su desinterés por el reconocimiento de responsabilidades necesario para pasar la página del conflicto armado.

Esta descripción de algunos hechos que caracterizan la transición debe ser analizada con cabeza fría. A pesar de las dificultades es necesario reconocer los logros y las transformaciones. Pongo a consideración tres aspectos de esa gran transformación que muchos pasan por alto.

Primero, las FARC han criticado al gobierno por la improvisación, pero su discurso nunca ha puesto en duda su apuesta política para resolver los conflictos con el Estado. Por el contrario, las declaraciones de sus líderes, aunque muchas veces en oposición a las acciones de funcionarios públicos, reafirman frente a la guerrillerada y la sociedad colombiana su decisión de mantenerse firmes en el fin de la confrontación armada.

Segundo, detrás de los debates políticos en el Congreso de la República, el gobierno con las facultades que otorga al presidente el fast-track, ha empezado a promulgar decretos que regulan la implementación de los acuerdos. El Decreto 277 de 2017, por ejemplo, establece los tiempos y procedimientos para la aplicación de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales (o Ley 1820 de 2016). Así el gobierno busca que los fiscales y jueces estén sincronizados en ofrecer seguridad jurídica a los combatientes de las FARC, lo cual permitiría cumplir con el cronograma propuesto para la dejación de armas.

Tercero, las Fuerzas Armadas, que empezaron un proceso de transformación en año 2011 con el primer Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Crei) y culminó con el quinto Crei en 2015, hoy en día no ven a las Farc como un enemigo armado. En palabras de un alto mando “este es el gran cambio de los últimos 50 años.” Por consiguiente, el Plan Victoria, que define la estrategia de las Fuerzas Armadas hasta el 2018 no es un plan de choque, como lo fueran el Plan Patriota y el Plan Espada de Honor, sino que es un plan de estabilización y consolidación. El objetivo no es sólo asegurar las ZVTN, por fuera el área de Mecanismo de Monitoreo y Verificación, sino formar a nuevos integrantes de la Fuerza Armadas para cumplir un papel inédito como constructores de paz.

La gran transformación que vive el país es difícil de comprender. Viejas prácticas y lógicas coexisten con nuevas apuestas y metas. En medio de esta ambigüedad, hoy hay miles de personas involucradas en la construcción de paz: desde la izquierda hasta la derecha, desde la sociedad civil e instituciones del Estado hasta la comunidad internacional. Sin embargo, no están milimétricamente articuladas, ese será, ojalá, un resultado del éxito de la transición. Por tanto, un gran reto de una opinión pública corresponsable con la reconciliación es evitar que juicios ligeros basados exclusivamente en las dificultades, desconozcan los grandes esfuerzos de múltiples sectores para hacer realidad la implementación del acuerdo de paz Gobierno-FARC.

*Profesor y consultor en Justicia Transicional y miembro de Rodeemos el Diálogo. @AndGomezSuarez.

*Esta columna de opinión representa la voz del autor y no compromete la posición editorial de ¡Pacifista!

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