Foto: Ejército

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Por Ana Ramírez*

Ser joven varón en Putumayo no es fácil y no lo ha sido en las últimas décadas. Además de las presiones que representa la juventud para cualquier muchacho, en el departamento existe la posibilidad de ser reclutado por alguna de las tres fuerzas de lucha del conflicto armado en Colombia: los paramilitares, la guerrilla y el Ejército [1].

Podría pensarse que la situación en el muy cercano posconflicto podría ser más prometedora si la amenaza de reclutamiento de las dos primeras se extingue y si la restante opción del servicio militar perdiera la calificación de obligatorio.

Una primera medida en esa dirección está contemplada en la Ley de Víctimas, en la que la exención al servicio militar surge como una medida de reparación para aliviar el sufrimiento y contribuir con el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La Ley afirma que la reparación deberá ser integral y por esto comprende distintas medidas individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas. 

Además de la reparación material, la rehabilitación (atención médica, psicológica, jurídica y de servicios sociales), la indemnización (compensación económica por los daños causados) y la restitución de tierras, dicha Ley contempla la reparación en su dimensión simbólica a través de las medidas de satisfacción. Entre las medidas de satisfacción la ley incluye, en su artículo 140, la exención en la prestación del servicio militar obligatorio.

El proceso consiste en el intercambio de información entre la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Reclutamiento, para que los jóvenes que sean incluidos en el Registro Único de Víctimas queden automáticamente exentos de prestar el servicio militar [2]. Además, la Unidad apoya la definición de la situación militar [3] y el proceso de expedición de la libreta [4].

La importancia de tener libreta militar en Colombia es indudable. Según el Decreto 687 de 2017, la indefinición [5] de la situación militar incide en: i) la posibilidad de ser objeto de sanción; ii) en el pago de la cuota de compensación militar; iii) en la imposibilidad de celebrar contratos con entidades públicas y privadas; v) en la imposibilidad de ingresar a la carrera administrativa; vi) en la imposibilidad de vincularse laboralmente y vii) en la posibilidad de sancionar a las empresas que contraten personal sin el cumplimiento de este requisito.

Resolver la situación militar en Colombia es tan importante que, como resultado de la reciente tragedia ambiental que tuvo lugar en el departamento del Putumayo, el Gobierno incluyó la solución de la situación militar de los varones en Mocoa entre las medidas que tomó para “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Otras de esas decisiones fueron el restablecimiento del servicio educativo, la creación de incentivos para la creación de empresa, la recuperación y mantenimiento del servicio de energía, el subsidio de combustibles, la rehabilitación y reconstrucción de la zona de desastre, y la atención efectiva de las necesidades de vivienda, agua y saneamiento.

Un joven que ha vivido la guerra desde el primer día, que conoce lo que es perder a un ser querido y que cree que su futuro está obligatoriamente marcado por la violencia, incluso por la de los fenómenos naturales, no debería estar obligado a servir a la guerra (es más, ningún joven debería).

Ahora es fundamental abrir oportunidades serias para esta generación y concretar para ellos un futuro distinto en el que puedan escoger y desarrollarse lejos de la guerra sin que esto signifique lejos de su tierra. Y uno de los primeros pasos es remover de su lista de pendientes la obligación del servicio militar.

Es necesaria una dinámica rápida de transformación territorial, a través de mayores y mejores accesos a bienes y servicios proveídos por el Estado, sino serán los jóvenes rurales quienes más prontamente decidan buscar mejor vida en las grandes ciudades, justo en un momento en que se reivindica al Putumayo como la futura gran despensa agrícola del país.

En últimas, los jóvenes putumayenses están dispuestos a trabajar por su departamento, por la implementación de los acuerdos de paz, y por renovar un territorio percibido desde el centro del país como inhóspito y agreste.
*Investigadora de DeJusticia

**Gracias a Miguel Ortega por sus impresiones acerca de Putumayo.

*** Este es un espacio de opinión. No representa la visión de Vice Media Inc.

[1] El reclutamiento de menores con ocasión y en desarrollo del conflicto armado es un delito que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario. En Colombia, está prohibido el reclutamiento obligatorio en las Fuerzas Militares antes de los 18 años.
[2] Solo los jóvenes inscritos en el Registro podrán acceder a esta medida.
[3] El proceso para definir la situación militar de los varones requiere acceso a internet, ya que el registro se hace a través de la página web www.libretamilitar.mil.co y la notificación de la cita se recibe vía correo electrónico. Este es un importante obstáculo de acceso para las personas que no tienen conectividad.
[4] A diciembre de 2016 la Unidad de Víctimas entregó 20.992 libretas militares gratuitas a víctimas de desplazamiento forzado por medio de la realización de 162 jornadas de definición de situación militar. (Informe al Congreso, 2016)
[5] La Ley 1780 de 2016, “por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, hace algunas excepciones para los jóvenes.

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