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Esta fue la imagen publicada el martes que anticipó el fin de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Foto Equipo Paz Gobierno

Con el anuncio del miércoles 24 de agosto se da por terminada, por primera vez con éxito, una negociación de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, al cierre de la mesa le siguen varios pasos antes de que pueda darse por hecho que esa guerrilla desaparece como grupo armado:

  • El documento final será publicado este jueves.
  • El Presidente solicitará al Congreso la convocatoria para el plebiscito en el que la ciudadanía refrendará los acuerdos. El primer mandatario anunció que los colombianos irán a las urnas el 2 de octubre.
  • Las Farc se reunirán en su X Conferencia –la última de su historia como alzados en armas– y allí sus negociadores socializarán el acuerdo con delegados de bloques y frentes.
  • Las Farc se concentrarán en las zonas veredales para iniciar el cese al fuego bilateral y la entrega de sus armas.
  • Los colombianos acudirán a la refrendación y votarán si aprueban lo negociado.

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Por lo pronto, el 24 de agosto quedará en la historia como el día en que se dio por terminado el trabajo que las delegaciones negociadoras, asesores, expertos, víctimas y garantes desarrollaron durante cuatro años en La Habana. Eso, sin contar la fase exploratoria previa que se extendió durante dos años y permitió la instalación formal de la mesa de conversaciones.

Por esa razón, con la agenda de las conversaciones en mano, hacemos un recuento de lo que se negoció en este tiempo:

La disputa por la tierra y la reforma del campo

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En el primer punto de la agenda las partes abordaron uno de los temas que más ha tenido que ver en la persistencia del conflicto armado colombiano. El Gobierno y las Farc acordaron la creación de un fondo de tierras para los campesinos que no tengan tierra o que la que tengan pero sea insuficiente.

Ese fondo “se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados”, explicó el Gobierno.

También acordaron un gran proceso de formalización de la propiedad rural y la modernización del catastro en el campo, la protección de áreas de especial interés ambiental y la creación de una jurisdicción agraria para resolver los conflictos por la tierra.

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Adicionalmente, crearon un paquete de medidas en materia de infraestructura para garantizar el acceso de la población rural a vías, energía eléctrica, agua potable, vivienda, educación y salud. También está prevista la creación de un sistema de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo y la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial y con la participación de las comunidades.

De igual forma, las partes negociaron la implementación de planes de estímulo a la productividad que incluyen el fomento de la economía familiar y solidaria, acercar al productor agrario con el consumidor, programas de asistencia técnica, acceso al crédito e inclusión en la seguridad social de los trabajadores rurales.

La política sin armas y la apertura democrática

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El segundo punto de la agenda tuvo entre sus objetivos negociar el tránsito de las Farc de su actividad guerrillera al ejercicio de la política sin armas. No obstante, además de ese punto, la discusión sobre participación política incluyó la necesidad de lograr una apertura democrática con nuevas voces y proyectos políticos que han estado excluidos de los escenarios para la toma de decisiones.

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De igual forma, se acordaron garantías para el ejercicio de la oposición y para la protesta, otras más en materia de seguridad y para el acceso a medios de comunicación. El Gobierno y las Farc también pactaron la reforma del sistema electoral, y promover las veedurías ciudadanas y los mecanismos para favorecer la transparencia.

Uno de los asuntos centrales de este punto tiene que ver con la creación de circunscripciones especiales de paz. Se trata de un mecanismo de elección que garantice durante algún tiempo la llegada al Congreso de representantes de comunidades tradicionalmente afectadas por el conflicto armado. Serán 16 las curules asignadas con este mecanismo.

Por otra parte, frente a la participación de las Farc en el legislativo, las partes acordaron que en un primer momento habrá seis voceros (tres por cada cámara), con derecho a participar pero no a votar, en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Posteriormente, la guerrilla, ya convertida en agrupación política sin armas, irá a elecciones. En los siguientes dos periodos (los iniciados en 2018 y 2022) su presencia en el Congreso estará garantizada con un mínimo de cinco senadores y cinco representantes. Eso significa que si no logran los votos necesarios para esas curules, se les asignarán de forma directa.

Las drogas y el negocio del narcotráfico

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El negocio del narcotráfico ha alimentado el conflicto en Colombia desde hace cerca de tres décadas. En este punto, el Gobierno y las Farc acordaron adelantar todo un proyecto nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo para las comunidades que dependen de los cultivos de uso ilícito.

De este acuerdo se desprendió el proyecto piloto de sustitución que ya empezó a desarrollarse en el municipio de Briceño, Antioquia. La experiencia que se recoja en esa localidad será el insumo de procesos posteriores en otras regiones del país.

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Pero además de la situación de las comunidades y las familias cultivadoras, las partes también acordaron que se fortalecerá la investigación, la persecución y la judicialización de las redes del crimen organizado que son las que se quedan con la mayor parte de las ganancias que deja el narcotráfico.

Finalmente, en materia de consumo, los acuerdos contemplan el abordaje de esta problemática con un enfoque de salud pública y derechos humanos.

Las víctimas y la justicia

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El de víctimas fue uno de los puntos más complejos y polémicos, no solo por la centralidad que se le dio al tema en el proceso, sino por incluir todo el modelo de justicia transicional, es decir, los mecanismos alternativos para sancionar y reparar los crímenes cometidos en el marco del conflicto.

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Los acuerdos entre el Gobierno y las Farc sobre la materia parten de la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Uno de los primeros elementos que se desprenden de esa discusión es la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, un organismo no judicial con la tarea de esclarecer lo que sucedió, no de sancionar.

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De la misma forma se acordó la creación de una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, la implementación de medidas de reparación integral para comunidades afectadas por el conflicto, la creación de planes de desarrollo con enfoque reparador, el acompañamiento psicosocial a las víctimas, el retorno de exiliados y desplazados, y el desminado y la descontaminación de explosivos. Para este último punto se desarrolla, desde mediados de 2015, un proyecto piloto de desminado, también en Briceño, Antioquia.

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En materia de justicia, las partes acordaron la creación de una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) integrada por cinco órganos con diferentes funciones. No habrá extradición para quienes se acojan a al JEP. Los delitos más graves serán juzgados y sancionados con penas que deben ser compatibles con la reparación y que no serán de cárcel en tanto los responsables aporten a la verdad y a la reparación de las víctimas. Si no lo hacen, podrán ir a prisión hasta por 20 años.

En cambio, quienes no sean responsables de crímenes graves podrán recibir amnistías e indultos para iniciar su reincorporación a la civilidad. Los policías y militares responsables de crímenes con ocasión del conflicto recibirán un tratamiento especial y equivalente.

El fin de la guerra

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El pasado 23 de junio cientos de personas se reunieron para recibir los anuncios sobre el fin del conflicto. Foto Santiago Mesa

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El 23 de junio pasado se anunció el acuerdo que, una vez sea implementado, le pondrá fin a la confrontación armada entre el Estado y las Farc. En el punto del fin del conflicto las partes negociaron la creación de 23 zonas veredales y ocho campamentos donde estarán ubicadas las Farc luego de la firma del acuerdo final.

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A partir de su ubicación en esos lugares se iniciaría formalmente el cese al fuego bilateral y definitivo y, allí mismo se iniciará el proceso de dejación de las armas que quedarán a disposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el presidente Santos anticipó el cese al fuego y el jueves 25, al entregar el documento del acuerdo en el Congreso, anunció su determinación de ordenar a la cúpula militar iniciar el cese al fuego bilateral y definitivo desde las 00:00 horas del 29 de agosto.

Esos acuerdos incluyen una serie de protocolos sobre el funcionamiento de las zonas veredales, los pasos para la entrega de armas y el camino de la reincorporación a la civilidad de los combatientes desmovilizados. En este último punto, el acuerdo incluye un componente económico: una vez terminadas las zonas veredales, cada guerrillero recibirá una asignación única de $2 millones, luego y durante 24 meses, una mensual del 90% del salario mínimo, equivalente a$ 620.508. Finalmente, podrían acceder a un subsidio de máximo $8 millones para el desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos.

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Para la verificación del cese, el Gobierno y las Farc acordaron la creación de un mecanismo tripartito que contará con delegados de ambas partes, pero será coordinado por la ONU. Será entonces ese organismo el encargado de establecer si el cese al fuego se cumple tal y como fue acordado.

 

La verificación, la implementación y el plebiscito: la última palabra

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El último punto en la agenda de las conversaciones incluye la etapa posterior al cierre de la mesa: los mecanismos para hacer efectivos los acuerdos, la verificación de los compromisos asumidos y la aprobación popular del texto definitivo que sale del proceso de paz.

Para la implementación de los acuerdos, las partes definieron los pasos a seguir en materia de normatividad, reformas y cambios institucionales para hacer posible la paz. En este aspecto se incluye, por ejemplo, el tema financiero, pero también los mecanismos de seguimiento para observar el cumplimiento de lo acordado en Cuba.

Entre ellos se encuentra la creación de una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias que hará “seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa”.

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Finalmente, en cuanto a la refrendación, las partes lograron ponerse de acuerdo en el mecanismo del plebiscito como la fórmula para consultarles a los colombianos si están de acuerdo con lo acordado. Con ello, no solo se trata de dar paso a a la implementación sino de otorgarle legitimidad a todo lo negociado en estos cuatro años de conversaciones.

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