La extorsión es la forma de financiación más común entre las bandas criminales, ni la venta de droga ni los jíbaros hacen parte de su operación.

Este contenido forma parte de la edición de octubre de la revista VICE, EL NÚMERO DE LOS QUE SOBRAN, y apareció bajo el título original de ‘El poder bajo la tierra’.

Por Juan Miguel Álvarez

Todas las fotos: Santiago Mesa

Espera el viernes la segunda parte de este reportaje.

Comuna 8, Medellín

Colombia

1.

Era una noche espesa. Sin estrellas ni reflejos. Todo oculto por nubes terrosas tras un aguacero de tarde completa. La gente se protegía de las goteras que escurrían desde los filos de los techos y evitaba pisar los charcos de un suelo pantanoso y empedrado.

Corrían los últimos días de octubre de 2016, y en el barrio Esfuerzos de Paz había cierta tranquilidad. Una calma relativa. La banda armada que dominaba sus calles no tenía rivales ni disidencias que pusieran en riesgo el control del territorio. Su líder era un tipo de treinta y cinco años llamado Pedro, que se había ganado su cargo luego de haber sido un gatillero sin hígados, pero también por mantener acuerdos de convivencia con los vecinos y, en general, con la comunidad.

En ese momento, unos setenta hombres entre los quince y los treinta y cinco años conformaban la banda. Algunos habían sido soldados regulares, otros habían integrado frentes paramilitares, y uno que otro había combatido en la guerrilla. Pero el grueso estaba compuesto por muchachos como Pedro, formados en el salvajismo de la urbe contra la persecución de la policía, duchos en puñales y revólveres de bolsillo.

Tenían armas de asalto —fusiles, sobre todo—, pero no vestían uniformes con distintivos ni nada que los asemejara a una organización militar. Pedro, de hecho, acostumbraba vestir ropa holgada, al estilo hip hop, de colores muy vivos: azul bandera, rojo escarlata, tenis con naranjas y violetas, gorra ancha de aleta recta. Y los jóvenes que lo acompañaban a manera de escolta no lucían muy distinto: jeans, tenis, gorra, la piel del torso y de los brazos manchada con tatuajes fabricados por un pulso burdo.

—El combo no tiene nombre —me aclaró— y trabajamos en llave con los otros combos de la Comuna 8. En total podemos ser unos 300 o 400 hombres. A todo este grupo lo han llamado La Banda de Caicedo.

Escaso de estatura, Pedro tenía la piel blanca, cejas negras tupidas, nariz profusa, y traía un frenillo en los dientes. La casa no parecía más que una artesanía. Sobre el piso de cemento se erguían paredes y divisiones interiores en retablo con plásticos. Estaba situada en una de las últimas cuadras del barrio, uno de los extramuros más pobres de la comuna, casi en la punta más alta de los cerros centrorientales de Medellín. Unos cuantos metros más arriba se hallaban una base militar y los bordes del ecoparque Las Tinajas.

Para llegar hasta allá debí bajarme en la última parada del bus, en un punto conocido como La Torre. Luego caminé por una autovía de tierra desnuda y me interné por senderos escalonados de barro y ladrillo entre paredes de tabla martillada y techos de zinc. Un claro asentamiento subnormal sin direcciones postales, con el servicio de agua intermitente, alcantarillado precario y nudos de cables que cuelgan de los postes del alumbrado público.

—Para decirle la verdad —me dijo Pedro, sentados los dos en un escalón de ingreso a una habitación—a uno no lo coge la policía porque no le da la gana. Saben quién es uno y dónde vive.

Uno de sus orgullos como cabecilla tiene que ver con la financiación de la banda. A boca llena, me dijo que en los barrios donde “operaba” su gente no había jíbaros ni ventas de drogas. A nadie le tenían permitido lucrarse con el microtráfico. El dinero del día a día lo obtenían de “colaboraciones de comerciantes” y de un “impuesto” que les cobraban a los encargados de las obras públicas. Es decir, de la extorsión. Si un grupo de contratistas llegaba a pavimentar una calle de Esfuerzos de Paz, tenía que pagar cuotas por casi todo. En una ocasión la banda les cobró a unos contratistas 100.000 pesos diarios por cuidar una máquina de construcción y 400.000 por dejarla salir del barrio.

—Yo tengo hijos pequeños —me dijo Pedro mientras señalaba con su mano cerrada a un niño que rodaba por la casa— y a mí no me gustaría que cogieran el vicio. Y este barrio está lleno de niños. Por eso por aquí no hay plazas de vicio.

El encuentro con Pedro era introductorio. Apenas nos estábamos conociendo y dejando las intenciones claras. Mi proyecto era volver para documentar en video las rutinas de este cabecilla y sus hombres, y cuáles podían ser sus movimientos de cara a la firma de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno nacional. Una vez desmovilizadas las guerrillas, el Estado se enfocaría en pacificar las ciudades. Pedro se mostró entusiasmado con el proyecto, pero me dijo que debía pedir permiso.

—¿Pedir permiso? —le pregunté sorprendido al saber que un hombre al que obedecían setenta sicarios debía dar explicaciones a un superior—. ¿A quién?

—Hay gente que está más arriba que esto que usted ve acá.

El área metropolitana de Medellín lleva también el nombre de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se encuentra situada en el centro de la zona andina colombiana, a unos cuatrocientos kilómetros al occidente de Bogotá, la conforman diez municipios y aloja poco menos de cuatro millones de personas.

Desde finales de los años setenta, este conglomerado urbano ha sido el lugar de origen y desarrollo de las expresiones más avezadas y aterradoras del crimen organizado colombiano. Primero, de un cartel de narcotráfico que funcionó con rigor gremial, comandado por el capo de capos del negocio, Pablo Escobar Gaviria. Luego, de milicias guerrilleras y grupos paramilitares que urbanizaron el conflicto armado a través del control territorial. Y, más tarde, de un puñado de sicarios que se encumbraron como una organización de alcance internacional a la que el país se acostumbró a llamar, de la manera más formal posible, Oficina de Envigado.

Lo paradójico es que esta criminalidad ha orbitado sobre una Medellín reconocida mundialmente como una ciudad innovadora, educada y vanguardista en mecanismos de inclusión social y participación ciudadana en Colombia. Y cuya élite empresarial no ha hecho sino expandirse, absorbiendo la competencia y obteniendo una posición de dominio en varios de los mercados más sensibles de Colombia y países cercanos: banca, construcción, alimentos y ropa. Bancolombia, Cementos Argos, Compañía Nacional de Chocolates y Coltejer son marcas que prueban aquello. En otras palabras: así como la política y la economía legal se han impuesto como ejemplos de visión, pujanza y dedicación, las economías ilegales y sus formas de irrupción social también se han ganado un lugar pionero en el bajo mundo global.

Quizás este doble rasero del progreso de la ciudad sea la matriz ideológica de lo que pudiera considerarse la más reciente mutación del crimen organizado. Su nombre es Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley, y aunque todavía no sea muy público el alcance real del concepto, me atrevo a decir que es ideológico porque permite deducir que se trata de un esquema corporativo que pretende tomarse el derecho de gobernar todas las bandas armadas con asiento en el Valle de Aburrá.


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“Tarde o temprano, el gobierno va a tener que negociar con las bacrim”


—En los estudios que hemos hecho desde nuestro observatorio —me dijo Diego Herrera, en el Instituto Popular de Capacitación, una ONG que se ha dedicado a estudiar esta violencia— a este fenómeno lo hemos llamado ‘mercenarismo corporativo’.

La primera aparición pública de esta mutación tiene fecha el 9 de marzo de 2016, cuando el proceso de paz con las Farc había entrado en su fase final y la firma de los acuerdos parecía inminente. A la revista Semana llegó un comunicado firmado por una tal “Dirección colegiada de los grupos armados urbanos al margen de la ley mal llamados a nivel nacional Oficina de Envigado”.

En un tono protocolario, el remitente manifestaba su interés de sentarse tanto con el gobierno local como con el nacional a negociar la desactivación de la violencia de la que eran responsables: “Estamos dispuestos a crear un canal de comunicación y verificación, por medio de la sociedad civil organizada, para generar la confianza entre las partes y poder crear una mesa de concertación para una agenda de paz, con nuestros voceros (sic) que termine en un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo, que facilite (sic) dejación de armas y reintegración a la vida civil, siempre acompañados de nuestras comunidades y sus organizaciones sociales reconocidas en la ciudad y que tienen presencia en nuestras áreas de influencia”.

A primera vista, la petición no resultaba extraña, o al menos no era algo que otras organizaciones mafiosas no hubieran intentado antes para evadir largos periodos de cárcel y legalizar sus fortunas. Pero el comunicado contenía tres detalles inquietantes. Dos de ellos tenían que ver con el nombre del remitente. Un asunto de pura semántica.

El primer detalle era que el concepto de una ‘dirección colegiada’ parecía un eufemismo sofisticado, casi académico, de lo que en un ámbito formal podría llamarse una junta directiva. Al usar la expresión daban a entender que aquello antes conocido como Oficina de Envigado había adoptado una estructura más centralizada que nunca, sometida a una mesa de poder horizontal, sin un ascenso piramidal, sin una cabeza única.

El segundo detalle tenía que ver con que, al autodefinirse como “grupos armados urbanos al margen de la ley”, pretendían ser incluidos en el concepto de ‘grupo armado ilegal’ o ‘grupo armado organizado al margen de la ley’ que define la ley 418 de 1997, según la cual una estructura de esta naturaleza es aquella que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Con esto, el crimen organizado del Valle de Aburrá quería que el Estado lo catalogara como un actor político en el marco del derecho internacional. Tal como a una guerrilla. La consecuencia sería negociar un hipotético escenario de justicia transicional.

El tercer asunto inquietante se ocultaba entre líneas en los párrafos finales. El remitente decía no avalar “acuerdos aislados de sometimiento a la justicia” que estuvieran adelantando algunos de sus exmiembros desde la cárcel y también decía que tenía el propósito de involucrar a los grupos que no hacían parte de la Dirección Colegiada. Esto quería decir que, por más control que ostentara, había estructuras que se le escapaban.

La Dirección Colegiada tenía suficiente capacidad de respuesta para ‘prender la ciudad’ y ‘hacer correr la sangre’”

Dos días después de mi encuentro con Pedro, conversé confidencialmente con un hombre de cuarenta y ocho años, que un contacto mío en la alcaldía de Medellín identificaba como el puente entre varias organizaciones armadas del área metropolitana. Luego de unos primeros minutos de charlar sobre generalidades, le conté que quería conversar sobre el posconflicto en las ciudades con líderes y miembros de las bandas y grabarlos en video. El tipo, a quien llamaré Hernando, me dijo que lo veía muy difícil. Que los jefes de gatilleros debían pedir permiso y que “permiso no les dan”.

—La Dirección Colegiada quiere dar muestras de paz —observó—. Mostrar en pantalla a los pelaos con armas no les conviene ahora.

Con dominio de la escena y en actitud de político curtido, Hernando añadió que, si el gobierno nacional quería “pacificar” al Valle de Aburrá mediante la fuerza, la Dirección Colegiada tenía suficiente capacidad de respuesta para “prender la ciudad” y “hacer correr la sangre”. Me dijo que días atrás se había reunido con un “jefe de zona”, es decir, con un hombre a quien respondían las bandas de varias comunas, y que este le había dicho que si “la cosa era a la brava” él estaba listo para activar unos dos mil gatilleros. Decisión que secundarían los demás miembros de la Dirección Colegiada para poner en pie de guerra a más de diez mil jóvenes con armas cortas y de asalto.

—Al gobierno no le queda otra que venir acá y sentarse a conversar —dijo Hernando con petulancia— El control que tiene la Dirección Colegiada de las bandas del Valle de Aburrá es total.

No hay manera de verificar si la conversación entre esta fuente y el supuesto integrante de la Dirección Colegiada ocurrió de verdad, pero un mes más tarde Pedro me mandó a decir que no me podía recibir para la entrevista en cámara, que no le habían dado permiso.

Desde el primer hasta el último año de reinado de Pablo Escobar, digamos entre 1980 y 1993, y desde el primero hasta el último de alias don Berna como jefe máximo del crimen en el Valle de Aburrá, digamos entre 1994 y 2008, esta región se acostumbró a escuchar esos dos nombres como los responsables del narcotráfico y la violencia. Cualquier masacre en una cuadra de barrio, cualquier homicidio en un semáforo se lo achacaban a Escobar o a don Berna, a sus sicarios y a sus guerras.

A partir de 2009, las autoridades de policía y los sucesivos gobiernos locales comenzaron a señalar a los cabecillas de las estructuras armadas que antes habían servido de pie de fuerza de Escobar y de Berna. Nombres o alias sin ninguna trascendencia previa ocuparon de repente las primeras líneas de las noticias. Alias Sebastián, alias Valenciano y alias el Cebollero se alzaron como los nuevos capos. Pero pronto los capturaron, y así transcurrieron unos pocos años sin personajes de chapas rimbombantes a quiénes ver como los máximos forajidos.

En septiembre de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a ocho nombres ligados al narcotráfico, pero sobre todo ligados a las bandas armadas de los barrios populares. Ninguno de los ocho descollaba por encima de otros, y sus apodos sonaban tan arrabaleros que parecía inverosímil considerarlos delincuentes globales: alias Carlos Chata, alias Diego Chamizo, alias Mono Amalfi, alias Tuto, alias Pichi, alias Barny, alias Chaparro y alias Carlos Pesebre.

Dos años después, en julio de 2016, el propio Departamento del Tesoro ofreció dos millones de dólares por información que permitiera la captura de Carlos Chata. Algunos de los otros ocho ya habían sido detenidos, y el gobierno de Estados Unidos situó a este personaje en la cima absoluta. A partir de entonces corrieron rumores de calle. El más exagerado decía que Carlos Chata era el poder real del Valle de Aburrá que, salvo en algunos barrios tradicionales, en Medellín lo consideraban el alcalde subterráneo.

El anuncio de los gringos y los correveidiles de calle pusieron a Carlos Chata en una situación de clara desventaja frente al resto de cabecillas de las bandas. Hicieron a la fuerza pública bajar la presión contra la mayoría de las organizaciones y enfocarse en un solo hombre.

Semanas más tarde, en noviembre de 2016, el remitente Dirección Colegiada redactó un segundo comunicado que ya no envió a la prensa sino directamente al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Insistía sobre lo mismo: el interés de negociar con el Estado para desmontar las bandas. Más allá de la petición, el comunicado se podía leer como un acto de solidaridad gremial, como si quisieran decir: “Por más que quieran ensalzar a un solo hombre como jefe máximo, nosotros tomamos decisiones en bloque y actuamos en bloque”. La actitud es atípica en la larga historia de traiciones y retaliaciones entre los propios pillos de esta área metropolitana.

El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, atienden a una rueda de prensa y presentan resultados contra el crimen en la ciudad.

En marzo de 2017, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en una rueda de prensa que las agencias de inteligencia habían descubierto un plan de las bandas para atentar contra él y una fiscal. En seguida, el remitente Dirección Colegiada hizo público su tercer comunicado y aseguró detentar “el control total de las bandas” y que “por el momento” no las habían “orientado para atentar contra la institucionalidad”.

Tres semanas más tarde aterrizó en Medellín el presidente Santos y dos días después hizo lo propio el vicepresidente, Óscar Naranjo. Era evidente que ambos querían dar su respaldo al alcalde Gutiérrez y a la fiscal. En su declaración, Santos dio a entender que luego de capturar a varios cabecillas de las bandas solo hacía falta uno: alias Carlos Chata.

Aquel tercer comunicado y el mensaje de que no iban a dejar solo a Carlos Chata suscitaron preguntas antes sin importancia. Si el remitente Dirección Colegiada era real, ¿era posible que una mesa de poder horizontal tuviera bajo su control a todas las bandas del Valle de Aburrá? ¿De qué manera unos bandidos que empezaron con puñal y cerveza vinagre llegaron a ser considerados los más malos de los malos de una urbe acostumbrada a las cuotas más extremas de perversidad? ¿De qué manera las bandas de los barrios populares, que siempre habían sido la fuente únicamente de gatilleros, se convirtieron en los mandos supremos del crimen organizado?

2.

La prehistoria de las bandas armadas de Medellín y de los otros nueve municipios del área metropolitana data de varias décadas atrás.

Un momento fundacional pudo haber sido a finales de los años setenta, cuando la policía y la Defensa Civil constituyeron grupos de apoyo cívico para los barrios marginales con los habitantes de mayor autoridad moral: padres de familia, líderes comunitarios, tenderos. Aunque su tarea solo consistía en prevenir y mediar en asuntos con vecinos problemáticos, traían revólveres y escopetas y patrullaban en las noches. Debido al apoyo que estos grupos recibían de la Defensa Civil, la gente dejó de distinguir una cosa de la otra y los comenzó a identificar con ese mismo nombre. Al ser una organización comunitaria apoyada por el Estado, sus miembros adquirían un estatus de autoridad sobre el resto de las personas.

Los barrios en que operaba esta Defensa Civil eran asentamientos subnormales en las faldas de las montañas, sin pavimentación ni servicios, considerados ilegales. Carecían de transporte público y de conexiones con la remota Medellín de los edificios relumbrantes que se veía sobre la mesa plancha del Valle de Aburrá. Un habitante de los barrios más altos de la Comuna 1, conocida como la Nororiental, debía caminar de tres a cuatro kilómetros para tomar un colectivo que lo transportara hasta, digamos, la Torre Coltejer, el ícono del sector empresarial.

Unos tres años duró la iniciativa, hasta que se desintegró luego de que varios miembros cayeran asesinados a manos de grupos de asaltantes que a comienzos de los años ochenta brotaron como inevitable especialización de la delincuencia común. El combo más famoso y temido en las comunas del norte de la ciudad se hizo llamar Los Nachos, y pese a que no eran muy numerosos, cometían delitos graves: violaban mujeres y menores de edad, atracaban a mano armada a personas y negocios y asaltaban los camiones distribuidores de alimentos y abarrotes.

Dos fuerzas reaccionaron contra los asaltantes y la anarquía que el abandono estatal impuso en los asentamientos periféricos. La primera fueron los grupos armados de extrema izquierda. Desde 1980, la guerrilla del EPL, en una estrategia llamada Brigadas Urbanas Militares, logró colar combatientes en la Comuna 1, haciéndolos pasar por vecinos, para liderar acciones políticas y de milicia, encender la chispa revolucionaria y velar por la seguridad. Más tarde aparecieron en la misma comuna los Campamentos Urbanos de Paz de la guerrilla del M-19, una concesión del gobierno nacional como efecto de los diálogos que se celebraban desde 1984. Los campamentos formaron a los jóvenes de la barriada en filosofía política y organización comunitaria, pero luego también los embaucaron con la ideología de la lucha de clases para reclutarlos como unidades de combate.

La segunda fuerza surgió de una alianza criminal entre el narcotráfico y algunas autoridades estatales. Primero, dieron a luz a la famosa banda Muerte a Secuestradores, MAS, que a partir de 1981 atacó las células guerrilleras del área metropolitana que venían secuestrando y extorsionando a los ricos. Y poco después, como reflejo de la aceptación del MAS en algunos sectores de la ciudadanía, crearon el Departamento de Orden Ciudadano, DOC. Esta organización se dedicó a asesinar y desaparecer a los asaltantes de los barrios populares y a cometer crímenes de limpieza social: matar habitantes de calle, gamines, prostitutas y travestis que se ofrecían en las esquinas y a todo aquel sospechoso de ser ladrón, porque “ensucian la ciudad”.


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A ambos grupos los conformaban sicarios del Cartel de Medellín, unidades de policía judicial y militares. El MAS inició en calles del área metropolitana, pero terminó sumándose al pie de fuerza de las nacientes bandas paramilitares de la región del Magdalena Medio, en el centroriente del país. El DOC, por su parte, mantuvo su lugar en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, y motivó la creación de otras estructuras de limpieza social, una de las cuales se hacía llamar Amor por Medellín.

Sobre el papel, el plan era aniquilar a las guerrillas y grupos afines y a los núcleos de asaltantes para mantener el orden institucional de la ciudad emprendedora y organizada. Pero, en realidad, también querían asumir el dominio absoluto del Cartel sobre el crimen, con ayuda de sectores de la fuerza pública, y así esconder el rostro patibulario de la ciudad subterránea.

En la práctica, el plan fue una orgía sangrienta imposible.

Los capos del Cartel debieron irse a la clandestinidad luego de que los acusaron de asesinar en 1984 en Bogotá al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Para protegerse de los operativos de la fuerza pública, fortalecieron su grupo de escoltas y matones con parte de los hombres del MAS y del DOC y establecieron su retaguardia en Envigado. Desde ese momento, el Cartel congeló sus supuestos motivos políticos y su proyecto de ciudad impoluta para hacerle frente a un futuro enfrentamiento contra el Estado. Mientras tanto, controlaban sus negocios mediante la amenaza de las armas. Si alguien les debía un dinero, dos o tres sicarios se encargaban de cobrar. Si alguien pretendía zafarse de los vínculos con el Cartel, lo mandaban a matar. Poco a poco, estos sicarios fueron recibiendo encargos de otros sectores de la ciudadanía que sostenían negocios con los capos y empezaron a verse como una oficina que recibía y tramitaba quejas criminales. En la calle comenzaron a llamarlos la Oficina de sicarios de Envigado u Oficina de Envigado.

Al mismo tiempo, los diálogos de paz entre las guerrillas y el gobierno nacional se rompieron y el ejército entró a los barrios populares de las ciudades del país en donde había campamentos del M-19 y brigadas del EPL. Estallaron enfrentamientos militares en medio de la población civil y hubo desapariciones, torturas y homicidios selectivos a plena luz del día.

El vacío de autoridad que dejaron el DOC, el EPL y el M-19 fue llenado por la delincuencia común, pero ahora con un poder mucho más amenazante: este se apropió de las armas regadas en la calle por estas estructuras y adoptó el conocimiento de organización social instruido por las guerrillas. Es decir: los asaltantes dejaron de ser una fuerza que actuaba a capricho y sin método para convertirse en una estructura de mando unificado que establecía roles para cada integrante y que se preocupaba por preparar los golpes que iba a dar. No pocos de sus miembros se convirtieron en gatilleros desalmados: desocupaban tiendas y carnicerías, pero también asesinaban al dueño, expulsaban a la familia del dueño y le vaciaban la casa. Otros cobraban una cuota semanal a las familias de una cuadra para no violar a las niñas vírgenes. Su pericia con las armas y la falta de escrúpulos para la barbarie fueron recompensadas rápidamente por el narcotráfico, que los volvió satélites de la Oficina de Envigado. Por su nivel de organización, llegaron a ser reconocidos como las primeras bandas de barrio en Medellín. Hoy todavía se recuerdan los nombres de Los Priscos, La Ramada y La Caseta como reservas de jóvenes sanguinarios.

Lo que a continuación sucedió podría considerarse una reacción ciudadana. Los dueños de los establecimientos comerciales que eran asaltados, sumados a padres de familia nuevos en los barrios, a algunos jóvenes sin destino, a algunos viejos integrantes de la Defensa Civil y sus hijos y a uno que otro exintegrante de las brigadas urbanas del EPL y de los campamentos del M-19, se agruparon en bandas de autodefensa que contaron con el apoyo subrepticio de unos cuantos mandos de policía.

Al definirse como autodefensa condicionaron sus mecanismos de financiación. No se preocuparon por abrir negocios propios ni por involucrarse con economías ilegales. Solo recibían dinero del comercio y de las empresas de transporte que llegaban a las partes bajas de las comunas. Tiendas, graneros, carnicerías, dueños de busetas y de taxis comenzaron a aportar una cuota periódica para que la banda les garantizara vigilancia y protección contra los asaltos.


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También hicieron más sofisticada su estrategia de choque. A diferencia de las bandas de sicarios, estas se enfocaron en controlar el territorio. Patrullaban día y noche, dejaban centinelas en esquinas críticas y creaban redes de informantes para anticipar delitos contra la comunidad. Hubo casos en los que golpeaban primero. Si veían a dos o tres tipos que la gente reconocía como asaltantes o sicarios, los cogían y los amarraban para que señalaran a sus cómplices. A veces, los mataban. Otras veces, los desterraban del barrio. La consecuencia fueron enfrentamientos armados de tardes completas que llenaban la calle de muertos.

Lo otro que estas bandas de autodefensa incorporaron fue un lenguaje leninista de guerra de guerrillas. A los grupos de delincuencia común los llamaban “el enemigo”. A un enfrentamiento armado, “intercambio”. Si mataban a alguien decían “le dimos de baja”. Si lograban quedarse con armas, dinero y propiedades del “enemigo” hablaban de “recuperaciones económicas”.

Ante el desafío de las bandas de sicarios, las bandas de autodefensa representaban el éxito, el respeto, la certeza de seguridad y una oportunidad que los sectores más pobres consideraban justicia. Los líderes se convirtieron en agentes sociales de cambio. Para los adultos y las familias, eran las personas a las que les pedían favores y llevaban quejas. Para los niños, fueron ejemplos a seguir. Aglutinaron un respaldo comunitario tan amplio que lograron imbricarse en las fibras más sensibles del tejido social.

La historia la de la banda de los Triana, en la Comuna 2, ilustra esta idea.

Su historia fue la de una familia de apellido Triana que fundó una banda con amigos y vecinos. Más allá de ser una estructura armada, se convirtió en una organización de gente unida por el amor familiar, la amistad y por ser los primeros habitantes del sector. Antes de crear la banda, sus líderes eran los propietarios de las tiendas, los taxis y las busetas. En los años sesenta y setenta, edificaron sus casas, pavimentaron calles por convite, conectaron los primeros sistemas de acueducto y transformaron el asentamiento subnormal en un barrio con equipamiento público. Desde el día en que se agruparon como autodefensa, la banda creció motivada por ese orgullo histórico. Hoy sigue existiendo en las mismas calles y opera de la misma manera, aunque sus integrantes pertenezcan a una nueva generación y su perfil de autodefensa ya no sea creíble. En los últimos treinta años, la banda ha visto pasar de largo a todos los alcaldes de Medellín con sus comandantes de policía.

Las milicias guerrilleras y los grupos paramilitares urbanizaron el conflicto.

En una reunión con líderes de la Comuna 2, el político Jorge Melguizo, secretario de Desarrollo Social de la alcaldía de Medellín entre 2008 y 2010, soltó un apunte de humor negro sobre la banda de los Triana. Dijo que debería ser considerada patrimonio cultural de la ciudad, por su tradición y resistencia al paso del tiempo. “Y como le dedicamos tan poco dinero al patrimonio cultural —apuntaló—, es posible que entonces se acabe esa banda”. Por esos mismos días, los Triana cerraron varias calles de la comuna y ordenaron un paro armado para honrar la muerte de uno de sus miembros. La gente debió cerrar los locales comerciales y detener el transporte público durante un día entero.

—Fue un desafío a la alcaldía —me contó Melguizo—. El secretario de Gobierno de ese entonces se ubicó en esa comuna para despachar desde allá, para que la gente del barrio supiera que la alcaldía era la autoridad. Que la autoridad no eran los Triana.

En abril de 2017 conocí a un hombre de unos cincuenta años que vivió su adolescencia en los años ochenta y militó en una banda de autodefensa barrial. Nos citamos en una esquina de venta de jugos y frutas, en las cuadras traseras de la alcaldía de Medellín, en medio de talleres de mecánica automotriz. El tipo vestía jeans, tenis y una camisa polo de colores encendidos y cuidaba una sonrisa automática de cordialidad. Me señaló algunos locales de la cuadra para decirme: “Esos son mis negocios”. Un restaurante de almuerzo corriente, una venta de autopartes y un segundo piso presentado como residencia. Fue otra reunión confidencial, por lo cual lo llamaré Héctor.

Su historia empezó con su papá como miembro de los grupos de vecinos conocidos como Defensa Civil. Residían en el barrio Popular II, uno de los más altos de la Comuna Nororiental. Cuando tenía nueve o diez años, escuchaba a las personas tocar la puerta de su casa y pedirle a su papá mediar en una riña entre dos borrachos. Y veía que cuando su papá iba por la calle se le acercaban para contarle cosas de la cuadra.

—Crecí viéndolo como una persona que ayudaba a mantener el orden en el barrio —me contó, orgulloso.

Llegado el momento de las bandas de autodefensa, Héctor tenía menos de dieciocho años. Dos motivos lo llevaron para enrolarse en la agrupación que tomaría el control de su barrio. Uno, la historia de su papá con la Defensa Civil. Otro, la tentación de las armas, la sensación de poder y el estatus que le otorgaba ser miembro de una organización armada.

“Algunos habían sido soldados regulares, otros habían integrado frentes paramilitares, y uno que otro había combatido en la guerrilla”

En los primeros días, menos de veinte hombres conformaban la banda. Seis meses después, el rumor de violencia desatada que corría por los barrios marginales había contagiado a casi todos los jóvenes, y la banda de Héctor llegó a sumar setenta tipos con arma de fuego.

—Ya éramos grandes y teníamos buen armamento. En un intercambio con una de las bandas de sicarios de la Nororiental logramos recuperar treinta y siete armas que habían sido del EPL. Pistolas nueve milímetros y subametralladoras Ingram.

Corría 1986 y Medellín estaba siendo desangrada por al menos cuatro focos de violencia: el Cartel con su Oficina de Envigado, el Cartel con sus fuerzas paraestatales, las bandas barriales de gatilleros al servicio del Cartel y las bandas barriales de autodefensa. Pero llegó el momento en que las dos clases de bandas dejaron de diferenciarse. El Cartel comenzó a tentar a las de autodefensa con dinero, armas y profesionalización criminal. Sin ufanarse, Héctor me contó que en 1987 el Cartel lo reclutó junto a siete compañeros más.

—En aquel entonces, el Cartel tenía un convenio con la policía y el ejército —explicó—. Los que no teníamos entrenamiento militar debíamos pasar por un filtro: prestar servicio militar o hacer el curso de policía. Mi grupo entró a una escuela de carabineros. Allá había unos oficiales al servicio del Cartel. Tras un año de entrenamiento, salimos los siete con una pistola amparada por la Brigada. De ahí nos llevaron a un campamento en el municipio de Abejorral para entrenarnos como francotiradores y en operaciones de élite. Luego de terminar esta última instrucción, nos asignaron a los lugartenientes de los capos.

Para 1989, el Cartel había reunido y preparado prácticamente a un ejército de jóvenes de barriada con formación para la guerra. Las cifras nunca pudieron ser verificadas con obsesión de sociólogo, pero la prensa hablaba de tres mil gatilleros en unas sesenta bandas. A Héctor lo comenzaron a apodar La Ñaña, porque era el preferido de sus superiores. El brazo armado al que pertenecía estaba a órdenes de dos hermanos lugartenientes de Pablo Escobar, llamados Pedro y Pablo Correa, conocidos como Los Picapiedra. Ellos dos estaban a órdenes de alias Limón.

Y Limón fue quien dejaría su vida junto a la de Pablo Escobar en un techo de una casa en Medellín el 3 de diciembre de 1993.

Espera el viernes la segunda parte de este reportaje.

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