La familia Rojas Acevedo sumó fuerzas y lograron pasar todas sus cosas, sin embargo la mayoría de las otras familias no corrieron con la misma suerte.

 

Hace algo más de un mes, el 19 de agosto, Nicolás Maduro ordenó el cierre del principal paso fronterizo que une a Colombia con Venezuela, entre San Antonio de Táchira y Cúcuta. La razón del cierre, según Maduro, fue el contrabando en la frontera y la presencia de paramilitares colombianos. Desde ahí, las autoridades venezolanas deportaron, según datos de la ONU, a 1.678 personas, mientras que aproximadamente otras 20.000 decidieron huir por su propia cuenta.

La situación causó una crisis entre los dos países, a la vez que enfureció a millones de colombianos que durante varios días vieron noticieros y portadas de periódicos con fotos de sus compatriotas cargando neveras y armarios de vuelta al país. Evidentemente, los más de veinte mil colombianos que se devolvieron no eran todos paramilitares o contrabandistas, y una crisis de ese tamaño parece desmedida e innecesaria.

Pero, en medio de todo el revuelo, quedó una pregunta en el aire: ¿por qué había tantos colombianos sin papeles en Venezuela? Esa pregunta, desde antes de la crisis, trataban de responderla los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en alianza con la Unidad para las Víctimas presentan el informe “Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca”.

El informe se basa en un caso particular, pero pretende también explicar, de manera general, varias de las causas del desplazamiento transnacional entre Colombia y Venezuela. La hipótesis principal del CNMH es que el éxodo transfronterizo es causado en gran medida por el desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado. Y hace énfasis en que la situación se agrava en tanto se vuelven víctimas invisibles: aunque sufrieron una misma guerra, las leyes que acogen a desplazados (397 de 1997 y 1448 de 2011) no los reconocen como tal, pues solo cuentan el desplazamiento interno.

 

Entre refugiados y refugiados de hecho

Cuando una víctima de desplazamiento en Colombia decide agarrar lo que puede de sus cosas e ir a buscar mejor suerte en un país vecino, el proceso que sigue es particularmente complejo. Lo primero, teóricamente, sería buscar la condición de refugiado, pero para eso hay varias condiciones: según el marco internacional, la persona debe encontrarse fuera del país de su nacionalidad y debe rechazar acogerse a la protección de ese país. Además, por cuenta de los trámites, que varían entre países, quienes intentan acogerse al proceso no siempre lo logran.

Por otro lado, están los que por distintas razones ni siquiera lo intentan. Según el informe, para finales de 2012, había 4.340 refugiados colombianos en Venezuela, pero esa cifra es solo un 2% de la cantidad de desplazados colombianos en ese país: 200 mil personas más entran dentro del rótulo de “refugiado de hecho”. Y esas, sin embargo, son cifras con un alto porcentaje de subregistro, según los autores del informe.

Las razones de los refugiados de hecho van desde el desconocimiento del proceso hasta el miedo a ser identificados por sus victimarios o deportados a su lugar de origen. Y aunque en teoría son personas en necesidad de protección internacional, y tienen el derecho a que el Estado receptor las atienda, normalmente no están incluidas dentro de los reportes oficiales, por lo que son prácticamente invisibles y no reciben ayudas humanitarias.

 

El inicio del éxodo por conflicto

La frontera con Venezuela, de más de dos mil kilómetros y que pasa por seis departamentos, ha sido escenario de migraciones desde la segunda mitad del siglo XX. En los años ochenta, por la bonanza petrolera, muchos colombianos decidieron ir a buscar oportunidades. Pero en la década del noventa, cuando las cifras de migración se dispararon, el fenómeno obedece a otra razón: la agudización del conflicto armado en Colombia.

En los noventa el conflicto se escaló en las zonas fronterizas. Los grupos armados, ante la ausencia del Estado a lado y lado, encontraron condiciones ideales para extorsionar, secuestrar, lavar dinero y ampliar sus rutas de contrabando y de narcotráfico. Luego, en la década del 2000, a raíz del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática, el Estado tomó más presencia en esas zonas, pero las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y los enfrentamientos con los grupos armados ilegales solo aumentaron la violencia y el desplazamiento forzado hacia Venezuela.

 

barrio apure

Barrio de invasión de población colombiana en Guasdualito, estado Apure. Foto: CNMH

 

Presencia de los actores armados en la frontera

La frontera es el espacio perfecto para esconderse de las autoridades. “Cuando los persiguen de Colombia se van para Venezuela y cuando los persiguen del otro lado se esconden en Colombia. Por eso es que ellos andan tanto en las fronteras porque ahí quién los atrapa”, cuenta una de las víctimas en el informe. Y es que, a pesar de que en territorio venezolano los grupos ilegales no cuentan con centros de operaciones como en Colombia, en las últimas décadas han logrado consolidar un importante control militar, económico y social del territorio, la población y el intercambio comercial.

Los paramilitares, por ejemplo, han manejado a su antojo tanto la economía legal como la ilegal. Así como contrabandean y cobran vacunas, también se meten con el comercio de ganado, transportes y juegos de azar. Las regiones más afectadas han sido las del Catatumbo y la Guajira. Por su parte, las Farc y el ELN, con mayor presencia en los ríos Arauca y Orinoco, han secuestrado ganaderos y cobrado extorsiones a compañías nacionales y multinacionales a lo largo del cordón fronterizo. Departamentos como Guainía y Vichada han sido utilizados históricamente por las Farc para resguardarse, promover el cultivo de coca y proveerse de alimentos desde Venezuela. 

La ubicación geoestratégica de las fronteras las ha hecho parte fundamental en la cadena del tráfico de droga. A partir del aumento en los cultivos ilícitos en esas zonas, los corredores que conectan el centro del país con Venezuela, particularmente en los departamentos de Arauca, La Guajira y Cesar, fueron ganando protagonismo respecto al tráfico. La razón es que permiten encontrar una salida hacia el mar y desde ahí el tránsito marítimo hacia Estados Unidos, a través de México y el Caribe.

Con el crecimiento de la economía ilícita se ha trasladado mucha actividad a la frontera. Además, el conflicto se ha complejizado por las alianzas entre distintos grupos armados, incluida la Fuerza Pública, que por un lado le peleaba a la guerrilla el territorio, pero por otro lado ponía hombres al Bloque Catatumbo y contribuía al crecimiento del narcotráfico en la zona. A esa maraña de alianzas y conveniencias hay que sumarle el papel del Estado con las fumigaciones de glifosato, que han desplazado miles de personas por su afectación al ecosistema y la economía campesina.

 

Las recorridos

Aunque el Catatumbo tiene una frontera natural con Zulia, en Venezuela, la mayoría del éxodo desde esta región pasa por Cúcuta, la capital del departamento. Ese no es un fenómeno único, y en el informe del CNMH se da cuenta de los recorridos que ha hecho la población desplazada desde Colombia hacia Venezuela. Los recorridos confirman la hipótesis de que el desplazamiento transnacional es una prolongación del desplazamiento interno. “De Caquetá y Guaviare, los desplazados llegan a Guainía. De Meta y Casanare llegan a Vichada. De Santander llegan a Norte de Santander, y de Bolívar y Magdalena llegan al Cesar y a La Guajira. Los recorridos normalmente se detienen en las zonas fronterizas, donde se han formado barrios de colombianos que temen adentrarse más por la presencia de mayor control territorial venezolano”.

Además de las tendencias en los recorridos, también ha habido patrones en los tiempos de la migración. En las  regiones fronterizas con los estados Zulia y Táchira, los mayores índices se produjeron entre 1997 y 2004, mientras que en los estados Apure y Amazonas la situación se agudizó entre 2005 y 2013. Esto, dice el CNMH,  “indicaría una evolución histórica y territorial en los éxodos transfronterizos: habrían comenzado en las fronteras más dinámicas y comerciales, para luego extenderse hacia fronteras menos dinámicas y más despobladas”.

 

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Tendencias de prolongación transnacional de los desplazamientos internos. Gráfica: CNMH

 

El caso de Arauca

El informe hace énfasis en la situación particular de las migraciones a través del Río Arauca. Las causas que se exponen, que bien podrían ser las de otros puntos fronterizos, indican un alza en las cifras de crímenes que van desde reclutamiento de menores hasta masacres. De 29 masacres perpetradas en Arauca en los últimos 35 años, 28 fueron entre 1997 y 2004, periodo con las tasas más altas de migración en esa zona, justo la época del auge paramilitar a cargo del Bloque Vencedores de Arauca. Igual pasó con los asesinatos, que mantuvieron niveles aterradores en tiempos del BVA y bajaron notoriamente tras la desmovilización, entre 2005 y 2006.

Las tasas aumentaron de nuevo en 2008, a raíz de la guerra entre las Farc y el ELN, que, según las víctimas, ha causado más de la mitad de los desplazamientos en ese departamento. La pelea entre las dos guerrillas por el control territorial, sumado a las ganas de dominar la explotación de nuevos yacimientos de petróleo, tranzaron una guerra que generó, en cifras del CNMH, el 60% de los 85 mil desplazamientos transnacionales desde Arauca. 

El informe también cruza datos de secuestros, minas antipersona y reclutamiento ilícito de menores, en donde ambos aumentaron, y la tendencia es la misma: las cifras más altas de desplazamiento se presentan exactamente en los periodos donde ocurrieron los peores actos de violencia.

 

Las huellas del desplazamiento

Después del éxodo cambia la vida. Las víctimas, ya sean internas o transnacionales, tienen que regalar, abandonar o, en el mejor de los casos, vender sus pertenencias y huir. Son despojadas de su territorio, de sus actividades productivas, de sus relaciones sociales. Pero cuando el desplazamiento, además de todas esas pérdidas, obliga también a dejar atrás a su propio país, se produce una ruptura irreversible en la vida personal, familiar y social.

Las víctimas, dice el informe, puede que lleven para siempre la nostalgia y la añoranza de regresar a su patria, pues como refugiadas, viven en una especie de limbo. Peor es el caso de los refugiados de hecho, que, al no ser reconocidos, ven entorpecido su derecho a cosas tan esenciales como el trabajo, la educación, la salud, la propiedad y la libre circulación.

Además, así estén en proceso de ser aceptados como refugiados, o bien estén del todo indocumentados, los desplazados transnacionales tienen que convivir con el miedo a ser deportados; no conocen bien sus derechos como refugiados, así sean de hecho; y las autoridades venezolanas en la frontera tampoco se los respetan: entre 2007 y 2011 hubo más de 1.300 deportados solo en Arauca.

A todo eso hay que sumarle que hay familias separadas por la frontera, que hay discriminación por ser migrantes, que hay niños que crecen en condiciones precarias y pueblos indígenas que se tienen que confinar. Y todas esas víctimas le piden a Venezuela que les garanticen sus derechos y al Estado colombiano que reconozca que, dice el informe, “no cuenta con las medidas idóneas para ofrecer una respuesta frente a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del desplazamiento transfronterizo”.

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