El 29 de agosto de 2013, cientos de personas marcharon para apoyar el Paro Nacional Agrario. En algunas ciudades, como Bogotá y Medellín, pequeños grupos de manifestantes se enfrentaron con el Esmad.

Por María Flórez
Fotos: Santiago Mesa

 

El 29 de agosto de 2013, Édgar Ricaurte estaba trabajando como ayudante de soldador. Eran las cuatro de la tarde cuando sus supervisores le autorizaron irse temprano, como al resto de los trabajadores de la empresa, por cuenta de los graves problemas de movilidad que enfrentaba Bogotá. Ese día, cientos de manifestantes marchaban por distintas vías de la ciudad en apoyo al Paro Nacional Agrario, tal como lo hacían estudiantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales en todo el país: la ruana se había convertido en símbolo nacional y desde distinta orillas brotaba el apoyo a la causa de los campesinos, que pedían mejoras para el agro.

 

Édgar acató la orden, salió del trabajo y montó su bicicleta todoterreno. Iba para su casa, ubicada en Soacha, cuando a la altura del centro comercial Mercurio se encontró de frente con la marcha que transitaba por ese sector. Más adelante, en un semáforo, sacó su celular para grabar un video corto, en una zona en la que se encontraban manifestantes y hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En ese momento, “un integrante del Esmad le recriminó por estar grabando y lo arrastró hasta una bomba de gasolina que se encontraba desocupada. Allí, en la parte trasera, varios policías le propinaron puños, patadas y golpes con macanas. Un puño le rompió un diente, y quedó con laceraciones en brazos y piernas”.

 

Siete horas antes, muy cerca de allí, Pablo Delgado fue apresado. Pablo era estudiante de derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y trabajaba como dependiente judicial. A las siete de la mañana había salido con Laura, su novia, rumbo a Bogotá; sin embargo, como no había transporte, decidió unirse a los manifestantes de Soacha.

 

Más tarde, hacia las 10 de la mañana, algunos integrantes de la marcha se enfrentaron con la Policía. Pablo y Laura, asustados, salieron corriendo. Cuando se sintieron a salvo, él sacó su celular y empezó a tomar fotos. Entonces, “un integrante del Esmad le quitó el celular y le dijo:‘a usted lo voy a botar al (salto del) Tequendama’. Los agentes lo golpearon y lo subieron a una moto. Lo intentaron sacar de la zona, pero no pudieron, y Laura se acercó para abrazarlo. Para que no le pegaran a ella, Pablo se agarró fuerte de la moto y la movió para un lado, cayendo al piso. Finalmente, otro policía dijo que no le pegaran más y lo subió a una patrulla”.

 

Los relatos hacen parte de un escrito de 43 páginas con el que Pablo, Édgar, y otros siete jóvenes, acaban de presentar una solicitud de conciliación contra la Presidencia, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, por los hechos ocurridos durante y después de sus detenciones, ocurridas a distintas horas de ese día en el municipio de Soacha. Piden, entre todos, más de $2.800 millones por concepto de indemnización por la privación injusta de la libertad, los tratos crueles e inhumanos, y los actos de tortura de los que, según ellos, fueron víctimas entre agosto y septiembre de 2013.

 

Y es que además de golpes, varios de ellos reportaron haber sido sometidos a descargas de corriente eléctrica y a disparos con escopetas de perdigones de goma, antes de su traslado al Distrito Especial de Policía de Soacha. Una vez allí, aseguran ellos, policías de civil y agentes del Esmad continuaron golpeándolos y amenazándolos. Dicen que los escupieron y que inicialmente no les permitieron contactarse con su familia o con un abogado. Según ellos, entre la media noche de ese día y la madrugada del siguiente, la Policía los “obligó” a firmar un acta en el que constaba que habían sido tratados con dignidad.

 

Más tarde fueron llevados a Medicina Legal, donde, después de valorar sus heridas, les dieron incapacidades de hasta por diez días. Finalmente, a las 3 de la mañana del 30 de agosto, una juez de Soacha dio inicio a las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. En su argumentación, la fiscal del caso, Diana Cortés Riveros, manifestó que “a ellos se les garantizaron sus derechos. Efectivamente tienen lesiones en su humanidad, pero precisamente por la fuerza que tuvo que aplicar la Policía para poderlos aprehender”.

 

En las diligencias también declararon varios patrulleros, uno de los cuales aseguró que los nueve jóvenes habían participado en las agresiones contra la policía y que por eso habían sido capturados. Según él, “debimos soportar entre 300 y 500 personas lanzándonos botellas, palos y tratando de tomarse la Autopista Sur para bloquearla. Cuando llegó el apoyo, procedimos a entrar y a sacar a los individuos aquí presentes, subiéndolos a la camioneta y transportándolos al distrito”. Sin embargo, la Fiscalía no pudo probar que los jóvenes hubieran cometido un delito y por eso solicitó el cierre del caso en marzo de 2014. Ya en septiembre, otro juez los había dejado en libertad, tras encontrar irregularidades en la manera como se desarrollaron las primeras audiencias.

 

Es por esas circunstancias que estos estudiantes y trabajadores esperan que el Estado los indemnice. Piden, además, que se sancione a los responsables, que altos funcionarios del gobierno Santos les pidan disculpas públicamente y que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa tomen medidas para capacitar a sus funcionarios en temas de derechos humanos.

 

El caso de Alejandro Ospina

Los disturbios del 29 de agosto de 2013 ocasionaron cuantiosos daños en el centro de Bogotá. Por eso, la policía elaboró y publicó un afiche denominado “el cartel de los vándalos”.

Un día después de los desmanes que se vivieron en Bogotá por cuenta de las manifestaciones en apoyo al Paro Agrario, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, anunció la publicación de un cartel con las fotografías de 48 personas, “protagonistas de los actos vandálicos contra la ciudad y de la agresión desmedida contra la Fuerza Pública”. Por información que condujera a la captura de esas personas, la Policía ofreció hasta $10 millones.

 

En el puesto 34 del afiche, que se conoció como el “cartel de los vándalos”, apareció la fotografía de Alejandro Ospina Cogua, un estudiante de la Universidad Pedagógica. Según él, el 29 de agosto asistió a la marcha que recorrió la carrera séptima en dirección al centro de la ciudad, pero no participó en los disturbios.

 

Preocupado porque figuraba entre los “vándalos” que las autoridades trataban de identificar, Alejandro se presentó con su abogado, Jorge Molano, en las instalaciones de la Fiscalía. Allí le notificaron que él no era objeto de ninguna investigación judicial. Por eso, un juez de Bogotá determinó que se le habían violado los derechos al buen nombre y a la presunción de inocencia, y le ordenó a la Policía retirar todos los afiches que se habían distribuido con su fotografía. Además, pidió que se investigara a las personas que ordenaron la publicación de ese cartel.

 

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Alejandro había aparecido como un delincuente en distintas estaciones de Transmilenio, medios de comunicación y páginas web. Peor aún, el entonces comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, declaró días después de que se conoció la decisión del juez que “la foto (de Alejandro) se tomó en la esquina de la Plaza de Bolívar, cuando estaba atacando a los miembros de la Policía y utilizando armas para hacerlo”.

 

Por considerar que esas actuaciones le causaron graves daños a su nombre y a sus relaciones con los demás, Alejandro acaba de interponer una conciliación contra la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Él y su madre exigen el pago de más de $800 millones por concepto de indemnizaciones y otras medidas de satisfacción, que incluyen la realización de un premio de poesía “sobre derecho a la manifestación y límites de las autoridades en el control de los disturbios”.

 

De progresar las exigencias de los nueve jóvenes de Soacha y de Alejandro Ospina, el Estado deberá pagar más de $3.600 millones por cuenta de algunas de las acciones que desplegaron las autoridades ese convulso 29 de agosto.

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