Por: Juan Pablo Conto

Fotos: Santiago Sepúlveda

 

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Las aguas tranquilas del río Atrato aún reciben a los pescadores, aunque muchos de ellos hayan migrado a la economía extractiva de oro.

 

Desde la ventanilla del avión los ojos se pierden en un bosque enigmático y de aparente quietud. La imaginación pone todo lo que está bajo los árboles. Entre ellos serpentea el Atrato: un brazo de agua que se nutre de las constantes lluvias de la región y alimenta una suerte de ciénagas en su recorrido. “Una laguna móvil”, lo llaman algunos. Y de repente, dispersas manchas cafés y amarillas atrapan la mirada, un mosaico que irrumpe en los patrones de la selva y obliga a la imaginación a aterrizar antes del descenso. Aquel “remanso de paz” que permaneció aislado y casi silencioso en épocas sangrientas del país, hoy grita que lo invadieron la mayoría de sus desgracias.

 

El Chocó prácticamente no figuraba en los estudios sobre la violencia hasta los últimos años de los ochenta. Si acaso, hacia los años setenta, algunos frentes de la guerrilla usaban la región como retaguardia sin afectar el orden público. Se decía que la zona era un “ejemplo de paz”, un “laboratorio de convivencia pacífica”. También era una población pobre, con grandes niveles de analfabetismo y que, hasta hoy, está conformada por una mayoría afro y un importante número de indígenas. Y no es que no hubiera corrupción, conflictos o algunos brotes de violencia por los roces con algunos enclaves económicos, pero consideraban que esa mediana paz era una de las únicas ventajas del ‘aislamiento’ en que el país los tenía.

 

A finales de los ochenta empezaron a llegar los primeros grupos paramilitares y la guerrilla cambió su estrategia en la región. El afán de control social, la sospecha y la acusación arribaron. También los desplazamientos y las masacres. La coca se instaló proveniente del sur del país. Luego vinieron los casos turbios de varios cultivos de palma. Y una tradición antigua, como lo era extraer el oro, volvió a ser de nuevo una desgracia. Hoy, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se calcula que en el departamento casi 300 mil personas han sido víctimas del conflicto armado, es decir un 61% de su población.

 

Historia reciente

 

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Sterlin y Napoleón en casa de un amigo en Yuto.

 

Luego de aterrizar en Quibdó, arrancamos hacia el municipio de El Atrato. Nos acompañaba Napoleón García, sacerdote de la Diócesis de esa ciudad. Un hombre de voz pausada que en el recorrido de 16 Km que hay desde la capital chocoana hasta la cabecera municipal de Yuto, no paró de narrar anécdotas de su región: sus mitos de origen, la etimología de los nombres de los municipios, de la vida de antes y de ahora.

 

Una vez allí, nos presentó a un sacerdote colega de nombre Sterlin Londoño. Un hombre de humor fino que siempre tuvo un comentario con cualquier habitante que se le pasó por el frente. Sentados a unos cuantos pasos del Atrato, hablamos de lo que había sido la transformación de la minería en la región.

 

Contaba Sterlin que antes la minería tradicional, la pesca y la agricultura eran actividades que se alternaban durante el año y no tenían valor comercial; era de consumo y de consumo comunitario. “Cuando yo era niño mi papá era pescador, entonces le decía a uno, llévele estos tres pescados a fulano de tal, llévele estos 20 allá a su abuela, llévele estos 5 a… uno se pasaba toda la mañana repartiendo pescado”.

 

Luego de Semana Santa, muchos pasaban a barequear, manera tradicional de extraer oro. Una práctica de siglos atrás que empezó a ser desarrollada sobre todo por mujeres y que consiste en meterse en los riachuelos con una batea buscando el mineral en la superficie del suelo.

 

El padre Sterlin Londoño hizo el recuento de lo que podría ser un nuevo ciclo en la explotación minera de la región. Desde los años ochenta entraron las primeras motobombas, la práctica se empezó a transformar y a volverse cada vez más mecanizada. Fue en los noventa cuando ya había una fuerte presencia de dragas, y entrando en el nuevo milenio las retro excavadoras eran un problema. Estas últimas llegaron del departamento de Bolívar y del Nordeste antioqueño, casi paralelo a la incursión paramilitar, también a finales de los ochenta. En esos primeros años hubo alianzas entre algunos mineros con el grupo armado, en una simbiosis entre el dinero y la seguridad. Con el tiempo, varios frentes de las Farc también buscaron ganancias dentro de esta actividad, como ya lo han narrado varios medio nacionales.

 

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Con las retroexcavadoras hubo una imposición agresiva de límites a la población y a quienes sacaban oro de manera tradicional.

 

Con las retroexcavadoras hubo una imposición agresiva de límites a la población y a quienes sacaban oro de manera tradicional:

– “Acá lo común era que con batea no pedís permiso a nadie. Todo el mundo trabaja en toda parte. Donde haya un gramo de oro llegaban sin pedir permiso a nadie” – relata Sterlin.

 

En algunos lugares sigue siendo así, pero pasa menos. También son pocos los que tienen acceso a esta maquinaria. En el caso particular de Yuto, no hay muchas retroexcavadoras. Incluso a mediados de los noventa, la población intentó evitar su entrada y, aunque no fue del todo posible y llegaron contarse alrededor de veinte a mediados del dos mil, Sterlin dice que hoy hay apenas siete en esa zona.

 

En otras poblaciones la historia fue distinta. En Bagadó, un poco más al sur y al oriente que Yuto, se llegaron a contar entre ochenta y cien máquinas, y en Medio San Juan se vivió una de las situaciones más nocivas:

– “Llegar a San Juan en avión es una cosa deprimente. Los cráteres que se ven son impresionantes”.- Dice Sterlin.

 

La Federación de Mineros de Chocó (Fedemichocó), la única organización gremial de este sector en el departamento y que agrupa varias organizaciones de base con diferentes formas de extracción, hace otra lectura al respecto. Al conversar con PACIFISTA, relataron como en 2012 se llevó a cabo un paro minero que buscó presionar al Gobierno para que concertara los procesos de formalización minera y dejara de criminalizar a la pequeña y mediana minería. Ante la poca acción del Estado, este se repitió en el 2013, donde se concertó el nacimiento de una Mesa Minera.

 

Para ellos lo difícil ha sido el diálogo fluido con el Estado que se ha encargado de satanizarlos: “Dígame si la gran ganadería no es muy dañina con el medio ambiente, igual que el monocultivo”, señaló uno de sus representantes. También se declaran víctimas de las extorsiones de los grupos al margen de la ley o incluso de policías corruptos. Creen que es apelando al estigma como quieren abrirle paso a las multinacionales. Explican además que, por el contrario, el diálogo ambiental al interior ha sido continuo y que están dispuestos a transformar y mejorar las prácticas que, como se ha denunciado, han afectado varias fuentes hídricas.

 

Ciclos mineros

 

La historia de la minería con métodos más técnicos en la región es larga. Como relató para la revista Semana el periodista José E. Mosquera, desde el siglo XIX el oro desató una ola de europeos aventureros en busca de yacimientos. Los ingleses fueron los primeros en importar dragas, aunque en términos generales fracasaron. Luego, el empresario norteamericano Henry Granger, por medio de varias maniobras, no siempre legales, logró obtener 113 títulos mineros y ser el mayor propietario de minas en la región hasta la primera década del siglo XX. Aquí se dio paso para que Rafael Reyes, promoviendo la inversión extranjera, diera un festín de títulos mineros, muy similar al de los últimos dos gobiernos.

 

Muchas multinacionales desfilaron por el territorio y varias se fusionaron en Chocó Pacífico: una compañía que explotó las regiones de San Juan, Iró y Condoto. Siguieron varias competencias hasta que Mineros de Colombia S.A. compró dicha empresa en 1974, que con el tiempo entró en crisis, engañó a los trabajadores y pensionados pagándoles las prestaciones con acciones sin valor, y dio fin a este ciclo de explotación.

 

A cielo abierto

 

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La zona de reforestación es fácil de reconocer, pues son campos de vegetación uniforme y de un color y formas distintas al bosque nativo con que colindan.

 

De Yuto salimos para el municipio de Lloró, a unos 10 kilómetros de distancia, y en un tramo de la carretera nos detuvimos en la entrada de una mina. Detrás de su portón de madera un letrero advertía de la mordida de perros bravos. Justo debajo de este, en otra señal, se leía: “Barequeo los jueves”. Significa que ese día de la semana la gente va con su batea y tiene una jornada para recoger lo que pueda de oro para su sustento. Supimos, por lo que nos dijo Napoleón, que el tiempo que daba esta mina era bastante generoso, pues usualmente solo son un par de horas.

 

Calificar la minería se vuelve un enredo, pues las prácticas se empiezan a combinar:

– “Si yo voy con mi batea a un entable de mina con retroexcavadora ¿eso es minería ancestral o no lo es? Hay una discusión. Algunos dicen que sí, otros que no”- Explicó Napoleón.

 

Atravesamos el portón hasta llegar al campamento de la mina, donde el administrador nos recibió de muy buena manera y nos dio un vaso de peto. De piel blanca y acento paisa, nos invitó a recorrer la mina y que le diéramos la opinión de lo que venían haciendo.

 

La extracción era a cielo abierto, todo muy diferente a los socavones con los que entramos al vientre de la montaña en Marmato o en Carrizal. El terreno lo veíamos inmenso, aunque seguía entrando en la categoría de pequeña minería. Seguimos el camino guiados por las retroexcavadoras que se veían a lo lejos. A los lados de la carretera estaban sembrados en fila y a igual distancia, el mismo tipo de árbol, una y otra vez. Era un proceso de reforestación de un área que ya habían explotado. La especie, Acacia Mangium, no era nativa y estaba dispuesta más como un monocultivo que como un plan serio de recuperación del ecosistema.

 

– “Es un árbol que deja caer muchas hojas que producen un centímetro de capa orgánica al año. También intentamos alternar con algunas especies nativas, pero esta especie que ha respondido muy bien”, explicó el administrador de la mina.

 

Alrededor de las retroexcavadoras había varios huecos grandes con agua represada. Para producir un gramo de oro se necesitan alrededor de mil litros de agua. De resto el paisaje era un arenal. En este tipo de explotación la tierra se mueve por completo y las piedras que están debajo de la capa orgánica, de donde nacen las plantas, pasan a estar arriba y por lo tanto dicha capa desaparece. El terreno era, literal, un tierrero y un piedrero.

 

 

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Este tipo de postales de la deforestación de la selva chocoana a pocos sorprende.

 

La mina no era legal aún y pertenecía a Empresa Minera Colombiana (EMCO). Llevaba cuatro años en el proceso de legalización. Al volver al campamento el administrador explicó que la formalización era muy difícil y una gestión de todos los días. Que además la venta del oro para muchas minas en la misma situación se complicaba bastante.

 

El problema ambiental

 Nuevamente en Quibdó, nos dirigimos al Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico (IIAP). Allí, nos explicaron que la Acacia Mangium fue un modelo importado a finales de la década del ochenta por los mineros que llegaron del Cauca, Antioquia y Córdoba. Se aplicó con base en unos informes de Corantioquia que hablaban del retorno de fauna y de flora nativa con esta especie y que mostraban además que no se presentaba como invasora. El Instituto está dividido al respecto. Hasta el momento los estudios no muestran que se haya reproducido ni salido de las áreas donde se sembró. Sin embargo, hay quienes aún desconfían e insisten en que el seguimiento y el monitoreo debe ser continuo para proteger el bosque nativo.

 

Ahora, son muchas las minas que no cuentan con un proceso de reforestación. La IIAP hizo un inventario de tierras desgastadas que iba desde el año 1985 hasta el 2011, cuando finalizaron el estudio. Encontraron que 62 mil hectáreas de ocho municipios de este departamento tenían algún tipo de dificultad. Es decir, un área 155 veces mayor al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. O casi 5 mil veces más grande que el Parque del Café en el Quindío. Esto teniendo en cuenta que no solo hay minería en esos ocho municipios y que tampoco se incluyó el territorio donde Chocó Pacífico hizo presencia, aunque explican que estos terrenos llevan una lenta recuperación pese a que aún les falte bastante para tener las características de un bosque natural de la región.

 

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Desde el aire puede verse la irrupción de la minería en los cauces del río y al interior de la selva.

 

Desde el instituto explican que hay modelos y guías técnicas para la reforestación. Existen profesionales que diseñan esos procesos de establecimiento de especies vegetales tanto vertical como horizontalmente. Se ha planteado la necesidad de tener un protocolo minero ambiental que pueda ser usado por la comunidad y por los mineros, y a la vez que sea asimilado por la autoridad ambiental y minera. Ya existen una guías ambientales, claro, pero la idea es que sean protocolos donde la comunidad plantee y exija sus interés ambientales y el minero las asuma mientras logra su formalización.

 

 

Tejido social

 

Con la tecnificación de este nuevo ciclo de minería, la agricultura sufrió un bajón y las dinámicas sociales tuvieron una rápida transformación:

– “Las dragas influyeron en que muchos jóvenes se salieran del bachillerato para trabajar. Eso es un impacto bastante negativo. Y ya la retroexcavadora ha tenido unos efectos negativos bastante complejos, afectando estructuralmente la vida de las comunidades”, explicó Sterlin en su momento.

 

También sucede que muchos pequeños mineros que quieren barequear se desplazan grandes distancias para encontrar dónde. Algunas veces pueden no llegar a la casa en días. Sus hijos se deben quedar con alguien más, pero esto también ha significado un menor desempeño en el colegio y el retiro del mismo.

 

Así se ha ido fracturando el tejido social de la región. Son muchas las comunidades las que han perdido la seguridad alimentaria y se han deprimido económicamente. Familias enteras se han tenido que desplazar y se ha incrementado la marginalidad en los cascos urbanos. La desocupación ha llevado a muchos jóvenes a la delincuencia común o incluso grupos al margen de la ley.

 

-“Nuestra consideración es que el impacto ha sido mayor en la dimensión social que en la ambiental. Obviamente la ambiental es más visible, pero tu encuentras comunidades enteras que han desaparecido del mapa” – Indicó un trabajador de la IIAP.

 

Recuperar un tejido social no es tarea difícil. Quizás fue lo que intentó hacer Oro Verde en su momento: un modelo de negocio autosostenible y equitativo basado en la minería artesanal que buscó resaltar y respetar las tradiciones de la comunidad afro. Pese a que fue ejemplo en un momento, era un modelo que no lograba responder a las demandas del mercado. El Instituto argumenta que la tarea requiere esfuerzos de sectores más allá del ambiental. O Incluso reconocer que la recuperación de dicho tejido puede llevar y desembocar en un mejor manejo del entorno:

– “Pero para esto se necesita pedagogía, fortalecimiento organizativo de las comunidades, desarrollo y fomento de otras prácticas tradicionales de producción. También hay que dejar de pensar en el gran capital, sino en otras prácticas que garantizan sustentabilidad. Incluso, si se van a introducir nuevos proyectos de producción, que estos sean más ecoeficientes, más sustentables en materia social”- señalaron desde la IIAP.

 

 

Retornar a la paz

 

Seguimos a la Arquidiócesis de Quibdó, donde nos encontramos con Alberto, un joven abogado que ha investigado a fondo este asunto de la minería y sabe muy bien de los complejos matices y sus diferentes implicaciones sociales, ambientales y culturales.

 

Luego de una larga conversación y en una pausa que parecía ser preámbulo de nuestra despedida, sentenció con claridad que acabar con la minería no resuelve el problema, pues no asegura el bienestar de quienes están implicados en ella. Dijo además que el problema “se resuelve con un abordaje que permita comprender los fenómenos para intentar atajarlo. Hay temas de pobreza, de educación, de falta de educación política” que deben ser resueltos para darle sostenibilidad a las soluciones y que las personas no queden en un limbo.

 

De cualquier manera, fueron varios quienes argumentaron que a pesar de todo “es imposible que el Gobierno acabe la minería en el Chocó. Así nos maten a todos. El Gobierno puede matar mil mineros y es imposible que lo acabe.” Hoy, el 90 por ciento de las actividades extractivas realizadas en el departamento son ilegales según la Defensoría del Pueblo y la Corporación Autónoma Regional (Codechocó). Por esto Alberto argumentaba que el tema no era de perseguir mineros, ni de decomisar máquinas y quemarlas.

 

Para él esta no era la forma de responder a esa deuda histórica que el Estado tiene con el Chocó. Y menos permitiendo, al mismo tiempo, la entrada libre de las multinacionales a explotar el territorio. Alberto, no solo siente una amenaza en la minería ilegal sino también el la legal y cuando le preguntamos al respecto respondió: “No la siento, la veo. La veo en los títulos”.

 

Señaló que la falta de paz social es uno de los factores que ha dilatado el conflicto. Alberto creció con jóvenes que hoy son guerrilleros. Compañeros con los que jugaba a la pelota. Y se vuelve a sorprender cuando relata la suerte que el tuvo para poder salir adelante. Por eso al hablar de paz, de la Habana y del deseo de que Chocó vuelva a ser un lugar tranquilo dice:

“La paz pasa por que se respeten los derechos humanos. Y eso no es carreta. Pasa porque el Estado brinde todas las garantías. El Estado no debe esperar un proceso de negociación para que un niño vaya a la escuela. En la Habana se está negociando un proceso político. El proceso de paz empieza cuando se refrende y haya un compromiso por transformar esto. Yo creo que la paz es necesaria, pero lo más necesario es la reconciliación verdadera de un pueblo. Lo demás sería un papel”.

 

Dejó claro que para alcanzar esta reconciliación es necesario también entender que lo que se firma en la Habana es un punto de partida, y que la responsabilidad es tanto del Estado como de la participación de todos. Lo que el Chocó tiene por ventaja es la fuerte identidad cultural, que desemboca con facilidad en cohesión social, pero eso es algo que no se ha tenido en cuenta por parte del Estado al resolver los problemas de la minería. Por el contrario han sido las generalizaciones la forma de abordar el problema, cuando localmente es bien sabido que la minería es un tema complejo y que está lleno de grises. No toda la pequeña minería del país cabe en el mismo saco y para transformar la situación se deben identificar particularidades. Tanto para lograr una mejora social como ambiental. De lo contrario la guerra, como ya lo ha hecho, encontrará la forma de adaptarse a nuevos contextos.

 

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