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Foto por Sebastián Abondano

Un integrante de la Policía patrulla Tumaco. Foto: Sebastián Abondano

La Diócesis de Tumaco (Nariño) emitió un comunicado el pasado lunes que es, en sí mismo, una bitácora del horror. El documento reseña que el 19 de septiembre de este año, en el centro poblado La Guayacana, dos encapuchados torturaron y mataron a un joven señalado de cometer un robo. Un mes después, en esa misma zona, un segundo joven, un niño, y dos indígenas fueron víctimas de homicidio. En la noche del 4 de noviembre, en la comunidad San José de Caunapí, encapuchados asesinaron a otro hombre. Y la cuenta sigue: el 9 de noviembre, en la vía a la comunidad de Albania, fue ultimado un conductor que viajaba con niños pequeños, mientras el 26 de ese mes —en el municipio de Barbacoas, a seis horas de Tumaco— fueron asesinadas dos mujeres.

Además de esos crímenes, la Diócesis llamó la atención por otro hecho intimidante: dice que desde septiembre, “en el trayecto comprendido entre los kilómetros 85 y 101 de la vía Tumaco a Pasto”, varias casas han sido pintadas con grafitis del ELN. En las escuelas de las comunidades Kilómetro 89, La María y El Pailón también aparecieron letreros de esa guerrilla, que incluían una amenaza: “Ojo con los sapos”.

Es la segunda vez en el año que la entidad llama la atención por el aumento de la violencia en ese municipio costero, que incluye, además de homicidios, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y amenazas. Según la Personería de Tumaco, en lo corrido del año han sido asesinadas 134 personas, 29 más que en el mismo periodo de 2015.

Al respecto, la Diócesis asegura que las redes de narcotráfico, que se desenvuelven como pez en el agua en Tumaco, están poniendo “en grave peligro la vida y la libertad de quienes han terminado involucrados en estas actividades”. Una fuente de la institución, que prefirió no ser citada, insistió en que “los homicidios están relacionados con el narcotráfico. Tumaco se ha convertido en receptor de gente de muchas zonas del país, que llega atraída por la coca y que está apareciendo muerta”. Personas oriundas de Caquetá, la costa Atlántica y el Eje Cafetero estarían llegando silenciosamente a Tumaco para vincularse al negocio de la siembra de hoja de coca, quedando a merced de grupos armados ilegales.

En su último informe de monitoreo sobre cultivos de uso ilícito en Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) declaró que Tumaco es el municipio con mayor área sembrada con hoja de coca en todo el país. En 2015, Tumaco tenía 16.960 hectáreas, que representan el 18% del total nacional. La Oficina y centros de pensamiento como la Fundación Ideas para la Paz concluyen que el aumento de los cultivos en esa zona se debe a la fuerte intervención antidrogas que el Gobierno hizo en Putumayo, Meta y Caquetá, que terminó por desplazar los cultivos hacia Nariño. Desde 2002, según la Oficina, ese departamento se fue consolidando como el primer productor del país.

El informe de la Unodc dice que la coca de Tumaco se concentra en la zona fronteriza con Ecuador, “al sur del río Mira, en corregimientos como Llorente y La Guayacana”, donde han aparecido personas muertas. La mayor cantidad de sembrados está en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, habitado por afros, y en resguardos de indígenas Awá como Hojal La Turbia, Inda Zabaleta y Gran Rosario.

Según Unodc, Tumaco es el municipio con mayor área sembrada con hoja de coca en todo el país.

En julio, cuando se conocieron las conclusiones de la Unodc, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el aumento del 39% de los cultivos a nivel nacional se debió, entre otras razones, a “la prohibición muy legítima que hay para hacer aspersión en las jurisdicciones indígenas y afrocolombianas”. De todos modos, el Gobierno suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato como mecanismo preventivo ante posibles efectivos negativos para la salud. Pero además de jurídicas, Villegas puso sobre el tapete un argumento político: que las Farc están motivando a los campesinos a sembrar coca, bajo el incentivo de que podrán ser beneficiarios de los proyectos de sustitución contemplados en los acuerdos de La Habana.

En Tumaco, la situación que viven las Farc parece estar jugando un papel clave en el ajedrez del narcotráfico. La movilización de la columna móvil Daniel Aldana a un punto de preagrupamiento, y su inminente desaparición como estructura armada, ha abierto un abanico de posibilidades para otras organizaciones ilegales. La Diócesis ha registrado la aparición de al menos dos: La Gente del Orden, que opera en zona urbana de Tumaco, y la Organización Sicarial del Pacífico, con presencia en el corregimiento de Llorente, donde están buena parte de los cultivos, según la Unodc.

Cultivos de Coca. Foto por Santiago Mesa

Cultivos de coca. Foto: Santiago Mesa

En diálogo con ¡Pacifista!, Anny Castillo, personera de Tumaco, dijo que la racha de asesinatos “se relaciona con la aparición de nuevas organizaciones, como las Autodefensas Gaitanistas y otros Grupos Armados Organizados sin identificar, que quieren ocupar los espacios dejados por las Farc con el propósito de apropiarse de los cultivos de uso ilícito y del narcotráfico”. Por eso, asegura que los homicidios “son selectivos y, por regla general, de personas que tienen alguna relación con ese fenómeno”. Otros crímenes, en menor proporción, estarían dirigidos contra líderes sociales o asociados a situaciones de intolerancia.

El otro tema relacionado con las Farc tiene dos aristas. La primera es la salida de filas de algunos de los integrantes de la columna Daniel Aldana, antes dirigidos por un hombre conocido como “Don Y”, que no aceptó los términos del proceso de paz y se dedicó al narcotráfico. En la región se dice que “Don Y” y sus hombres estaban cometiendo crímenes contra la población civil, por lo que las Farc decidieron asesinarlo. La guerrilla reconoció el hecho ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, que lo calificó como una violación al cese al fuego. Fuentes de la región dicen que, pese a que “Don Y” fue asesinado, sus antiguos subalternos siguen vinculados al negocio de la coca.

Justamente, en una carta dirigida a un funcionario de la Diócesis el pasado 2 de diciembre, el Departamento de Policía de Nariño aseguró que “hay un grupo de disidentes o exintegrantes de esta guerrilla que no quieren acogerse a las negociaciones entre Gobierno y Farc, siendo ellos los que en algún momento reciente han generado una oleada de violencia marcada principalmente con el homicidio”.

La segunda arista está relacionada con el manejo que el Gobierno y las Farc le vayan a dar a las organizaciones delincuenciales de las que se sirvieron las Farc durante la guerra y que las Fuerzas Armadas llaman Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT). Nuestra fuente en la Diócesis, que conoce el tema de primera mano, dice que “en Tumaco circula la versión de que las Farc no van a reconocer a los que están en la zona urbana como miembros de sus filas. Cuando las Farc presenten la lista de sus miembros en la zona veredal de Tumaco, finalmente nos daremos cuenta de qué paso con toda esa gente que se organizó en grupos en los diferentes barrios: si algún día tuvieron vínculo con las Farc, si fueron miembros de la guerrilla o si son disidentes”.

La personera Castillo lo confirma: “En el municipio hay grupos armados organizados que giran alrededor del negocio del narcotráfico y que tienen o tuvieron una relación en sus actividades criminales con las Farc. Sin embargo, en este momento, no está claro que tipo de relación existe entre ellos”. El tema tiene en la incertidumbre a los habitantes de Tumaco, para los que, con proceso de paz o sin él, el territorio va seguir siendo un punto estratégico para el comercio de drogas y armas.

La gente, además, está sumida en la pobreza. Según el último (y ya bastante viejo) censo nacional del DANE, realizado en 2005, el 48% de los habitantes de Tumaco tiene sus necesidades básicas insatisfechas. De ahí que, según un defensor de derechos humanos del municipio que pidió no ser citado, “la coca es casi lo único que le queda a la gente, porque no hay alternativas ni cultivos legales que den una buena entrada”. La personera opina que, para tratar a fondo el fenómeno, “toca partir de la realidad de que Tumaco es pobre”. Peor aún, el incremento de los sembrados de coca ha disparado la inflación: ya aumentaron los costos de los materiales de construcción y de los productos de la canasta familiar.

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos en agosto pasado, la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, sentenció que “nuestra situación es ahora igual o peor que la vivida en los tiempos más fatigosos de esta crisis que originó el conflicto armado colombiano. Continúan los homicidios indiscriminados, los atentados terroristas, el confinamiento, las barreras invisibles en los diferentes barrios de la ciudad, la extorsión, el incremento de cultivos ilícitos; el contrabando de combustible, tráfico de armas, municiones y explosivos; la libre movilidad de grupos armados ilegales por los esteros y en mar abierto. Continúa el transporte de insumos para la producción de alcaloides y toda clase de violaciones a los derechos humanos”.

Así que, por ahora, la gente de Tumaco no conocerá el posconflicto. En la región, el reto del Gobierno es enorme.

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