Mesa de negociación en el corregimiento de Llorente. Foto: Cortesía

En la noche del miércoles 7 de febrero comenzó a circular un mensaje en Nariño: 14 policías pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios estaban retenidos en el Consejo Comunitario Rio Mexicano, ubicado en el corregimiento de Llorente. En el mismo mensaje aparecía un documento firmado por el coronel José Arles Polanco, comandante de la compañía antinarcóticos de Nariño, en el que le notificaba a Camilo Romero, gobernador del departamento, el inicio de la segunda fase de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Tumaco.

La retención, que duró hasta las seis de la tarde del jueves, fue una alerta sobre las dificultades que tendrá que sortear el Ministerio de Defensa en la segunda fase de erradicación en el departamento. Aunque esta vez no hubo enfrentamientos, la situación habría podido desencadenar en un episodio violento, como la masacre del 5 de octubre de 2017, donde, en hechos aún confusos, integrantes de la Policía asesinaron a nueve campesinos.

¡Pacifista! pudo establecer que en el más reciente caso, el de Río Mexicano, fue la Iglesia la que –a través de una mesa de diálogo– impidió que se presentara un enfrentamiento entre los policías y la comunidad.

Al corregimiento de Llorente solo llegaron Naciones Unidas y Pastoral Social.  Para acceder a la zona es necesario tomar una lancha desde el casco urbano que, si la marea está en condiciones normales, puede tardar dos horas y media para  llegar al consejo comunitario. En la mesa de diálogo estaban representantes de la Policía y del Consejo Comunitario, quienes solicitaron dos acciones del gobierno para liberar a los policías retenidos: primero, ordenar el retiro de los 300 integrantes de la Policía encargados de erradicar la coca; segundo, dialogar directamente, en el terreno, con representantes del gobierno departamental y nacional para que asumieran una posición política que respaldara la sustitución de cultivos y no la erradicación.


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La negociación tardó 24 horas porque la Policía no recibió una directriz del Ministerio de Defensa para despejar la zona. Teniendo en cuenta que las personas retenidas estaban cansadas y que en los medios de comunicación se comenzó a hablar sobre golpes o heridas, los representantes del Consejo Comunitario aceptaron liberarlos, no sin antes solicitar una suspensión de la erradicación mientras se define cómo se va a implementar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En ese sentido, ¡Pacifista! también pudo confirmar que el 15 de febrero próximo tendrá lugar la primera reunión entre el gobierno y los representantes de las comunidades afro para trazar de manera más expedita dicha implementación.

Fuentes policiales de la mesa de negociación nos comentaron que al final las autoridades accedieron a suspender de manera temporal la erradicación forzada: “Tienen que tener algo claro: la directriz del gobierno nacional es erradicar lo más pronto posible las hectáreas de coca en Nariño. Si los cultivadores están diciendo que por esa vía no, bueno, entonces vamos a sintonizarnos con ellos y los vamos a ayudar en la sustitución voluntaria. Lo importante es que eso se lleve a cabo y ahí ya tiene que entrar el ministerio del Posconflicto y asumir una responsabilidad, de lo contrario, si los campesinos no comienzan a sustituir pues tenemos que seguir con la erradicación manual”, aseguró una fuente.

A diferencia del episodio de Alto Mira y Frontera, donde fueron los colonos campesinos los se enfrentaron a la Policía, en este caso fue el consejo comunitario de las comunidades afro el que se opuso a la erradicación, defendiendo la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos, algo que no sucedió en Alto Mira, donde incluso el gobierno dijo que las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Guacho’, habían puesto como escudo humano a los campesinos para continuar cultivando coca.

En esta diferencia fue enfático el representante de la red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur –Recompas – , Célimo Cortés, quien citó a una rueda de prensa en la sede de la organización, en el casco urbano de Tumaco. “El domingo comenzó un operativo de la Policía en tres consejos comunitarios: Rosario, el del río Mexicano y el de Guanapí. El gobierno envió a 1.000 hombres para empezar la erradicación forzosa de cultivos. Esto lo hicieron sin avisarnos y sin tener en cuenta que les hemos dicho a los militares que estamos de acuerdo con el plan de sustitución de cultivos”.

La molestia de los consejos comunitarios tiene que ver con lo que Cortés llama una contradicción dentro del Estado: “Hace un año y tres meses firmamos el primer acuerdo con la voluntad de sustituir los cultivos. El gobierno no avanzó y en lugar de continuar ordenó la erradicación forzosa. En río Mexicano viven 700 familias que necesitan un sustento para vivir”.  La retención puede ser vista como un acto de desespero para llamar la atención sobre la inacción del gobierno Nacional: “No vienen, no se pronuncian, nada”, dijo Cortés. Además de la erradicación forzosa, el gobierno activó en enero de este año el Plan Atlas, que contempla la intervención de  6.000 hombres en el pacífico nariñense y el refuerzo del pie de fuerza de la Policía con 3.000 hombres. Todo esto después de que Donald Trump le pidiera a Santos resutados contundentes en la disminución de cultivos de coca.


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Los 17 consejos comunitarios de Tumaco, representados por Recompas, comparten la misma petición: “Les hemos pedido tanto al alcalde como al gobernador que asuman un papel político en este tema. Ya tenemos tres actas para comenzar a sustituir y ellos permiten que se erradique forzosamente. Esperamos que el vicepresidente Óscar Naranjo, que viene este viernes, venga y se comprometa con el PNIS”,agregó Cortés.

En diferentes medios de comunicación, el gobernador de Nariño dijo que “el camino de la erradicación genera estos inconvenientes. La solución es la sustitución de cultivos donde están pequeños productores. De los cultivos ilícitos viven 50.000 familias”. Sin embargo, en los consejos comunitarios piden que, más allá del discurso, el gobernador viaje a Tumaco, acompañe a las comunidades y sostenga la postura crítica en los escenarios de discusión del gobierno nacional.

El problema del PNIS en Nariño, tanto en la gobernación como en Recompas lo saben, está desfinanciado. El mismo gobernador señaló, por ejemplo, que se necesita mínimo 1 billón de pesos para ejecutar los planes de sustitución y actualmente el departamento solo cuenta con 300.000 millones de pesos, un presupuesto insuficiente para el municipio con más hectáreas de coca en el país: 23.148, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que Tumaco tiene casi la mitad de hectáreas de coca que hay en Nariño (29.755), han solicitado una inversión específica para el municipio y que vaya más allá de lo militar.

Aunque la retención de los policías no pasó a mayores, lo cierto es que las comunidades ya lo habían advertido desde 2017: la inversión militar no solucionaría los problemas de Tumaco. En estos momentos queda un sentimiento de incertidumbre sobre la segunda fase del programa de erradicación forzosa. Este sentimiento se traduce en miedo cuando el Presidente y el ministerio de Defensa permanecen en silencio.

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